Boletín Informativo N° 321

ESCRACHE A LA CORTE
A 14 años de la detención y muerte de Walter Bulacio, CORREPI decidió escrachar a la actual Corte Suprema, tantas veces alabada por los amanuenses de K, que no tienen mejores logros, francamente, para mostrar. A la hora de sostener la impunidad, aun comparada con la menemista, la actual Corte de Zaffaroni y Argibay no le va en zaga.

El caso Bulacio es ejemplificador: El 23/12/04 la Corte Suprema ordenó reabrir la causa Bulacio, pero dando una magistral voltereta para no cumplir con lo ordenado por la Corte Interamericana de DDHH al estado argentino. La Corte argentina admitió que la acción penal no está prescripta, pero por razones formales, no porque el hecho constituya una violación a los DDHH. La decisión de los jueces de la “renovada Corte”, que dejan a salvo su opinión personal contraria a la de la Corte IDH, demuestra que el Estado Argentino no está dispuesto, ni con este gobierno ni con ningún otro que represente similares intereses, a admitir que todo crimen cometido por sus fuerzas de seguridad es un CRIMEN DE ESTADO y una VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS.

Mientras no tienen problemas en declamar la defensa de los DDHH cuando del pasado se trata, los jueces se disciplinan frente a la necesidad institucional de defender a los ejecutores actuales de su política represiva, que asesinan un joven como Bulacio cada 55 horas.

Tampoco obedecieron los cortesanos la orden de reponer a la querella, arbitrariamente expulsada del expediente en octubre de 2002, ni apartaron del trámite futuro a los jueces y camaristas señalados por el tribunal internacional como responsables por la gravísima situación de impunidad.

A este incumplimiento de lo ordenado respecto de la causa penal, se suma el silencio absoluto de los restantes poderes del estado frente a la intimación a eliminar las normas y prácticas no normadas que facultan a las policías y otras fuerzas de seguridad a realizar detenciones arbitrarias, que la Corte IDH señala como el marco institucional que facilitó la muerte de Walter Bulacio. Mientras subsistan la averiguación de antecedentes, las contravenciones y las razzias, y mientras no haya juicio y castigo a los responsables de la detención y muerte de Walter Bulacio, el estado argentino persistirá en su incumplimiento del fallo internacional.

Es necesario que se sepa qué rol juega la Corte K. Por eso fuimos al Palacio de Justicia en la mañana del 28 de abril. Colgamos dos banderas en la reja que la Corte K puso hace meses para impedir que manifestantes puedan ingresar y alterar sus altos pensamientos. Atrás nuestro había un increíble aparato policial, compuesto por varias filas de milicos, y con la escalinata llena de comisarios que lucían sus sempiternos sobretodos de pelo de camello.

Fue una movida propia de CORREPI y de los familiares de víctimas de la violencia institucional que están integrados en nuestra organización, contando con la solidaridad de otras organizaciones. Volanteamos a los transeúntes y expusimos ante los medios de comunicación que la Corte del gobierno autoproclamado de los “derechos humanos” se niega a calificar como crímenes de estado a las violaciones a los derechos humanos.

OTRA PERPETUA EN EL CASO DURAN
Producto de la constancia y firmeza para hacer realidad aquello del “juicio y castigo”, tuvimos nuestra recompensa. Otro de los torturadores de la bonaerense que mataron a Sergio Durán fue condenado a reclusión perpetua. Lo perseguimos mientras formaba parte de la institución, cuando sus superiores y los jueces lo encubrían. Logramos imputarlo, pero Raúl Gastelú se profugó.

A decirlo con claridad: Raúl Roberto Gastelú estuvo prófugo de 1993 a 1996 y de 2003 a 2004. Si no hubiera sido por CORREPI , jamás hubiera sido detenido.

Junto con el periodismo independiente lo encontramos en 1996 y no tuvieron otra alternativa que detenerlo. Al cabo de un par de años fue excarcelado y recuperó la libertad hasta el juicio oral. En octubre de 2003, y en las narices del Tribunal que lo iba a juzgar, Gastelú se volvió a escapar. Meses después lo volvimos a encontrar.

Para mediados del año pasado, lo ubicamos viviendo en su casa en el partido de Moreno. La dirección de la vivienda estaba consignada en el propio expediente. Fiscales y policías nunca habían pensado en darse una vuelta por el lugar.

Los famosos escuadrones del grupo Halcón demoraron casi un día en ir a atraparlo. Hicieron tanto escombro en el barrio que hasta un niño se daba cuenta que algo pasaba frente a la casa del prófugo camarada torturador. Lo denunciamos sin medias tintas, una vez más, lo dejaron escapar. Como antes con Rojido y Farese, los otros dos prófugos.

El papelón le estalló en la cara al ministro Arslanian que ordenó que lo encontraran antes de fin de año. Al final, no tuvieron otra alternativa que detenerlo en Navidad.

La semana pasada comenzó el juicio y el viernes se dictó el fallo. La sala II de la Cámara de Apelaciones de Morón lo encontró culpable como coautor del delito de “tormento infligido por funcionario público a persona privada de la libertad seguido de muerte” contra Sergio Durán. Reclusión perpetua.

Una vez más se determinó que a Sergio Durán (17) lo picanearon en los testículos, lo asfixiaron colocándole una bolsa de nylon en la cabeza y lo golpearon hasta matarlo.

La causa Durán, que fue llamada por los medios “el juicio a la picana”, todavía no terminó. Quedan dos profugos más. CORREPI promete que “como a los nazis, les va a pasar” y “adonde vayan los iremos a buscar”. Y los encontraremos.

AGRESION A MUSICOS CALLEJEROS (colaboración de Víctor Turquet)
Posteriormente a la catástrofe de República Cromañon, se han reducido en forma drástica los espacios donde los músicos de la Ciudad de Buenos Aires puedan hacer lo suyo; de ahí que el recurso callejero es revalidado y la peatonal Florida vuelve a poblarse de sonidos en su mayoría armónicos y de muy buen estilo.

Los músicos de “Urbanda” son un grupo de Jazz muy particular porque tocan con instrumentos fabricados por ellos mismos y le ponen un toque de originalidad y buen gusto a una esquina signada por un trajín hiperactivo que se interrumpe para escucharlos. Por esto es que pasar al mediodía por Mitre y Florida –cuando los ahorristas no están haciendo tronar las puertas del Banco Boston- representa para paseantes, empleados en descanso y turistas un verdadero recreo.

Esa armonía y buena onda entre público y músicos fue interrumpida el pasado viernes 22 pasadas las 13has. Cuando una comisión policial vino a notificar que tenían que retirar los equípos por una denuncia de “ruidos molestos”…¡¡¿?!! Los muchachos se fueron turnando para hablar con los oficiales mientras el resto seguía haciendo su música, el público se fue multiplicando y rodeándolos a modo de protección mientras las palmas acompañaban a un ritmo cada vez más encendido. Se pidió la intervención del Fiscal de Turno pero nadie apareció, la policía actuó en su mayoría sin identificaciones y sin mostrar una órden judicial.

Cuando la cosa se puso muy densa pidieron refuerzos y llegó un señor vestido de civil que se dio a conocer como el Comisario de la jurisdicción, nadie se dio a conocer con nombre y apellido; los más fornidos y sin uniforme cargaron contra público y músicos desparramando manotazos que fueron registrados por las cámaras de varios turistas aterrorizados; la joven saxofonista fue arrastrada porque intentó impedir que se llevaran el amplificador, yo, que traté de defenderla recibí un empujón y una trompada en el vientre por parte de uno de los “desconocidos”, la música no paraba.

A 18 AÑOS DE LA MASACRE DE ING. BUDGE
Este 8 de Mayo se cumplen 18 años de la Masacre de Ingeniero Budge donde fueron acribillados Willy, el Negro y Oscar por la policía del gatillo fácil. Después de dos juicios orales y una condena a sólo 11 años de prisión para los responsables, seguimos luchando por encarcelar a estos asesinos. Hasta el día de hoy, únicamente el cabo Isidro Romero fue detenido, gracias a la movilización y presión que ejercieron los familiares y vecinos de los chicos, con marchas en el barrio y en los tribunales. Los otros dos asesinos, el suboficial mayor Juan Balmaceda y el cabo 1° Jorge Miño, siguen prófugos, amparados por sus compañeros de esta policía asesina y corrupta, por esta “justicia” al servicio de los explotadores y por el Gobierno.

La continuidad de la situación de marginación y explotación de los miles de trabajadores ocupados y desocupados hace que nuestros pibes no sólo queden excluidos del sistema de salud, educación, vivienda y toda contención social sino que son eliminados por la política del gatillo fácil y para justificar este accionar se criminaliza a las víctimas poniéndolos en el banquillo de los culpables cuando a los principales asesinos y delincuentes de este país, los ampara el poder político y judicial. Eso sí, a estos últimos, no les tiembla el pulso a la hora de reprimir cualquier intento de organización y resistencia por parte del pueblo.

Esto explica la existencia de tantos presos políticos en la Argentina, ya que es es una clara muestra de que la represión social y política son las dos caras de una misma estrategia para preservar este sistema de muerte y exterminio. Este Gobierno que se autoproclama “defensor de los derechos humanos” la única respuesta que da a los reclamos populares es el aumento de la represión a nuestro pueblo y la criminalización de la protesta social, como la feroz represión a los docentes en Salta, a los trabajadores de LAFSA en el Aeroparque Matropolitano, los mas de 5.000 luchadores populares procesados por cuestiones políticas, las torturas y amenazas a militantes populares o las persecuciones a los trabajadores de Zanón, que en Neuquén recuperaron esta fábrica y la pusieron a producir bajo gestión obrera.

Además, ahora el Gobierno -cumpliendo una orden de E.E.U.U.- aprobó las llamadas “leyes antiterroristas”, que solo sirven para perseguir y encarcelar a todo aquel que enfrente a este sistema político-económico que hace más ricos a los ricos y más pobres a los pobres y, oh casualidad, nuevamente utilizaron como argumento para aprobarlas, el discurso de la supuesta “seguridad”.

Pero SEGURIDAD es otra cosa que nada tiene que ver con el aumento de la represión, todos queremos vivir en una sociedad segura, pero para el pueblo SEGURIDAD es sobre todo trabajo, salud, educación y vivienda para todos.

Desde el fin de la dictadura al presente hemos tenido mas de mil setecientos casos de “gatillo fácil”, en su inmensa mayoría se trataba de víctimas pobres, morochas, habitantes de barriadas humildes, de asentamientos, de villas (los chicos de Budge, Walter Bulacio, Sergio Duran, los pibes asesinados por los “Escuadrones de la Muerte” de Zona Norte y Villa Fiorito) o de luchadores populares como Victor Choque, Teresa Rodríguez, Carlos “Petete” Almiron, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, entre tantos otros.

Por eso en este 18º aniversario de la Masacre de Budge y a una semana del comienzo del juicio por la Masacre del Puente Pueyrredon, exigiremos nuevamente juicio y castigo para todos los asesinos de ayer y de hoy, desde Balmaceda y Miño, hasta Fanchiotti, Acosta y el propio Duhalde entre tantos otros, ya que todos forman parte -en distintos niveles- de la estructura represiva de un estado que sin represión no cierra y al cual nosotros en las calles le vamos a demostrar que con represión tampoco va a cerrar.

La masacre de Budge no fue el primer caso de gatillo fácil sino el primero en que todo un barrio se organizó para pelear contra la impunidad; queda en nosotros -mediante la organización y la lucha- lograr la cárcel para estos dos criminales y para todos los otros policías y milicos represores así como la libertad para todos los luchadores populares encarcelados.

Por eso nos concentramos el viernes 13 de Mayo a las 17:00 frente a la Iglesia San Francisco de Paula, sita en la esquina de las calles Bariloche y Azamor de Ingeniero Budge para realizar la tradicional marcha de antorchas, hasta el lugar de la masacre (esquina Figueredo y Guamini). CUALQUIER INFORMACION SOBRE LOS POLICIAS PRÓFUGOS COMUNICARSE AL 4-371-8066

FEDERALIZACION DE LA TORTURA
Con el supuesto verso de que de esta manera se combatirá mejor la tortura, el gobierno K está inventando un nuevo “engañapichanga” para que después puedan vender su “compromiso” con los derechos humanos. El nuevo engendro fue anunciado por el Ministro de Justicia, Horacio Rosatti, que planteó la posibilidad de “federalizar” los delitos de tortura. Es decir, que de ser jurisdicción provincial, pasen a ser competencia de jueces federales.

Mostrando su natural caradurismo, Rosatti dijo “Buscamos que esta transgresión tenga una entidad que iguale a todas las víctimas dentro del territorio nacional e indique una pena acorde con la magnitud del delito”. Siendo abogado y ministro de justicia Rosatti debería saber que la igualdad es la surge de la igualdad ante la ley, propia de la Constitución Nacional. Y esa ley no es otra que el propio Código Penal y las Convenciones como la de la Tortura que tienen vigencia en todo el país, no en algunas provincias sí y otras no. Y la pena acorde con el delito, es única: la tortura se castiga con una escala penal que va de 8 a 25 años, y la tortura seguida de muerte con prisión o reclusión perpetua. Y eso es en todo el país.

Es notable como este gobierno tiene la capacidad para engañar. Y como muchos tienen la voluntad de “engañarse” tan faáilmente. Es bueno recordar que los jueces federales son los de la “servilleta”. Además de que CORREPI puede dar testimonio sobre que las únicas condenas por tormento seguido de muerte han sido dictadas por jueces provinciales (ej. Bru, Durán, Bouchon y Campos en la Pcia. de Buenos Aires; Sargiotti en Córdoba; Figueredo en Santa Fe o Rojas en Río Negro) nos preguntamos por qué el gobierno K le tiene tanta “confianza” a los jueces federales. Será porque cuentan con magistrados tan imparciales respecto de la PFA como por ejemplo Servini de Cubría o el habitué de prostíbulos masculinos regenteados por comisarios como Oyarbide.

Por supuesto, el ministro del área ya les ofreció a las “ONGs” que le lavan la ropa al gobierno que “monitoreen”, fiscalicen, sean veedores de lo que es una práctica habitual en las fuerzas de seguridad, en especial en el ámbito carcelario. A estas ONGs, CORREPI les recomendaría que empiecen por otros imparciales jueces federales, como los de Lomas de Zamora (Ferreiro Pello o Santamarina), que jamás han procesado a ningún penitenciario por hechos de represión o tortura dentro de los penales de Ezeiza que están bajo sus “federales” (e impolutas) jurisdicciones.

DE SEMINARIOS HIPÓCRITAS (Acerca del Seminario sobre Corte Penal Internacional auspiciado por la Cámara de Diputados de la Nación)

“Habría que cuidar que el derecho penal internacional no se convierta en tribunales de los poderosos, de los más fuertes” dijo el Jefe de Gabinete en un solemne seminario sobre la Corte Penal Internacional. Los asistentes elogiaron el Estatuto de Roma y discurrieron en mensajes políticamente correctos atisbando la idealidad de un mundo perfecto. Mundo al que los disertantes admiten llamar unipolar porque imperialismo suena inmaduro.

El Canciller Bielsa habló de la “larga lucha por la civilidad” cuando los presos de Guantánamo, Abu Ghraib o Nassar el Harif significan un retroceso en la dignidad del mundo. Los seminaristas alabaron a la Corte Penal Internacional cuando persigue a unos siniestros ugandeses que cometieron las mayores atrocidades en nombre de la biblia cristiana. O cuando encarnan la punibilidad sobre otros siniestros, ahora, musulmanes como los del desértico oeste del Darfur sudanés.

Pero todos ellos se olvidan que occidentales fueron las mayores atrocidades de la humanidad, sea el fin teológico o no. Y que son occidentales, y más precisamente americanas (del Norte) las peores atrocidades del mundo actual. Claro, esas no son investigadas por los occidentales fiscales de la C.P.I., ni formaron parte de las sesudas disertaciones.

En Guantánamo - para el conocimiento del Canciller Bielsa, que obligó a que la Argentina se abstenga cuando en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU se propuso investigar las condiciones de detención de los presos de Guantánamo- hay seres humanos convertidos en infrahumanos en nombre de la defensa de los valores occidentales.

Hace exactamente un año que se empezaban a conocer las fotografías de los presos de la resistencia irakí en manos del verdugo universal. Capturados, después de arrasar con el pueblo afgano los primeros, y su propia patria los segundos, se los marginalizó de las leyes internacionales de la guerra y se los definió como no merecedores de ningún amparo jurídico. Y con ello, EE UU - en este mundo de cortes penales internacionales - destruye el carácter universal de los derechos humanos que alcanza a todos los seres humanos sin ningún tipo de excepción.

El imperio los excluyó de las convenciones de Ginebra sobre el derecho de la Guerra porque como país signatario le está prohibido interrogar a prisioneros de guerra. Y lo que ha querido EE UU es interrogar a los desahuciados sobre “terrorismo” y el interrogatorio fue de la mano de la tortura.

¿Alguien puede dudar que EE UU tortura a sus prisioneros? ¿La “femenina” imagen de la soldado England en las cárceles de Irak no es suficiente para “advertir” quiénes son los que cometen delitos de lesa humanidad en esta urbe de principios de siglo XXI?

En la Primera Conferencia de Paz de La Haya en 1899 se aprobó la noción de lo que serían los delitos de lesa humanidad. En los Tribunales de Nuremberg y Tokio, se concibió el concepto de delitos que agravian a la humanidad toda, aquellos que agravian a la condición humana. Este concepto de crimen de lesa humanidad obedecía a la necesidad por parte de la comunidad internacional de reconocer que existían dictados elementales de humanidad que deben respetarse en toda circunstancia, sea en tiempos de paz (aquellos que no conoce EE UU) sea de beligerancia.

La evolución del derecho internacional tendió a la codificación de los delitos que repugnan a la humanidad en tratados o en su normatividad. Claro, el repugnante de Washington no firma ninguno. Con el devenir se ha ampliado la tipificación de los delitos de lesa humanidad, y han extendido la jurisdicción universal sobre delitos como la esclavitud, el apartheid, el genocidio y la tortura. El Estatuto de Roma que constituye el T.P.I., los codifica.

La Convención contra la Tortura la define como una “ofensa a la dignidad humana”, y si se la aplica de manera sistemática constituye un crimen de lesa humanidad. Es decir que para que sea repudiado por la comunidad internacional y por ende perseguido por la jurisdicción internacional, la tortura debe ser impuesta por un previo plan organizado, un procedimiento trazado deliberadamente para su imposición.

¿Alguien duda del “plan sistemático” del Departamento de Estado para que sus terroristas apliquen torturas a sus prisioneros “terroristas”? Pero no. EE UU como no firmó el T.P.I. Como no lo firmó, a EE UU no lo alcanza.

Mientras cometen crímenes contra la condición humana, EE UU – como lo hace China y Rusia- repudian el estatuto de Roma, estatuto para juzgar a los cretinos internacionales sin distinción de nacionalidades, como si todas las nacionalidades fueran iguales. Como en los tribunales para la ex Yugoslavia, mientras que Milosevich era un criminal de guerra, el españolísimo jefe de la OTAN Solanas Madariaga apenas cometía “daños colaterales” cuando masacraba civiles.

Como en los tribunales ad hoc para Ruanda, a hutus y tutsis se les han requerido (y se han merecido) las más severísimas penas, perro a nadie se le ha ocurrido deliberar siquiera sobre el papel de lesa humanidad que cumplió la corona belga en la extirpación africana.

A los presos de Guantánamo, de Afganistán, de Irak, represaliados únicamente de haber empuñado las armas contra Estado Imperial, se los puede torturar durante años. Pueden los militares yanquis cometer cualquier crimen de guerra o de lesa humanidad. Pueden violar la Convención contra la Tortura o el Estatuto de Roma. Pueden tener retenidos a chicos de 13 años aunque exista la Convención de los Derechos del Niño. EEUU, so pretexto de su seguridad, puede arrasar todo el derecho internacional humanitario. Deliberadamente. Nadie los va a perseguir.

Los Albertos Fernández o Rafaeles Bielsa saben que la C.P.I. únicamente está para castigar a los malos que sean sucios y feos. Preferentemente negros, pero siempre pobres. Nunca blancos, y menos sajones. Nunca poderosos

Daniel A. Stragá (Nota que Página 12 consideró mejor no publicar)

PROXIMAS ACTIVIDADES

Martes 10 de mayo, 9:00, en los tribunales de San Isidro (Ituzaingó 340) comienza el juicio oral y público a Héctor Eusebio Sosa, policía bonaerense, por el homicidio de Víctor “El Frente” Vital.

Jueves 12 de mayo, en la Facultad de Derecho, charla debate convocada por la Comisión por Juicio y Castigo a los Responsables de la Masacre de Puente Pueyrredón:con panel integrado por familiares y abogados.

CORREPI EN FM LA TRIBU (88.7), lunes 10:30 y jueves 18:30, semana por medio.

Próximamente, CORREPI en FM EN TRÁNSITO

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