Boletín Informativo N° 392

SUMARIO
1- La valiente muchachada de la Fundación
2- Los barrios contra el gatillo fácil
3- Los acuartelados santiagueños
4- Dime qué causas prescriben, y te diré a quiénes proteges
5- Movilizacion en Formosa
6- Más impunidad para los genocidas
7- Proximas Actividades

LOS MUCHACHOS DE LA FUNDACION
Que Blumberg dice estar en contra los delincuentes no es ninguna novedad, así como que está a favor de los policías. La ecuación no cierra demasiado si partimos de los amigos que custodian al ingeniero y a la gente “bien” que porta velas. Es que la seguridad del acto blumbergista estuvo a cargo de los “muchachos” exonerados de las fuerzas policiales por cometer delitos y que conformaron ese grupo de presión llamado “Los sin gorra”. Se los pudo ver, en una cantidad no menor de 50, con sus rasgos caracteristicos y provistos de equipos de comunicaciones, brindándole vigilancia al palco.

Entre los muchachos de Blumberg se destacan la subcomisaria Lidia Seimandi, que fuera puesta en disponibilidad hace dos años por Asuntos Internos de la Policía Bonaerense. La “niña” esta imputada de encabezar una red de recaudación ilegal cuando estaba al frente de la Subcomisaría Delta. Los vecinos denunciaron que utilizaba patrulleros para dar custodia a empresas privadas, entre ellas el Casino de Tigre, y que recaudaba dinero a cambio de “seguridad”. Sus propios subordinados declararon en su contra en el sumario interno acusándola de que se quedaba con parte del dinero que les correspondía por horas extras.

Otro de los integrantes de la custodia de Blumberg es Mario Attardo, quien participó de la detención del tirador de Belgrano, Martín Ríos. Attardo tampoco fue exonerado de la bonaerense porque sí, sino porque fue procesado por privación ilegal de la libertad y extorsión de dos personas, hecho por el que estuvo detenido varios meses.

Estos antecedentes de la “valiente muchachada”, no de la Armada, sino de la Fundación Axel nos demuestra cuáles son los “recursos humanos” que apoya el adalid de la seguridad. Blumberg, salió a respaldar a sus socios, y sostuvo que los “sin gorra” que lo acompañan “son gente honrada” que le llevan “propuestas” (de cómo reprimir al pueblo y quedarse con los vueltos), y que “no están en la joda”.

Por otro lado, si esos son los integrantes del área de “recursos humanos”, bueno es tener presente que el amigo de Massera, Bragagnollo, es el jefe de relaciones públicas de la Fundación, y Macri, el director de orquesta.

LOS BARRIOS CONTRA EL GATILLO FACIL

Como hace 19 años, cuando Ingeniero Budge se organizó para enfrentar a los asesinos de Oscar Aredes, Roberto Argañaráz y Agustín Olivera, otra vez el gatillo fácil se instaló en sus calles llenas de pobreza. El 22 de julio Gabriel Arévalo fue asesinado por la policía de la Provincia de Buenos Aires, cuando salía del boliche Petrus en Budge. Y otra vez, el barrio salió a las calles para reclamar justicia. Hay un policía detenido por el homicidio de Gabriel, Ramón Rosaura Jiménez, de la DDI de Lomas de Zamora con asentamiento en Avellaneda, que no lo mató con su arma reglamentaria sino con su arma particular. Para aquellos que dicen que el gatillo fácil se acabaría con quitarle el arma a los canas cuando están fuera de servicio.

Como una muestra de solidaridad, entre los manifestantes se encontraba Claudio “Pelusa” Aredes, hermano de Oscar, asesinado en la Masacre en 1987. La Coordinadora Antirrepresiva Carlos “Petete” Almirón acompañó a la familia Arévalo.

Mientras tanto, también en la zona oeste hay movilización contra la represión. El sábado 9 de septiembre los vecinos de Villa Tessei convocados por los amigos y familiares de Jonathan “Tato” Mansilla y CORREPI se reunieron en la esquina de Bradley y Jufré, donde los policías Sergio Nogueira y Marcos Rojas fusilaron al muchacho el pasado mes de junio. Después de un pequeño acto en el lugar, fuimos en media docena de autos y dos colectivos hasta la comisaría 6ª de El Palomar, donde trabajan los asesinos.

La columna, que se nutrió con compañeros de la Coordinadora Antirrepresiva Oeste, y un importante número de familiares de víctimas de la represión policial, llegó a la esquina de la comisaría, donde pudimos ver que habían montado un operativo inmenso, con vallado tanto frente a la dependencia como en las dos esquinas de la cuadra, impidiendo el paso hasta de los vecinos de esa calle. Medio centenar de policías estaban visibles, lo que no amedrentó al centenar de manifestantes, que a voz en cuello repudiaron a los represores.

Además de la familia de Tato estaban presentes Delia Garcilazo y familiares de Romina Lemos (San Fernando), Miguel Da Silva y Gabriel Mura (Moreno), Héctor “Pule” Otero y Marcelo “Peca” Rivero (La Matanza), Rodrigo Corzo (Hurlingham) y gran cantidad de vecinos del barrio, que respondieron al trabajo previo de afiches y volanteadas desarrollado por lo scompañeros.

DIME QUÉ CAUSAS PRESCRIBEN Y TE DIRÉ A QUIÉNES PROTEGES
El 17 de setiembre de 2000 José “Tractorcito” Cabrera, condenado por distintos robos, salió caminando del Departamento Central de la Policía Federal por la puerta principal, en la calle Moreno al 1500. Junto a él huyeron dos acusados de haber asesinado al vicepresidente paraguayo Luis Argaña. La fuga no tuvo nada de “espectacular” ni requirió sofisticada preparación: fue simple cuestión de pagarle a los policías una suma con no menos de cinco ceros. Una decena de policías, entre ellos el comisario Hugo López, jefe de la División Seguridad del Departamento Central al momento de la fuga, fueron exonerados e imputados en la causa por la evasión.

El episodio fue similar al ocurrido en febrero de 1998 cuando Alberto Luis Farese, uno de los torturadores de Sergio Durán, salió de uniforme de la comisaría de Castelar donde estaba preso, o al que motivó hace semanas la caida de la jefa de la policía santafesina, Leyla Perazzo, cuando un narco paraguayo se fue caminando de una Alcaidía.

La causa estaba ya elevada a juicio, cuando el tribunal advirtió que entre el pedido de elevación a juicio y la fijación de fecha para el debate habían trancurrido dos años y 21 días. Ni lerdos ni perezosos, decretaron la prescripción de la acción penal en diciembre pasado, y esta semana la Sala I de la Cámara de Casación la confirmó.

La causa no tenía ninguna complejidad que justificara la demora en su trámite, por lo que sólo se explica su prescripción en el hecho de que sus únicos beneficiados son los policías procesados. “Tractorcito” Cabrera está cumpliendo condenas acumuladas de 33 años de cárcel por distintos asaltos a mano armada.

LOS ACUARTELADOS SANTIAGUEÑOS
Unos 1.300 policías santiagueños se autoacuartelaron hace casi una semana y mantienen tomada la Jefatura Provincial. Como siempre, el único punto de su petitorio que ha trascendido masivamente es el referido al aumento salarial, pero también como siempre hay otras cuestiones en su reclamo que deberían alertar a quienes livianamente califican estas asonadas como si fueran medidas de fuerza de “trabajadores” peleando por condiciones laborales.

El petitorio presentado a las autoridades se queja de los “vaivenes burocráticos”, entre ellos, los que mantienen a cinco policías presos por la represión desatada el 4 de abril de este año durante un partido de fútbol en La Banda, responsables por el fusilamiento de Ezequiel Melián (17) y de una docena de heridos más. Además de reclamar la inmediata libertad de los policías involucrados en esa masacre, el petitorio incluye la exigencia de que se revean los sumarios administrativos por los que otros policías fueron dejados cesantes, reincorporándolos.

El argumento salarial resulta poco verosímil si se tiene en cuenta que, a diferencia de la mayoría de los empleados estatales santiagueños, los policías -tanto efectivos como retirados- han recibido un incremento del 17 % en los últimos meses. El propio gobernador Gerardo Zamora ha debido reconocer que son otras las motivaciones de la medida, la que por su parte vincula a varias investigaciones judiciales en curso que de ser llevadas adelantre involucrarían a personal policial de jerarquía en el mercado negro de gasoil, en el robo de ganado, y en varios homicidios.

Además fue sumamente claro el vocero de los amotinados, comisario mayor retirado Ricardo Gutiérrez, cuando admitió ante medios nacionales de comunicación como el diario La Nación y Radio Mitre que es habitual que los policías provinciales recurran al “mangueo”, la extorsión y otros delitos para completar sus ingresos. Frente al planteo de los periodistas de que son muchos los empleados del estado que cobran mucho menos que los policías santiagueños (maestros, enfermeros, administrativos, etc.) y no por eso incurren en conductas delictivas, el ex comisario tuvo que guardar silencio.

Mientras Gendarmería Nacional ya ha desembarcado en la provincia para hacerse cargo de la “seguridad”, resulta ilustrativo recorrer las páginas web de los principales “sindicatos” policiales argentinos. Todos ellos, incluso los que algunas fuerzas de izquierda han calificado de “compañeros” (como el caso de APROPOL de Santa Fe), se solidarizan con sus “hermanos santiagueños”, que, dig{amoslo una vez más, están acuatelados reclamando libertad para los policías de gatillo fácil y mejores condiciones para reprimir.

MOVILIZACION EN FORMOSA
El martes 5 de septiembre los habitantes de la ciudad formoseña de Clorinda realizaron una nueva marcha reclamando el esclarecimiento y el castigo a los responsables del asesinato del joven Omar Guillermo Gossen, quien fue encontrado muerto en una celda el 31 de diciembre de 2005. Como la impunidad reina de norte a sur del país, los jueces de la causa decidieron un rápido archivo de las actuaciones y así fue que familiares y amigos de la víctima se movilizaron para exigir la reapertura de las investigaciones.

La marcha partió desde la Plaza San Martín de esa ciudad fronteriza hasta la Iglesia. Allí los familiares de Gossen mostraron las fotos del cuerpo sin vida del muchacho donde se podía ver la marca de un cable sobre la epidermis del cuello. La cuestión es que, para la justicia, el pibe se habría ahorcado con una sábana. Los familiares también denunciaron una campaña de presión para que la gente no vaya a las marchas por parte del peronismo local. Incluso varias personas relataron que el mes pasado una persona que participó de las marchas fue golpeada brutalmente por individuos que le dejaron en claro que no aceptaban movilizaciones contra el gobierno.

MAS IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS - Reproducimos Comunicado de Prensa de la Asociación de Ex detenidos
Diciembre de 1986. Se condena a cinco responsables de la represión en el ámbito del Circuito de Centros Clandestinos de Detención dependientes del Jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires o Circuito Camps.

Junio de 1987. Por aplicación de la Ley de Obediencia Debida se libera a tres de los cinco condenados y se cierran las causas contra los demás procesados.

Diciembre de 1990. Menem indulta a los dos únicos represores que cumplían condena.

Marzo de 2004. Se reabren las causas relativas al Circuito Camps en Capital Federal. El juez Jorge Ballestero se declara incompetente y las envía, unificadas, a La Plata con la expresa consideración de que un solo tribunal debe investigar todo el Circuito por la evidente interrelación de los hechos.

Marzo de 2005. A pesar de haberse declarado competente y de haberse comprometido frente a decenas de víctimas a investigar el Circuito Camps como un todo, el juez de La Plata, Arnaldo Corazza, envía al tribunal de Morón lo relativo a los hechos ocurridos en la Brigada de San Justo. En noviembre de 2005 y julio 2006 toma similar decisión respecto de COT I Martínez enviándolo a los tribunales de San Martín y de Pozo de Banfield remitiéndolo a Lomas de Zamora. Las querellas y el fiscal apelan cada una de esas resoluciones.

Agosto de 2006. A un año y medio de la apelación y a veinte de las primeras y últimas cinco condenas, la Sala 3 de la Cámara Federal de La Plata resuelve respecto de San Justo.

Sin duda esa resolución tendrá un lugar destacado en el libro, aún no escrito, que detalle la infame construcción de la impunidad en la Argentina posdictatorial. En esencia, establece que el juez de Morón deberá investigar sólo los casos de víctimas cuyo martirio haya ocurrido enteramente en esa jurisdicción mientras que corresponderá analizar en forma particular el caso de aquellas víctimas que hayan sido secuestradas en una jurisdicción, torturadas en otra, violadas en una tercera, liberadas o desaparecidas en una cuarta! Recién después de ese sesudo, pormenorizado y, claro está, lentísimo análisis particular, se resolverá cuál juez corresponde que actúe en cada caso…

Cabe aclarar aquí que el Circuito Camps estuvo integrado por al menos 29 CCD ubicados en La Plata y 9 partidos del conurbano bonaerense, que su principal característica fue el continuo traslado de los secuestrados de un CCD a otro y que una estimación de mínima permite establecer el número de víctimas en alrededor de 5.000.

Precisamente por esas características es que las organizaciones querellantes solicitamos desde la reapertura de la causa que la investigación se organizara por campo de concentración pero manteniendo todos los expedientes en un mismo tribunal. Fue así como conseguimos que al remitir la causa a La Plata, el juez Ballestero dijera: “…razones de economía procesal aconsejan que la investigación sea llevada a cabo por un mismo tribunal… la solución opuesta conduciría a la necesidad de duplicar la investigación de los hechos y la producción de prueba por parte de tribunales diversos. …teniendo en cuenta el control operativo directo que la Jefatura y la Direcciones Generales ejercían sobre esos lugares… cabe remitir la totalidad de la investigación a la justicia federal de La Plata. …la existencia de CCD fuera de ese circuito judicial no puede llevar, sin más, a que la investigación se divida… era un práctica habitual que los detenidos fueran alojados sucesivamente en diversos centros de detención (ubicados dentro y fuera de territorio correspondiente al circuito federal de La Plata) pero siempre bajo el control directo y efectivo de las instancias superiores de la Policía.”

Sin embargo, dos años y medio después de esa resolución, nos encontramos con que la investigación del Circuito Camps no debe realizase en un único tribunal, tampoco un solo juez analizaría lo ocurrido en cada CCD, sino que el tratamiento deberá ser por víctima! Y la fundamentación de la Cámara Federal de La Plata es rayana con la perversidad: al menos 5.000 veces “corresponderá analizar cada caso en particular teniendo en cuenta las circunstancias específicas que hacen al mismo a los fines de atribuir la competencia al magistrado que resulte más conveniente por razones de economía procesal, con el fin de procurar una mejor actuación de la justicia que permita que la investigación y el proceso se lleven a cabo en el lugar donde se pueda recabar la mayor cantidad de elementos de prueba.”

Sres. Jueces de la Sala 3: ¿cuántos años suponen Uds. que llevará este proceso de análisis? ¿cuántos represores quedarán vivos para ese entonces? ¿cuántos testigos? ¿no consideran suficientes 30 años de impunidad? Porque exactamente eso es lo que significa esta resolución: más impunidad para los genocidas!

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Viernes 15 de septiembre, 13:00, en la Plaza San Martin de la Plata, Movilización a 30 años de “La Noche de los Lápices”.

Sábado 29 de septiembre, 16:00, escrache a la Comisaría 5ª de Pacheco, responsable del asesinato de Romina Lemos, concentramos en San Martín y Gelly y Obes, Talar de Pacheco.

Jueves 3 de Octubre, TOC 17, Lavalle y Libertad, primera jornada del juicio a los procesados por la manifestación frente a la Legislatura porteña.

Sábado 7 de octubre, la Mesa de Escrache convoca a escrachar a la justicia de Quilmes.

Domingo 8 de octubre, en el aniversario del asesinato de Miguel Da Silva, Festival Antirrepresivo a las 12:00 en Lafinur y Shakespeare, Barrio El Satélite, Moreno.