Boletín Informativo N° 332

UN AÑO DE INJUSTA PRISIÓN
Los quince presos políticos tras la movilización del 16 de julio de 2005 contra el tratamiento a puertas cerradas del Código Contravencional continúan privados de su libertad. Los gobiernos de Kirchner e Ibarra, que gustan llamarse progresistas, fomentaron y convalidaron estas injustas detenciones a prostitutas, vendedores ambulantes y otras personas que estaban en las cercanías de la Legislatura un año atrás.

Los principales testigos en contra de los detenidos (a los que se acusa entre otras cosas de supuesta privación de la libertad de todas las personas que se encontraban dentro de la Legislatura, a pesar de que quien impidió el egreso fue el propio personal de seguridad de esa institución, por orden del antiguo funcionario dictatorial, hoy macrista y siempre reaccionario Santiago de Estrada) son los propios policías que los reprimieron y detuvieron, junto a los representantes de los sectores manoduristas partidarios del nuevo Código Contravencional.

No podemos olvidar que en cinco oportunidades fue rechazado el pedido de su excarcelación, con el argumento de que “la gravedad de la pena en expectativa” -debido a la absurda calificación legal impuesta para mantenerlos detenidos- permitiría presumir que en caso de ser liberados, intentarían “sustraerse a la acción de la justicia”. Parece que para jueces y camaristas es mayor la pena de quienes protestan contra una ley represiva que la que merecen quienes están imputados por 194 homicidios simples, ya que en el caso de Chabán consideraron que no hay riesgo de profugación.

Entre otras actividades en reclamo de su libertad, esta semana se realizó una movilización que partió el viernes bajo la lluvia desde Independencia y Bernardo de Irigoyen hasta la Legislatura y la Jefatura de Gobierno y el sábado una nueva convocatoria desde las 14 y hasta las 20, con una jornada con feria, talleres, charlas, un recital y espectáculos varios.

La causa ha pasado ahora al Tribunal Oral en lo Criminal Nº 17, que realizará el juicio oral en fecha aún no determinada.

INFORME LA PAMPA (De nuestro compañero Francisco “Panqui” Bompadre del Mov. Pampeano por los DDHH) Parte II
IV. Obediencia debida.
Los estudiantes del polimodal del colegio Nacional República del Salvador, de la ciudad de General Pico, el día 15 de junio apoyaron las ya históricas movilizaciones y protestas docentes de nuestra provincia. En un marco de altísimo acatamiento en toda la provincia y de fuerte politización en el reclamo, los adolescentes se solidarizaron con los múltiples reclamos educativos. Pero como las autoridades y docentes del colegio no adhirieron a las medidas, decidieron encerrar en el patio de la Escuela a los estudiantes, quienes además denunciaron que fueron amenazados por haber llamados a sus padres y a los medios periodísticos para denunciar el hecho.

Días antes, dos alumnos se habían plegado a la huelga docente sentándose durante toda la jornada debajo del pizarrón, lo que motivó que una docente pidiera sanciones disciplinarias. El impresentable del coordinador Fraga explicó a la prensa que los estudiantes no podían hacer declaraciones porque eran menores. Al otro día de los hechos los estudiantes expresaron en un documento público: “cuando hablamos de educación, no nos referimos a la instrucción teórica que recibimos en Matemáticas, Lengua y las otras materias, sino a la educación relacionada con el compromiso social y con valores como la solidaridad y la importancia de las ideas…”. Parece que el ministro Tierno va a tener trabajo en los próximos años, no?.

V. Vivienda única: una cuestión policial.
El policía Schneider, el hombre de la voz finita, avaló la represión policial contra los manifestantes que trataron de impedir el remate de una vivienda en nuestra ciudad; e incluso se manifestó sorprendido de que en el mencionado acto público se encontraran en el lugar dos diputados provinciales y “la actitud de agresión de la gente hacia la policía”: no nos extrañamos, también el almirante Massera se defendió en el Juicio a las Juntas diciendo que habían ganado una guerra justa, sorprendiéndose de las acusaciones de los testigos.

Erudito en datos legales y en la situación jurídica del inmueble, el “representante legal” del First Trust of New York, estuvo a la altura de las circunstancias. Fiel a la ideología de servidores del poder político-económico -cada vez más extranjerizado-, el empleado Schneider olvidó mencionar algunos datos: Hacia fines del año 2001 la provincia contaba con 63.038 habitantes que vivían hacinados en unas 12.000 viviendas; 22.785 pampeanos habitaban en casas con pisos de tierra o sin agua potable ni retrete; 2.062 viven en casas en ranchos; 687 en casillas; 1.018 en piezas de inquilinato; 721 en locales no construidos como vivienda; 140 en viviendas móviles y 40 en pensiones (según datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda). Esta situación de por si ya es bastante seria, por lo que no consideraremos los datos relativos a desempleo, pobreza, distribución del ingreso, deserción escolar, bajo peso infantil, maternidad adolescente, etc. Como se ve, un panorama no muy alentador en la materia como para seguir beneficiando a las empresas multinacionales que no sólo han hecho y hacen mucho daño, sino que también se han llevado y se llevan mucho dinero del pueblo argentino. La situación social de la Argentina y de La Pampa en particular, debe ser resuelta con políticas públicas que beneficien a los sectores más desprotegidos y vulnerables, y no con palos policiales.

Es la historia repetida de las policías sirviendo a los poderosos, como en la Semana Trágica, como en los sucesos de la Patagonia en los años 1920/1921, como en el Plan Conintes, como en el Proceso de Reorganización Nacional, como en el 19 y 20 de diciembre, como en el 15 de febrero en la Plaza San Martín, como el 26 de junio en el puente; como todos los días en todo el territorio del país, el empleado Schneider y la banda armada más peligrosa del país, van disciplinando adolescentes pobres, matando manifestantes, reprimiendo a la clase media disidente, y cobrándole adicionales a los ricos.

Párrafo aparte merece el juez que firmó la orden del remate, seguramente más preocupado en pensar cómo gastar el suculento sueldo que todos los ciudadanos le pagamos para que también él, “represente” los intereses del First Trust of New York. La Observación General Nº 9 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, ha precisado con claridad que es obligación para los Estados parte brindar mecanismos adecuados y efectivos para que los derechos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales puedan ser exigidos por los individuos: ¿Perdigués y Schneider se habrán enterado?

VI. La alcaidía.
La Alcaidía de la Ciudad de Santa Rosa funciona en contados casos como uno de los pasos a seguir por los detenidos dentro de las instituciones estatales (federales y provinciales). Los alojados no están condenados por la justicia, no obstante se considera aplicable la normativa legal pensada para aquellos y las autoridades deben ser más sensibles a las condiciones de detención en virtud de que técnicamente aún son inocentes (hasta que una sentencia firme demuestre su culpabilidad).

Aún así, la epidemia de sarna y hongos desatada en este lugar ha mostrado las falencias, la negligencia y el desinterés por parte de funcionarios, jueces y fiscales que deben velar por la integridad física y psíquica de los ciudadanos allí detenidos. Las versiones periodísticas apuntaron sobre las causas de la epidemia en el estado de los mismos internos poco higienizados, y también al estado de los colchones y frazadas. Además se cuestiona el olor nauseabundo que deben soportar los presos de la Alcaidía.

Como fuese, el estado de salud de los internos no está en sintonía con la normativa legal, ni con el último fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (”Recurso de hecho deducido por el Centro de Estudios Legales y Sociales en la causa Verbitsky, Horacio s/ habeas corpus”), sobre las condiciones de detención de los reclusos en cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires, que es aplicable jurisprudencialmente a todo el país.

LA GLOCK DEL SEÑOR JUEZ
El juez federal Claudio Bonadío aparece en el Archivo de Casos de CORREPI, pero no por su labor judicial, sino porque es autor de un doble homicidio injustificable. El hecho ocurrió el 28 de septiembre de 2001, cuando dos jóvenes intentaron robar en el domicilio del magistrado. Cuando se vieron descubiertos, huyeron por los fondos de la amplia casa. Pero Su Señoría, desde el techo -y en paños menores debido a la premura- evitó la fuga acertando dos disparos en la espalda de Germán Ariel Lorenzatti y uno en la nuca de Martín Villar. Pese a que por lo menos uno de los chicos estaba desarmado, y que ambos huían como conejos hacia el tapial, la causa fue archivada y Bonadío sigue juzgando la conducta de otros.

Parece ser que a Don Bonadío le resultaron pocos los ocho tiros que realizó en pocos segundos, y ha decidido hacerse de un arma más eficaz para la próxima. Según informó La Nación esta semana, el juez federal es el feliz adquirente de una pistola Glock modelo C 18, calibre 9 milímetros, que permite disparar su cargador, de 19 balas, en forma de ráfaga en menos de un segundo.

Estas armas, que utilizan los agentes especiales del FBI, no están disponibles en Argentina para ninguna fuerza de seguridad ni militar. Menos puede adquirirlas un civil, excepto que el Ministerio de Defensa lo autorice en forma expresa. El interesado, entre
otras cosas, debe acreditar un entrenamiento especial para su manejo.

La compra de diez pistolas se hizo el año pasado con un trámite que el diario La Nación califica como que “roza la ilegalidad”. Es que el Ministerio de Defensa, con la firma del director del Renar Juan Carlos Ramos, envió al gobierno de Austria, el país donde se fabrica el arma, una nota denominada “Certificado de usuario final para su presentación a las autoridades de control de exportaciones de Austria”, en la que se afirma que las diez Glock “serán utilizadas en la Argentina por el Ministerio de Defensa”. Sin embargo, todas terminaron en manos de particulares. Además del juez Bonadío, entre los poseedores figuran el ministro de Defensa, José Pampuro; su secretario de Asuntos Militares, Jaime Garreta; el director del Registro Nacional de Armas (Renar) Juan Carlos Ramos; su subdirector, Narciso Angeletti; el procurador del tesoro Osvaldo Guglielmino y el empresario de Lomas de Zamora Néstor Otero, y dos aún no fueron entregadas.

El diario no pudo constatar el destino de la décima pistola, aunque hay versiones en el sentido de que la habría comprado el ministro del Interior, Aníbal Fernández. Consultado sobre el punto, Aníbal tranquilizó a todos: “Sólo tengo una H&K”. Ah, bueno.

Para justificar la compra dijeron que estaban amenazados, pero es sugestivo que ninguno de los siete denunció las presuntas amenazas, ni judicial ni públicamente. LA NACION supo que varios de los compradores de las armas se entrenaron durante meses en un polígono de tiro del conurbano.

No está claro quién autorizó la irregular compra. Ramos, director del RENAR, aseguró que las autorizaciones especiales fueron suscriptas por el ministro Pampuro, incluida la que lo beneficia a él mismo. Otras fuentes, en cambio, aseguraron que Pampuro autorizó a Garreta, Angeletti y a Bonadío. Y que Garreta autorizó la de Pampuro, la de Ramos, la de Otero y la de Guglielmino. Como sea, se autorizaron ellos mismos.

Finalmente, llama la atención que los recibos exhibidos por el Ministerio de Defensa indican que cada uno pagó 500 dólares por las pistolas, especialistas en armas consultados por LA NACION dicen que una pistola de ese tipo vale alrededor de 1300 dólares. ¿Además de comprar armas de uso prohibido, y de autorizarse entre ustedes, también subfacturan, muchachos? Bueno, de última, si alguien hace la denuncia, siempre puede estar de turno Bonadío…

MANIFESTANTES POR CROMAGNON, SOBRESEIDOS
El 6 de enero pasado fue una de las movilizaciones más importantes reclamando juicio y castigo a los responsables por la Masacre de Cromagnon. Esa marcha, más masiva aún que la del día 3 de enero, fue reprimida y 35 personas, en su mayoría jóvenes -entre ellos un militante de CORREPI y un periodista de ANRed-, fueron detenidos.

A pesar de que se intentó por todos los medios relacionarlos con los incidentes ocurridos frente a la Jefatura de Gobierno, ni uno solo de los detenidos aparece en los videos de la jornada realizando conducta alguna que pueda ser reprochada. Sólo tres de ellos pueden ser observados, precisamente cuando son brutalmente golpeados y arrastrados por personal policial hacia los camiones celulares.

Con esta clara evidencia de que, como lo denunciamos en su momento, la policía federal salió esa noche de cacería y detuvo arbitrariamente a los 35 chicos y chicas, todos ellos acaban de ser sobreseídos por la jueza Fontbona de Pombo.

Queda sin embargo una cuestión pendiente: los 35 detenidos fueron fotografiados y filmados por personal policial en la comisaría 2ª. Esas imágenes fueron las utilizadas para comparar con los videos, fracasando el intento de incriminarlos. Ahora que la causa fue cerrada, y ellos sobreseidos, ¿adónde van a ir a parar esas fotos y filmaciones?

HAITI: MASACRE DE POBRES (agradecemos el aporte a Henry Boisrolin, Coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina)

El 6 de julio último pasado, la MINUSTAH (Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití) - es decir las fuerzas de ocupación del país - llevaron a cabo una operación militar en Cité Soleil (la barriada popular más grande de Puerto Príncipe, la capital de Haití). Con el pretexto de detener a Emmanuel Wilner ” alias Dread Wilmé”, un supuesto jefe de “bandidos” que - según el gbierno de facto de Haití y los jefes de la MINUSTAH - con sus lugartenientes siembran el terror en la capital y otras regiones del país, los soldados de la ONU asesinaron a niños, mujeres, ancianos, etc.

En efecto, los Cascos Azules -con la Policía Nacional de Haití (PNH) como retaguardia- entraron en la madrugada del miércoles 6 de julio de 2005 en Cité Soleil a sangre y fuego con 40 blindados, 2 helicópteros y 350 hombres fuertemente armados. Con ametralladoras, fuego de tanques y gases lacrimógenos, lanzaron su ofensiva disparando hacia dentro de las casas, galpones, una iglesia y una escuela. Varias de esas casas están hechas de cartón y lata. Los testigos reportaron que cuando la gente huía para escapar del infierno desatado, las tropas de la ONU los baleaban por la espalda. Además habían bloqueado previamente con tanques y tropas los callejones, dispositivo que permitió asesinar también a varios habitantes que iban a trabajar.

Con un fuego sistemático sobre civiles, con helicópteros cuyas ametralladoras disparaban hacia la gente, ciudadanos que estaban bajo ataque desde todos lados y desde el aire y con las salidas cortadas, es obvio que los soldados de la ONU cometieron una matanza. Hubo más de 50 muertos y centenares de heridos. Todos esos datos fueron confirmados, por ejemplo, por algunos miembros de la Labor Human Rights (una organización norteamericana de derecho del hombre).

De supuesta Misión de Paz, está claro que la MINUSTAH pasó a ser una Misión para hacer la Guerra. Guerra a los pobres y no a la repugnante élite económica haitiana, la principal responsable con el imperialismo norteamericano de la tragedia (hambre, desocupación, analfabetismo, etc.) que golpea a más de 8 millones de haitianos.

Por otra parte, a más de un año de la presencia de esa fuerza internacional en el país, la MINUSTAH no sólo comete atrocidades como la del 6 de julio, sino también demostró su incapacidad para desarmar a los paramilitares, evitar los incendios de mercados, los asesinatos y los secuestros. Más de 100 personas fueron secuestradas el mes pasado en Puerto Príncipe. Y según los datos ya conocidos, el mes de julio parece que marcará un nuevo récord en referencia a los secuestros y asesinatos.

Frente a esas barbaridades, hacemos un urgente llamado al pueblo argentino, a sus organizaciones de DD.HH., a sus organizaciones sindicales y políticas, etc., a elevar su voz para exigir el inmediato retiro de las tropas argentinas de la MINUSTAH. Una manera de expresar también su solidaridad concreta para con la lucha del pueblo haitiano por su liberación.

PROXIMAS ACTIVIDADES

La Agrupación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA) realizará un acto independiente del gobierno y de la dirección de la AMIA-DAIA el próximo LUNES 18 DE JULIO a las 18:30 hs., en la ESQUINA DE CORRIENTES Y PASTEUR al cumplirse 11 años de la masacre.

CORREPI EN FM LA TRIBU (88.7), lunes 10:30 y jueves 18:30, semana por medio.
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