Boletín Informativo Nº 420

LA OTRA VERSIÓN DE LOS “DDHH TUERTOS”
Durante su apogeo como formador de opinión pública, el periodista Bernardo Neustadt popularizó la expresión “DDHH tuertos” para referirse a quienes defendíamos “los derechos humanos de los delincuentes”, omitiendo los de los “ciudadanos honestos” como él o el Ingeniero Santos. Hasta llegó a convocar masivos actos en el Luna Park bajo esa consigna que hoy sólo es levantada, con similar contenido, por ejemplares paleolíticos como la diputada peronista K Mirta Pérez.

Sin embargo batallamos a diario con ideas que bien podríamos llamar de los “DDHH tuertos”, originadas en el propio campo popular y adoptadas –por convicción o por un superficial análisis- por muchas organizaciones y militantes. Nos referimos, claro está, a la represión actual y su saldo permanente de violaciones a los derechos humanos, sistemáticamente silenciados, o a lo sumo enunciados por compromiso, reducidos a una categoría inferior de “conflicto sectorial”.

Durante años dimos el debate al interior del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, defendiendo la posición de que ningún contenido de lucha puede tener un acto de repudio al 24 de marzo si se omite el eje central de la represión actual, en sus dos vertientes: el disciplinamiento social por el gatillo fácil, las torturas y las detenciones arbitrarias, y la persecución política y criminalización de los sectores organizados. Durante el menemismo no fue tan difícil lograr que los documentos consensuados y las consignas principales contuvieran claramente el planteo antirrepresivo. Un poco más dura fue la discusión en la primavera aliancista, cuando algunos organismos argumentaban el remanido “no es lo mismo…”, defendiendo la presencia en el gobierno de De La Rúa de ciertos “progres” con los que se sentían hermanados por un pasado común, como la viceministra de interior Nilda Garré, hoy ministra de defensa kirchnerista, o un gobierno municipal “amigo” que proveía escenario, sonido y fondos para el acto.

Desde el advenimiento del kirchnerismo, con su pretensión de “gobierno de los DDHH” que tan bien sirve como pantalla para reprimir más y mejor a díscolos e indisciplinados, lo que fue debate se convirtió en diálogo con sordos, motivo por el que nos alejamos, después de diez años, del Encuentro. Este 24 de marzo, como nunca antes, quedó claro que en la concepción lamentablemente mayoritaria del activismo político de izquierda hay “derechos humanos” para unos, y no para otros. Y nos remitimos a los hechos:

En una conferencia de prensa llevada a cabo en la sede de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, según informó ANRed, Patricia Walsh, oficiando como vocera del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, dijo: “Todos los días el gobierno de Néstor Kirchner viola los Derechos Humanos. Esto se prueba con la cantidad de luchadores procesados por participar de protestas sociales, y la cantidad de genocidas que siguen indultados….”, para finalizar acusando la existencia de un “doble discurso en relación a estos temas”. En declaraciones radiales de la mañana del 24 de marzo, explicó que MVJ “denuncia la impunidad de ayer y la de hoy”, aclarando que la de hoy se expresa en la subsistencia de los indultos, la cantidad de genocidas en libertad, y el secuestro de Julio López.

Según estas declaraciones, el gobierno de Kirchner sólo viola los DDHH cuando persigue luchadores y porque no derogó los indultos, además del caso López, cuya gravedad de ningún modo minimizamos, sino que incluimos como una víctima más del aparato represivo del estado, en una lista que desde 1983 supera los 2.200 nombres. Ni una palabra hubo para denunciar los más de seiscientos cincuenta pibes fusilados o muertos en la tortura por el gobierno actual, que no tiene un “doble discurso”, sino uno solo, que usa descarada y eficazmente la cooptación y la prebenda para poder aplicar sin cuestionamientos una política de violación a los derechos humanos aquí y ahora.

Pero no se trata de un “olvido” o de una posición personal de la dirigente. En el documento aprobado por las 300 y pico de organizaciones que marcharon el sábado 24 de marzo a Plaza de Mayo después de acordar el horario para no confrontar con la marcha oficialista, se denuncia la
impunidad de ayer y de hoy, sin la menor referencia a la política represiva actual, al extremo que no hay en las consignas principales una sola antirrepresiva: ni contra el gatillo fácil, ni contra la tortura, ni contra la militarización de pueblos y barrios, ni contra los escuadrones de la muerte ni la ampliación de facultades policiales para reprimir jóvenes y pobres.

En el afán por “cubrir todos los reclamos sectoriales”, se introdujo un apartado que enumera una miscelánea de injusticias: la condena a Romina Tejerina, la masacre de Cromagnon, el encarcelamiento de Roberto Canteros, el atentado a la AMIA, el gatillo fácil y la tortura. Suponemos que por error y no por deseo, se reduce a la mitad la cantidad de víctimas fatales, y se afirma que sólo a partir del crimen de Darián Barzábal “el pueblo dijo basta a la impunidad”, como si no hubiera existido la lucha antirrepresiva antes de este verano. Y para completar el cuadro, aun en las consignas secundarias de este acápite, otra vez se omite a la represión y se sustituye por la equívoca “impunidad”, como si la lucha de los familiares de víctimas del gatillo fácil o de los torturados se constriñera a una causa judicial, y terminara si se obtiene “una sentencia justa”, que quiebre la “impunidad”.

En resumen, el documento destaca el carácter de crimen de estado, de crimen de lesa humanidad, de los homicidios y torturas cometidos por la Triple A y la dictadura, al tiempo que niega esa calidad a los fusilamientos policiales y la tortura actual, que son simples “injusticias”, no política de estado. La política represiva del estado no es una “injusticia” más. Es la herramienta permanente, imprescindible y siempre en vías de perfeccionamiento del estado que, gobierne quien gobierne, debe reprimir para proteger los intereses de sus mandantes.

Los militantes de CORREPI, que nos habíamos convocado en Congreso, frente al panorama que incluía exhortaciones a “arribar en forma armónica” (con el PJ) a la Plaza, decidimos no sumarnos, y en cambio preservar nuestra independencia de criterio, realizando una jornada de propaganda sobre la represión actual, pegando varios centenares de afiches y repartiendo miles de volantes para explicar que la tortura también es un crimen de estado hoy, aunque los defensores del gobierno lo intenten silenciar, y convocando a la movilización del lunes por el caso Gallardo.

En definitiva, como lo destacan los diarios del domingo 25 de marzo, no hubo mayores diferencias entre el discurso presidencial en Córdoba, y las dos marchas a Plaza de Mayo, aunque la segunda tuviera consignas “fuertemente críticas al gobierno”. Desde los tres escenarios se reclamaron la aceleración de juicios a los represores y la aparición con vida de Jorge Julio López. Desde ninguno de los tres se denunció la política represiva del gobierno de Néstor Kirchner, que como cantan los compañeros en las marchas, “mata y tortura, como en la dictadura”. En los dos primeros actos, es comprensible: eran el gobierno y su partido. En el tercero, debemos concluir que tienen un solo ojo, que mira para atrás.

LA HORA DE LA TORTURA: CASO GALLARDO
El debate oral y público en el que se juzgará a los cuatro policías que torturan hasta la muerte a Diego Gallardo en la comisaría 3ª de Avellaneda tendrá inicio hoy, lunes 26 de marzo, a las 8:30, en el Tribunal Oral Nº 1 de Lomas de Zamora. Toda la información del juicio será permanentemente actualizada en nuestra página http://cablemodem.fibertel.com.ar/juicioalatortura/
Contactos de prensa: (011) 15-4-417-0659 María del Carmen Verdú, abogada de CORREPI. (011) 15-5-961-3850 Mariana Barrenechea, prensa de CORREPI.

ALAK QUIERE “UNA CIUDAD LIMPIA”
El intendente de La Plata, Julio Alak, prohibió esta semana la venta de aerosoles de pintura con el fin de erradicar los graffitis de la capital bonaerense. A través de la ordenanza municipal nº 10.249, y en el marco del programa “La Plata, Ciudad Limpia”, quedaron expresamente prohibidas las pintadas y la pegatina de afiches en lugares que no sean los habilitados por la propia municipalidad.

El campeonato de fútbol obtenido por Estudiantes a finales de 2006 y las numerosas pintadas que aparecieron posteriormente, le vinieron de maravillas al otrora menemista y ahora kirchnerista Alak para lanzar esta campaña contra la “contaminación visual”. Paradójicamente, a Julito se le ocurrió mandar a pintar, en paredones y baldíos, las consignas de su cruzada invitando a la ciudadanía a comprometerse denunciando a los que “ensucian” la ciudad a través de una línea telefónica gratuita. Además, aprovechando el año electoral, prometió generar puestos de trabajo con la creación de patrullas que controlarán que nadie se atreva a grafitar en la vía pública.

No es casualidad que esta campaña se lleve a cabo un par de meses después de la “ilustre” visita de Rudolph “mano dura” Giuliani. Se ve que Julito tomó nota de las “exitosas” experiencias de gestión del ex alcalde de Nueva York quien, aplicando la teoría de la ventana rota, sostiene que el “germen” del crimen se manifiesta a través de este tipo de contravenciones a las que hay que castigar para que no pasen a mayores.

La campaña “La Plata, Ciudad Limpia” tiene como objetivo limitar los espacios destinados a la publicidad para los opositores de Julito; y además, como si no alcanzara con las detenciones arbitrarias policiales más conocidas como Averiguación de Antecedentes (AA), es un aporte de la gestión municipal para que la policía pueda detener a adolescentes que pintan en la vía pública o a las organizaciones políticas que a través de afiches y pintadas denuncian cómo se sigue hambreando y reprimiendo al pueblo.

GATILLO FÁCIL POR UNA CONTRAVENCIÓN EN TUCUMÁN
El lunes 19 de marzo, a las 6 de la mañana, los policías Juan Romano y Juan Costilla asesinaron de un certero escopetazo en el pecho a Angel Alfredo Astorga, de 19 años. Astorga estaba con unos amigos bebiendo en una esquina de Villa Mariano Moreno, en Tucumán, cuando Costilla y Romano lo quisieron detener por encontrarse en estado de ebriedad en la vía pública. Ante la resistencia del joven, uno de los oficiales le efectuó un disparo que le provocó la muerte minutos más tarde. De inmediato, el padre del joven y sus amigos comenzaron a agredir a los oficiales que optaron por huir del lugar.

En un acto de camaradería para proteger a sus subordinados, el jefe de Policía Hugo Sánchez argumentó que ante la resistencia del joven y tras un forcejeo, el arma de uno de los oficiales “se disparó”. Aclarando además, a modo de justificación, que el joven se encontraba en estado de ebriedad y que tenía antecedentes delictivos.

Es alarmante la cantidad de casos de gatillo fácil que se registran en los barrios pobres de la provincia de Tucumán. El gobernador Alperovich, con la excusa de la inseguridad y del reciente desalojo de vendedores ambulantes, ha superpoblado de uniformados las calles céntricas de la capital. A pesar de ser una de las provincias más pobres del país, la presencia policial garantiza que los turistas no vean cartoneros circulando, ni pibes pidiendo en las calles.

Alperovich, al igual que su amigo K, premia a los policías que tan bien llevan a cabo su tarea de limpieza social: el 30 de septiembre de 2004, el joven Mauro Orellana fue asesinado de un disparo por el policía Walter Daniel Taljuk. Lejos de ser separado de la fuerza o encarcelado, Taljuk fue designado, a modo de premio, como custodia personal de León Alperovich, hermano del gobernador.

DE ACUERDO CON EL CELS: NO ES UNA SIMPLE DIFERENCIA ARITMÉTICA
En esta semana el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), que fundara Emilio Mignone y hoy preside Horacio Verbitsky, presentó su Informe Anual sobre derechos humanos en Argentina. Algunos de los periodistas presentes en la conferencia de prensa se extrañaron frente a la conclusión terminante de los expositores, Dres. Gastón Chillier y Andrea Pochat, de que hubo un marcado descenso de muertes a manos de las fuerzas de seguridad en el año 2006, y más aún, que esa disminución se viene acentuando desde hace tres años. El matutino Página/12 informó que consultó sobre la diferencia con las cifras de CORREPI, y recibió como respuesta que el CELS tiene “un método más estricto de selección de casos” y que la diferencia no radica en los números de una y otra organización sino “en la forma en que son presentados”.

Estamos de acuerdo con el CELS: la diferencia no es una cuestión aritmética ni de métodos estadísticos. La diferencia empieza desde la enunciación misma del tema, que el CELS llama “abusos policiales” debidos a prácticas de la institución que no han sido corregidas, y CORREPI define como sistemática “política represiva del estado”. Nuestro Archivo informa desde la tapa que contiene casos de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad y advierte que incluye todo hecho conocido en el cual la policía o cualquier otra agencia represiva estatal ocasiona una muerte por torturas, gatillo fácil o en cárceles y comisarías. El capítulo en cuestión del informe del CELS, en cambio, se titula “Políticas de seguridad, violencia policial y desafíos institucionales en un escenario volátil”, y habla de muertes “en hechos de violencia con participación policial”, entre los cuales, como si formaran parte de un mismo fenómeno, computa muertes de policías en enfrentamientos reales con lo que llama “uso abusivo de la fuerza” contra civiles desarmados.

Por otra parte, mientras se analizan muertes “de civiles” y “de policías” ocasionadas “por la violencia” en el capítulo redactado por el Dr. Gustavo Palmieri, se separa en cambio el análisis de las muertes en cárceles y comisarías, causadas por la tortura u otras modalidades como los inexplicables “suicidios” e incendios, como si el gatillo fácil y las muertes de personas detenidas no fueran parte de una misma política de estado. Tampoco se extiende el informe a la totalidad del país, sino que se limita a la “región metropolitana”, es decir, la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, con alguna mención puntual de alguna provincia como Santa Fe.

No se trata entonces de quién cuenta mejor, sino de las conclusiones que se sacan de los mismos hechos. Para el CELS, las reformas en la Policía Bonaerense son un logro. Nosotros decimos que no hay purga ni curso de derechos humanos que pare el gatillo fácil. Nosotros decimos que la federal, la bonaerense, las demás policías provinciales y las restantes fuerzas de seguridad nos matan un pibe día por medio, promedio superior, y por mucho, a cualquiera anterior desde 1983. El CELS dice que viene bajando. Pero como siempre, elegir el parámetro de comparación no es indiferente. El CELS usa como base el año 2001. Solamente en dos días de diciembre de 2001 el estado argentino mató 37 personas, el doble, en sólo 48 horas, del promedio mensual. Por eso nosotros, para calcular el índice anual, excluimos los asesinados en la rebelión popular que echó a De La Rua, porque computarlos implica deformar la tendencia para exhibir un descenso posterior inexistente. Lo concreto es que en 2001 -excepto el 19 y 20 de diciembre- mataba 13 personas por mes, y hoy mata más de 16.

Finalmente, hay expresiones que hablan por sí solas. Mientras el informe aplaude lo acertado del “sostenimiento de la decisión de no represión” de en Gualeguaychú, califica la ocupación militar de Las Heras y otras represiones a manifestaciones populares como “situaciones contradictorias frente a la protesta”, y termina convocando a la ciudadanía a llevar adelante “acciones políticas sostenidas, coherentes y consistentes” propendiendo al “fortalecimiento de las instituciones”. Nosotros, en cambio, convocamos a la organización popular contra la represión, con independencia absoluta del estado y sus instituciones, que sólo están ahí para oprimir y reprimir.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Lunes 26 y miércoles 28 de marzo, movilización a los tribunales de Lomas de Zamora por el JUICIO A LA TORTURA. Desde las 8:30, en Camino Negro y Larroque, Banfield.

CORREPI