Boletín Informativo N° 302

CASO BULACIO
Un cable de la Agencia DyN informó que la defensa del comisario Miguel Angel Espósito, a cargo del abogado de represores Argibay Molina, solicitó ante la Corte Suprema la nulidad de todo lo actuado en la causa penal desde 1994. Sin perjuicio de no haber sido notificados, CORREPI, cuyos abogados representan a la familia Bulacio, reiteró que el fallo de la Corte Interamericana de DDHH que condenó al Estado Argentino ordena:

a) Que la Argentina adecue su legislación interna a los estándares internacionales en materia de garantías de las personas, derogando las normas y prácticas no normadas que permiten a las fuerzas de seguridad detener personas (especialmente menores) arbitrariamente, es decir, que se eliminen las facultades para detener personas en averiguación de identidad o antecedentes, los códigos de faltas o contravenciones y las
razzias.
b) Que se reponga a la querella en la causa penal interna, se rechace la excepción de prescripción por tratarse de un crimen de lesa humanidad y se llegue a una sentencia, condenando a los responsables de la detención y muerte del menor.

Desde el 2 de octubre de 2003 la Corte Suprema tiene en su poder copia certificada del fallo, aportado por los abogados de CORREPI junto a un breve escrito en el que instan al tribunal nacional a cumplir con lo ordenado por su superior internacional.

El incumplimiento por parte del Estado tanto de lo ordenado respecto de la legislación interna como de la causa penal motivó que, a pedido de los peticionarios, la Corte IDH intimara hace dos semanas al Estado, fijando como último plazo perentorio el 31 de enero de 2005.

Expresamente hemos manifestado que:

El Estado Argentino, representado por el Gobierno Nacional que tanto declama sobre su respeto a los DDHH -incluso con viajes a España para que la primera dama se luzca con grupos de apoyo a madres y abuelas- , ha demostrado en el año y tres meses transcurridos desde la sentencia internacional que no está dispuesto a ceder posiciones en dos cuestiones esenciales a su política represiva. Las facultades policiales (y de las demás fuerzas de seguridad) para detener personas arbitrariamente, como la averiguación de antecedentes, las contravenciones y las razzias, son sus herramientas cotidianas para aplicar el control social sobre los sectores populares. No será este gobierno, cuyas policías asesinan con el gatillo fácil o la tortura una persona cada 55 horas, el que prive a su brazo armado de los instrumentos más eficaces a la hora de reprimir pobres, jóvenes y militantes.

En el marco de la causa penal contra el comisario Espósito, más allá de la evidente decisión política de seguir protegiéndolo, tampoco está dispuesto el Estado Argentino, ni con este gobierno ni con ningún otro que represente similares intereses, a admitir que todo crimen cometido por sus fuerzas de seguridad es un CRIMEN DE LESA HUMANIDAD. Toda la declamación gubernamental sobre su defensa de los DDHH cuando del pasado se trata, cae frente a la necesidad institucional de defender a los ejecutores actuales de su política represiva.

Por último, y con respecto de la presentación judicial, es una nueva chicana del defensor del comisario, que no merece mayor tratamiento técnico, máxime cuando la Corte IDH ha tenido por arbitraria la separación de la querella. En todo caso, el planteo de la defensa refleja la preocupación de Espósito y su abogado ante la posibilidad de que, en el marco de la presión pública nacional e internacional por el incumplimiento de la sentencia de la Corte IDH, exista eventualmente la mínima reparación de que el comisario vaya preso.

CORRIENTES A LA CIDH
El 17 de diciembre de 1999 el pueblo correntino autoconvocado fue desalojado del Puente Gral. Belgrano por un operativo multifuerzas, con especial protagonismo de Gendarmería Nacional, que al mando del ex represor de La Perla, Comandante Ricardo Chiappe, dejó un saldo de dos muertos, Mauro Ojeda y Francisco Escobar, y medio centenar de heridos.

A cinco años de la masacre, la causa judicial que tramita ante el juzgado federal a cargo del Dr. Soto Dávila es una farsa que ni siquiera tiene imputados. Los responsables políticos como el ex ministro del interior Federico Storani o su segundo, el ex secretario de seguridad Enrique Mathov, y los responsables materiales como el comandante Chiappe no han sido indagados, ni se ha dilucidado qué autoridad nacional dio la orden de atacar a los manifestantes con balas de plomo. La burla a la memoria popular llega a tanto que Storani y Chiappe han declarado como simples testigos, y han protagonizado un careo que más parecía una “reunión de amigos” en la que se jugaba al Gran Bonete.

En un accionar conjunto, la CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Intitucional), la Comisión Pcial. de DDHH y los abogados querellantes que representan a las familias de los muertos y heridos, anunciaron en la Plaza 25 de Mayo de la Ciudad de Corrientes (también llamada de la Dignidad) que llevarán el caso ante la Comisión Interamericana de DDHH con sede en Washington.

El Dr. Daro Esquivel, apoderado de los peticionarios, manifestó que “ante la inacción judicial por más de cinco años, con un expediente en seis cuerpos que no tiene siquiera un imputado, hemos resuelto denunciar ante la CIDH la violación a los derechos a la vida, la integridad física y el acceso a la justicia de nuestros representados”.

Las abogadas de CORREPI, Dras. María del Carmen Verdú y Karina Castagnino, que patrocinan la presentación, afirmaron en la rueda de prensa que “los muertos del Puente de Corrientes fueron asesinados por el mismo estado que mató el 19 y 20 de diciembre de 2001 y el 26 de junio de 2002; el mismo estado que asesina un pibe cada 55 horas por el gatillo fácil o la tortura. Ese estado que no se investiga a sí mismo, debe ser condenado por el tribunal internacional, aunque después ocurra que no cumplan la sentencia, como en el caso Bulacio.”.

La presentación, de 137 fojas, denuncia la represión padecida por los correntinos y la obstaculización del acceso a la justicia, incluyendo el escándalo jurídico de que el mismo juez que intervino en las horas previas al operativo siga entendiendo en la causa.
Esperamos que el Estado Argentino sea nuevamente condenado por violación a los DDHH.

QUIEN PUEDE… (por Daniel A. Stragá)
Quien puede dudar que se trató de un cana. De un miembro de alguna fuerza de seguridad. Quien puede dudar del accionar, del modo, del motivo. No es necesario que los casquillos correspondan a una 9 mm, para sutiles suspicacias. Actuan así y no de otra manera.

Intempestiva explicará el busca del subjetivo… Justiciero, aquel autoritario que ve en el joven pobre el enemigo social. Con ánimo represivo, aquel que entiende de esto. Como le enseñaron en la institución.

Al adolescente de Transradio que apedreó el bondi le salió cara la travesura. Muchas veces, los pibes son así. Los canas también.
El disparo con su resultado como respuesta aleccionadora de lo que no se debe hacer. La eliminación física como concepto de castigo ejemplar y inevitabilidad de la reincidencia. La sensación del poder que te da el arma suministrada y su uso como construcción divina.

Matar por nada. Por un piedrazo o un pasacassette. La visión de que se ultima porque el otro, - el “chorro”, el “bardero”, el “drogón”, el indisciplinado, el que no encajó en la conducta que los que mandan- debe ser “limpiado”. Para mejoramiento de la sociedad.

Quien puede dudar que es un cana. Y si es un civil, un facho.

MASACRE DE AVELLANEDA
El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de Lomas de Zamora a cargo del juzgamiento de la Masacre de Avellaneda decidiò postergar el comienzo del juicio oral por la masacre del Puente Pueyrredón, que inicialmente había sido prevista para el 1º de Marzo del año 2005.

Ademas de rechazar varios recursos de recusaciones y nulidades, planteadps por la defensa de algunos de los imputados en la causa como Fanchiotti, Acosta, Vega y Colman, el Tribunal hizo lugar a los pedidos de los particulares damnificados, entre los que se cuentan compañeros de CORREPI, a fin de que se investigue la verdadera responsabilidad, la de aquellos que tomaron la decisión de fusilar a los piqueteros. Así los jueces remitieron todo el material periodístico publicado durante los 45 días anteriores al 26 de junio del 2002 para que se investigue la premeditación y planificación por parte de los funcionarios gubernamentales y los organismos del Estado. En ese caso debe analizarse e instruirse la actuación de todo el gobierno de Duhalde, aliado politico de K, de Felipillo Sola e incluso de algunos de los funcionarios actuales de Kirchner.

También el Tribunal ordenó informes a la Policía Federal, Policía de la Provincia de Buenos Aires, SIDE, Gendarmería, Prefectura Naval y demás organismos de Seguridad del Estado a fines de que remitan todas las actuaciones y/o investigaciones internas abiertas en razón de los hechos investigados en autos.

Como sostienen los compañeros de la Comisión Independiente por el Juicio y Castigo a los Asesinos del PUENTE PUEYRREDÓN en la que CORREPI participa, esto se puede ver como un avance pero hay que destacar que la postergación importa una frustración a las aspiraciones populares y alertamos ante la posibilidad de que se trate de una maniobra más de la impunidad a la que nos tienen acostumbrados el estado y sus políticos.

CIPAYISMO A LA URUGUAYA
Para aquellos que inocentemente creían que corrìan nuevos vientos desde la Banda Oriental, el otrora izquierdista Frente Amplio -aunque dividido- cambió su anterior parecer, por un voto favorable a mantener y incrementar la invasión sudamericana al hermano país de Haití. Siguiendo la postura intervencionista de Argentina, Brasil, Paraguay y Chile, los uruguayos van a enviar 200 nuevos efectivos militares a Haití con el objetivo de reforzar el contingente uruguayo en dicho país.

Los oficialistas frenteamplistas votaron afirmativamente conelargumento de que se trata de una misión de Naciones Unidas (Minustat), es decir el mismo argumento con que acá votaron los Argüello o los Bonasso para que K quede bien con Bush. A Tabaré Vazquez, como a K, habría que recordarles que esta propuesta de la ONU fue posterior a que USA y Francia decidieran invadir Haití, con lo cual los “progres” de ambas orillas del Plata, están convalidando políticas proimperialistas. Lo que los legisladores de aquí como de allá ocultan es que el gobierno actual es el resultado del golpe de estado decidido en Washington y París.

Además, y repitiendo las pavadas expuestas por el justicialismo en Argentina, los uruguayos sostuvieron que la misión se da en el “marco de acuerdo regional”, esto es el Mercosur. Lo que la realidad indica es que el Mercosur está haciendo el trabajo sucio de U.S.A.

LA FIESTITA DE BLUMBERG
Hay que reparar bien en lo que dijo el vicepresidente Scioli.: “Blumberg se ha convertido en un peregrino de la fe y la solidaridad y es para el gobierno nacional una guía muy importante de nuestra constante lucha contra la inseguridad”.

El representante del Poder Ejecutivo lo dijo en la cena organizada por el neo-führer en el paquetísimo Hotel Hilton de Puerto Madero. A 200 mangos el cubierto. No solo lo apoyó Scioli. Aníbal Fernàndez estaba allí. Alberto Iribarne, lo mismo.

Y después este gobierno es bueno porque se abraza con Hebe de Bonafini…

Entre los gobernadores esta0ban Felipillo Solá, De la Sota y el menemista Juan Carlos Romero de Salta. Ex diputados como José Luis Manzano o Alberto Pierri. Torturadores y propagandistas de la pena de muerte como Luis Patti o Mirta Perez. Intendentes y empresarios preocupados por la “inseguridad”. También faranduleros al estilo de Pancho Ibañez, Oscar González Oro, Guillermo Andino, Daniel Hadad y Luis Majul, entre otros.

Toda la derecha más autoritaria. Y por supuesto, toda la corte de secuestrados como la Nine, Garnil o Ramaro.

Juntaron casi $ 200.000 para la fundación “felices los canas”. Y la mano dura.

PROXIMAS ACTIVIDADES

Lunes 20 de diciembre, marchamos de Plaza Congreso a Palza de Mayo a las 17:00. CORREEPI concentra a las 16:30 en Bartolomé Mitre y Callao.
POR UNA NAVIDAD SIN PRESOS POLÍTICOS

CORREPI EN LA TRIBU, lunes 10:30 y jueves 18:30, semana por medio.
CORREPI en Radio Monte Hermoso 93.1 mhz, los domingos de 12:30 a 14:30.
CORREPI en el hall de la Facultad de Derecho, los jueves de 18:30 a 20:30.

CORREPI