Boletín Informativo N° 298

SUMARIO
1- Juicio al Escuadrón
2- Represión en Tucumán
3- Querían bardo
4- Firmando con la picana en una mano y la bolsita en la otra
5- Policías denuncian campaña de desprestigio
6- Relaciones Karnales
7- Próximas Actividades

JUICIO AL ESCUADRON
Está en su etapa final el juicio contra dos de los integrantes del escuadrón de la muerte de Don Torcuato. El lunes 22 a partir de las 10 de la mañana se conocerá el veredicto que condenará o absolverá a Hugo Alberto Cáceres y Marcelo Anselmo Puyó, y que deberá resolver si hace lugar al pedido de los abogados de CORREPI de que finalmente se abra una causa que investigue la asocciación ilícita y todos los delitos atribuidos al escuadrón, en lugar de que cada hecho tramite fragmentadamente.

El miércoles pasado se expusieron los alegatos de las partes. Representando a la familia Rios, alegaron los abogados Gabriel Lerner y Martin Alderete de CORREPI, que coincidieron con la fiscal Emma Prada en el pedido de pena de 20 años para Marcelo Anselmo Puyó y 25 para Hugo Alberto Cáceres.

Los compañeros tuvieron por acreditado que a la época de los hechos existía un grupo parapolicial que integraba, entre otros, Marcelo Puyó, y cuyo jefe indiscutido era Hugo Alberto Cáceres, alias Hugo Beto. Apoyados en la prueba obtenida durante el debate, afirmaron que al momento de asesinar a Jose ‘Nuni’ Rios, Cáceres y Puyó estaban recorriendo la zona para ese grupo parapolicial.
Sostuvieron que está probado que Cáceres y Puyó persiguieron a Nuni Rios sabiendo que estaba solo y desarmado, que le dispararon desde el auto que tripulaban, y que una vez acorralado, lo mataron mediante tres certeros disparos al cuerpo. Ninguno de los disparos que recibió Nuni fue de frente; todos los testimonios de los peritos señalaron entraron por el costado derecho. El tercer tiro fue disparado cuando Nuni ya estaba en el piso, con dos disparos en el cuerpo y muerto o a punto de morir. El tercer tiro, entonces, fue el tiro de gracia.

No se pudo determinar con claridad quién disparó esos tiros. Puyó dice que fue él quién lo hizo, pero es él quien lo dice. De todas formas, es indistinto. Ambos tuvieron el mismo designio: matar a José ‘Nuni’ Rios, modificar la escena de los hechos y lograr su propia impunidad. Se demostró sin duda alguna que los policías plantaron un arma 9 mm. y cartyuchos de escopeta para simular el inexistente enfrentamiento. La pistola había sido robada por Cáceres a un joven que declaró en la sala, y los cartuchos fueron disparados por una escopeta Mag Tech de propiedad de Hugo Beto, que fue secuestrada en su casa dos años después del homicidio.

Por su parte la defensa mantuvo la versión de Cáceres y Puyó, alegando legítima defensa. La intervención del abogado Juan Carlos Iglesias, un “denunciator” de derecha y defensor de Puyó, fue más política que jurídica. Dio categoría mística a la actividad del escuadrón de la muerte de su defendido, y se dedicó más a atacar a la CORREPI que a defender al policía.

Iglesias, digno candidato para nuestra “galería de abogados de represores”, terminó su alegato leyendo un falló en minoría de un juez de la Cámara de Casación, que afirmaba que el “marxismo revolucionario”, luego de la caída del muro de Berlín, y cómo no podía ya imponer sus ideas por la fuerza, se dedicó a sembrar el caos atacando a la policía, una de la pocas fuerzas de seguridad que mantienen el orden social…

Convocamos a todas las personalidades, organizaciones políticas, gremiales, estudiantiles y de derecho humanos, a acompañar la lectura del fallo, en los tribunales de San Isidro.

REPRESIÓN EN TUCUMAN
Los obreros nucleados en la Fotia decidieron cortar los accesos a la capital tucumana en la ciudad de Banda de Río Salí reclamando más planes Interzafra. Los trabajadores protestaban porque esperaban recibir de la Nación 32.000 planes sociales entre los meses de diciembre y marzo (es el denominado período interzafra, en el que quedan desocupados), pero sólo obtuvieron 8.600, el mismo cupo que el año pasado.

Al cortar el puente Lucas Córdoba, la infantería de la Policía de Tucumán arremetió contra los manifestantes con balas de goma y gases lacrimógenos. Durante la refriega fueron heridos varios trabajadores, que debieron ser hospitalizados. El gobernador José Alperovich, en los medios de comunicación, justificó la represión porque “los obreros del surco son unos inadaptados”. Menos mal que no los consideró “subversivos”.

QUERIAN BARDO
Como la Universidad de Buenos Aires le puede dar al pueblo argentino pensadores y trabajadores del intelecto que no se postran frente al mercado y a los intereses proimperialistas, Blumberg ahora salió a cuestionar a la U.B.A. y su alumnado.

Con la excusa de algún “porro” en algún sanitario, ahora la cruzada de la derecha es pedir “mano dura” contra los estudiantes, que no son “gente decente” como los de las Universidades privadas.

Esperaban también que los alumnos del Nacional Buenos Aires, dependiente de la U.B.A., hicieran su tradicional “vuelta olimpica” con la que festejan el epílogo del ciclo lectivo. Y esperaban que hubiera incidentes, desmanes, bardos varios para reclamar represión.

Los cronistas del pool de Hadad pronosticaron desastres y los pibes festejaron su graduación bailando en la calle. Esta vez se quedaron con las ganas, pero las intenciones de propagandizar la represión encuentran excusa en cualquier momento. Ya tienen al vocero. Es hora de encontrar un argumento.

FIRMANDO CON LA PICANA EN UNA MANO Y LA BOLSITA EN LA OTRA
Los diarios de la semana titularon orgullosos que Argentina acaba de convertirse en el primer país de América latina en ratificar el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, y que se anunció la intención de convertir la tortura en un delito federal. Según La Nación, con ello se procura “destacar la política de derechos humanos oficial”.

Argentina es la campeona de firmas de cuanto protocolo, convenio, tratado o declaración internacional humanitaria le pongan cerca. La tortura no ha sido nunca la excepción. Pero ninguna de esas formales suscripciones modifica la política de estado que avala y promueve el uso cotidiano de los tormentos por parte de las fuerzas de seguridad sobre detenidos legales o ilegales.

Rodolfo Mattarollo, jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, tuvo que admitir en Ginebra, que mientras efectuaba esos lindos anuncios, en el país se tortura a detenidos en cárceles y comisarías, que existe el gatillo fácil y que los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado no reciben castigo. Hasta reconoció ante el Comité de la ONU que los jueces utilizan “la figura legal de apremios ilegales (con penas menores) en vez de la de tortura, y hay una desproporción entre causas iniciadas por estos delitos y las que finalmente reciben condena”.

Mattarollo es buen ejemplo de la política de DDHH transversal: mientras es parte del gobierno responsable de que se torture y de que se proteja a los torturadores, se queja de la situación como si el gobierno argentino fuera una víctima de la policía brava y de los jueces que la amparan. Puesto a echarle la culpa a alguien, dijo que hay “Importantes sectores de la sociedad, altamente movilizados, que piden seguridad a costa de la restricción de garantías procesales y del endurecimiento de las políticas”. O sea, la culpa es de Blumberg, no de los que le dan de comer.

La idea de federalizar el delito de tortura es la contracara de la reciente decisión de ordinarizar el tráfico menor de drogas. Si en este último caso el resultado será que la policía local podrá arreglar a gusto con el fiscal también local a qué pasador menor se encarcela -siempre que sea de la competencia-, la intervención en los casos de tortura de la justicia federal, la más politizada del país y la más dependiente del poder central, sólo aumentará el actual índice de impunidad. ¿Qué hizo la jueza federal Servini de Cubría con las denuncias de torturas a los detenidos del 20 de diciembre de 2001 o a los detenidos del 31 de agosto de este año en Plaza de Mayo?

Finalmente, Matarollo exhibió como una carta de triunfo la reciente condena a policías federales por la tortura seguida de muerte de Ezequiel Demonty. Como dijimos al comentarla en el Boletín correspondiente, esa fue la octava condena por ese delito en todo el país desde 1983. Las ocho anteriores recayeron en los casos Durán (Morón, dos juicios), Sargiotti (Córdoba), Bru (La Plata), Campos (Mar del Plata), Pazos (Río Negro), Bouchón (San Nicolás) y Figueredo (Santa Fe). Sólo ocho condenas por muerte en la tortura en todo el territorio nacional a lo largo de estos 21 años demuestra claramente de qué “democracia” hablamos: la que tolera la tortura, porque la necesita.

POLICÍAS DENUNCIAN CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO
Los abogados defensores de los policías de la comisaría de Quilmes donde un incendio causó ya la muerte de cuatro menores, y muchos más graves heridos, denunciaron que todo fue “una campaña difamatoria contra la bonaerense”.

Sostuvieron los letrados María de las Mercedes Pardellhan y Daniel Ceballos que la culpa es de los funcionarios políticos y judiciales que mandaron presos a los pibes, y no de los policías que no dan a basto para cuidarlos. Pero a pesar que los denunciantes reconocieron que por lo menos en dos casos los pibes ni siquiera tenían que estar presos, porque estaban imputados por una falta o contravención (después hablen los rosaditos de “códigos de convivencia”), el mayor énfasis fue puesto en afirmar que el incendio fue provocado por los mismos menores.

Pobres policías, víctimas de la infame maniobra de cuatro pibes que con tal de desprestigiar la fuerza se quemaron vivos. Esos chicos deben ser de la misma banda que los que ponen a propósito la nuca frente a una bala policial, para que sus familias puedan desacreditar a los guardianes del orden denunciando el gatillo fácil. ¿Creerán que somos idiotas?

RELACIONES KARNALES
Con un pie en el estribo, porque ya llega su reemplazo, la tierna Condoleezza Rice, el saliente secretario de defensa yanqui, Donald Rumsfeld, se reunió con su par argentino, José Pampuro. El encuentro de alrededor de una hora fue en Ecuador, durante la VI Conferencia Hemisférica de Defensa. El combate contra el terrorismo y el narcotráfico fue el eje de la conversación bilateral, y en realidad de todo el encuentro.

Pampuro se apresuró a explicar a los medios argentinos que le expuso al yanqui “nuestra situación legal, con la separación entre la defensa nacional y la seguridad interior”. Sin embargo, admitió que “las Fuerzas Armadas pueden cooperar con apoyos técnicos a las fuerzas policiales” (declaraciones a LA NACION). ¿Apoyo técnico? Humm…

Pampuro y Rumsfeld acordaron en que hay voluntad de los dos países para hacer ejercicios militares conjuntos, siempre con la exigencia de la inmunidad especial para sus tropas por parte de los Estados Unidos. De paso, Rumsfeld mostró el interés de su país por “colaborar” con el sistema de radares argentinos; propuso una serie de intercambios tecnológicos y ayuda para la repotenciación de los helicópteros del Ejército; ofreció la posibilidad de que personal argentino se adiestre en el uso de los helicópteros de ataque Cobra, y por supuesto se comprometió a gestionar en la ONU un mayor respaldo para la misión argentina en Haití, que le ahorra a los yanquis el uso de sus propios marines que pueden seguir enviando a masacrar irquíes.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Lunes 22 de noviembre, 10:00: Veredictos en el Juicio al escuadrón. Recomendamos a quienes deseen ingresar a la Sala de Audiencias estar en el edificio no más tarde de 9:15.

Miércoles 24 de noviembre, en la Facultad de Derecho de Mar del Plata, la Comisión Legales de H.I.J.O.S. Mar del Plata conjuntamente con otras Organizaciones Sociales y Pólíticas de la ciudad organiza una charla debate sobre el tema de la criminalización de la protesta, el avance de causas sobre compañeros luchadores, los presos políticos y el gatillo fácil. Participan por CORREPI María del Carmen Verdú y Carlos Desages.

10 de diciembre, por la tarde (horario a confirmar) en Plaza de Mayo, presentación del ARCHIVO DE CASOS de personas asesinadas por el estado argentino en 2004.

11 de diciembre, desde las 9:00, SEPTIMO ENCUENTRO NACIONAL CONTRA LA REPRESIÓN Y LA IMPUNIDAD, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

CORREPI EN LA TRIBU, lunes 10:30 y jueves 18:30, semana por medio.
CORREPI en Radio Monte Hermoso 93.1 mhz, los domingos de 12:30 a 14:30.
CORREPI en el hall de la Facultad de Derecho, los jueves de 18:30 a 20:30.