Boletín Informativo N° 323

JUICIO POR EL FRENTE VITAL
Ante el Tribunal Oral Criminal Nº 3 de San Isidro se llevó a cabo el juicio oral contra el policía Héctor Eusebio Sosa, que el 6/2/99 mató a Víctor “Frente” Vital en una casilla de una villa de San Fernando. El cana, del Comando, mostrando la cobardía digna de aquellos que no se quieren enfrentar a los ojos de los familiares de su víctima, lo primero que hizo fue negarse a permanecer en la pequeña sala que los paquetes tribunales de San Isidro dispusieron para el juicio.

A lo largo de las tres jornadas se acreditó que Víctor Vital fue perseguido junto a otro joven por un nutrido grupo de efectivos policiales desde una mueblería que había asaltado, hasta ingresar el barrio de emergencia San Francisco, donde intentó guarecerse en la vivienda de una vecina. Que habiéndose descartado de las armas que tenía, ingresó en la cocina de la casa y se escondió debajo de una mesa. Que el sargento Sosa entró y pateó la mesa y le disparó. Que Frente, de cuclillas, suplicó “No tiren, no me maten, me rindo” antes que el policía bonaerense lo fusilara.

El compañero del Frente testimonió con palabras y con gestos cómo pusieron las manos en alto pidiendo clemencia y para que los esposaran. El perito médico explicó cada uno de los orificios de entrada de bala que presentaba el cuerpo, todos ubicados en el flanco derecho y que uno, en particular, el de la muñeca derecha del chico, era compatible con la actitud de protegerse. La dueña de casa testimonió que escuchó el ruego y en seguida, el vendaval de disparos, todos iguales y fuertes típico de una 9 mm.

A pesar de un tribunal claramente parcial a favor del policía, que interrogó inquisitivamente a los testigos propuestos por la fiscalía y la parte damnificada y fue ampliamente complacientes con testigos policías y otros propuestos por la defensa, se probó como -dijo Sabina Sotelo, madre del Frente- que el “estado primero lo abandonó -cuando ella recorría entidades públicas para sacarlo de la droga y la delincuencia- para después matarlo”.

La Fiscalía pidió la pena de 12 años para Sosa. La representación letrada de la víctima a cargo de abogados de CORREPI reclamó 16 años de prisión por homicidio simple, teniendo en cuenta como agravante que Sosa debía especial respeto por la vida de un pibe que apenas tenía 16 años. El defensor del policía, de planta de la bonaerense, pidió la absolución sosteniendo que era legítima defensa y que todo el barrio era cómplice de las andadas del Frente y que por eso, los testigos habían mentido a su favor.
El miercoles 18 a las 14:00, en medio de una movilización, los jueces deberán dictar una sentencia.

BUDGE NO SE RINDE
Budge no se rinde, carajo. Sigue sonando la consigna a 18 años de la Masacre de Figueredo y Guaminí en el Cuartel Noveno, a metros del Pte. La Noria y el Camino Negro. Y como todos los años, el pueblo de Budge sigue homenajeando a Willy, el Negro y Oscar. Esta vez bajo una pertinaz llovizna como escribiría algún periodista apegado a lugares comunes. Bajo una niebla que chocaba con la poca iluminación del barrio, con el barro de las calles de tierra y con la falta de revoque de la mayoría de las casas obreras. Salimos de la plaza de Budge en Recondo y la vía. Había mucha gente, como todos los años. Los organizados: Coordinadora Antirrepresiva Carlos “PETETE” Almirón, CORREPI, PC, UTDOCH, MTR, MST, CTA, MTR-CUBa, Al Borde, Repique, otros más. Faltaron los que ahora son transversales. Los no organizados, muchos vecinos y amigos que se iban sumando cuando la marcha pasaba por sus casas.

Balmaceda y Miño, los autores y prófugos. Los que el gobierno de Solá hace rato que dejó de buscar pero que ahora blanqueó la decisión política de dejar de buscarlos, ya que Felipillo suspendió la recompensa por información útil para ubicar sus paraderos.

Luego de subir al Camino Negro, ahora ampliado, llegamos a la Comisaría del Riachuelo. La que está sobre el Puente La Noria al ladito del arco que nos indica la entrada al feudo de Duhalde y Chiche: Partido de Lomas de Zamora, al que alguna vez quisieron poner Ciudad de la Paz… de la paz de los cementerios construidos al calor de los gatillo fácil de la bonaerense.

Se quemaron gomas frente a la seccional policial. El vallado se cayó. Y de allí hasta la esquina que no ha cambiado nada desde que las balas policiales pusieran fin a la vida de tres jóvenes de clase baja.

Nuevamente Don Olivera, ya tan viejito, el Toto Zimerman y el recuerdo, que no es sólo memoria, sino un impulso para mayor lucha. Porque Budge no se rinde y el pueblo tampoco.

MASACRE DEL PUENTE PUEYRREDON
A poco de iniciarse el juicio oral y público por la Masacre del Pte. Pueyrredon, la CORREPI ha sostenido la importancia de llevar la acusación a los autores materiales de la represión. Sin embargo consideramos que se tratará de un debate incompleto, “tuerto”, ya que faltan los autores ideológicos de la muerte de Kosteki y Santillán y de los intentos de homicidio de una cincuentena de luchadores sociales.

No están en el banquillo ni Duhalde, ni Felipe Sola, ni Juanjo Alvarez, ni Atanasoff, ni Ruckauf, ni Vanossi, ni Soria, ni Genoud, ni todos los que desde los tres poderes del estado planificaron, construyeron y ejecutaron el fusilamiento contra el pueblo utilizando el gatillo de Fanchiotti y otros policías bonaerenses.

No bastará con que declaren como testigos. Ni por oficio, ni por teleconferencia ni siquiera personalmente. Tampoco que K siga mintiendo acerca de que abriría los archivos de la SIDE. Justicia será el día que los organizadores de la Masacre estén también presos.

Nuestra organización, como integrante de la Comisión Independiente por el Juicio y Castigo a los Asesinos del Puente Pueyrredón, convoca a las siguientes actividades preparatorias del juicio que se iniciará el martes 17 de mayo a las 14:00 en el Tribunal Oral Nº 7 de Lomas de Zamora:

- Lunes 16 de mayo, 12 hs, en el Hotel BAUEN Cooperativa, Callao 360, conferencia de prensa de la Comisión, donde se ratificarán los objetivos de los familiares y la Comisión en pos del juicio y castigo a todos los responsables de los asesinatos de Darío y Maxi y la represión del 26 de junio de 2002. También los abogados de las partes querellantes informarán sobre el estado de la causa en el inicio del juicio. A la conferencia asistirán representantes de diversas organizaciones de desocupados, derechos humanos, estudiantiles, de trabajadores, diputados y distintas personalidades.
- Lunes 16 de mayo, 18 hs, frente a los Tribunales, Larroque y Camino Negro, inicio de la vigilia realizada por el Polo Obrero y el Frente Popular Darío Santillán.
- Martes 17 de mayo, 10 hs, concentración en la estación de Banfield, del ex ferrocarril Roca, desde donde se marchará hacia los tribunales. La marcha estará encabezada por los familiares y la Comisión, y detrás se encolumnarán las distintas organizaciones sociales, de derechos humanos, políticas, estudiantiles, comprometidas con la lucha por el juicio y castigo a todos los responsables de la masacre.
- Martes 17 de mayo, 12 hs, acto central de la Comisión, frente a los tribunales, donde los familiares leerán un documento. Al finalizar, se realizará una conferencia de prensa.
- Martes 17 de mayo, 14 hs, estreno de la obra “La pasión del piquetero” de Vicente Zito Lema. Luego tocará Contraviento, grupo musical del Frente Popular Darío Santillán y cantará Raly Barrionuevo.
- Martes 17 de mayo, 15 hs, radio abierta, muestra de fotos, dibujos, serigrafía, entre otras actividades de resistencia cultural. Se sumará a las actividades el grupo de teatro de Norman Brisky, “Brazo Largo” y un grupo de poetas. Todas estas actividades se realizarán frente a los tribunales, durante el desarrollo de la primera jornada del juicio.

NARCOPOLICÍAS
El domingo pasado, un vehículo utilitario volcó en el cruce de las rutas 34 y 66, en la provincia de Jujuy. Cuando personal policial provincial llegó a socorrer a los cuatro hombres que viajaban en la camioneta, se encontraron con un cargamento de 116 kilos de cocaína pura. Pero la verdadera sorpresa -para ellos- fue que los cuatro accidentados eran policías federales, entre ellos el subjefe de la delegación salteña.

Los policías alegan que sólo transportaban la droga, incautada en un procedimiento, desde Jujuy a la capital salteña. Se ha comprobado que deliberadamente eludieron todos los controles camineros de gendarmería entre la localidad de Salvador Mazza, de donde salieron, hasta el lugar del accidente que los puso al descubierto. También se probó que no tenían orden judicial alguna para transportar los 116 ladrillos de una provincia a la otra. Mientras dos de los efectivos permanecen internados por las lesiones sufridas en el accidente, al allanar sus domicilios se encontró en uno de ellos más droga, aunque en pequeña cantidad y ya fraccionada.

Más allá de la noticia judicial, donde se disputan la competencia los jueces y fiscales federales de Jujuy y Salta, el episodio pone una vez más en evidencia que el tráfico de drogas y su comercialización, en Argentina, es territorio manejado en forma casi excluyente por las fuerzas de seguridad. Cada vez que hay un decomiso grande, en cada traslado, cambio de jurisdicción o pase de manos de la droga, se “pierden” cantidades importantes, como ocurriera recientemente en la Provincia de Buenos Aires donde el cargamento disminuyó de 500 kilos a poco más de 300 en dos días (¿será que las balanzas bonaerenses y federales usan distinto sistema de pesas?). Del mismo modo, casi no hay narco-banda desbaratada que no contenga milicos de uno u otro uniforme, así como es vox populi en los barrios que para “pasar merca” hay que “arreglar con la gorra”, cuando no trabajar directamente para la brigada de la zona.

Estos reiterados episodios no reflejan la existencia de “bolsones mafiosos” cuentapropistas al interior de las fuerzas de seguridad. Sin perjuicio del indudable rédito económico que se expresa en abultados e inexplicables patrimonios de comisarios y tropa, el manejo policial del negocio de la droga es funcional también a los objetivos de la política del estado. Cada vez circula más droga dura en los barrios más pobres, mientras se dificulta el acceso a otras mercaderías más blandas (y menos rentables).

Las deliberadas “oleadas” de introducción de cocaína y pasta base que se detectaban sistemáticamente en las barriadas, siempre de la mano policial, durante la década pasada, se incrementan en la actualidad. Es un mecanismo más de dominación, de alienación, de control y disciplinamiento social. Y en este punto el gobierno “de los DDHH” tiene bien claro lo que hace.

BLACK WATER
Vaya a saber porqué le pusieron este nombre, pero así se llama una agencia de reclutamiento de agentes de “Seguridad Especial” que tiene su sede en la Florida y ha desembarcado en Latinoamérica. Primero anduvieron por Colombia y aunque poco se sabe de su éxito empresarial, se pueden garantizar sus seguros dividendos. Luego pasaron por Chile que, según dicen los especialistas, cuenta con un capitalismo ordenado, y obtuvieron contratos con 552 ex militares (todos de profusa actuación durante la dictadura pinochetista). A estos muchachos, buenos muchachos, les pagaron entre 1.500 y 4.000 dólares para hacer custodias en las aquietadas calles de Bagdag.

De acuerdo a informes allende la cordillera de los Andes, los chilenos eran, despues de los gurkas nepales e israelíes, los más “duros” custodios privados de la invasión yanqui. Pero los Black Water no se detienen allí. No se conforman con colombianos o chilenos, están a la pesca de mejores inversiones. O contratos más baratos. Y se vienen para aquí.

Se ha sabido -incluso lo ha difundido la CNN- que necesitan más brazos. Y parece que quieren instalar alguna oficina de “trabajos temporarios” en Buenos Aires. No será para contratar a tanto desocupado sino para darle trabajo como mercenario a tanto ex militar retirado o tanto policía, gendarme o prefecto que, por lo menos, para torturar tienen nutrida experiencia.
¿Black Water no suena a “agua podrida”?

EXCARCELACIONES
La semana fue pletórica en excarcelaciones de personajes nefastos, de arquetipos de la corrupción, de lo que es este sistema de opresión para la mayoría y de privilegio para pocos. Como la ingeniera Alsogaray o como el empresario Chaban. Ambos beneficiados por sendas resoluciones que les permitirán llegar en libertad al juicio oral que los imputa. Resoluciones intachables desde un garantismo que sería verdadero, auténtico, si fuera aplicable a todos los procesados con prisión preventiva y no sólo a los “ricos y famosos”.

La prisión preventiva está concebida como un adelanto de pena, y está bien que se imponga el criterio de respetar la presunción de inocencia, cone limputado en libertad hasta el juicio. Pero la misma vara debe ser aplicada a los 40.000 presos sin condena que tiene el estado argentino. Si quieren ser estrictos a la hora del principio de inocencia que lo sean con todos, no sólo con la gorila peronista o el empresario amigo del vice de Ibarra. Que abran las cárceles a tantos infelices que se pudren en serio entre rejas.

Si tienen respeto por las garantías constitucionales, que sea para todos, los de las clases dominantes y los de las subalternas también. Que sean excarcelados los que están presos por robarse una gallina y no sólo los que son responsables de la muerte de 193 jovenes y de la miseria de la población. A no olvidar que la misma Sala (aunque integrada por otros jueces) hace apenas meses negó la excarcelación a los detenidos de la Legislatura, presos hace 300 días por luchar contra el código contravencional porteño.

Las excarcelaciones de este mayo del 2005 son la expresión más acabada del clasismo de una justicia que únicamente quiere presos a los pobres, mientras cuida, mima y protege a los que mandan.

CUANTA PREOCUPACION
CORREPI nunca se tomó demasiado en serio las actividades de las numerosas secretarías de derechos humanos que pueblan los gobiernos, incluyendo la Provincia de Buenos Aires. Pero algunas expresiones, a veces, nos conmueven.

Ante las amenazas y agresiones sufridas por nuestro compañero Andrés Amado, la secretaría de DDHH de Felipillo Solá nos mandó una notita buscando conocer en qué está la causa judicial y si ellos podían hacer algo por CORREPI. Esta es nuestra contestación:
Ciudad de Buenos Aires, 11 de Mayo de 2005.-
Sr. Director Provincial de Promoción de los DDHH- Secretaría de DDHH de la Provincia de Buenos Aires.- Dr. Enrique POCHAT

Nos dirigimos a Ud. a fin de dar respuesta a la misiva que se nos enviara en fecha 3 de Mayo de 2005, mediante la cual se nos peticiona información respecto al número de IPP y Fiscalía interviniente en la denuncia iniciada por nuestro compañero Andrés Amado, como asimismo sobre las investigaciones y actividades que dicho compañero en conjunto con nuestra organización lleva adelante en el conurbano bonaerense. También se nos requiere que especifiquemos que colaboraciones concretas solicitamos a vuestra Dirección y Secretaría.

En primer lugar, queremos informarle que el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires cuenta con un sistema informático que funciona en la Receptoría General de Fiscalías de cada Departamento Judicial, mediante el cual cualquier ciudadano que lo desee, con solo conocer el nombre del denunciante, puede obtener los datos del Nº de IPP y la Fiscalía que intervienen en la causa en cuestión. Sin embargo y a los efectos de ahorrarle esfuerzos, le informamos que la causa iniciada por Andrés Amado tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción Nº 17 a cargo del Agente Fiscal Dr. Oscar Acevedo, siendo su N° de IPP el 586.574. Para más datos informamos que la Fiscalía en cuestión se encuentra en Camino Negro N° 2536, Localidad de Banfield, Partido de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires.

Cumplido con el primer requerimiento, nos vemos en la obligación de hacerles saber el profundo desconcierto que nos produjo vuestro pedido de informes respecto a los casos de Jorge “Chaco” González, Matías Bárzola y Diego Gallardo, ya que no sólo los hemos hecho públicos, sino que hemos denunciado las prácticas habituales en la zona en conferencia de prensa que provocó, por ejemplo, nota de tapa del diario Clarín en noviembre de 2004. El informe presentado en tal ocasión, que resume las investigaciones judiciales y extrajudiciales practicadas por CORREPI en la zona de Fiorito y otros barrios, está publicado en nuestra página Web[1]. Además la propia Secretaría de DDHH ha recibido a los familiares de estas víctimas del accionar represivo y criminal de la Policía de la Provincia, con lo cual suponíamos que ya estaban informados. La familia Gallardo fue visitada en su casa por personal de la secretaría en el mes de enero de 2005, y fue llevada en remise a La Plata; las madres de Bárzola y González fueron convocadas a esa Secretaría en reiteradas ocasiones. En oportunidad que la Sra. Núñez, madre de González, se encontraba en la Secretaría, se comunicó telefónicamente con la Dra. María del Carmen Verdú, abogada de CORREPI a cargo de las tres causas mencionadas, quien suministró al funcionario que la entrevistaba los datos que ahora reiteramos).

Por último, respecto a qué tipo de colaboraciones podría brindar vuestra Secretaría, reiteramos nuestra negativa a todo tipo de custodia que se pudiera brindar a este compañero. Si la idea es que el compañero Amado (y el resto de la población de la Provincia) se sienta más seguro y protegido, bien se podrían implementar algunas de las medidas que desde Correpi impulsamos, las cuales se encuentran en la página Web que usted manifiesta haber visitado, como por ejemplo:
Desmantelamiento del aparato represivo del Estado Bonaerense.
Juicio y castigo a los asesinos de las víctimas de la política de “gatillo fácil”.
Medidas concretas para obtener la captura de Balmaceda y Miño, asesinos de la Masacre de Ingeniero Budge, profugados con la complicidad de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y del resto de los policías prófugos (Bonifacio Garay de la causa Lencina; Luis Alberto Farese y Miguel Angel Rojido de la causa Durán; Marcelo Palleroni de la causa Cabrera y otros; Chaín, Olivera, etc.
Derogación inmediata de la Averiguación de Antecedentes.
Derogación inmediata del Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires.
Juicio y castigo a los responsables intelectuales de la Masacre del Puente Pueyrredón.
Libertad inmediata al preso político Gabriel Roser.
Sin otro particular y esperando su pronta respuesta, lo saludamos atentamente. Por CORREPI, Sergio Smietniansky - María del Carmen Verdú.

AHORA, REFUGIO A JOSU
El pasado martes la Corte Suprema de Justicia confirmó la denegatoria del pedido de extradición del luchador popular vasco Josu Lariz Iriondo. El Reino de España había solicitado su extradición, para juzgarlo en lo principal, por un hecho ocurrido en octubre de 1984: la colocación de un explosivo al paso de una caravana de vehículos de la policía de Euskadi y por ser miembro activo de la organización ETA.

El pedido había sido denegado en primera instancia por el juez federal Claudio Bonadío, quien entendió, tal como lo había solicitado la defensa, que los delitos por los cuales se requería a Josu, se encontraban prescriptos. Esta resolución fue apelada por el fiscal Freiler.

Una vez llegada la causa al tribunal superior, el procurador general de la nación Esteban Righi, consideró que no era procedente discutir sobre la prescripción de los hechos, pues se trataba de actos terroristas que debían analizarse en el marco del Convenio internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas. Este pacto de cooperación entre estados que, según el procurador impide oponer cualquier instituto de derecho interno como lo es la prescripción, obliga al estado argentino a extraditar a Josu al Reino de España para ser juzgado por terrorista.

El estado español fue más allá en sus planteos y agregó a los argumentos de Righi que los actos terroristas son crímenes de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. Para ello, utilizó la jurisprudencia sentada en el fallo Arancibia Clavel, estableciendo una aberrante equiparación entre los actos de terrorismo de estado y la lucha de los pueblos por su autodeterminación.

Por su parte, la defensa de Josu a cargo de los abogados Gustavo Piantino y Eduardo Soares, sostuvo la prescripción de los hechos, pero además rechazó fuertemente el concepto mismo de terrorismo. Planteó que se trata de un concepto eminentemente político, utilizado por los estados y los gobiernos para perseguir a los luchadores populares en todo el mundo. Y que aquellos convenios de cooperación entre los estados han sido históricamente instrumentos utilizados para privar a los opositores políticos de las más mínimas garantías de las que dispone cualquier imputado por delitos comunes. Asimismo reiteró el riesgo que Josu corría de ser sometido a torturas en caso de ser conducido a las cárceles españolas.

Finalmente la Corte, con la única disidencia de Boggiano, consideró prescriptos los hechos, rechazando en forma definitiva el pedido de extradición de Lariz Iriondo. Desde CORREPI festejamos esta victoria del campo popular, seguimos reivindicando y apoyando la lucha del pueblo vasco y de todos los pueblos que pelean por su liberación, y exigiendo el otorgamientod el refugio político a Josu.

PROXIMAS ACTIVIDADES:

Lunes 16 de mayo, 12:00, conferencia de prensa ante el inicio del juicio por la Masacre de Puente pueyrredón, en el Bauen.

Martes 17 de mayo, 10:00, concentración en la estación de Banfield a los tribunales de Lomas, y actividades toda la jornada.

Miércoles 18 de mayo, 14:00: Sentencia en la causa por el homicidio de Víctor “Frente” Vital, en los tribunales de San Isidro, Ituzaingó 340.

CORREPI EN FM LA TRIBU (88.7), lunes 10:30 y jueves 18:30, semana por medio.

Próximamente, CORREPI en FM EN TRÁNSITO

CORREPI