Boletín Informativo Nº 419

SE VIENE EL JUICIO CONTRA LA TORTURA
Lo venimos anunciando: el 26 de marzo comienza en Lomas de Zamora el juicio oral a los cuatro policías que torturaron a ocho presos el 11 de enero de 2005, resultando en la muerte de uno de ellos, Diego Gallardo.

Siempre convocamos a movilizar cuando un caso de gatillo fácil o tortura llega a la instancia del debate público, pero en esta ocasión la visibilidad que podamos lograr será crucial por la naturaleza de la discusión que habrá en la sala. Es que no estamos simplemente en vísperas de un juicio en el que trataremos de probar que cuatro policías mataron a un muchacho. El tema central será la naturaleza misma del delito de torturas, de aplicación de tormentos como crimen de estado.

Está muy de moda en los juzgados federales o en la corte hablar de crímenes que por ser cometidos desde y por el estado, con los recursos y por mano de sus funcionarios, no son delitos individuales sino violaciones a los derechos humanos, crímenes de estado con todas sus características como la imprescriptibilidad. Pero los mismos que baten el parche con esas definiciones que tan bien suenan a los oídos progresistas cuando se refieren a hechos de hace 30 o 40 años, son los que inventan cualquier verso para decir exactamente lo contrario cuando el represor es de los de ahora, de los que cotidianamente implementan la política represiva del estado que les da de comer a policías y jueces, a fiscales y cortesanos. Y a funcionarios “defensores de los derechos humanos” -siempre y cuando estén debidamente añejados.

Los asesinos de Diego Gallardo lo molieron a golpes para castigarlo por una falta en una celda de la comisaría 3ª de Avellaneda usando los bastones policiales. Le causaron 57 lesiones visibles, varias fracturas en la cabeza y la disyunción de todas las articulaciones craneales, y el cuadro neurológico resultante le ocasionó vómitos incoercibles a lo largo de una penosa agonía de 15 horas que hicieron estallar el estómago y el esófago. Sus siete compañeros recibieron similar paliza, pero sobrevivieron. Si eso no es tortura, explíquennos de qué se trata.

Pero jueces y fiscales no quieren usar la palabra “tortura”, que señala ineludiblemente al estado, y por eso los policías están acusados de homicidio calificado en concurso con apremios ilegales. Cincuenta y siete golpes son simples apremios. ¿Cincuenta y ocho serán tortura? ¿O tendrán que ser sesenta y seis?

Y hay otra trampa, bien sutil. Con esa calificación, es casi imposible pensar en una condena, porque el homicidio requiere que se establezca con precisión la relación de causalidad entre la conducta del autor y la muerte. O sea, en el caso concreto, habría que probar cuál de los 57 golpes causó la muerte, y además cuál de los cuatro policías lo infligió, lo que es un absurdo frente a la mecánica de la muerte del torturado, que fallece por un proceso causado por el conjunto de los dolores y sufrimientos, y no por una herida puntual como quien recibe un disparo. Y siempre sería a los sumo uno el condenado, quedando los demás con alguna mínima forma de participación.

Ya vimos funcionar esta trampa técnica en el caso Domínguez Domenichetti, el célebre Crimen de Batán de febrero de 1995, en el que años después la cámara marplatense no condenó a los guardiacárceles que apalearon a Cristian hasta matarlo a prisión perpetua por aplicación de tormentos seguidos de muerte, porque “no se pudo determinar la autoría del golpe al hígado que lo hizo estallar y provocó la muerte”, y les dieron una pena sensiblemente menor. Por lo pronto el fiscal que intervendrá en el juicio de Gallardo ya nos advirtió que “ve difícil probar el homicidio”, así que está pensando en alguna figura como el siempre útil homicidio tumultuario o en riña, con los que a los sumo unos cinco añitos (y a la calle el mismo día de la sentencia, porque es excarcelable). Acusar por tortura seguida de muerte ni siquiera le pasa por la mente.

Aunque la disfracen de “debate técnico” es una discusión netamente política: ¿tortura o no el estado argentino en 2007? ¿tortura o no el gobierno “de los derechos humanos”?. En definitiva, ¿sólo es tortura, y crimen de estado, lo que pasó hace 30 años?

Convocamos a todas las organizaciones populares dispuestas a denunciar la tortura de hoy, de todos los días, a acompañarnos desde el 26 de marzo, a las 8:30, en Camino Negro y Larroque. Más información sobre el caso, incluyendo cómo acreditarse para el juicio y mandar adhesiones, en http://cablemodem.fibertel.com.ar/juicioalatortura/

LA GENDARMERÍA EN QUILMES
No sea que al “pollo” quilmeño de Aníbal Fernández le vayan a hacer una protesta. Para eso su padrino, desde la Casa Rosada, le manda los muchachos para que lo apoyen. Los vecinos del Barrio Villa Luján de Quilmes denunciaron la militarización del barrio, a través de la presencia de al menos 120 gendarmes en la zona. Sostienen que desembarcaron “para amedrentarlos” ya que se oponen a una obra que está realizando el Intendente K Sergio Villordo.

Los pobladores del barrio, ubicado en proximidades de la bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata, en Quilmes, expresaron su rechazo a “la presencia de más de ciento veinte gendarmes que están apostados en la zona pertrechados con armamento antitumulto y con el apoyo de un carro hidrante”. Está claro que siendo la Gendarmería una fuerza de seguridad federal depende directamente del Ministerio del Interior. Para “solucionar” un problema comunal, Aníbal Fernández manda la Gendarmería.

La Municipalidad está instalando un alambrado perimetral para dividir la zona en dos, los barrios de clase media y la villa de emergencia que está a la derecha de la autovía. Los vecinos advierten en su denuncia que la única reacción del intendente -y de su jefe Aníbal- es la vía represiva frente a un legítimo reclamo local.

PERSECUCIÓN EN SANTA CRUZ
Primero comenzaron a protestar los docentes de Santa Cruz. Después se sumaron otros trabajadores que se autoconvocaron en protesta contra los bajos salarios y el trabajo en negro que paga el gobierno de la primera provincia K. El viernes los autoconvocados reunieron 500 personas frente a la residencia del matrimonio presidencial en el Calafate y más 6.000 en Río Gallegos.

Pero antes, para hostigarlos, para evitar la protesta y hacer sentir el temor, además de inventar una manifestación de “padres recontra K contra el paro”, la policía provincial se dedicó a “visitar” a los principales referentes de la protesta. Así por ejemplo, el maestro Eduardo Mansilla recibió miembros de la División Provincial de Investigación en su casa, interesados en saber de qué se trataba la manifestación, quién la llevaría adelante, qué expresión ideológica primaba.

Por supuesto, esto no salió en ningún medio provincial ni nacional, como tampoco fueron reflejadas las movilizaciones. Delicias del “gobierno de los derechos humanos”, al que no le gusta que se anden movilizando en su contra.

REPRESIÓN TRUCHA EN LA RIOJA
Dos grupos de poder se disputan hace tiempo la gobernabilidad -y el producido de los negociados- en la provincia de La Rioja. Uno encabezado por el ahora ex gobernador Maza, el otro, encabezado por el que era su vice, Beder Herrera. Ambos supieron ser recontra menemistas, y ahora son ultrakichneristas. Ambos se repartieron siempre las ganancias de la provincia y su pelea actual se debe a la disputa por los curros de la entrega del patrimonio minero.

Beder Herrera manejaba la legislatura que el miércoles destituyó a Maza, que se atrincheró en la casa de gobierno. Herrera mandó la policía a desalojarlo, así como a los supuestos manifestantes mazaristas que le hacían el aguante, en realidad patoteros traídos de otras provincias. Hubo gases, palos y la parafernalia de siempre, pero esta vez entre ellos.

Fue una reyerta entre dos sectores de la burguesía que para mantener sus privilegios usan entre ellos los mismos recursos que tienen dispuestos para reprimir al pueblo. Represión trucha contra sus “contratados”, sus patoteros de siempre, para quedarse con un pedazo más grande del manejo de las cuentas públicas y las coimas que pagarán las empresas multinacionales explotadoras del subsuelo riojano.

MUERTO EN UN BAILANTA
A las 5 de la madrugada del sábado 17, Ezequiel Arce fue asesinado por la seguridad de un local bailable, en este caso Mogambo, ubicado en el barrio San Francisquito de Rosario, provincia de Santa Fe. No es la primera vez, y seguramente mientras siga funcionando el boliche tampoco será la última, que allí se registran casos similares. Hace poco un joven que logró sobrevivir a una golpiza igual, realizaba una denuncia en la comisaría 13ª de esa localidad con el rostro totalmente desfigurado por los golpes que había recibido de la seguridad. En ese momento el personal jerárquico de la comisaría respaldó, como siempre, la acción de sus compañeros, acusando al muchacho de resistencia a la autoridad. Difícil resistirse a las patadas de 5 patovicas y un policía.

La “seguridad” del boliche no sólo esta compuesta por patovicas y ex-policías, sino que para ingresar la gente debe pasar por un cacheo del personal policial uniformado que está a cargo de un sector del local.

Ezequiel Arce tenía 17 años. Fue salvajemente golpeado en el torso y el rostro y abandonado en la vereda por el personal de seguridad. Un amigo suyo lo llevó por sus propios medios hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, adonde llegó ya muerto. Según el diario Crónica, potr el hecho han sido detenidos dos patovicas y dos efectivos policiales, compañeros en el oficio de mantener a raya a los pobres.

REPRESIÓN EN COLOMBIA Y GUATEMALA
La visita de Bush a algunos países de Latinoamérica dejó para sus pueblos pura represión. En el boletín anterior reseñabamos las protestas de brasileños y uruguayos contra el imperialismo y la respuesta inequívoca de los ex izquierdistas Lula y Tabaré Vázquez, que mientras se abrazaban al genocida, reprimían a sus pueblos.

Lo mismo pasó con los mejores aliados de Bush, el narcopresidente colombiano Uribe y con el conservador presidente guatemalteco Oscar Berger. Mientras los pueblos repudiaban la llegada del terrorista, estos presidentes confirmaron el sometimiento de sus países al imperialismo.

En Colombia, las manifestaciones contra Bush dejaron 350 detenidos. El domingo, día del arribo del presidente estadounidense a Colombia, cerca de 1.500 manifestantes lo esperaron unos cien metros al norte del cruce de las dos vías principales de la ciudad (calle 26 y carrera 7) por las que se desplazaban Bush y su caravana integrada por 70 vehículos, la mayoría militares. La consignas principales de la protesta eran repudiar el antiinsurgente Plan Colombia y el Tratado de Libre Comercio (TLC). Por supuesto, Uribe no iba a permitir que los bogotanos reclamaran nada y allí mandó la policía antidisturbios.

Piedras, palos y postes fueron lanzados contra unos 500 agentes antimotines que respondieron utilizando dos tanques de guerra, avanzando en dirección de los manifestantes, lanzando gas pimienta y chorros de agua. En tanto ello ocurría, otro grupo de manifestantes ascendió por el Parque de la Independencia hacia el barrio de La Macarena, por donde también pasaría Bush. Allí los estaban esperando más policías que impidieron la protesta. En el interior de Colombia también hubo expresiones de repudio, como en el departamento del Chocó, en Valle del Cauca. En Cali las protestas estudiantiles comenzaron el martes con disturbios en la estatal Universidad del Valle.

Por su parte, en Guatemala, centenares de indígenas guatemaltecos se plantaron en la plaza central de la población de Tecpán, unos 60 kilómetros al oeste de la capital guatemalteca, donde iría Bush. Los manifestantes realizaron un mitin en el cual acusaron al gobernante estadounidense de “ser el principal violador de los derechos humanos en el mundo”. Mientras ello ocurría, fuerzas especiales del ejército y la policía de Guatemala reprimieron a cientos de personas que realizaban una protesta en momentos en que George Bush era recibido oficialmente por las autoridades locales en ciudad de Guatemala. Habían llegado hasta unos 100 metros de la sede del gobierno, donde fueron detenidos por un triple cordón de fuerzas especiales del ejército y la policía. Obvio, palos y gases lacrimógenos para proteger al imperialismo. Aunque no se registraron muchas detenciones, cientos de manifestantes resultaron intoxicados por los gases lanzados por la policía.

En suma, por donde pasó el genocida Bush, dejó gobiernos arrodillados y represión contra los pueblos.

LA “DOCTRINA K” DE LOS DDHH
El pasado 1º de marzo el presidente Néstor Kirchner habló varias horas ante la asamblea legislativa, haciendo un autobombo insoportable de los supuestos logros de su gobierno. Después de recitar algunas variables macroeconómicas que harían pensar que los argentinos superamos con creces el nivel de vida de suecos y noruegos, o que Argentina alcanzó su segunda independencia respecto del capitalismo transnacional, le llegó el turno a la cuestión de los derechos humanos.

Para este tema contaba con el coro de chupamedias integrado por madres, abuelas y descendientes que lo miraban absortos, y a los que dedicó esta parte del discurso. El presidente se refirió peyorativo a los “valientes de ayer”, a los que torturaban y mataban gente indefensa en la dictadura, para los que pidió cárceles comunes y como el “diario de Yrigoyen” tituló en su edición del viernes 2, apuró a los jueces para que les llegue el castigo a los culpables.

Pero nada dijo Kirchner de los “valientes de hoy” que durante su “democrático” gobierno han matado a más de 650 personas, que torturan a diario en cárceles y comisarías, contando con el aporte incondicional de sus jefes políticos, que casi siempre son miembros del partido justicialista. En su nada sintética “síntesis de cuatro años de gestión”, y exaltando la falsa legitimación como “gobierno de los DDHH” que le aportan la participación oficialista de Bonafini, Carlotto y tantos más que se acomodaron bajo el sol kirchnerista, no hubo más que lo de siempre para el gatillo fácil, la tortura y la represión cotidiana de las fuerzas de seguridad de la democracia de hoy: silencio.

Kirchner reclamó celeridad a la justicia, como si los jueces fueran un poder independiente, y no parte del aparato represivo del estado. Mientras pide cárcel común para los genocidas, firmó el pliego de ascenso del comisario Ernesto Weber, asesino del 20 de diciembre, y mientras declama apoyo a los juicios a los genocidas, eligió y mantiene como jefe de la policía federal al comisario Vallecca, que nos reprimió el 9 de septiembre de 1998 durante el escrache a Etchecolatz. Mientras se autohalaga con el verso de los derechos humanos, Las Heras sigue ocupada militarmente por gendarmería.

El presidente irrumpió en el tema con una definición que arrancó aplausos: “El respeto y la defensa de los derechos humanos en nuestro país también guían nuestras acciones en el ámbito internacional”. Legisladores y público aplaudieron una mentira. Lo que guía a Kirchner en el ámbito internacional no es “el respeto y la defensa de los DDHH en nuestro país”, sino la propaganda discursiva, herramienta central para silenciar las cotidianas violaciones a los DDHH de las que es responsable el gobierno argentino.

Para beneplácito de su coro de obsecuentes, lo primero que mencionó el presidente fue la firma, en París y por mano de su dama ya coronada como presidenciable, de la convención internacional contra las desapariciones forzadas, y destacó que el instrumento “reconoce ese delito como un crimen de lesa humanidad”. Lo que no dijo Kirchner es que al mismo tiempo, el estado argentino se niega a cumplir la sentencia internacional en el Caso Bulacio, precisamente porque no quiere reconocer al crimen policial como un crimen de estado, y por lo tanto perseguible en cualquier lugar y tiempo. Es política de estado para este gobierno, según palabras de su presidente, el respeto a las convenciones internacionales humanitarias. Pero desde septiembre de 2003 este gobierno sistemáticamente desconoce que los tratados se firman para cumplirlos, y frente a las reiteradas intimaciones de la Corte IDH exigiendo el cumplimiento de la condena, el estado argentino ni siquiera se molesta en contestarlas.

Cuando el tema ya no son los represores de hace 30 años -que en muchos casos se morirán pacíficamente de viejos antes que la Cámara de Casación y la Corte Suprema den vía libre a sus muy merecidos juicios-, sino los represores de hoy, los que cada día matan con el gatillo fácil y torturan en cárceles y comisarías, se advierte el verdadero rostro del autodenominado “gobierno de los DDHH”. El gobierno argentino no cumple la sentencia en el Caso Bulacio porque no está dispuesto a reconocer que cada vez que un policía mata o tortura lo hace en nombre del estado, y que esos crímenes cometidos por su propia mano son violaciones a los DDHH de igual naturaleza que los perpetrados hace décadas por la Triple A o los grupos de tareas de la ESMA. Sólo un mínimo porcentaje de las víctimas de la represión estatal posterior a 1983 fueron asesinadas por razón de su militancia, o en movilizaciones populares, apenas unos 50 en un total de casi 2.200. No es la “calidad” de la víctima lo que define el crimen de estado: es la calidad del victimario, el estado, que actúa a través de su aparato represivo oficial u oficioso, a través del policía, el gendarme, el guardiacárcel, o el escuadrón de la muerte.

Ahí quedan entonces las encendidas palabras del presidente en el congreso, cuando enunciaba que es objetivo de este gobierno “el cumplimiento de obligaciones internacionales de derechos humanos”. Mientras muere un preso por día en una cárcel o una comisaría, mientras los responsables materiales y políticos de las masacres de Magdalena, de Coronda, del penal de San Martín, de la comisaría 7ª de Corrientes; de las muertes intramuros de niños como Germán Medina (17) y Rosa Yamila Gauna (15) escuchaban el discurso en sus casas y despachos, el presidente pidió que lo aplaudieran porque dictó un decreto que permite a los procesados ejercer el derecho al voto… Vaya avance. Los presos podrán votar, y elegir a los jefes de sus torturadores.

Los que sólo se quejaron porque el presidente repitió varias veces su idea de “reconciliación con justicia, verdad y memoria”, mostrando qué significa para él “juicio y castigo”, no dijeron una palabra de los muertos que contamos todos los días, de los 650 pibes entre 15 y 25 años fusilados o muertos en la tortura desde el 25 de mayo de 2003, de los policías que esperan tranquilamente en sus casas, excarcelados, juicios por homicidio o por delitos más graves, que se profugan bajo el amparo del estado o son condenados a penas menores cuando la movilización popular arrincona a los jueces.

Ni el presidente ni sus propagandistas dijeron una palabra de su cotidiana política represiva porque es la que necesitan hoy para disciplinarnos, es la que necesitan que silenciosamente se descargue sobre los jóvenes y los pobres, para que aprendan quién manda, y en beneficio de quién se gobierna.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Sábado 24 de marzo, marcha de Congreso a Plaza de Mayo, a 31 años del golpe genocida.

Lunes 26 y miércoles 28 de marzo, JUICIO A LA TORTURA en Lomas de Zamora. Desde las 8:30, en Camino Negro y Larroque.