Boletín Informativo Nº 422

NO ES UN POLICÍA…
El policía José Damián Poblete que fusiló a Carlos Fuentealba tenía dos condenas por tortura, esa práctica sistemática estatal que jueces y fiscales maquillan llamándola “apremios ilegales” o “vejaciones”. No sólo estaba en libertad, sino que seguía en funciones como policía a pesar de que junto con las penas en suspenso lo habían inhabilitado. Además de las dos condenas (una firme, la otra apelada en la Cámara de Casación) registra una serie de denuncias por cuestiones personales como amenazas a su pareja, y más importante todavía, es uno de los policías acusados por “abuso de armas” en la jornada del 12 de abril de 1997 en Cutral-Co. Más claro: es uno de los policías que disparó contra los manifestantes el día que mataron a Teresa Rodríguez.

Como en tantos otros casos que nos cansamos de denunciar sin que se conmueva la opinión pública -como sí ha ocurrido en este caso-, el asesino es de carrera. Como el bonaerense Héctor Eusebio Sosa, que mató en la Navidad pasada a dos jóvenes por la espalda cuando debía estar exonerado por el homicidio en 1999 de Víctor “Frente” Vital; como el federal Justo José Luquet, que fusiló a Marcelo Báez en 2002 pese a que estaba procesado por una causa fraguada en la que fue luego condenado; como Lorenzo Colman, uno de los asesinos del Puente Pueyrredón, que un año antes había fusilado al adolescente Oscar Maidana en la Isla Maciel. Como Edgardo Russo, vinculado por casamiento y amistades con la gran familia judicial, que siendo subcomisario mató al inmigrante peruano José Llancari Núñez en 2000, dos años más tarde fue encubridor en el homicidio de Luis Guzmán y terminó su carrera ascendido a comisario. Como el comisario Espósito, asesino de Walter Bulacio, que nunca fue echado de la policía, ni siquiera después de retirado por propia voluntad, cuando ya hubiera sido meramente simbólico. O como el fusilador del 20 de diciembre Ernesto Weber, también ascendido a comisario como premio por los homicidios de Plaza de Mayo en 2001 y por la represión a la Legislatura en 2004.

Muchos se rasgan las vestiduras preguntándose cómo puede ser posible que esos antecedentes pasen inadvertidos o se les escapen a los jefes del aparato represivo, con lo que reducen la cuestión a una incomprensible serie de torpezas, descuidos y negligencias que se resolverían con “mecanismos de control” más aceitados o funcionarios más atentos y diligentes. El argumento exculpatorio del poder político se cae por su propio peso: no es que ignoren esos antecedentes, sino que es el perfil de policía que necesitan para reprimir. Lejos de ser una traba para el ascenso, haber estado en la represión de Cutral Co, de Plaza de Mayo, o tener uno o dos gatillos impunes en su haber es parte del necesario curriculum para avanzar en la carrera policial, por lo menos hasta que la cosa se hace pública. Entonces, le sueltan la mano al ejecutor de su política y lo señalan con el dedo como si las órdenes se las hubiera dado otro.

Lo vimos en acción cuando el subsecretario de seguridad de Neuquén, Raúl Pascuarelli, salió a hacerle de abogado defensor a Poblete, anticipando que “se trató de un error policial, pudo haber tropezado, lo pueden haber empujado o puede haber recibido un proyectil”. Lo ratificó Sobisch al hacerse cargo de las órdenes, pero “no de los excesos”. Obligado por las circunstancias a abandonar al sicario, bienvenida la tesis del exceso. “Excesos” que han matado 660 personas desde mayo de 2003 en todo el país, dicho sea de paso.

…TAMPOCO SÓLO UN GOBERNADOR
El repudio al asesinato de Carlos Fuentealba ha sido unánime, desde todos los colores políticos e incluyendo al gobierno nacional, que no va a perder la oportunidad, por sí o por sus personeros, de pintarse la cara de defensor de los DDHH mientras de paso saca de carrera un contendiente electoral. Con el incondicional apoyo de la CTERA y la CTA, la primera respuesta oficial fue la conferencia de prensa encabezada por Hugo Yasky y Horacio Verbisky, con el objetivo de absorber y cooptar el conflicto neuquino para sí, ocultando que las bases docentes neuquinas no responden a la entreguista dirigencia nacional. Con la “pequeña ayudita de los amigos”, como los organismos de derechos humanos kirchneristas, Yasky ocultó también que la pelea docente se extiende a Salta, La Rioja y Santa Cruz, donde la política de K no es muy diferente de la de Sobisch a la hora de represaliar la protesta.

Así como pretenden nacionalizar bajo la dirección de la burocracia de CTERA y CTA la lucha de los trabajadores, pretenden provincializar la responsabilidad por la represión. Jugando de federalistas, usaron cualquier argumento para sostener que la asesina es la policía Neuquén, y que la represión la ordenó el gobernador. Quieren hacer creer que hay un método represivo “malo”, y uno disuasivo “bueno”, que es el de ellos.

También la derecha más franca entró en crisis. El menemista Puerta y Macri tuvieron que romper el romance con Sobisch, del mismo modo que el segundo se sacó de encima a Di Zeo, y tuvieron que repudiar, haciendo eje en su caso en la calidad de la víctima, al que pronto empezaron a mencionar como el “inocente maestro asesinado” mientras se iba pacíficamente del corte. Nuevamente la idea de “víctima inocente”, que parte del presupuesto de que hay otras “culpables”. Si en lugar de un profesor de química luchando por una mejora salarial, hubiera sido un piquetero, el “pecado original”, el corte de ruta, hubiera sido elevado a la categoría de justificación plena de la represión. Quedó sólo Blumberg, más fiel, insistiendo en que “lo grave es que se corten las rutas”.

Pero, argumenten por derecha o por izquierda, todos los que limitan la responsabilidad al poder político provincial, a Sobisch y su “policía brava”, al “fascismo” encarnado en el neuquino y sus símiles Macri, López Murphy o Blumberg, o variantes por el estilo, lo que hacen -lo digan o lo disimulen- es defender al gobierno nacional con argumentos reduccionistas como “no son lo mismo”, intentando esconder que en definitiva, más allá de los matices y de sus internas, Kirchner y Sobich representan y defienden los mismos intereses, los de los explotadores.

No sólo Sobisch es el autor intelectual del homicidio. El poder ejecutivo nacional, que se ha cansado de reprimir a lo largo y ancho del país, y sólo por casualidad no produjo desde 2003 más que una muerte en una movilización popular (Luis Marcelo Cuéllar, en Jujuy), también salió a bancar la represión en las rutas neuquinas. El ministro-candidato Filmus justificó la represión diciendo que la lucha de los docentes no domesticados por la kirchnerista CTERA fue una “provocación” impulsada por un “grupo de troskistas” que decidieron cortar la ruta justo un fin de semana largo. Hugo Yasky, bien calificado por una docente neuquina como “ministro sin cartera” del gobierno nacional, habló del “método del garrote de la dictadura”, cuando el policía Poblete, nacido en 1972, no había terminado la primaria en 1983. Aníbal Fernández confesó que “en dos provincias (Salta y Neuquén) se nos dificulta el control de la protesta”. Se olvidó de Santa Cruz, donde la gendarmería controla las escuelas, y de los centenares de protestas reprimidas en todo el país que los medios silencian a cambio de publicidad oficial.

Cuando Víctor Choque y Teresa Rodríguez fueron asesinados en Tierra del Fuego y Neuquén por fuerzas de seguridad provinciales, la relación del presidente Menem y su partido con los gobernadores Estabillo y Sapag no era muy diferente a la que hoy sostiene Sobisch con el presidente Kirchner, como no lo era la relación del gobernador Romero de Salta con el presidente De La Rua cuando cayeron Barrios o Santillán. Kirchner y Sobisch, disputas intestinas aparte, comparten intereses petroleros como han compartido actos y tribunas cuando les conviene, y son corresponsables de la represión que mató a Fuentealba.

CON EL PUERTO NO SE JODE
Un par de horas antes de que Aníbal Fernández comenzara la cacería contra Quebracho y otras organizaciones, los asambleístas de Gualeguaychú se encadenaron a las rejas de Buquebus en Puerto Madero para obstaculizar el ingreso de pasajeros rumbo a la república pastera de Tabaré Vázquez.

Igual que la de los maestros neuquinos, no era precisamente violenta la protesta de los ecologistas entrerrianos. Sin embargo, Aníbal “el saturador” metió toda la Prefectura para impedir cualquier tipo de “desborde”, como les gusta decir desde los pasillos de la Rosada a los eufemísticos represores. Claro que los robocops de los ríos echaron a los garrotazos a los asambleístas y ya que estaban detuvieron a dos de ellos.

No fue la policía neuquina, sino una fuerza de seguridad que depende directamente de ejecutivo nacional la que encarceló a dos manifestantes, apaleó a muchos y lesionó de forma importante a tres de ellos. Los detenidos recuperaron la libertad a la noche, cuando Gualeguaychú estaba cortando la ruta 14, la del Mercosur.

A la hora de justificar la represión, Aníbal Fernández se responsabilizó sin vueltas, y al mejor estilo sobischista, afirmó que “Con el puerto no se jode”. ¿No será que con los negocios de la empresa naviera no se jode?.

LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS
Casi al mismo tiempo que se confirmaba el fin de la agonía del docente Fuentealba, un grupo de organizaciones populares, entre ellas Quebracho, marcharon a la Casa de Salta y a un local partidario del gobernador Sobisch para repudiar las represiones a movilizaciones docentes de los pasados días. La policía federal detuvo 16 manifestantes, entre ellos 5 menores de edad, que fueron conducidos a la comisaría 4ª, y luego trasladados a la dirección de investigaciones en Magariaga y Gral. Paz.

Después del frustrado intento de allanar un local de Quebracho invocando órdenes del Ministerio del Interior, fue detenido en la vía pública su referente público, Fernando Esteche. Liberados en el curso de la noche los menores, los restantes detenidos fueron llevados en horas de la madrugada a los tribunales federales de Comodoro Py, donde estaban previstas las indagatorias a partir de las 10:00.

El trato que recibieron allí los detenidos mereció la denuncia de los organismos que asumieron su defensa, CORREPI, Fidela y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, pues primero fueron mantenidos en el interior del camión de traslado al rayo del sol hasta las 11:00, y a partir de esa hora llevados al edificio, donde permanecieron esposados, sentados o arrodillados, con la cabeza gacha y mirando el suelo hasta que empezaron sus declaraciones cerca de las 18:00. A medida que se los subía al juzgado del Dr. Ariel Lijo se los colocaba de a cuatro, esposados a la espalda, con la frente contra la pared y siempre forzados a mirar el piso. Faltaban los uniformes anaranjados para que pareciera Guantánamo.

Sólo después de que los abogados de los organismos se negaron a comenzar las indagatorias con los compañeros esposados, autorizó el juez que se sacaran las maniolas, revelando en todos los casos lesiones típicas.

A pesar de que los compañeros fueron detenidos en distintos momentos y lugares, a todos se les imputó, como es costumbre en estas detenciones masivas, el mismo conjunto de hechos, sin individualizar la conducta concreta reprochada a cada uno. De allí que se negaran a declarar, realizando en cambio la denuncia del maltrato recibido. Como ya ha trascendido, el juez Lijo -el mismo que entregó a los presos políticos paraguayos al gobierno represor de su país- denegó las excarcelaciones, lo que será apelado el lunes por la defensa de los compañeros.

Los organismos denunciaron asimismo la manera insólita en que fueron impedidos por la policía a acceder al tribunal por varias horas, y que una vez allí fueron confinados a un pasillo en el que debieron permanecer en medio de un despliegue de fuerzas especiales de la policía y el servicio penitenciario inusitado, máxime cuando por ser feriado el edificio estaba vacío y el juzgado de Lijo era la única dependencia funcionando. Así trata el “gobierno de los derechos humanos” a los presos políticos.

ENTRAN POR UNA PUERTA Y SALEN POR OTRA… SI SON POLICÍAS
El 2 de marzo de 1996 la mamá de Cristian Campos, apodado “El Chavo”, de 16 años, lo mandó a comprar pañales para su hermanita. Poco después su cuerpo torturado, con seis disparos de Itaka y calcinado apareció en un descampado cercano. Tres policías fueron detenidos cuando volvían al día siguiente con más combustible y gomas de auto para terminar de quemarlo. Las pericias indicaron que el pibe estaba todavía vivo cuando lo prendieron fuego.

El sargento Eduardo Jurado y los cabos Jorge Guiguet y Claudio Ciano fueron condenados a reclusión perpetua por aplicación de tormentos seguidos de muerte, en una de las pocos fallos aplicando ese delito en todo el país. El agente Marcos Rodríguez recibió una pena de 15 años de prisión por el encubrimiento.

Menos de diez años después de la condena por el delito más grave que registra nuestro ordenamiento penal, y el más aberrante de los crímenes de estado, el sargento Jurado recuperó esta semana su libertad. La razón, que la sentencia no está firme pues en todos estos años la Corte provincial no tuvo tiempo de confirmarla…

Como venimos diciendo a raiz del juicio por la tortura seguida de muerte de Diego Gallardo, todo vale para avalar la tortura. Si se puede, impunidad para los ejecutores, como en el caso de Andrea Viera. Si no se puede, entonces no usan la figura de torturas, y hablan de severidades o de apremios como en el caso de Jorge González o Diego Gallardo. Si tampoco se puede, condenan por homicidio y no por tortura como en el caso Rodríguez Laguens o por tortura y no por tortura seguida de muerte como en el caso de Cristian Domínguez Domenichetti. Finalmente, si todo les falla y tienen que condenar por tortura seguida de muerte, la reclusión perpetua se convierte en unos diez añitos a lo sumo a la sombra, con la excusa de que la sentencia no está firme.

Pronto se verá a Jurado haciendo seguridad privada en beneficio de la tranquilidad pública de la ciudad feliz, como cualquier buen funcionario público privado injustamente de su chapa.

EN ITALIA SE MATAN ENTRE ELLOS Y LO APROVECHAN
En febrero pasado un oficial de policía, Filippo Raciti, murió durante la represión a hinchas de fútbol luego de un partido entre Catania y Palermo. Un joven de 17 años fue encarcelado como autor del homicidio, acusado de haberle arrojado un trozo de metal que le causó lesiones en el hígado y fracturas de costillas. El hecho fue aprovechado para justificar una ola de mano dura y promover la sanción de una serie de leyes represivas para espectáculos públicos, suspendiendo incluso los partidos hasta que se pusieron en vigencia.

Sin embargo ahora se comprobó que la muerte del policía fue causada por otro uniformado que retrocedió con el patrullero sin mirar por el retrovisor y lo atropelló. Por las dudas el muchacho igual irá a juicio, y las modificaciones legislativas represivas hechas al amparo del escándalo por el supuesto crimen cometido por un hincha seguirán aplicándose.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES:

El lunes 9 y el viernes 13, desde las 8:30, continúa el juicio oral a los torturadores y asesinos de Diego Gallardo en Camino Negro y Larroque, Banfield (Tribunal Criminal nº 1, sala del tercer piso).

En La Plata, escuchá Atando Cabos, el programa de radio de CORREPI, los lunes a las 21:00 por Radio Futura, FM 90.5.

CORREPI