Boletín Informativo Nº 406

ARCHIVO 2006
2114 muertos desde 1983. 635 en los 42 meses de gobierno K. 174 desde que estuvimos, hace un año, en Plaza de Mayo presentando el Archivo 2005. Gatillo fácil, torturas, desapariciones. Son hechos, no opiniones. Es una persona, preferentemente varón, joven y pobre, asesinado por el aparato represivo del estado día por medio.

Policía federal, policías provinciales, gendarmería, prefectura, servicios penitenciarios, “vigiladores” privados, militares. Esos son los autores. Es decir, el estado. Dos tercios de las víctimas tenían entre 15 y 25 años. El gatillo fácil y la muerte en cárceles y comisarías representan, desde 2003, el 88 % del total, “empatadas” como las modalidades represivas más frecuentes. Aunque casi la mitad de los hechos ocurrieron en la provincia de Buenos Aires, la incidencia de los casos en relación a la población coloca a la provincia de Santa Fe y a Catamarca por encima de Buenos Aires, seguida por Córdoba, Mendoza, La Pampa y la Ciudad de Buenos Aires con índices muy similares por millón de habitantes.

Este año, antes del acto en la Plaza, nos concentramos en Retiro y marchamos a la Secretaría de DDHH de la Nación, en la calle 25 de Mayo 544. No pudimos siquiera ingresar a la cuadra en cuestión, ni los periodistas que desde Plaza de Mayo intentaron acercarse por la otra esquina pudieron hacerlo. Dos sólidos “tapones” de varias filas de uniformados cerraban herméticamente el paso. El gobierno sabía que CORREPI no iba a pedir una entrevista con sus funcionarios ni a llevar un petitorio para que nos hicieran bonitas promesas de “investigar hasta las últimas consecuencias”. Íbamos a escracharlos, a señalar que buena parte de la impunidad de los represores se cocina en esas coquetas oficinas, donde se elabora el discurso oficial sobre derechos humanos y se implementa la política de cooptación de víctimas y familiares de víctimas, en la permanente búsqueda de consenso y relegitimación institucional.

De espaldas a la Secretaría, desde cuyas ventanas se asomaba más de una cara conocida -funcionarios pertenecientes a organismos de DDHH que hoy son parte del aparato de propaganda oficial- la compañera Micaela Corzo, hermana de Rodrigo, asesinado por la bonaerense, leyó un texto redactado por el equipo de familiares de víctimas de la represión estatal, que desnudaba la realidad represiva en Argentina hoy, y destacaba el rol legitimador de esa política que cumplen organismos como la Secretaría que encabeza Eduardo Luis Duhalde.

Como no pudimos atravesar la calle 25 de Mayo para ingresar por allí a Plaza de Mayo, debimos dar un rodeo que aprovechamos para escandalizar un poco a los turistas que hacían compras en la calle Florida, que no encontraban en sus guías y folletos alguna explicación a las consignas que cantaban a voz en cuello los compañeros, señalando que la policía de gatillo fácil de Kirchner mata y tortura, como en la dictadura.

Una vez en la Plaza de Mayo, el escenario fue ocupado por familiares de pibes asesinados por las fuerzas de seguridad, desde los que ya llevan más de una década y media de lucha, como Estela Rivero, mamá de Marcelo, asesinado en 1989, o la abuelita y la hermana de Walter Bulacio, hasta los casos más recientes como Omar, el papá de Jonathan Mansilla. Entre ambos extremos, los familiares de Rodolfo Ríos, Rodrigo Corzo, Miguel Da Silva, Gabriel Mura, Héctor Otero, “Nuni” Ríos, Diego Gallardo, Jorge “Chaco” González, Matías Barzola, Maximiliano Miño, Maximiliano Maidana, Carlos Uñates, “Choco” Cabrera, Damián Blanco, Karly Villarreal. Se fueron leyendo las adhesiones, y luego los compañeros Nicolás Espósito y María del Carmen Verdú hablaron en representación de CORREPI, desarrollando los objetivos que perseguimos al elaborar el Archivo, y las conclusiones a las que llegamos a través del análisis de los datos recopilados.

“Afirmamos que la represión es una política de estado, porque no se trata meramente del accionar de las fuerzas de seguridad, sino de una política coherente y sistemática en cuya gestión intervienen todos los poderes del Estado”, dijimos al comienzo, para concluir que “El objetivo de este Archivo, de su permanente actualización y de su presentación pública cada año, no es entonces contribuir a un lamento por la creciente cantidad de pibes muertos, sino aportar al análisis de la situación que vive nuestro país, contribuir a formar conciencia popular, e insistir en la necesidad de organizarnos contra la represión, que adopte la forma que adopte, siempre es de clase y tiene el fin de perpetuar y profundizar la explotación”.

Sucesivamente ocuparon el escenario los compañeros de la Comisión Interna del Hospital Francés, de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios y la Coordinadora por el Boleto, Claudia Ferrero de APEL, Pablo del Frente Antirrepresivo de Mar del Plata, Susana del Colectivo del Alto de Bariloche y Vasco Baigorri del Colectivo Nosotros de Misiones. Finalmente, en la voz de Micaela Corzo nuevamente y de Delia Garcilazo de Ríos, cerraron los familiares. Los textos de las intervenciones estarán en breve disponibles, junto a las fotos de la actividad, en nuestra página www.correpi.lahaine.org.

Fue importante la concurrencia, tanto en el escrache como en la Plaza, de las organizaciones populares que no compran el falso discurso de los DDHH del gobierno. Estuvieron presentes con sus banderas la Comisión Interna de trabajadores del Hospital Garrahan y del Hospital Francés, el Movimiento 29 de Mayo, la FTC, el MTR-Cuba, el MTR 12 de Abril, el MTR La Dignidad, el Mov. 26 de Junio, APEL, CEPRODH, UADH, la agrupación Norberto Blanco, Fogoneros, la Coordinadora Antirrepresiva Oeste, HIJOS, CEEMPA, Pañuelos en Rebeldía, el PCT, el PO, entre otros. A todos ellos, y a los compañeros que individualmente se acercaron, especialmente a los que viajaron desde Rosario, Mar del Plata, Misiones, Bahía Blanca (familia Villarreal) y Bariloche, les agradecemos su participación. Sabemos que no son tiempos fáciles para quienes señalamos que éste es un gobierno que explota y asesina al pueblo.

Quienes deseen recibir por mail el texto, gráficos y presentación del Archivo pueden solicitarlo a correpi@fibertel.com.ar.

DENUNCIAMOS A SU MAJESTAD BRITÁNICA
El 27 de enero de 2001, José Rodolfo Toledo, joven vecino del Barrio Rivadavia, fue interceptado por una comisión policial que le ordenó descender del automóvil en el que viajaba y lo obligó a tirarse boca abajo en el pavimento. Estando acostado boca abajo en el piso, el cabo de la federal Pablo Marcelo Domínguez le puso el pie en la espalda, y disparó su arma reglamentaria, hiriéndolo en la pierna derecha. El 28 de septiembre de 2004 Domínguez fue a juicio oral. El juez Correccional Omar Facciuto lo condenó a un año de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación especial para portar todo tipo de armas de fuego por las lesiones a Toledo.

Un año más tarde el ya ex policía, con una condena firme, fue contratado por la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña, y no como personal diplomático. El condenado e inhabilitado para portar armas trabajaba como personal de seguridad de la embajada de Su Majestad. Dado que no es verosímil que no le pidieran un certificado de antecedentes, es de suponer que ser un “gatillo fácil” convicto fue tenido en cuenta como rasgo positivo a la hora de contratarlo.

CORREPI se enteró de la situación a través de un informe que pedimos a la Cancillería argentina cuando ya hacía más de un año que Domínguez había resuelto su problema laboral. Formulamos ante la Corte Suprema la denuncia contra el embajador británico John Hughes, el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto Taiana y el propio Domínguez, por el delito de desobediencia a condena judicial.

Parece que a los gobiernos de Kirchner y Blair no sólo los hermana el servilismo al amo yanqui: también se ocupan juntos de paliar el desempleo de los policías exonerados. Claro que, enterados por las actuaciones judiciales de que nos enteramos, lo primero que hicieron fue despedir a Domínguez, que ahora busca otra changuita, si es posible con el mismo sueldo de dos mil y pico de pesos que tenía en la embajada pirata.

DE LA OTRA VEREDA
Están definitivamente en la otra vereda. Y cuando decimos que están en la otra vereda significa que están del lado de la represión. El martes 19 de diciembre, a 5 años de la insurrección popular que derrocó al gobierno de la Alianza, la Secretaria de Seguridad Interior organiza un seminario junto a la APDH, el CELS, SERPAJ y ABUELAS de Plaza de Mayo, en el marco del proyecto sobre Control del Uso de la Fuerza en Grandes Manifestaciones y Mejoramiento de Prácticas en materia de DDHH. Participan la Academia de Policía de los Países Bajos y la Casa de Ana Frank de Holanda, con el auspicio de la Embajada de los Países Bajos.

Es decir que estos señores se juntarán a la sombra de Aníbal Fernández, de la niña Zorreguieta y la familia de Orange, para discutir cómo deben planificarse las represiones a manifestaciones en Argentina. Entre los oradores, además de milicos de la Gendarmería y de la Policía Federal, miembros de “organizaciones de derechos humanos” expondrán frente a represores de elite para enseñarles como deben lanzar gases o pegar palazos “dentro de los estándares de respeto a los derechos humanos”.

Buscan encontrar la “medida” adecuada para que la represión no se extralimite de los marcos de la “democracia”. A eso contribuyen estos organismos, no ya limitados a legitimar la represión, sino para aconsejar y buscar “políticas de consenso”. Determinarán quizás hasta el nivel de toxicidad permitido en los “agresivos químicos” que usen para asfixiar manifestantes, o el grosor adecuado del palo con que te pegarán, señalando además el lugar anatómico más conveniente para dejarte un chichón menor.

Es la misma política de los “organismos” que en diciembre de 2002 exigían al entonces ministro del interior duhaldista que los policías que iban a hacer la “seguridad” en el acto del 20 de diciembre tuvieran cada uno la plaquita identificatoria con su nombre y grado. Así no te pegaba un policía anónimo. Se ofendieron cuando CORREPI los denunció por ponerse del lado del enemigo. Que se vuelvan a ofender.

¿Y ESTO, CHAVEZ?
La noticia apareció en InfoBAE, que está claro qué ideología y qué negocios defiende. Sabemos que uno de los enemigos más acérrimos del gobierno de Hugo Chávez son los medios de comunicación que responden, sistemáticamente, a la embajada yanqui, y que cumplieron un rol activo en el golpe de estado abortado de abril de 2004.

La noticia tiene su fuente en una ONG de la que CORREPI desconoce toda filiación, aunque sí sabemos que muchas “organizaciones de la sociedad civil” en América Latina responden a los intereses del departamento de estado yanqui y son sostenidas económicamente por fundaciones nada inocentes como la Ford.

Pero lo cierto es que se denuncia que durante el año 2006 se registraron en Venezuela 169 casos de asesinatos a manos de los cuerpos de seguridad venezolanos. El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) afirmó que de los 169 casos de fallecimientos en los que estuvieron implicados integrantes de los cuerpos de seguridad, 140 correspondieron a “ejecuciones”, 11 a “uso excesivo de la fuerza”, 9 a “uso indiscriminado de la fuerza”, 7 a “torturas o tratos crueles”, y 2 por negligencia.

Hace unos años, CORREPI tuvo una reunión con Mayerling Rojas Villasmil, Secretaria de Derechos Humanos de Venezuela, que deseaba conocer nuestro trabajo. La funcionaria chavista nos dijo que la mayoría de casos de ejecuciones extrajudiciales en su país correspondían a policías dependientes de gobernaciones en manos de la oposición. Para CORREPI eso no era excusa. Es lo mismo que decir que los casos de violencia institucional de Neuquén son responsabilidad exclusiva del gobernador Sobich y que K no tiene nada que ver.

¿Son ciertos estos datos? Y si lo son: ¿como se condicen con el discurso del socialismo? Como dijimos alguna vez, a los que se reclaman de izquierda, les exigimos más.

LIBERTAD A LOS PRESOS POLITICOS PARAGUAYOS
En un fallo demostrativo de cómo las nuevas camadas de jueces K son parecidos a los de la servilleta menemista, el Dr. Ariel Lijo autorizó la extradición de los compañeros paraguayos perseguidos políticamente por el gobierno de ese país. Estos 6 militantes populares pertenecientes a la agrupación Patria Libre, la mayoría de ellos campesinos, están siendo acusados de ser partícipes del secuestro de la hija del ex presidente paraguayo Cecilia Cubas.

Del fallo que rechazó el refugio se constata como el juez Lijo desechó todas las pruebas aportadas por la defensa como los testimonios de los periodistas Aznarez y Estela Calloni; de Teresita Asilveira, y del premio Nobel de la paz alternativo Martín Almada, que dejaron clara la persecución directa que sufre el campesinado rebelde paraguayo.

Es notable como el juez Lijo, para quedar bien con el socio del Mercosur, descartó elementos probatorios como las denuncias de sistemática aplicación de tortura, asesinatos y desapariciones que se dan en el Paraguay y que han tenido como objetivo principal al partido político de izquierda Patria Libre. Omitió la existencia de escuadrones de la muerte, llamadas “guardias urbanas” o “comisión garrote”, generalmente en manos de patotas del partido Colorado, así como numerosos documentos suscriptos por organismos de DDHH y del propio defensor del pueblo de Paraguay donde se constataron estas violaciones a los derechos humanos.

Para el Dr. Lijo, en su posición de genuflexión a la Cancillería, estas probanzas concretas “no escapan a las generalidades de América Latina”. Esto, y decir que los compañeros paraguayos serán torturados y seguramente asesinados en las carceles de Asunción es lo mismo. Total, pasa en todos lados.

Hacemos propias las palabras de los compañeros de FIDELA en cuanto que los compañeros paraguayos tienen derecho a ser refugiados en Argentina “porque no hacerlo, significa garantizar que en el Paraguay se aplique el terrorismo de estado”.

¿APORTE DE SOLÁ A LA “REINSERCIÓN LABORAL” DE LOS PRESOS?
Entre los tantos proyectos de ley enviados por el gobernador Felipe Solá a la legislatura bonaerense en las últimas horas, se destaca el que permitiría, en caso de ser aprobado, la incorporación como agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense a personas que hayan cumplido sus condenas en cárceles provinciales.

La norma contemplaría una serie de beneficios, como por ejemplo el tan tierno y seguramente bienvenido otorgamiento de licencias por paternidad y la habilitación para participar en actividades políticas, algo hasta hoy vedado para los agentes de la fuerza. Si se modificara la Ley Orgánica que regula el accionar de los efectivos, no deberíamos sorprendernos si nos encontráramos con alguno de ellos ocupando un cargo en alguna secretaría de derechos humanos.

“La creación de posibilidades laborales en el establecimiento para ex reclusos no solamente significa una excelente técnica de rehabilitación para ellos sino también les permite demostrar a la sociedad que algunos, efectivamente, lo consiguen”, dice textualmente el proyecto enviado por Felipillo.

La “excelente técnica de rehabilitación” social planeada por Solá consiste en que los ex presos devenidos en agentes del SPB apliquen sobre los detenidos –a los que ahora vigilarían- lo que tan bien aprendieron en sus años de prisión sin necesidad de “capacitación” alguna: torturar, dejar morir reclusos entre las llamas, montar la escena para algún que otro “suicidio” y demás prácticas, todas ellas tan penitenciarias.

Este proyecto de ley, enviado de apuro y que tal vez sea aprobado en alguna sesión maratónica de fin de año, es otro premeditado golpe del gobierno provincial a la concientización de la clase reprimida, disfrazado de política de reinserción y posibilidad de “trabajo” para los ex presos.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

20 de diciembre, 17:30, marcha de Congreso a Plaza de Mayo, a cinco años de la rebelión popular.

CORREPI