Boletín Informativo nº 305

TRANQUILO, ANÍBAL, LLAMAMOS AL “CLEANER”
La masacre en República Cromagnón, que ya supera los 190 muertos, generó una crisis en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que puso en riesgo su gobernabilidad. La reacción inicial del gobierno nacional fue el silencio. Por unos días, Aníbal Ibarra fue dejado solito frente a quienes, en número creciente, reclamaban su renuncia.

Pero ya en la marcha del lunes pasado diez mil gargantas corearon “¿Y Kirchner, dónde está?”. La prensa internacional y nacional se preguntó lo mismo, lo que motivó el acelerado regreso del Dr. K., que rápidamente hizo lo que mejor sabe hacer. Recibió a parte de los familiares de las víctimas, protestó contra los medios, dijo que no quiso ser parte del “show mediático” -justo él, que respira encuestas de opinión- y prometió el oro y el moro a quien quiso escucharlo (que no fueron todos). Como un comprensivo hermano mayor que nada tiene que ver con los protagonistas de la tragedia, dio a cada familia su celular; puso a su hermanita Alicia, que hacía pucheros de emoción, a resolver todo lo que el dinero puede arreglar, y de inmediato se abocó a lo esencial: sostener contra viento y marea a su pollo porteño, Aníbal, el primer transversal.

Como en la película de Tarantino, hay especialistas en limpieza, en resolución de crisis. ¿Para qué desesperar, si se puede convocar al cleaner, que desaparece cadáveres, lava manchas de sangre y deja todo más prolijo que antes del desastre?.

Para eso está el Juanjo. Experto en crisis si los hay, el hombre integró entre 1991 y 1993 el directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y hasta el año 1995, bajo la administración Menem, ocupó la subsecretaría de la Función Pública de la Presidencia de la Nación. Fue intendente de Hurlingham por dos períodos, y participó en el primer gabinete de León Arslanián en marzo de 1998, para remontar la crisis producida por la participación policial en el asesinato de José Luis Cabezas.

El 26 de octubre de 2001 volvió al ministerio de seguridad provincial, pero esta vez como su titular, en reemplazo de Ramón Verón, renunciado por el entonces gobernador Carlos Ruckauf ante el escándalo público por la confimación de la existencia de escuadrones de la muerte policiales en el Gran Buenos Aires y el incremento de denuncias por torturas a menores detenidos.

Entró al gabinete nacional como Secretario de Seguridad de la mano de Adolfo Rodríguez Saa para neutralizar la crisis del 20 de diciembre de 2001. Ratificado en ese cargo por Duhalde, pasó a ser super ministro de Justicia, Seguridad y DDHH (¿?) después del 26 de junio de 2002, jornada en la que tuvo protagonismo indiscutible, tanto en la ejecución del plan militar que nos costó dos muertos y un centenar de heridos como en el armado mediático-político anterior y posterior. Una vez ordenado ese frente, nuevamente fue convocado en la provincia de Buenos Aires, esta vez por el gobernador Solá, para reemplazar a Juampi Cafiero y resolver “la cuestión de la bonaerense” y los secuestros extorsivos.

Si algo quedó bien claro, es que el cleaner no actúa por sí, sino por cuenta y orden de sus mandantes. Con la bendición de Eduardo Duhalde y Aníbal fernández (que mira golosamente la jefatura de gobierno para el 2007), Juan José Alvarez primero se entrevistó con el presidente Kirchner, y sólo después cruzó los 100 pasos hasta la jefatura de gobierno de la Ciudad, donde lo esperaba nervioso Ibarra para que le sacara los incómodos cadáveres adolescentes del hall de entrada.

Todos unidos venceremos, deben haber cantado ibarristas, kirchneristas y macristas, mientras abortaban el intento de interpelar a Ibarra en la Legislatura. Los medios hablan de “virtual intervención” de la Ciudad. Para decirlo más claro: el PJ gobierna la ciudad de Buenos Aires, con el acuerdo de socialistas, ibarristas, kirchneristas, resabios del Frente Grande y macristas. Son de todos esos colores y tonalidades los diputados de la ciudad que, con su voto en contra, o con su ausencia, salvaron a Aníbal de la interpelación (Roy Cortina, Laura Morresi, Alicia Caruso, Sandra Dosch, Chango Farías Gómez, Miguel Talento, Silvia La Rufa, Ana Suppa, Juan Manuel Velasco, Norberto La Porta, Mónica Bianchi, Jorge Giorno, Carlos Almeljeiras, Julio De Giovanni, Marina Perez, Noemí Oliveto, Daniel Vega, Ricardo Busaca y Helio Rebot).

¿Cómo empezó su limpieza el cleaner? Pues haciendo una vibrante apelación a la transparencia. Con cara de circunstancias anunció la Operación Cristal, cuyo primer paso fue pedir la renuncia a todos los funcionarios hasta el cargo de director inclusive con responsabilidades políticas en materia de supervisión y control de las habilitaciones de locales comerciales como el de Once. Echó así a 27 funcionarios, y apuntó a la “corrupción” y la “ineptitud” de los despedidos, por cuya culpa el Estado “falló” al “no controlar como debía”.

Una vez más, el útil cuento de la manzana podrida, el loquito suelto o el mal funcionario erróneamente designado. Los corruptos, que tuvieron la culpa de todo, serán reemplazados por los transparentes y cristalinos, y con ellos todo irá mejor.

Cuando los administradores del poder ya no pueden esconder bajo la alfombra casos de gatillo fácil, o frente a las masacres de Corrientes, del 19/20 de diciembre o del 26 de junio, siempre recurren a la explicación del error, el exceso o el desborde individual, no vaya a ser que a alguien se le ocurra hablar de política represiva del estado. Del mismo modo, frente a la tragedia de Once, consecuencia directa de la política que rige los destinos de nuestro país, la explicación oficial se centra en la corrupción, como si fuera un defecto corregible del sistema, y no una característica endémica y propia de las internas del poder.

Nos dicen ahora que con nuevos funcionarios, abnegados y dispuestos a poner los intereses colectivos por encima de los particulares, no habrá otra República de Cromagnon. Atención los que cantan en las marchas “los mató la corrupción”. Le están haciendo el coro a Juanjo Alvarez.

TEMPORADA DE CAZA
Al término de la marcha del lunes 3, ocho detenidos. Sobre el final de la del jueves 6, treinta y cinco. Cuarenta y dos compañeros que, aparte del tiempo que permanecieron presos, pasaron a engrosar la lista de imputados en causas penales. Dos nuevas causas por el “combo manifestación”, compuesto por atentado y resistencia a la autoridad, daño y lesiones. Y por unos centavos más, mejoramos el combo con otra causa, con imputados por ahora sin identificar, ante el fuero federal, por intimidación pública.

Entre los detenidos del lunes había un menor de edad discapacitado y en lista de espera para transplante renal, que regresaba a su casa en pleno centro, un empleado que había bajado a comer una porción de pizza y fue sacado de dentro del comercio, mientras masticaba la muzzarela con fainá, y un hombre de unos cuarenta años, epiléptico. Todos fueron detenidos a más de diez cuadras de la jefatura de gobierno, mucho después de que la bronca popular se expresara con cascotazos a la policía que custodiaba el edificio. En casi todos los casos intervino personal de civil, que no ahorró golpes ni palazos.

Con el patrocinio de CORREPI, un compañero que recién al salir el martes al mediodía pudo atender la fractura de su muñeca derecha ignorada olímpicamente por los dos médicos policiales que lo “revisaron”, promovió denuncia penal por la privación ilegal de la libertad, los apremios y vejaciones, contra el personal policial. Pero no sólo de golpes y detenciones arbitrarias se trata.

En la comisaría 2ª, además de las consabidas fotos de frente y perfil, los presos fueron filmados por un policía vestido de civil y con el rostro tapado. Trasladados a la Dirección de Investigaciones (Madariaga y Gral. Paz), algunos fueron sometidos a interrogatorios que incluyeron preguntas como ¿porqué fuiste a la marcha? ¿a cuántas marchas fuiste el año pasado? ¿cuál fue la última? ¿a qué partido estás o estuviste afiliado? ¿a qué organización o movimiento pertenecés? ¿dónde trabaja tu mamá?.

El jueves no fue diferente la situación. El despliegue policial hizo una pinza que encerró a parte de los manifestantes que se retiraban, y hubo detenciones en lugares tan distantes de Plaza de Mayo como Bartolomé Mitre y Callao. Periodistas golpeados y amenazados, uno preso. Una moto policial que intentó atropellar al fotógrafo que registraba la escena en la que otro policía apaleaba a un camarógrafo.

De nuevo las filmaciones en la comisaría a cargo del disfrazado de piquetero con el rostro tapado. De nuevo los golpes y las amenazas. Se abrió la temporada de caza 2005 en la ciudad de Buenos Aires.

LOS GUARDIACARCELES SIGUEN ROBANDO A LOS PRESOS
Es público y notorio que las cárceles argentinas son aún peores que lo habitual. En reiteradas ocasiones hemos tenido que denunciar las violaciones del derecho a la vida (por agresiones de los propios custodios, de otros reclusos con aval o indiferencia del personal de guardia, por las malas condiciones de habitabilidad e higiene, por el abandono de personas en casos de accidentes o enfermedades, etc.), a la integridad física o a la dignidad a que son sometidos sistemáticamente las personas privadas de su libertad por el Estado.

Esta semana tuvieron que pasar a disponibilidad al jefe y otros cinco funcionarios de la Unidad Penitenciara 24 (Florencio Varela) del Servicio Penitenciario Bonaerense porque descubrieron que vendían clandestinamente 150 kilos de pan que elaboraban diariamente los detenidos de esa unidad. Los penitenciarios arguyeron que lo donaban a un hogar para niños carenciados (que ya no existe).
Pero al investigar este hecho se descubrió otro negocio, mucho más grave para la salud de los detenidos. Había en los almacenes de la cárcel un excedente de 900 litros de aceite comestible y 600 kilos de harina, fideos, azúcar y arroz, que deberían haber sido consumidos por los internos.

En otras palabras, quedó confirmado que esos funcionarios penitenciarios ni siquiera les brindaban a los detenidos las magras raciones provistas por el Estado Provincial, presumiblemente para comerciar los sobrantes en beneficio personal.

Por supuesto, estos hechos no son novedosos, ya que se trata de denuncias reiteradamente formuladas por los familiares de los detenidos o por ellos mismos con pedido de reserva. Lo novedoso es que el Estado se haya visto obligado a reconocer estos delitos, cometidos en perjuicio de quienes se encuentran indefensos, prácticamente privados de todos sus derechos.

EXHORTOS TRUCHOS
Cuando un juez de una jurisdicción tiene que pedirle algo a un colega de otra, debe hacerlo por escrito, a través de un oficio, exhorto o rogatoria. Se trata de un acto tan formal que hasta existe una ley-convenio entre la Nación y las provincias (ley 22.172) para uniformar los requisitos que debe tener el instrumento, del que queda copia en el expediente del juzgado oficiante.

El escándalo policial-judicial de la semana que involucra tres provincias demuestra que no hay recaudo suficiente cuando los muchachos de azul resuelven acelerar algunas solturas de detenidos. El 30 de diciembre, una comisión policial tucumana llegó a Santa Fe con un exhorto para gestionar el traslado de un preso por integrar una banda dedicada a los robos comando en bancos a la provincia norteña. Al mismo tiempo, otros dos tucumanos de uniforme hacían o mismo en Córdoba.

Algo despertó las sospechas de los jueces santafesino y cordobés, que decidieron chequear las aparentes órdenes judiciales. Eran truchas. Por primera vez, una fiscalía y un juzgado aparecieron con la faja de “clausurado” en sus puertas y ventanas. Dos sargentos, Manuel Ruiz y Dardo Campos, un oficial, Enrique Díaz, y un agente, Sergio Gustavo Escobar, están detenidos.

En el caso santafesino se descubrió que la maniobra para liberar al ladrón de bancos se inició hace muchos meses, e incluyó la confección de todo un expediente falso, en el que se simuló la denuncia de un robo en Tucumán para tener la excusa necesaria para el traslado del detenido. la persona que aparece como denunciante en esa causa nunca sufrió hecho delictivo alguno, ni hizo las declaraciones en las que alguien lo personificó con todos sus datos personales. En la maniobra estarían comprometidos policías, abogados y empleados judiciales.

Parte de ese expediente trucho, según las pericias, fue redactado en la máquina de escribir de una comisaría. Todo indica que maniobras como las descubiertas estuvieron repitiéndose desde hace años. Según se supo, por mes, al menos tres comisiones viajarían a distintas provincias para trasladar a detenidos. Ahora se quiere investigar cuántos de los presos fueron dejados libres en tales viajes.

Se ve que, como decía el ex presidente Menem, algunos son tan sensibles que no pueden ver preso ni a un pajarito.