Boletín Informativo N° 290

LOS PAYASOS DE BISORDI
El día miércoles 22 de septiembre CORREPI, junto a otros organismos de derechos humanos, hemos presentado ante el Consejo de la Magistratura el pedido de remoción por “mal desempeño de sus funciones” de Alfredo Bisordi, vocal de la Cámara Nacional de Casación Penal.

Esta presentación se encuentra motivada en las manifestaciones que ha hecho el mencionado juez en una resolución dictada en la causa ESMA que denunciáramos la semana pasada, en nuestro boletín nº 289 (ver en www.correpi.lahaine.org) Entre los fundamentos de la denuncia y pedido de remoción, señalamos que el magistrado debió inhibirse de intervenir en la tramitación del recurso presentado por el genocida Scheller, dado que actuó como fiscal de instrucción en una causa en la que estuvo procesada Graciela Daleo, reconocida como parte querellante en el juicio contra quienes actuaron en la ESMA durante la última dictadura militar.

Asimismo, también se denuncia el intento de descalificar al doctor Yanzón, sobre lo que dijimos “… las motivaciones que llevan al Dr. Bisordi a recordar, respecto de quien no actúa en causa propia sino como letrado de parte en un proceso que carece de toda relación con aquel que trae a la memoria” no son otras que agredir al doctor Yanzón en el ejercicio de su profesión.

A su vez, “el inocultable trato peyorativo del juez hacia los organismos de Derechos Humanos implica negar la esforzada labor de los mismos, en plena dictadura militar, que debieron multiplicarse frente a la indefensión del pueblo argentino victimizado por la “guerra sucia” militar. La existencia misma de dichos organismos habla del notable fenómeno de reacción cívica de la ciudadanía que resistió al terrorismo de Estado. Por ello esos mismos organismos humanitarios fueron objeto de persecución también por los
genocidas, como lo demuestra el asesinato de muchos de sus miembros”.

Está claro de qué lado está Bisordi y esto no es nada nuevo. Recordemos que en el Juicio a las Juntas renunció a su designación como fiscal adjunto de Julio César Strassera, quien dijo que Bisordi reivindicaba métodos de la represión ilegal. Tiempo después, propuesto para integrar la Cámara de Casación, fue impugnado por la Asociación de Abogados, a lo que Bisordi respondió argumentando que quienes lo acusaban eran marxistas.

Además ha justificado la subordinación de la justicia al gobierno militar y se ha quejado de que el juicio a los ex comandantes “le costó mucho dinero al país”, porque las Fuerzas Armadas pagaron los abogados defensores.

La posición de este nefasto juez deja en clara evidencia todas las maniobras judiciales y políticas que se siguen articulando para sostener la impunidad de quienes secuestraron, torturaron y desaparecieron a miles de personas e impusieron un modelo económico que dejó en la más absoluta pobreza a millones.

Nuestra presentación ante el Consejo de la Magistratura es la reafirmación de que “cárcel a los genocidas” sigue siendo una exigencia de las organizaciones de derechos humanos y de todo el pueblo en su conjunto.

PRESOS DE LA LEGISLATURA
Transcribimos el comunicado firmado por los abogados de los presos en la causa de la Legislatura porteña:

La comisión de organismos de Derechos Humanos y organizaciones políticas conformada por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, CORREPI, CEPRODH, MTL, MST y APEL en el Polo Obrero, repudiamos el fallo de la sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

Los jueces de Cámara confirmaron el procesamiento de los manifestantes por los delitos de coacción agravada, privación ilegal de la libertad (delitos que tienen penas de más de 10 años de prisión) y daño calificado. En el fallo de Cámara, igual que había ocurrido en primera instancia, se basa el procesamiento en los testimonios de los policías que realizaron las detenciones, que en su mayoría actuaron de civil, varias horas después de los hechos y alejados del lugar.

Los jueces de cámara llegan al extremo de la arbitrariedad al considerar en el fallo que se debe presumir que los testimonios policiales son verdaderos a priori ya que “es parte de la naturaleza del ser humano decir la verdad, por su tendencia al menor esfuerzo” regla que aplicaron a la inversa para los testigos aportados por la defensa.

Esta resolución es un antecedente nefasto contra las mínimas libertades públicas ya que se considera que una movilización a favor o en contra de la votación de una ley o por otras reivindicaciones sería una amenaza hacia los funcionarios que configuraría el delito de coacción agravada.

Se confirma una vez más que los jueces son parte de la política criminalizadora del gobierno que ya cuenta con 37 presos políticos a lo largo y ancho del país. Exigimos la inmediata libertad a todos los presos políticos y el desprocesamiento de los mas de 4000 luchadores populares.

EN BRASIL SIEMPRE SE CONSIGUE
Nada más despreciado que la vida de un pobre, acerca de los ataques a moradores de rua en San Pablo
Entre el día 19 y el 22 de agosto quince personas que viven en la calle en la ciudad de San Pablo fueron atacadas. Siete murieron y otros tuvieron lesiones importantes. En ese momento, diferentes voceros del Estado afirmaron que esta era una masacre y llegaron a decir que era un genocidio… sin embargo, nadie quería ver lo que estaba saltando a la vista: los principales sospechosos de los ataques son PM, es decir Policías Militares.

La justicia decretó el miércoles 15 de septiembre la prisión temporaria de Jayner Aurélio Porfírio y Marcos Martins Garcia, y de Manoel Alves Tenório (agente de seguridad clandestino), quien a su vez es tío de un guardia civil metropolitano que podría, también, estar vinculado. Todos ellos, más otro agente de seguridad cuyo nombre aún no fue dado a conocer, están acusados de haber participado en la masacre de mendigos en la región central de San Pablo, mientras que otros funcionarios están siendo investigados.

Hédio da Silva Júnior, representante de la Comisión de Derechos Humanos de la Orden de los Abogados de Brasil, dice que estas detenciones son sólo el comienzo de gran investigación en la cual el tema central estaría movido por la relación de policías, agentes de seguridad y el tráfico de drogas, especialmente de crack.

Una de las explicaciones ante los ataques afirma que los homeless fueron asesinados por deudas con los traficantes, y que, dentro de este esquema, los policías y los agentes de seguridad serían intermediarios entre los consumidores de crack y los traficantes.

La cuestión de la venta de drogas ilegales, en las grandes ciudades brasileñas, es uno de los aspectos en los cuales la desigualdad de las clases sociales se presenta en su forma más cruda. Los “dependientes químicos” (como aparecen en la prensa los clase-medieros que consumen drogas) pueden comprarlas sin poner en riesgo su vida, ya que tienen dinero para pagarlas y pueden consumirlas en sus casas, sin tener que exponerse en la vía pública. Los sectores populares conforman, una vez más, los grupos más vulnerables: algunos de ellos son los que defienden a tiros las bocas de fumo -ventas de droga al menudeo- ya sea de las peleas con otros traficantes como con la policía; muchos otros son asesinados por traficantes, o por sus intermediarios policías o agentes de seguridad, por no poder pagar sus deudas. La vida, para ellos, no vale nada.

APROBARON EL NUEVO CODIGO REPRESIVO
No se trata de que el anterior fuera democrático, pero este es sin dudas peor. A pesar de su crisis interna y de las evidentes dificultades que tuvieron para consensuar los proyectos, macristas, ibarristas, bullrichistas, kirchneristas, en todas su variantes, ya tienen su código contravencional reformado.

Queda bien claro con el nuevo código que hay ciudadanos decentes que circulan en automóvil, y molestos sujetos (no de derecho, precisamente) que con oscuras intenciones como comer un par de veces al día, trabajar o tener dónde vivir, se interponen en su camino. A estos, palo y a la bolsa, salvo que sean bien disciplinaditos, que avisen con tiempo cuando van a salir a molestar, y obedezcan lo que “la autoridad” les ordene.

Queda bien claro con el nuevo código que la vía pública debe ser un espacio limpio y ordenadito, digno de ser disfrutado por turistas y paseantes, sin todos esos que la afean y ensucian porque en lugar de quedarse encerrados en sus casilla de chapa y cartón se les ocurre encontrar una mínima supervivencia (de dignidad, ni hablar) limpiando vidrios, cuidando coches, vendiendo bolas de fraile o encendedores, o sometiéndose a la prostitución.

Queda bien claro con el nuevo código que cada vez son más las facultades que se dan a la policía para hacer detenciones arbitrarias, con el consabido saldo de extorsión, tortura y hasta muerte.

Queda bien claro con el nuevo código que los ricos pagarán multas, y los pobres irán presos.

Más allá de que el carácter penal con que se reprimen conductas que no son delito violenta el propio sistema jurídico vigente y es inconstitucional, tanto a nivel nacional como de la ciudad, CORREPI sigue sosteniendo que el sistema integrado por los diferentes códigos de faltas y contravenciones de todo el país y por la facultad policial de detener personas en averiguación de identidad o antecedentes, es la más formidable herramienta de control social con que cuentan las fuerzas de seguridad para cumplir sus objetivos de disciplinar a los sectores objetivamente más interesados en protestar; de construir legalidad para el aparato represivo a través de las falsas “estadísticas”, y de recaudar institucional o individualmente mediante la coima y la extorsión.

Cada uno de los legisladores que levantaron la mano para votar la reforma, empeorando lo que ya era represivo y disciplinador, será responsable por cada detención, por cada extorsión, por cada tormento, por cada muerte de un contraventor “descompensado”.

PUENTE PUEYRREDON: ENTRE LA CAUSA JUDICIAL Y EL VERSO GUBERNAMENTAL
El próximo 14 de octubre a las 10 horas se realizará ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de Lomas de Zamora la audiencia preliminar preparatoria del debate oral donde se juzgará parte de los hechos ocurridos en el Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002.

En dicha audiencia las partes (fiscal, defensas y víctimas) deben fundamentar los motivos que justifican la prueba solicitada. Los abogados de CORREPI, tal cual hemos exigido durante toda la investigación, solicitamos la investigación de las responsabilidades políticas y por ello pedimos la citación del ex presidente Duhalde, los ex ministros Atanasoff, Matzkin y Vanossi, además de funcionarios de aquel momento como Juan José Alvarez, Giacomino, Quantin, Miranda y otros. A nivel de la provincia de Buenos Aires hemos pedido la comparencia de Solá, el ex Ministro de Seguridad y hoy juez de la corte Dr. Genoud, el actual ministro Juan Pablo Cafiero y otros que ejercían funciones durante los hechos y con posterioridad a ellos.

Tambien solicitamos la comparencia de sendos “investigadores” periodísticos hoy devenidos en transversales kischneristas como Miguel Bonasso y Horacio Verbistky. Además de ello hemos solicitado la apertura de los archivos de la SIDE, Bonaerense, Federal y demás fuerzas de seguridad, así como también la identificación de todo el personal de dichas fuerzas que aparece en fotografías y/o filmaciones. Solicitamos también se pida a Presidencia de la Nación y demás organismos remitan todas las actuaciones e instrucciones dadas antes y después del 26 de junio.

La decisión sobre la implementación de esta linea de investigación quedará finalmente en manos de los jueces que integran el Tribunal. Hasta ahora la fiscalía de Lomas de Zamora se ha negado a llevar la investigación más alla de la jefatura departamental (zonal) de la policia bonaerense.

Mientras por otro lado el gobierno amaga permanentemente con la formación de una comisión investigadora, nosotros trabajamos en forma concreta en dicha investigación. Si la “voluntad” del gobierno nacional es investigar las responsabilidades políticas de los hechos ocurridos el 26 de junio del 2002 no hace falta formar una comisión, sino que podría empezar por acompañar las pruebas y los supuestos archivos por ante el propio Tribunal. De nada sirven las promesas vacías como la de abrir supuestos archivos de la SIDE, como ya hicieron en el caso AMIA, aportando un montón de papeleo inútil que ya estaba incorporado a la causa.

También podríaaportar algo el gobierno identificando al personal de las fuerzas de seguridad que participaron en la represión toda vez que, nos consta, tienen fotocopias de todas las actuaciones, además de copias de todos los videos y fotografías que retiraron del expediente judicial a traves de los abogados de la Secretaria de DDHH de la Nación.

La “voluntad” de investigar no requiere de la conformación de una comisión a espaldas de familiares y víctimas, sino de hechos concretos que al día de hoy no se han materializado.

CORREPI está organizando una movilización a los Tribunales el día de la audiencia junto a los familiares y organizaciones combativas damnificadas.

MAS PIQUETEROS PRESOS
El gobierno K, que declamaba que jamás iba a criminalizar la protesta, sigue valiéndose de jueces chupamedias y oportunistas para llenar las cárceles de luchadores populares.

Esta vez un juez de Quilmes mandó detener a dos militantes del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), Julio Tejerina y Susana Acosta. Se los acusa del delito de extorsionar a los dueños de un frigorífico para que les entreguen algunos kilos de carne para los comedores populares de San Francisco Solano.

El hecho ocurrió a fines de julio del año pasado, cuando los compañeros decidieron plantarse frente a la firma Penta, ubicada en el Camino General Belgrano a la altura de la rotonda de Pasco. La causa judicial que se había iniciado hace más de un año nunca tuvo mayores novedades hasta que el gobierno decidió llegada la hora de hacer tronar el escarmiento, luego de su campaña de más de un año acumulando consenso para reprimir.

Fiscales como el actuante Gustavo Farina, de la Unidad Funcional de Investigaciones 10 de Quilmes o la jueza de garantías Adriana Myszkin, se sumaron a los que desempolvan viejas causas para caer con “todo el peso de la ley” sobre los que reclaman una vida mejor.

La detención de Tejerina y Acosta fue conocida mientras los integrantes del MIJD marchaban desde Liniers a la Plaza de Mayo pidiendo por la libertad de Raúl Castells, quien permanece en la penitenciaría de Resistencia acusado de la toma del casino Gala.
De seguir así el gobierno de K deberá utilizar el superavit fiscal para construir más cárceles para todos aquellos que protestan.

PROXIMAS ACTIVIDADES
Lunes 27 de septiembre, 19:00, en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación (Corrientes al 1500, 1º) Presentación del trabajo de investigación “El carácter mafioso-empresarial de “la bonaerense”: la privatización de las fuerzas represivas de la Provincia de Buenos Aires durante el neoliberalismo” por Matías M. Scheinig y Leonardo Fernández. Panel de presentación con los autores y Daniel Stragá (abogado CORREPI) y Daniel Otero (periodista, escritor)

Domingo: 3 de octubre se inicia un ciclo de radio donde CORREPI tendra su espacio propio. Radio Monte Hermoso 93.1 mhz, los domingos de 12:30 a 14:30.

Viernes 22 de octubre, 11:00, Jornadas de Antropología en la Facultad de Humanidades y Artes de la U.N.Rosario, Entre Ríos 758. Panel “Tiempos Violentos”: (In)seguridad, Derechos Humanos y respuestas políticas, a cargo de Sofía Tiscornia (antropóloga, docente UBA), Ruth Stanley (Dra. en Ciencias Políticas Un. de Berlín), Gustavo Lorenzo (abogado en la defensoría del pueble de Rosario), y María del Carmen Verdú (abogada CORREPI).

CORREPI EN LA TRIBU, lunes 10:30 y jueves 18:30, semana por medio.
CORREPI en LA NAVE, con Liliana López Foresi, los viernes alrededor de las 10:30.
CORREPI en el hall de la Facultad de Derecho, los jueves de 18:30 a 20:30.

CORREPI