Boletín Informativo N° 415

JUSTICIA PARA RODRIGO CORZO
Durante cuatro largas jornadas se llevó a cabo el juicio oral por el asesinato de Rodrigo Corzo. Después de escuchar a los testigos civiles y una buena cantidad de policias, se pudo probar más allá de toda duda que, como hace tres años venimos diciendo, el policía Solana lo mató, a lo sumo, porque a su “olfato policial” no le gustó la forma de manejar de Rodrigo.

Escuchamos a patéticos testigos puestos por la cana como el verdulero Da Silva, que tuvo que reconocer que le regalaba “alguna frutita a los muchachos del Comando” o el border sargento Núñez, compañero y subordinado de Solana, que reconoció que Rodrigo estaba “limpio”, es decir que no estaba armado. Fue Núñez el que colaboró con Solana para plantar un arma de fuego para así “ensuciar” a la víctima. Los jefes del Comando y los policías de la comisaría instructora de Villa Ariza tuvieron que reconocer que cuando ellos llegaron el arma estaba afuera del auto, mientras que los testigos del acta inicial probaron que con posterioridad los policías hicieron como que la encontraban adentro.

Tanto la fiscalía como la familia, representada por CORREPI, coincidieron en el pedido de pena de 20 años de prisión, considerando al policía autor penalmente responsable del delito de homicidio simple. El elevado pedido de pena fiscal, no usual por parte de quienes son generalmente benevolentes con su “brazo armado”, responde a las circunstancias agravantes, en especial, la peculiar preparación y capacitación del policía, que según su propio legajo bien podría haber desfilado al lado de Felipillo Sola como el “policía modelo de la democracia”, hasta con muy bien diez felicitado en cursitos de Derechos Humanos.

Tambien coincidieron el ministerio público y CORREPI en solicitar el procesamiento por falso testimonio y encubrimiento del “colaborador” de Solana, el sargento Ariel Horacio Núñez.

El tribunal fijó el jueves 22 a las 9:00 para la lectura de la sentencia, en la sala de audiencias de la Unidad Penal nº 39 de Ituzaingó, calle Pringles y Acevedo. La elección de este lugar, aislado y de difícil acceso, es demostrativa de la molestia que causó a los jueces la permanente movilización que acompañó las cuatro jornadas del juicio en Morón, protagonizada por los familiares de víctimas de gatillo fácil militantes de CORREPI acompañadas por organizaciones anti-represivas de la zona.

AL SERVICIO DE LOS SERVICIOS
El portal californiano “VoyForum” está muy interesado en los abogados argentinos. En una de sus páginas web y bajo el título de “Lista parcial de abogados al servicio del comunismo y sus colaterales argentinas” se desarrolla una lista de profesionales del derecho que tienen en común diversos grados de compromiso por los trabajadores y el pueblo. Desde ya, están incluidos varios compañeros de CORREPI. La C.I.A. nos cuida de tanto terrorista…

Además, en el mismo portal se sostiene que Ernesto Guevara mató 600 cubanos él solo, y que Alfredo Astiz fue un héroe contra el terrorismo en Argentina.

CAMARISTAS REPRESORES
Es frecuente que se señale que la Cámara Nacional de Casación Penal se dedica sistemáticamente a entorpecer las causas que se sustancian por violaciones a los derechos humanos producidas durante la década del 70. Las denuncias de diferentes organismos de derechos humanos hablan de la morosidad cómplice de los casadores. En las cuatro salas de esa Cámara se acumulan más de cien recursos pendientes, que en muchos casos son resueltos a favor de los intereses de los genocidas.

Pero no sólo son a los represores de la dictadura favorece la Cámara de Casación. El agente Matías Tarditti que había sido condenado a prisión perpetua por un tribunal oral porteño como responsable del homicidio calificado de Lisandro Barrau, aquel pibe que iba en moto por Palermo Hollywood junio de 2004 y por “sospechoso” recibió un disparo en la espalda. Ahora los jueces de casación decidieron que no fue ni tan homicidio ni tan calificado, y equipararon la cuestión a un accidente de tránsito.

Afirmando que fue un obrar negligente o imprudente, cambiaron la calificación a homicidio culposo y redujeron la pena a 4 años, con lo que Traditti salió en libertad pues ya había cumplido dos tercios de la pena.

REPRESION EN CORDOBA
Publicitan el lugar como un “de ensueño, entre ríos, montañas y bellos paisajes silvestres”. Ubicado a unos 150 km de Córdoba capital, se encuentra el paraje “San Marcos Sierra”, un “paraíso ecológico” armonioso que hace años es objeto de la represión policial de Don De la Sota.

Desde el comienzo de la temporada veraniega 2007 se sucedieron varios hechos de represión que van desde requisas a artesanos, detenciones ilegales, palizas a turistas y hasta la aplicación de la tortura conocida como “simulacro de fusilamiento” a otro artesano. La comarca esta patrullada permanentemente por vehículos sin patente, con policías de civil que, sin identificarse, fichan y amedrentan a visitantes y nativos que se movilizan frente a esta situación. Por supuesto, la excusa es brindar mayor “seguridad”.

No es la primera vez que esto ocurre. Ya en el año 2001 se implementó un ensayo de disciplinamiento social en esta comuna “hippie” cordobesa, que terminó con la reacción popular y la exoneración del jefe policial local.

Tampoco ahora se “comieron” los habitantes de San Marcos Sierra el verso del blumbergismo-delasotismo y reaccionaron frente a la represión constante. En la misma madrugada del martes 23 de enero, despues de un cumpleaños donde con la excusa de los ruidos molestos se detuvo a dos personas, espontáneamente el pueblo se concentró frente al destacamento policial. A la mañana se reunieron en la Plaza Tulián, y después de la reunión presentaron un petitorio al intendente Alarcón. En horas de la noche se realizó una nueva protesta en distintos sectores del municipio, logrando que los dos detenidos recuperaran la libertad.

MÁS CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA
El 31 de agosto de 2004 varias organizaciones populares repudiaron la presencia en Argentina del enviado del FMI Rodrigo de Ratto. Como recordarán nuestros lectores, 104 compañeros de diversas identidades políticas fueron golpeados y detenidos en Plaza de Mayo y en una ratonera armada en la estación de subte cercana, donde uno de los arrestados recién bajaba del tren y ni había pisado la calle. Durante la noche, y poniendo en evidencia la arbitrariedad de las detenciones, todos fueron liberados, excepto ocho compañeros de Quebracho, MTR CUBa y FTC que fueron indagados por el juez Galeano por gravísimos delitos que impidieron durante meses su excarcelación.

Para fin de año la cámara de apelaciones tuvo que admitir la inconsistencia de semejantes calificaciones, por lo que los compañeros, aunque quedaron procesados por delitos de menor cuantía, dejaron el penal de Marcos Paz al mismo tiempo que en Plaza de Mayo levantábamos la Carpa por la Libertad de los Presos Políticos, que en ese momento eran más de 40 en Argentina.

Esta semana el juez federal Octavio Araoz de Lamadrid, reemplazante del echado Galeano, resolvió citar a indagatoria a 88 compañeros por estos mismos hechos, seguramente como resultado de las “tareas de inteligencia” que en su momento ordenara el juez al Departamento de Seguridad de Estado, y que la defensa de los compañeros impugnara por su manifiesta ilegalidad.

Como es costumbre en causas contra compañeros del campo popular, los integrantes de la defensa técnica de los compañeros, entre ellos FIDELA y CORREPI, nos enteramos de la novedad por los medios, a los que el juez avisó antes que a los citados o sus defensores. Una muestra más de que, contrariamente a lo que sostienen los que dicen que este gobierno no es de derecha, en Argentina, repudiar al imperialismo es delito.

RED HÍDRICA PARA LAVARSE LAS MANOS
Una dependencia estatal de Derechos Humanos presentó ante la justicia bonaerense un recurso de hábeas corpus solicitando la clausura de la Unidad 35 de Magdalena por no contar esta unidad carcelaria con una red hídrica para sofocar posibles incendios. Desde el ministerio de Justicia de Eduardo Di Rocco admitieron que la denuncia es cierta, pero que se han implementado “múltiples elementos y procedimientos” para evitar este tipo de siniestros.

Los hechos sucedidos en octubre de 2005 en la Unidad 28 –vecina a la 35 de Magdalena- donde el estado, a través del Servicio Penitenciario Bonaerense, asesinó a 33 presos, muestran que en la práctica, lo que estos funcionarios llaman “procedimientos” preventivos se convierten en verdaderas masacres, en las que lejos de resguardar las vidas de las personas bajo custodia del estado, se las encierra y deja morir entre las llamas.

Un especialista en sortear responsabilidades políticas es el Sr. Carlos Rotundo, subsecretario de Política Penitenciaria. En ocasión de la Masacre de Magdalena declaró que ésta fue “consecuencia de una política irracional de encarcelamiento masivo” de la que es responsable, aunque vaya a saber a quién se la adjudicaba. Un año y cuatro meses después asegura que la red hídrica no funciona debido a “defectos de construcción” que se solucionarán con la “ejecución completa de la red de incendios” que se encuentra, desde siempre, en trámites de ejecución.

Si la denuncia del Comité Contra la Tortura tiene la intención de alertar con el fin de evitar que se repita una masacre similar a la ocurrida en Magdalena hace poco más de un año, desde ya está condenada al fracaso porque entendemos que el disciplinamiento y el control social que se ejerce sobre los sectores más postergados es una necesidad fundamental e irrenunciable de todo estado clasista. Si no, que le pregunten a Felipe Solá, que al ser consultado sobre la denuncia del Comité les sugirió: “hay que pedir cosas posibles”

PROXIMAS ACTIVIDADES

Jueves 22 de febrero, 8:30, concentramos en la UP 39 de Ituzaingó, Pringles y Acevedo, Barrio San Alberto, para acompañar la lectura del veredicto en el juicio al policía Cristian Solana, asesino de Rodrigo Corzo.

CORREPI