Boletín Informativo Nº 421

LA TORTURA NO ES NOTICIA
Es notable el silencio mediático en que se viene desarrollando el juicio contra los cuatro policías que apalearon a ocho detenidos el 10 de enero de 2005 y en el trámite mataron a uno de ellos, Diego Gallardo. A pesar de los cables que al término de cada jornada circulan en las redacciones, es evidente que los medios han decidido que la tortura practicada sistemáticamente por las fuerzas de seguridad hoy en Argentina no es noticia digna de ser difundida.

Seguramente si los acusados, en lugar de ser un subcomisario, dos oficiales y un suboficial de la “nueva policía” de la provincia de Buenos Aires de entre 30 y 45 años de edad, fuesen ancianos represores que hubieran hecho lo mismo antes de 1983, otra sería la actitud de los medios de comunicación. También sería otra la atención del periodismo masivo si las víctimas, incluyendo al fallecido Diego Gallardo, en lugar de ser jóvenes que estaban presos en una comisaría, fuesen “hijos de alguien”, o vivieran en un country, o al menos, no tuvieran sus domicilios en Villa Tranquila u otros barrios pobres del cuartel noveno.

No es porque sí que hemos denominado este caso como “El Juicio a la Tortura”. No es solamente la ya comprobada responsabilidad de los cuatro asesinos en el apaleamiento que causó la muerte de Diego lo que está en discusión. Es el alcance y extensión de la tortura como práctica sistemática en cárceles y comisarías argentinas, y su correlato imprescindible, la práctica judicial que evita a cualquier costo decir “tortura”. Jueces y fiscales a lo sumo admiten un “exceso” en el “normal rigorismo policial” o aprovechan el menú de opciones menos graves, como los apremios, las severidades o las vejaciones, que los legisladores ponen a su disposición para proteger a los ejecutores de la política represiva estatal.

Por algo hay apenas una docena de condenas por el delito de tortura seguida de muerte (art. 144 ter inc. 2º del código penal) en todo el país desde 1983. Y tres de esas condenas corresponden a un mismo hecho, la tortura y muerte de Sergio Gustavo Durán en la comisaría 1ª de Morón. Cuando no pueden evitar someter a juicio a sus perros guardianes, cuando no pueden darles impunidad directa, la directiva que el poder judicial obedece como soldadito es resguardar al estado. Si hay tortura, que no se note, que parezca un accidente, un desborde individual, un acto psicopático. Que no se note que es el estado.

Los 57 golpes recibidos en cuestión de minutos por Diego y sus 15 horas de agonía, o la docena de golpes semejantes de los otros siete muchachos, no alcanzan para que los jueces argentinos digan TORTURA. Apenas para homicidio y severidades. No torturaron, fueron severos en demasía. Jueces y fiscales prefieren acusar por homicidio -aunque sea calificado porque son policías y eran cuatro; y aunque pueda llevar a la misma condena de prisión perpetua- porque ese delito no lleva implícita, como la tortura, la autoría necesaria del estado.

No sólo los cuatro policías están siendo juzgados en Lomas de Zamora. También el estado represor, que mata y tortura en democracia o en dictadura. Por eso el silencio obediente de los medios: hay que defender la “gobernabilidad democrática”. Es que la tortura sistemática demuestra cuan demócratica es esta democracia.

LOS CANDIDATOS DE LA CIUDAD Y LA POLICÍA

La relación del gobierno de la ciudad de Buenos Aires con la policía federal se ha convertido en uno de los temas principales de la campaña electoral en la que compiten en primera línea, sin mayores diferencias ideológicas, Macri, Filmus y Telerman. Sin embargo, y a pesar del esfuerzo que ponen en diferenciarse, es uno de tantos temas en los que se nota que bien podrían juntarse todos y hacer un único partido, porque defienden lo mismo.

El primer acto de campaña de Filmus, el candidato “oficial”, fue reunirse con los comisarios de las 53 comisarías y la jefatura de la federal junto a su padrino Aníbal Fernández, seguramente para prometerles que no se van a interrumpir los aportes en metálico de la ciudad a la PFA, que se remontan a la época en que De La Rúa era jefe de gobierno y que su sucesor Aníbal Ibarra elevó al punto de que buena parte del aparato de la federal se sostiene con dineros municipales, aparte de la constante donación de patrulleros y otros vehículos.

El actual jefe de gobierno Jorge Telerman quiso dar un golpe de efecto anunciando una consulta popular para decidir si la ciudad debe tener su propia policía, limitada a la materia “contravencional y de faltas”. O sea, dedicada exclusivamente al control y disciplinamiento social de jóvenes y pobres. Macri dijo que prefiere el traspaso de una parte de la federal a la órbita municipal, coincidiendo no tan curiosamente con Aníbal Ibarra y Carlos Heller, aliados de Filmus.

Detrás del aparente debate sobre si la ciudad tiene que conformar una policía propia o si se le debe traspasar el control de la policía de seguridad de la federal, lo que está en disputa es qué candidato exhibe una mejor relación con los hombres de azul. Situaciones como el desalojo violento del PADELAI y otras represiones como la de la Legislatura, ordenadas desde el gobierno de la ciudad y ejecutadas por la PFA, prueban que no hace falta que se traspase nada, ni que se forme otro cuerpo diferente, para que el gobierno de la ciudad tenga disponible un ejército munido de armas, gases y palos a su servicio, porque cuando se trata de reprimir no hay límites burocráticos que valgan.

Tan obvia es la coincidencia en materia represiva de los tres candidatos considerados con “chance electoral” que el más franco de ellos, el empresario Macri, propuso que se reúnan y acuerden antes del comicio la cuestión policial. Total, gane quien gane, pierde el pueblo.

REPRESIÓN EN ROSARIO Y SANTA CRUZ

Dicen que éste es el gobierno de los derechos humanos. De los derechos humanos violados, todos los días y en toda la república. Esta semana, después de muchos días de ocultamiento mediático, trascendieron las fuertes luchas que docentes, empleados estatales y otros gremios llevan adelante en Santa Cruz. Y trascendieron no por la masividad de las movilizaciones, sino por la fuerte presencia de fuerzas provinciales y nacionales prestas a reprimir en la provincia del presidente.

Las últimas noticias señalan que las escuelas santacruceñas están vigiladas por gendarmes armados para evitar que los docentes y los padres hagan asambleas para planificar nuevas medidas de lucha, y que hasta les han sacado las llaves de los establecimientos a los directores, que sólo pueden entrar a los edificios en que trabajan acompañados por la policía. Eso es un gobierno democrático y popular.

En Rosario, el socialismo que gobierna la ciudad utiliza la misma receta que la gobernación peronista. El 22 de marzo por la mañana, vecinos del Barrio Santa Clara cortaron la Av. de Circunvalación en reclamo de agua corriente. Tanto el socialísimo Miguel Lifschitz como el kircherísimo y ex montonerísimo Obeid mandaron a la policía santafesina a reprimirlos. El saldo, nueve compañeros (cinco mujeres y cuatro varones) detenidos y más de veinte heridos (entre los cuales se encuentra un niño de ocho años).

La secuencia fue de una típica provocación orquestada para que terminara en represión y así culpabilizar a los que se movilizaban. A los 60 compañeros que cortaban la calle se les acercó un efectivo del comando radioeléctrico, que sin más comenzó a agredir verbal y físicamente a uno de los chicos que tocaba el bombo. Al intentar arrebatárselo se produjo un forcejeo y el represor sacó su arma reglamentaria. Inmediatamente llegaron los “refuerzos”comenzando a disparar itakazos contra los vecinos. Obviamente se produjo el repliegue de los manifestantes que fueron literalmente cazados por una decena de móviles policiales. A la par que hacían las detenciones, los policias ingresaron a los pasillos del barrio disparando contra los vecinos y sobre las puertas de un centro comunitario.

Durante el traslado a la comisaría los detenidos fueron víctimas de golpes, agresiones verbales y amenazas. Entrada la noche los liberaron, pero al otro día tuvieron que ir a declarar a tribunales imputados de los delitos de daño calificado y resistencia a la autoridad. El verso con que la policia santafesina explicó la represión fue que había una denuncia de un automovilista que dijo que los manifestantes lo robaron.

CRIA CUERVOS…

Ya pasaron los buenos tiempos en que Daniel Scioli era el invitado de lujo de las cenas fastuosas de la Fundación Axel. Pasaron también los tiempos en que el motonauta aspiraba a ser jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y lo consultaba al ingeniero Blumberg. Ya pasaron los buenos tiempos en que se deparaban admiración mutua y llamados acaramelados.

Blumberg tuvo, en su momento, como su mejor interlocutor al vicepresidente, al que el gobierno supo usar también para mantener al ingeniero bajo su ala. Pero don Juan Carlos fue el primero en traicionar el romance nacido a la luz de las leyes represivas que el congreso kirchnerista le ofrendó mientras Scioli, Alberto Iribarne y Aníbal Fernández posaban junto al ingeniero (y le financiaban su fundación). Es que el “peregrino de la fe” como lo había bautizado Scioli, se fue con Mauricio, y encima critica a su viejo amigo. Dice que lo pusieron de candidato bonaerense a dedo, vaya hallazgo.

Es que Scioli, el ex menemista, no garantiza la represión franca que quiere Blumberg, a pesar de Arslanian y la bonaerense. Lo que quiere el ingeniero se lo puede ofrecer su colega Mauricio, más sincero que el kirchnerismo a la hora de anunciar la represión que vendrá de su mano. Macri garantiza que las marchas -salvo las de Blumberg- serán “despejadas”, que los piqueteros -aun los kirchneristas- serán debidamente encarcelados, que el pueblo de Gualeguaychú será arrasado por la gendarmería para permitir que la gente bien vuelva a Punta. Macri garantiza higiene social para erradicar travestis y prostitutas, y que se criminalice de una vez por todas la minoridad pobre. A Blumberg no le alcanza con la represión kirchnerista, ni siquiera la de los que tienen la escuela de Ruckauf.

MÁS MUERTOS EN CÁRCELES
El 19 de marzo pasado hubo una nueva masacre dentro de una cárcel, la Unidad Penal Nº 1 del Servicio Penitenciario Provincial de Corrientes. Esta vez murieron Ramón Centurión, José Oscar Ramírez y Samuel Céspedes, el último luego de cuatro días de agonía en el Hospital Escuela. Los asesinatos se cometieron cuando un grupo del pabellón 1 entró al pabellón 10 armado de facas, unas pistola calibre 38 y un hacha que habrían recibido durante una requisa. Da la casualidad que uno de los presos, Ramón Centurión (a) Arnold estaba a punto de hacer una denuncia al servicio penitenciario en relación a las “salidas laborales” que realizaba y que los miembros del servicio penitenciario utilizan para hacer más rentable su trabajo, liberando presos para que salgan a robar y traigan algo de dinero a las arcas de los funcionarios.

Uno de los detenidos, Fernando Arrúa, dijo que en los incidentes hubo una “zona liberada”, herramienta preciada no sólo del Servicio Penitenciario, sino común a las fuerzas en general. Recordemos cómo la policía utiliza las zonas liberadas para poder armar sus negocios de seguridad privada y a la vez, cuando el negocio lo requiere, asesinan algún ladrón para demostrar la efectividad de sus servicios. Es evidente que aquí el negocio entre Centurión y el SP no andaba más y fue necesario eliminarlo, tarea delegada en manos de los grupos de presos más cercanos al poder de la cárcel.

Como siempre, la respuesta oficial es la purga, para intentar disimular lo más rápido posible la responsabilidad del estado. El jefe del Servicio Penitenciario comisario general (R) Miguel Angel Domínguez ya salió a anunciar la remoción de siete oficiales superiores del Servicio, no sin aclarar que ellos no son responsables de nada y que la remoción es sólo para facilitar la investigación.

Pero las purgas se suceden y los presos siguen siendo asesinados, quemados vivos o torturados hasta la muerte y casualmente, con un poquito de profundización en el tema, siempre sale a la luz la necesaria responsabilidad del Servicio Penitenciario en los crímenes que se cometen bajo sus narices, cuando no los cometen, como en la mayoría de los casos, ellos mismos.

REFUERZO DE MILITARIZACIÓN EN ESTACIONES DEL EX SARMIENTO
TBA (Todos Bien Apretados) ahora sera TBR (Todos Bien Reprimidos). Está visto que la pueblada de Haedo en noviembre de 2005 trajo a TBA y al gobierno la necesidad imperiosa de reforzar los agentes represivos, además de aumentar los subsidios. La muestra más evidente es que lo primero que se reconstruyó en la estación, además de la cabina para seguir cobrando el pasaje de un servicio que nunca prestan, fue la “piecita de los gendarmes”: una habitación de concreto con puertas de acero y ventanas enrejadas inaccesibles a la vista externa que en otras oportunidades ya hemos reportado que es utilizada, como en otras estaciones, para detener pasajeros clandestinamente.

Esta semana fue en la estación de Ramos Mejía que los pasajeros del Sarmiento manifestaron espontáneamente el hartazgo de ser vejados, sin solución de continuidad, con cortes de servicios a mitad de trayecto y demoras interminables. La respuesta no se hizo esperar. Con la excusa de la retención de tareas de los maquinistas y la promesa de darles “seguridad”, se refuerza la militarización de las estaciones y se define que gendarmería estará presente en todas las estaciones, así como ya hemos advertido la presencia de prefectura en las salidas de los túneles que comunican estaciones.

Son setecientas mil las personas que a diario viajan en tren: ¿se viene la construcción de edificios de gendarmería en los andenes para reprimir y detener clandestinamente a pibes del conurbano? Ciento trece fueron los presos de Haedos y Roberto Canteros aún está encarcelado.¿Que harán gendarmería y toda la bonaerense cuando el hartazgo del pueblo contra TBA y el gobierno que les asegura la concesión aumentando los subsidios, llegue al límite?.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Martes 3 y miércoles 4, desde las 8:30, sigue en el tribunal criminal nº 1 de Lomas de Zamora, Camino Negro y Larroque, el juicio contra los policías Silva, Fiordomo, Gómez y Gnopko, por la tortura seguida de muerte de Diego Gallardo. Más información sobre el jucio en:

http://cablemodem.fibertel.com.ar/juicioalatortura/

CORREPI