Boletín Informativo N° 366

BASTA DE REPRESION EN LAS HERAS
Mientras 42 trabajadores de la empresa INDUS fueron despedidos por ejercer el derecho de huelga, y la UOCRA deja aislados a los trabajadores tildándolos de “haber participado en la rebelión”, la Jueza Ruata De Leone continúa ejecutando en Santa Cruz la política de terror ordenada por el gobierno y para la que están disponibles efectivos de la policía provincial, grupos especiales y la gendarmería.

Ya suman una veintena (o más, pues en este mismo momento se producen nuevos arrestos) los presos que están siendo distribuidos en lugares alejados, impidiendo todo contacto con sus compañeros, familiares, o abogados. A pesar del secreto absoluto en que se maneja semejante “recta administración de justicia”, se sabe que la imputación de “homicidio calificado”, en concurso con otros graves delitos, es común a todos los detenidos. Esa calificación masificada habla por sí misma de la discrecionalidad con que actúa la jueza que en su juventud compartiera el aula con la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Como denunciaron familiares de los detenidos, trabajadores y ciudadanos en un reciente comunicado, Las Heras sigue militarizada, los teléfonos celulares no tienen señal y está cortado el servicio de INTERNET.

Paralelamente, el gobierno tomó la iniciativa de transformar en feriado nacional el 24 de marzo, intenta por diversas vías encontrar una fisura para montarse sobre los actos populares de repudio al golpe de 1976, y festeja la nueva “autocrítica” de la Aeronáutica. Es la necesaria contracara de la cacería de trabajadores en Santa Cruz. Apoyado en medidas como esas, y rodeado de quienes abandonaron las luchas para sumarse al kirchnerismo, se tiñe de progresista un gobierno al servicio de las grandes empresas y de toda la clase opresora.

El gobierno homenajea a las víctimas del pasado y repudia moderadamente a sus victimarios. Es fácil observar que se limita a criticar a aquéllos que hoy parecen no responderle, como Patti, o a los que ya no precisa, defendiendo en cambio a otros represores que aún integran las filas de las fuerzas armadas y, en especial, de las de seguridad y policiales. Esto le sirve para anclar en el pasado todas las violaciones a los DDHH y camuflar sus crímenes del presente. Así como Ibarra sigue tratando de mostrarse como el fiscal que se opuso a las normas de impunidad y no como el jefe de gobierno que entregó millones de pesos a la PFA (tanto antes como después del 19 y 20 de diciembre de 2001) y Strassera utiliza hasta el cansancio su papel como fiscal del juicio a las Juntas para ocultar su rol como fiscal y luego juez durante la dictadura genocida, este gobierno quiere pasar a la historia como el gobierno de los compañeros de los desaparecidos de los 70, para ocultar su política económica como continuidad de la instaurada por la tan denostada dictadura y disfrazar también la continuidad del aparato represivo, que en esta etapa se concentra cada vez más sobre los trabajadores ocupados.

DELICIAS DEL 30 ANIVERSARIO DEL GOLPE
En la línea de mostrarse al mundo como “el gobierno de los DDHH”, como mencionábamos en la nota anterior, el kirchnerismo apuesta a copar los actos de repudio al golpe genocida. Es variada y -hay que reconocerlo-, muy creativa la cantidad de iniciativas encaradas oficial u oficiosamente por el gobierno para desplazar al pueblo como protagonista de los actos a 30 años del 24 de marzo de 1976.

Por una parte, desembarcaron en los diversos ámbitos en los que se vienen organizando las marchas y demás actividades para el 24 las organizaciones que, como Patria Libre/Barrios de Pie, se fueron sumando al gobierno, al que defienden como “nacional y popular”. Ya con anterioridad representantes de unidades básicas peronistas habían intentado provocar y generar tensión en las reuniones, por ejemplo, del espacio Memoria, Verdad y Justicia en la ciudad de Buenos Aires, interpelando al conjunto respecto de si el acto del 24 de marzo que estamos preparando sería “contra el gobierno”. Mientras se escuchaba algún tímido “no” otros señalábamos la hipocresía de pretender repudiar la dictadura en una jornada de lucha por los DDHH silenciando la realidad actual de la represión, el gatillo fácil, las torturas, y fundamentalmente la existencia de presos políticos en la Argentina.

Por la otra, figuras de primera línea del gobierno nacional como Oscar Parrilli o Alberto Fernández se pasaron la semana pasada tentando -y coaccionando- a los referentes de históricos organismos de DDHH con ofrecimientos de todo tipo para diluir en el acto del 24 toda denuncia a las políticas represivas actuales. Así, Parrilli informó a referentes de Familiares de Detenidos Desaparecidos, del Serpaj, de la LADH, del Medh, etc., que el 24 de marzo sería feriado, que circularían gratis los trenes y colectivos para facilitar la afluencia de público al acto; ofreció palco y equipo de sonido, y hasta puso a disposición el balcón de la Casa de Gobierno, siempre y cuando se hiciera un acto unificado con el gobierno, cuyas oradoras serían -vaya sorpresa- las gubernamentales Estela Barnes de Carlotto y Hebe Pastor de Bonafini. A los Hermanos hasta les dijo que sólo se correría la valla que divide en dos la Plaza e impide acceder al sector más cercano a la Casa Rosada si el acto tenía esas características.

Afortunadamente el convite fue rechazado por los diferentes organismos, primero mediante una carta suscripta por todos y remitida por Adolfo Pérez Esquivel, y luego en las entrevistas personales. En la misma reunión que fueron informadas las extorsivas gestiones del gobierno se aprobaron las seis consignas centrales de la marcha de Congreso a Plaza de Mayo, que culminará con la lectura de un documento conjunto en el que será insoslayable la denuncia del carácter represivo y violador a los DDHH de este gobierno:

A 30 años del golpe genocida, 30.000 Detenidos-Desaparecidos: ¡PRESENTES! Porque reivindicamos sus ideales y continuamos su lucha, seguimos exigiendo:
1) Juicio, castigo y cárcel común, efectiva y perpetua a todos los genocidas. Anulación de los indultos.
2) Restitución de la identidad a los 500 jóvenes apropiados.
3) Basta de represión. Retiro de la gendarmería de Las Heras y de todos los conflictos sociales. No a la impunidad de ayer y de hoy. Libertad a los presos políticos. Amnistía o desprocesamiento a los luchadores populares.
4) Basta de políticas que generan hambre, desocupación y pobreza.
5) No al pago de la deuda externa. No al ALCA ni a los Tratados de Libre Comercio.
6) Fuera yanquis de Irak y de América Latina. Retiro inmediato de las tropas argentinas de Haití.

JUSTICIA PARA CHACO
El jueves 9 de marzo debía celebrarse en el tribunal oral 7 de Lomas de Zamora la audiencia preliminar en el juicio por la tortura y muerte de Jorge “Chaco” Gonzalez, de la que son autores los Isidoro Segundo Concha y Ramón Quevedo. El hecho ocurrió en el barrio de Villa Fiorito cuando Chaco fue detenido por los policías Concha y Quevedo, en uno de los muchos casos de la zona de arrestos con el fin de imputar falsamente un robo para así extorsionar a la familia. Una vez esposado a la espalda, y mientras uno de ellos lo levantaba torciéndole los brazos, el otro lo pateó y golpeó en la cabeza y tórax, ocasionando lesiones que lo mataron por la hemorragia interna unas semanas después.

La causa está caratulada como “apremios ilegales en concurso con homicidio preterintencional”, y los policías, claro está, en libertad y haciendo “seguridad privada” en el barrio. Se ve que Arslanián está muy ocupado para prestar atención a tales detalles. Los abogados Verdú y Stragá que representan a la víctima repudiaron la calificación legal, sosteniendo que se trató de un caso de tortura seguida de muerte, que como costumbre los jueces resuelven con imputaciones menos gravosas, buscando a la vez la impunidad del personal policial y el resguardo de la responsabilidad estatal.

La cita fue a las 11 de la mañana en los Tribunales de Camino Negro y larroque. Compañeros de CORREPI, la mayoría Familiares de víctimas, dimos nuestro testimonio de cómo la violencia institucional está vigente. A la vera de las banderas reclamando justicia y con consignas antirrepresivas, se acercaron y solidarizaron varios transeúntes, entre ellos la mamá de un pibe asesinado por la bonaerense hace ya cuatro años, uno de tantos casos que no conocíamos.

Hubo un par de notas de color durante la jornada antirrepresiva. El primero, protagonizado por un policía destinado a la seguridad del edificio tribunalicio, que vino a increpar al grupo de familiares diciendo que no se podían colgar banderas en el lugar sin pedir permiso. Ramona, la mama de “Chaco”, le contesto: “Uds. no me pidieron permiso para matar a mi hijo”. El oficial optó por retirarse y dejarnos tranquilos. El otro, en la antesala de la audiencia, ocurrió cuando desde el grupo de compañeros de CORREPI logramos fotografiar a los imputados, que con cara de piedra esperaban que llamaran a la audiencia. Como verdaderos buchones, se fueron a quejar al tribunal, que tuvo que explicarles que el pasillo del edificio es un lugar público y no es delito fotografiarlo.

A la par que ocurría esto en el Gran Buenos Aires, en la Ciudad de Saenz Peña, Provincia del Chaco, de donde era oriundo Jorge González, se hizo una concentración en la Plaza central frente a los tribunales y la intendencia, en apoyo del reclamo de justicia.

Finalmente la audiencia debió suspenderse, ya que uno de los policías cambió a último momento de abogado, designando al mismo que representa a su camarada, y el letrado pidió una prórroga para verificar que no existan “intereses contrapuestos” entre ambas defensas.

ABSOLUCION FACIL
La impunidad no es un “cáncer” que se puede extirpar con reformas, sino que es un atributo del poder. Y los que mandan procuran siempre lograr impunidad para ellos y para los que les sirven, como por ejemplo, la policía. Esta vez fue en Santa Fe, con jueces que mientras represalian a los que protestan, cumplen el rol de garantes de la impunidad del “brazo armado” del sistema.

En febrero de 2001 los policías santafesinos Juan Marcelo Galmarini y Claudio Darío Thedy rastrillaban una villa en Rosario buscando a quienes habían apedreado a unos colectivos. Irrumpieron en una precaria casilla donde dormían Esteban Vicente Cabral y Rubén Alberto Ortega. Los sacxaron a empujones, los llevaron a un descampado y los fusilaron. El policía Thedy tiene otra imputación por un hecho semejante ocurrido poco tiempo antes. Sin embargo, una vez más, para el juez de Sentencia José María Casas ambos policías actuaron en cumplimiento de su deber y en ejercicio de su legítima defensa.

El magistrado dio plena fe a la versión policial, que sostenía que los dos muchachos “coincidían en su apariencia con la descripción brindada por los choferes”, seguramente porque eran jóvenes y morochos. Después del fusilamiento, Thedy y Galmarini informaron que los “maleantes cayeron abatidos”. Los vecinos, en contra de lo que sostuvo la policia, afirmaron que los dos hombres dormían en la casilla, y aseguraron que vieron por lo menos a uno de ellos ser sacado con vida de la vivienda y fue ultimado en otro lado.

Otro dato silenciado por el juez Casas fue la declaración de la médica del servicio de emergencias que aseguró que uno de los fusilados estaba en calzoncillos y no estaba transpirado, a pesar del calor sofocante que hizo ese día y de que la policía le atribuía haber corrido 600 metros para huir de los móviles. También hubo pericias que demostraron que el ángulo de disparo de las armas policiales hacía presumir una ejecución y no un intercambio de proyectiles.

BRASIL, O PAIS MILITAR! (De nuestra compañera María Maneiro desde Río de Janeiro)
Hace años que cíclicamente aparece la idea de la ocupación militar de los barrios populares para “resolver el problema de la violencia” y para “terminar con el narcotráfico”. Diez fusiles y una pistola robados del Establecimiento Central de Transporte del Ejército (ECT), en São Cristóvão, el viernes 3 de marzo fue la justificación para llevar ese anhelo a la realidad.

Así, la semana comenzó con un despliegue militar infernal: 1.600 efectivos participan de la ocupación de nueve favelas en el centro de la Ciudad de Rio de Janeiro. La movilización de esta cantidad de efectivos la convierte en la mayor iniciativa de las fuerzas armadas, ya que son más que los 1.200 soldados enviados a Haití.

La coartada de las armas para la ocupación rápidamente se mostró débil en la medida en que hay fuertes sospechas de que el robo de las armas del Establecimiento Central de Transporte del Ejército fue realizado por dos miembros del propio ejército, un soldado y un cabo. Pero para ese momento las cartas estaban jugadas y la ocupación en marcha.

La mayor concentración de tropas se encuentra en el cerro de Mangueira con 500 hombres. Todos los accesos al Cerro están siendo controlados. Una parte del comercio está cerrada y el movimiento en la entrada del cerro es escaso. Los soldados revisan los autos y, en un vehículo blindado, las tropas llegaron hasta la parte más alta del Cerro. Allí donde el estado nunca llega si no es de esta forma.

Además de Mangueira están ocupados los cerros de Jardim América, de Alemão, de Jacarezinho, de Manguinhos,de Vila Pinheiros, del Dendê, de Pinto y del Caju e da Providência. En los Morros (cerros en los cuales se han ido conformando barrios populares a partir de la ocupación de espacios) el Estado sólo aparece en su matriz represiva. En la mayoría de ellos no hay escuelas, no hay salas de primeros auxilios, sólo en algunos de ellos hay algunos de los servicios básicos y la organización social, con el declive de las organizaciones sociales de base conformadas por vecinos, tan activas en la década de 1980, ha quedado en manos de los “dueños de los morros”: Grupos de traficantes de drogas que manejan el mayor negocio económico de los territorios populares.

Los “dueños de los morros” han ido estableciendo una organización social que va colonizando espacios, cobrando peajes a los repartidores de gas envasado, cobrando peajes a los vehículos que suben al morro. El ejército de trabajadores de estos traficantes son, mayoritariamente, niños y adolescentes que se juegan la vida diariamente en las “bocas de fumo”, puestos de venta de droga al menudeo y que disponen de la vida y la muerte de las personas que pasan por sus cercanías.

Cercados de violencia los habitantes de las favelas se juegan la vida en todo momento. Y como si esto fuera poco, ahora la ocupación del ejército viene a sumar más leña al fuego. Desde la perspectiva de cierto “progresismo” la participación del ejército podría resultar en una mejora en el problema del tráfico de drogas. Algunos creen que, ya que es notorio que los traficantes tienen negociaciones con los policías que permiten su desarrollo, la llegada de los militares supondría un quiebre con estos arreglos y así, una “solución” duradera.

Algunos otros siempre tuvimos una actitud crítica hacia esta alternativa. La construcción de la seguridad no supone más represión, sino educación pública, salud pública, trabajo para todos y ámbitos de participación colectivos. Por el contrario, por ahora, lejos de lo que pregonaban sus defensores, la ocupación del ejército ha traído consigo varias confrontaciones con los “meninos del dedo” (los chicos de la “boca de fumo, que por su facilidad para apretar el gatillo hemos dado en llamar de esta manera) y el asesinato “por una bala perdida” de un joven de 16 años, Eduardo Santos da Silva, en el marco de una confrontación entre traficantes y el ejército. El abuelo del joven, bastante más lúcido que la mayoría de los periodistas dijo “cuando la policía mata siempre dice que fue una bala perdida. Bala perdida con dirección certera”. Desde CORREPI responsabilizamos al ejército por esta muerte y nos solidarizamos con las movilizaciones que se están realizando por el alto a la militarización de las favelas.

INTERROGANTE
Ahora que echaron a Ibarra ¿qué harán los de la Guardia Urbana?

PROXIMAS ACTIVIDADES

Lunes 13 de marzo, a dos meses del incendio de la comisaría 7ª de Corrientes, marcha por Justicia para DANIEL ROMERO (22), MATIAS MARTINEZ (16) Y RICARDO PARED (17), muertos por gravísimas quemaduras y por HUGO ESCOBAR (26) aún internado en el Instituto del Quemado de Capital Federal.

Martes 14 de marzo, 19:00, en el C. C. de la Cooperación, Av Corrientes 1543, Charla: A 30 años del golpe de 1976: ¿Impunidad, hoy? PANELISTAS: Carlos Zamorano, Ricardo Monner Sans y Luz Palmás Zaldua, de CORREPI.

Sabado 18 de marzo, 16:00, escrache al ex policía Peloso, el “mataguacho” de Fiorito. Concentramos en Camino Negro y Figueredo, lugar donde antes de partir hacia la casa del asesino de Matías Bárzola, se leerá un documento recordando a Marcelo “Peca” Estela Rivero, en el aniversario de su fusilamiento.

Miércoles 22 de marzo, 18:30, en San Martín 951, 5º “A” (local de la UADH), Rosario, charla sobre el 24 de marzo. Panelistas Alicia Bernal, Edgardo Giura, Noni Ceruti y Gerardo Etcheverry, por CORREPI.

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