Boletín Informativo N° 363

HUGO BETO: LA NIÑA BONITA
Hay beneficios que alcanzan a los presos. Hay situaciones, generalmente, cercanas al núcleo familiar del detenido, que merecen -transitoriamente, por horas generalmente- que el juez de la causa disponga suspender el encierro y con la debida custodia que el interno pueda salir de la prisión. El caso típico, y por demás humanitario, es el permiso que el reo pide para participar del último adiós a un familiar cercano, o su opuesto, el nacimiento de un hijo.

Ciertamente no es de sencillo trámite, pues requiere de la burocrática decidia Más sencillo de recorrer es el camino si el preso tiene abogado particular, pues si tiene uno oficial, realmente es mejor que se olvide. Que todo esté debidamente certificado con antelación, que llegue a tiempo el oficio del juez al lugar de detención, que el patrullero de la comisaría o el móvil del servicio penitenciario tengan autorización para “bajar” al detenido a su destino, o hasta que haya suficiente nafta.

A veces vemos absurdos, como la mujer presa en Ezeiza, ya integrada al sistema de salidas familiares transitorias, que pese a todos sus esfuerzos no fue autorizada a concurrir a la fiesta de graduación secundaria de su hijo por la sola razón de que se hací en un boliche bailable alquilado por el colegio. Otras veces, la irrazonable negativa es causa de muerte, como en Corrientes el mes pasado. La protesta que culminó con cuatro presos (tres detenidos en averiguación de antecedentes) quemados, y mató a tres de ellos, se inició porque se demoró deliberadamente el permiso para que uno de ellos, el único con causa, fuera autorizado a presenciar el parto de su primer hijo.

Pero algunos viven de privilegios, aun cuando a veces pareciera que se les terminaron. Es el caso de Hugo “Beto” Cáceres, jefe del escuadrón de la muerte de la zona norte bonaerense. El dueño de la vida y de la muerte de Don Torcuato, Tigre y aledaños, no obstante la durísima pena impuesta a sus actividades de asesino a sueldo, goza de los privilegios de los presos vip.

El Hugo Beto no quería quedar afuera de la fiesta. Después de todo, era el padre de la agasajada. Después de todo, la nena cumplía 15 y el Hugo Beto, condenado a 22 años de prisión hace apenas un año, sin participar de la fiestita. No era justo. Y así lo habrá entendido el tribunal que permitió que el siniestro personaje se enfundara en su mejor traje y concurriera a la fiesta de 15 de su hija.

El acontecimiento social, que no apareció ni siquiera en Infobae (¡qué desagradecidos son los burgueses con sus lacayos!), fue en el barrio Gutiérrez, de Don Torcuato el pasado viernes 10. No se conoce si hubo oficio religioso a pesar del carácter piadoso de la familia Cáceres, ni si el asesino bailó el tradicional vals. De lo que sí tenemos certeza es que Oscar Rìos, padre del Nuni, por cuyo homicidio el represor está preso, no fue invitado al ágape.

CURSITOS K
La Sra. Pastor de Bonafini debe estar de parabienes. Anunciado con pitos y matracas, “su” ministra de Defensa, esa “maravillosa mujer” con pasado menemista, delarruista y represora del Pte. de Corrientes, Nilda Garré, se reunió esta semana con los jefes del Estado Mayor Conjunto y de las Fuerzas Armadas para analizar nuevos cursos sobre derechos humanos que la cartera prevé lanzar para mayo.

El proyecto tiene como objetivo promover en el personal militar “conciencia de los valores que sustentan las sociedades democráticas”. Es decir un verso.

En el mismo sentido, suponemos que también “su” ministro del Interior, Aníbal Fernández, ante el homicidio del joven boliviano Beimar Mamaani a manos de “patovicas” de una bailanta, también está previendo hacer cursitos y seminarios sobre derechos humanos para los energúmenos de la seguridad de boliches.

Desde CORREPI venimos advirtiendo a tanto crédulo que, con cambios de plancitos educativos o con cursillos cosméticos, no se cambia el rol asignado a las fuerzas de seguridad, públicas o privadas y militares en un sistema que lejos está de ser siquiera justo.

Ya hubo varios de esos cursos destinados a la cana, incluso dictados por importantes dirigentes de DDHH nacionales. Los cadetes, aspirantes y demás alumnitos de las escuelas policiales escucharon a familiares de víctimas cooptados por el gobierno. Ya se ha probado que de nada sirven, que no son represores por falta de educación o por ignorancia de los convenios de DDHH, sino porque las fuerzas de seguridad fueron creadas y constituidas para reprimir al pueblo.

GATILLOS FACILES PASIONALES
Dos hechos trágicos se conocieron esta semana involucrando policías. El primero ocurrió en un monoblock del barrio “Cerveceros” en la ciudad de Córdoba, cuando un policía de 58 años mató a sus cuatro hijos de entre 6 y 14 años. Con su pistola 9mm, le pegó un disparo en la cabeza a cada uno y luego se suicidó, en represalia porque su mujer y madre de sus hijos lo había abandonado.

El otro hecho sucedió en la Capital Federal y tuvo por protagonistas a una pareja de policias. En un Mc Donald’s de Congreso, cerca del pelotero donde jugaban chiquitos, estaba sentado un oficial de la federal, de 24 años, que con su reglamentaria le pegó un tiro en la frente a su novia, también de 24 años y cadeta de la afamada Ramón Falcón. Después se mató él. A pesar que la inmaculada institución no suministró los nombres de la pareja, se conoció que ambos se conocieron estudiando para ser policías y que ella lo había dejado.

Dramas como los relatados, como hemos venido repitiendo desde que CORREPI decidió sistematizar los casos de gatillo fàcil, son completamente habituales en el mundo policial. Tipos, como estos “masculinos” de profesión policias, que deciden matar a sus esposas, novias, amantes o amigas y a sus familias se repiten de ordinario. Son la mejor muestra de la calidad represiva, que traspasada al ámbito privado, une la violencia institucional con la familiar. Como han sido adiestrados para imponer la violencia del estado, ejercen esa violencia con sus seres queridos, y ponene fin a sus conflictos familaires con un tiro de la reglamentaria.

El objetivo punitivo y el desprecio por la vida son las dos caras de una misma moneda. Para ejercer el castigo, matan a sus afectos, se matan ellos mismos. Estos hechos permiten entender mejor cómo actúan con quienes no los une un vínculo emocional.

REPRESION EN ROSARIO
El día 16 de Febrero, dos patrullas policiales pertenecientes a la comisaría 15ª de la ciudad de Rosario irrumpieron en el comedor Villa Itatí ubicado en la esquina de las calles Callao y Dr. Rivas con el fin de identificar a Cristian Berasain, que participa de las actividades de este centro comunitario, para luego retirarse y volver con seis patrullas y el fin de detenerlo.

En el comedor la policía actuó como es costumbre, reprimiendo a la gente que allí se encontraba con palazos y balas de goma. Como en otro hecho similar ocurrido en el barrio La Rural, las fuerzas de seguridad no vacilaron a la hora de descargar su furia aún contra una mujer embarazada. Angela Oviedo, quien estaba gestando mellizos, ahora se encuentra internada en la clínica Maternidad Martín esperando saber si podrá retener o perderá a sus hijos, víctima de la metologìa represiva de la policía más asesina del país. Así como Ángela, varias mujeres y niños fueron golpeados y heridos por los “guardianes del orden”.

En la comisaría 15ª, Cristian, que se encontraba “incomunicado”, fue también golpeado. Curiosamente, aparte de trabajar en un comedor comunitario, no se sabe porque lo fueron a buscar. Abogados de organizaciones de derechos humanos como la APDH y de AMSAFE se hicieron presentes en el Juzgado Correccional de la 7ª Nominación donde se le tomaría declaración indagatoria para posteriormente ser liberado.

IMPUNIDAD A LA BRASILEÑA
Brasil es uno de los países donde la brecha entre ricos y pobres es más profunda. Es uno de los paises con más tradición en escuadrones de la muerte, asesinatos en masa y fundamentalmente en la protección que brindan las clases dominantes a la mano de obra de la muerte.

Igual que otras masacres como la del Dorado de Caixas, la Masacre de Carandirú ha terminado en la impunidad. Así el Tribunal de Justicia de Sao Paulo absolvió este miércoles al ex coronel de la Policía Militarizada, Ubiratán Guimaraes, quien comandó la invasión a la Cárcel de Carandirú para sofocar un motín en 1992, que finalizó con 111 muertos y 153 heridos.

Por 20 votos a 3, los ministros del tribunal anularon la sentencia de primera instancia que en 2001 condenó a Guimaraes a 632 años de prisión, por su supuesta responsabilidad directa en 102 de 111 asesinatos. El fallo del Tribunal de Justicia alegó que en la condena, a cargo de un jurado popular, hubo “una equivocación” y que el juicio había sido politizado. Guimaraes había apelado en libertad a la sentencia que lo condenó por la invasión a la cárcel de Carandirú. El ex coronel es actualmente diputado provincial y apoya al gobernador de Sao Paulo, Geraldo Alckmin.

La decisión del Tribunal fue calificada como “el mayor absurdo político” por el fiscal Felipe Lopes Cavalcanti. Diversas organizaciones de Derechos Humanos, entre ellas Amnesty Internacional, acompañaron el juicio a Guimaraes, reclamando contra una absolución. Danilo Chammas, secretario ejecutivo de la Fundación Interamericana de Derechos Humanos, consideró “lamentable y vergonzoso” el fallo del Tribunal y consideró que supone una carta blanca para los abusos de los grupos de seguridad públicos. “Esa decisión de hoy muestra la connivencia de la justicia con los abusos de la policía, que son históricos y muy conocidos”, destacó a la cadena Globo. “Esto es un peligroso retroceso en materia de derechos humanos”, opinó Ariel de Castro Alves, titular del Movimiento Nacional de Derechos Humanos. La organización humanitaria denunció que 84 agentes policiales involucrados en la matanza todavía no fueron juzgados a causa de los recursos interpuestos, y que otros 29 ni siquiera fueron a proceso porque fueron acusados de lesiones corporales leves, delitos que ya proscribieron.

La masacre de Carandirú ocurrió el 2 de octubre de 1992 a raíz de una intervención policial para calmar una rebelión de presos, que pedían mayor espacio. La operación dejó 111 detenidos muertos y 153 heridos. Concebido en 1956 para acoger a 500 presos, Carandirú llegó a albergar a 8.000 reclusos y se convirtió en el mayor presidio de América Latina. La cárcel fue clausurada en 2002 y cinco de sus siete edificios fueron demolidos. Dos quedaron en pie como testimonio del horror de la masacre. En el momento de la rebelión que se originó en el Pabellón 9, el Complejo Penitenciario alojaba a 2.069 prisioneros.

La matanza ocurrió entre las cuatro de la tarde hasta cerca de la medianoche, que la Policía Militarizada, comandada por Guimaraes, invadió el edifico para imponer el orden. Muchos prisioneros fueron asesinados dentro de sus celdas, donde se habían refugiado para evitar la represión policial, a fuego de ametralladoras, fusiles y pistolas automáticas. Al final de la operación fueron encontrados 111 presos muertos, 103 de ellos víctimas de armas de fuego y otros ocho de armas blancas. Otras 153 personas quedaron heridas, incluidos 130 reclusos y 23 agentes policiales. El episodio, de amplia repercusión internacional, conocido como “la masacre de Carandirú”, fue tema de filmes, libros y seriales de televisión.

DESALOJOS A LA K
Desde hace tiempo han recrudecido los desalojos en la Ciudad de Buenos Aires. Ante la baja en la movilización popular, en muchos casos la policía apenas debe enfrentar resistencia, ya que quienes se solidarizan con las familias a desalojar suelen ser muchos menos que los canas intervinientes.

Este viernes, al mismo tiempo que por televisión se veía el desalojo de una anciana, sus dos nietos menores de edad y la madre de los chicos (se pudo observar incluso el momento en que un policía de civil la sujetaba por atrás mientras ella denunciaba por la ventana que la pretendían desalojar), numerosas familias eran desalojadas de un hotel abandonado ubicado en Bartolomé Mitre casi esquina Pringles.

En este segundo operativo, que no fue televisado, participaron al menos dos docenas de policías de la Comisaría 11ª y del DOUCAD (los famosos paleros de la Montada, aunque no estaban con el equipo de combate), junto a otra docena de canas de civil (con los correspondientes vehículos no identificables). El Gobierno de la Ciudad mandó empleados del área de Emergencia Social y el Ministerio de Interior recuperó una vieja práctica de época de Menem: estaba presente una camioneta de la Dirección Nacional de Migraciones.

Y la táctica para presionar a los ocupantes a desalojar el inmueble sin más trámite fue la misma que usaron los policías comandados por Menem, Corach y Domínguez contra los habitantes de las Bodegas Giol el 4 de octubre de 1994: se amenazó a los extranjeros con la intervención de Migraciones en caso de que realizaran la menor queja o resistencia. Esta es la verdadera cara de este gobierno “progresista”, “compañero” de los desaparecidos y “defensor” de los DDHH.

“JUSTICIA” PARA MALDONADO, NO PARA AZCURRA
El 11 de septiembre de 2005 todos los canales de televisión mostraron las imágenes del futbolista Carlos Azcurra, de San Martín, baleado a quemarropa en el abdomen por un policía en plena cancha durante un partido con Godoy Cruz. Los jugadores se habían acercado a los policías para pedirles que no reprimieran indebidamente a la hinchada. El jugador, afortunadamente, sobrevivió, a pesar de la gravedad de la lesión, pero con serias secuelas. Le tuvieron que extirpar el 30 por ciento de uno de los pulmones, sufrió un desprendimiento del diafragma y la fisura de dos costillas, además de problemas hepáticos.

La justicia mendocina acaba de cambiar la calificación del hecho a simples “lesiones culposas”, es decir, sin intención, cometidas por negligencia o impericia, ignorando la claridad con que se ve en los videos el momento en que el cabo Marcial Maldonado deliberadamente apunta y dispara al joven ex deportista.

Como el hecho no está ya imputado como doloso, Maldonado ha sido reincorporado a su trabajo, como integrante de la Policía Montada de San Martín, Mendoza. Pero la investigación judicial no cesa, y se profubndiza: ahora el juez quiere investigar a los jugadores, para saber si hubo algún tipo de provocación antes del disparo. La justicia es independiente y garante de la seguridad de los ciudadanos, indudablemente. En cualquier momento, lo condenan al pobre Azcurra por apropiarse indebidamente de proyectiles de propiedad de la policía mendocina.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Martes 21 de febrero, 18:00, reunión de la Multisectorial por la Libertad de los presos políticos, Corrientes 1785, 2º “C”.

Miércoles 22 de febrero, reunión organizativa hacia el 30 aniversario del 24 de marzo, a las 18:30 en la Federación de Sociedades Gallegas, Chacabuco 955.

Sábado 4 de marzo, 17:00, charla sobre el Código Contravencional porteño a cargo de los compañeros Gerardo Etcheverry y Lidia Abineme de CORREPI en la sede de la Asamblea Popular del Cid Campeador, Av. Angel Gallardo 752. Organiza la Revista Oral de la Asamblea Popular Diego “Nano” Lamagna de La Paternal.

Jueves 9 de marzo, 11:00, concentración frente a los Tribunales de Lomas de Zamora (Camino Negro y Larroque) acompañando a familiares y amigos de Jorge “Chaco” González en la audiencia preliminar del juicio oral contra los policías Concha y Quevedo.

Sábado 18 de marzo, en Villa Fiorito, escrache al ex policía Pelozo, autoapodado “el mataguachos”, y asesino de Matías Bárzola.

CORREPI