Boletín Informativo N° 376

CAUSA FRAGUADA (POR AMOR)
El Tribunal en lo Criminal Nº 1 de La Plata absolvió a Martín M. Amadeo, un vendedor ambulante, que pasó más de 5 años preso y fue llevado a juicio por un delito que no cometió. Nada nuevo en la justicia bonaerense que manda en cana a un montón de inocentes que pasan años detrás de las rejas y después deben soltarlos porque no tienen pruebas, las inventaron o se las armaron.

Se trató de otra causa fraguada, a punto tal que los jueces ordenaron investigar a un policía y a un presunto falso testigo. Como cualquier causa fraguada, donde la víctima resulta ser un carenciado, una persona sin influencia económica ni social. CORREPI vió muchas causas fraguadas, pero ésta tiene una particularidad: mientras que generalmente el fin es “institucional”, porque se arman causas para “hacer estadísticas” o para “hacer antecedentes para ascender”, esta causa fue inventada por un policía que quería alejar al pobre Amadeo para ver si podía seducir a su mujer.

Amadeo fue detenido en febrero del 2001 por el suboficial Pérez en averiguación de identidad, o sea, Doble A o averiguación de antecedentes, como les guste más. Una vez en la comisaría con esa excusa, el policía armó un expediente por robo junto a un testigo trucho. Como decimos siempre, la AA, como las contravenciones, sólo sirven (nada menos) que para dar a las fuerzas de seguridad la facultad de detener a quien quieran cuando quieran, y suelen ser la antesala a la tortura, la muerte o la falsa imputación.

Después pasó lo de siempre. Fiscales que no investigan, o mejor dicho, que delegan la instrucción de las causas penales en policías; jueces de garantías que no garantizan nada y cámaras de apelaciones que confirman todo lo que sea para meter presos a infelices.

Ahora Amadeo salió en libertad, con 5 años de su vida perdidos por culpa de un sistema perverso.

ENCONTRARON A UNO
¡Lo logró! ¡Arslanian lo logró! ¡Logró detener a un cana que estaba prófugo! Para que aprendan los incrédulos que piensan que este gobierno es cómplice con los delitos que comete la policía. Dicen que lo buscaban desde hace más de diez años, desde que encontraban el cuerpo de Andrés Núñez, torturado y desaparecido en La Plata.

El ahora capturado se llama Rubén V. Dos Santos. Estaba prófugo por la tortura seguida de muerte de Andrés Alberto Núñez, el albañil detenido en la madrugada del 28 de setiembre de 1990. Tres policías lo trasladaron desde su casa en Ensenada a la Brigada de Investigaciones de La Plata. Lo acusaban de robar una bicicleta. Para hacerlo confesar le pegaron y le hicieron “submarino seco”, es decir le metieron la cabeza en una bolsa de nylon y lo asfixiaron. Como “se les quedó”, hicieron desaparecer el cuerpo.

Durante varios años Núñez permaneció desaparecido. Fue, junto a Miguel Bru, el caso emblemático de la bonaerense platense. En 1995, dos policías arrepentidos dijeron al juez que a Núñez lo habían enterrado en un campo de General Belgrano. A mediados de 1995 se hallaron los restos incinerados del albañil, en un predio que pertenecía al primo de un policía involucrado. Se ordenaron las primeras detenciones, pero ya era tarde: todos se habían profugado.

Dos Santos, desde entonces, vivió en Adrogué y se hizo sacerdote de la religión umbanda. Lo ubicaron por el rastreo de llamadas telefónicas. Con él ya son dos los detenidos por la causa Núñez, ya que en octubre pasado fue detenido el policía González en Córdoba. Falta Gerez, como faltan Garay (causa Lencina), Rojido y Farese (causa Durán), Balmaceda y Miño (Masacre de Budge), Olivera (causa Sosa), entre otros. Y como faltan las ganas de buscarlos, porque cuando los encuentran, resulta que ninguno estaba demasiado escondido.

GATILLO FACIL EN SALTA
Ante los tribunales de Salta Capital se está sustanciando el juicio oral contra el policía Osvaldo Cruz que mató el 7 de marzo de 2004 a Hugo Daniel Mamani de 15 años e hirió a Sergio Avalos de 21.

Según la versión del cana, regresaba a una fiesta a buscar a su hijo en Villa Los Sauces y una patota lo insultó. Dijo que le tiraron piedras, por lo que tuvo que sacar su arma reglamentaria, que en un forcejeo se le disparó matando al pibe e hiriendo a otro.

Después de escuchar el cuento inventado por el policía, testimoniaron los médicos forenses que determinaron que la herida mortal que presentaba el chico se ubicó en la zona inguinal, lo que le produjo la muerte por sangrado interno. También constataron las supuestas lesiones que tenía Cruz pero no pudieron descartar que fueran autoinflingidas. El sobreviviente Sergio Avalos afirmó que tanto a él como a Mamani, el cana les disparó sin motivos cuando iban a comprar una damajuana de vino.

El viernes pasado declaró una testigo de identidad reservada ofrecida por la defensa del policía que contó que la noche del hecho vio a cuatro muchachos, entre los que se encontraba Avalos, cuando insultaban a un hombre que iba solo, y que luego escuchó dos disparos. El testimonio fue denunciado como falso por el abogado que representa la familia del chico muerto. El lunes el Tribunal realizará una inspección ocular en la cancha donde se produjo el gatillo fácil.

MARCELO ARIAS - JUEZ
David Bosca, un chico de 20 años (hoy tiene 22), fue absuelto por el delito de robo por el Tribunal de Menores Nº 1, pero los jueces que habían ordenado su detención se olvidaron de liberarlo y pasó ocho meses en la cárcel de Devoto por error. Los jueces se llaman Pablo Jantus y Marcelo Arias, este último muy conocido por la CORREPI. El caso llegó ahora al Consejo de la Magistratura, que juzgará la actuación de los jueces pero se descuenta que el Ministerio del Interior haga mucho para salvarle las papas a este magistrado tan amigo de la Policía Federal.

Por supuesto ni la defensora oficial ni el Servicio Penitenciario hicieron nada por su libertad, ni se preocuparon en averiguar porqué seguía preso estando absuelto. El pobre pibe, que ni plata tenía para llamar por teléfono, se hubiera quedado allí si no fuera que conoció a otro preso que estudiaba derecho que “le movió los papeles” como se dice en la jerga.

Cuando el 25 de agosto de 2005 los jueces recién se dieron cuenta que desde el 6 de diciembre de 2004 se habían olvidado de ordenar la libertad, Marcelo Arias y su colega alegaron que tenían exceso de trabajo. Pobres. El mismo argumento esgrimirán ahora ante el Consejo de la Magistratura, que los investiga por mal desempeño y en las próximas semanas deberá resolver si los somete a juicio político.

Ambos fueron denunciados por el joven Bosca ante un juzgado de instrucción por privación ilegal de la libertad, pero fueron sobreseidos por otro magistrado solidario que comprendió tanto trabajo de sus superiores. Como recuerdo de su paso por la cárcel de Villa Devoto Bosca lleva una visible cicatriz en la frente. Explicó que es producto de un palazo que le pegaron los guardiacárceles, seguramente cuando ya tenía que estar en libertad.

En realidad, Marcelo Arias es un especialista en sacarse trabajo de encima, y no es la primera vez que se lo denuncia. En el año 1991 era el único juez correccional de menores que no sólo conocía sino que avalaba el uso por parte de la policía del “Memo 40″, esa orden interna policial que permitía a la cana detener menores sin ponerlos a disposición del juez de turno. Además, Arias había dado instrucciones por escrito a la policía para que no lo molestaran por detenciones de menores fuera del horario de atención judicial.

De hecho, la conducta de Marcelo Arias fue ampliamente usada por la defensa del comisario Miguel Angel Espósito en la causa Bulacio, para demostrar que lo actuado por el policía tenía aquiescencia judicial. Y en el Boletín nº 8, en enero de 1999, relatábamos un hecho similar por el que Arias mantuvo preso a un joven, Facundo Athanassiev, con el argumento de que estaba “desamparado y en estado de abandono”, por lo que aunque ordenó su libertad por el delito que le imputaban lo dejó preso, para protegerlo…

PERSIGUEN A ABOGADOS DEL CAMPO POPULAR
Los abogados que defienden causas populares no sólo se ponen de punta con miembros de fuerzas de seguridad sino muchas veces con fiscales y jueces. Es simplemente natural la antipatía que generan en los custodios de la legalidad del sistema quienes defienden intereses de clase diferentes.

A veces se desata sobre ellos hostigamiento y persecución. Esto es lo que sucedió en los últimos días con los abogados Cristian Hendrickse, del PH de Chubut, y María Fernanda Pereyra, de FIDELA.

El 10 de mayo de 2006 Cristian Hendrikse, que representa a varias víctimas de hechos represivos policiales en Chubut, recibió una cédula en la casa de sus tíos en Esquel firmada por el Fiscal Gral. del Noroeste de esa provincia, informándole que había una denuncia en su contra por amenazas radicada por un vecino. La denuncia era del 05.09.2004, ello es de dos años atrás, pero curiosamente el fiscal se acordó que la tenía justo cuando el compañero impulsaba las movilizaciones por el primer aniversario del asesinato bajo custodia de Gumersindo Vergara, en coincidencia también con una demanda civil contra la Provincia del Chubut radicada ante la Secretaria de Juicios Originarios de la CSJN y con una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la desparición forzosa de Luis Alberto Silva ocurrida en El Maiten, ambas patrocinadas por Hendrickse. Y sobre todo, coincide con la condena obtenida por el abogado contra dos suboficiales de la policía chubutense, Aguilera y San Martín, por apremios ilegales en perjuicio de los menores Vergara (cuyo padre murió bajo custodia en Cría. El Hoyo).

El otro caso es el de María Fernanda Pereyra por su actuación como defensora de los presos de Haedo. La compañera de FIDELA denunció con particular énfasis las condiciones infrahumanas en las que uno de los detenidos por los hechos de Haedo, menor de edad, estaba alojado en un instituto de menores. En cuatro oportunidades presentó ante el juez federal de Morón escritos responsabilizándolo -como corresponde- por la vida e integridad física del chico.

Cuando todavía festejábamos la soltura de seis de los presos -incluido el menor- por oden de la Cámara Federal de San Martín, el juez Castelli apercibió a Fernanda por haber cometido una falta contra su “autoridad, dignidad y decoro” en aquellos escritos. De la dignidad y decoro del pobre pibe que pasó siete meses preso en las peores condiciones, ni una palabra.

Es de destacar que el juez de Morón utiliza como fundamento una norma contenida en un decreto-ley de un gobierno de facto, que fue derogada por la ley de creación del Colegio Público de Abogados, estableciéndose que sólo el tribunal de ética profesional, luego de un proceso con derecho a defensa, puede aplicar sanciones a un abogado por actos en el desempeño de la profesión.

Los abogados de CORREPI tenemos alguna experiencia en este tipo de aprietes, como cuando el juez Carreras de Morón denunció a Daniel Stragá por desacato en el curso de la causa Durán; cuando los jueces de la sala VI de la Cámara Criminal apercibieron nuevamente a Stragá y a María del Carmen Verdú por sus expresiones en una presentación en la causa Bulacio “que no guardaba el estilo judicial”, o cuando mandaron testar varios párrafos en otro escrito donde justamente nos referíamos al juez Marcelo Arias y su deseo de dormir sin ser molestado por menores detenidos.

Sabemos que no podemos esperar otra cosa de quienes defienden los privilegios de los poderosos. Nos hemos puesto a disposición de ambos compañeros, a quienes acompañaremos en las acciones que lleven adelante.

NOSOTROS NO VAMOS
Está circulando por la red una gacetilla de prensa fechada el 9 de mayo del 2006 por la cual la oficialista Hebe Pastor de Bonafini informa que la Asociación Madres de Plaza de Mayo va a ir a la Plaza para festejar con K los tres años de gobierno, porque “agradecen toda su política de derechos humanos”.

CORREPI se pregunta si en esa política de derechos humanos que agradecen han recordado incluir todos los presos políticos de este gobierno; todas las torturas que imponen las fuerzas de seguridad; la Gendarmería apostada en Las Heras; todos los casos de gatillo fácil y los muertos en cárceles y comisarías, a razón de un muerto por el estado día por medio; y los miles de detenciones arbitrarias cotidianas.

Partiendo de la base de que la señora y su Asociación son personas bien informadas, sólo resta concluir que son cómplices de la política represiva de este gobierno.

Nosotros, el 25, no vamos a la Plaza.

PROXIMAS ACTIVIDADES

Continúan en La Matanza el juicio al policía Smith, asesino de Héctor Otero, y en Mar del Plata, el juicio por el homicidio de Sergio Alí a manos del policía Cañete.

CORREPI