Boletín Informativo Nº 425

WALTER BULACIO: 16 AÑOS
El viernes 27 de abril CORREPI convocó a una marcha y acto al cumplirse 16 años de la detención y muerte de Walter Bulacio, el pibe de 17 años apaleado en la comisaría 35ª después de ser uno más del centenar de detenidos en un recital de rock. El Caso Bulacio, además paradigma de la denuncia de la represión policial en Argentina, al punto de ser el primero por el que el estado argentino ha sido condenado por un tribunal internacional, sigue siendo motor de la organización de la juventud contra las detenciones arbitrarias y las torturas en comisarías, dos de las herramientas represivas sistemáticas y cotidianas.

Cerca de las cinco de la tarde los militantes de CORREPI, entre ellos muchos familiares de víctimas de la represión policial, nos empezamos a concentrar en el Obelisco, adonde fueron llegando las delegaciones de estudiantes secundarios como la Agrupación X, y compañeros de diversas organizaciones políticas (CPS 29 de Mayo, MTR Santucho, Convergencia Socialista, MTR La Dignidad, MTR 12 de abril, CUBa-MTR, Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos, etc.) y gremiales como la Junta Interna de Trabajadores del Hospital Garrahan y trabajadores de los peajes de las autopistas. También participaron compañeros del Colectivo del Alto de Bariloche, de Chaguar de Salta y de Nosotros de Misiones.

Encolumnados tras la bandera con la consigna EL GATILLO FÁCIL Y LA TORTURA SON CRÍMENES DE ESTADO que llevaban la abuela de Walter, María Armas de Bulacio y su nieta Tamara junto a familiares de Jonathan Mansilla, Rodrigo Corzo, Marcelo Rivero, Diego Gallardo, Héctor Otero, Jorge González, Matías Bárzola, Damián Blanco, Miguel Da Silva, etc., marchamos hasta Callao y Corrientes, donde los referentes de las organizaciones presentes intervinieron, denunciando la situación represiva y reclamando la libertad de los presos políticos. La compañera Mariana de CORREPI dijo a su turno:

Hoy se cumple un año más del asesinato de Walter Bulacio. Al contrario de lo que se suele creer, que la represión en nuestro país está dividida en dos vertientes que no se vinculan entre sí, el asesinato de Walter y el tratamiento mediático y legal que ha recibido este caso, hoy en tiempos en que se suma un militante más a la lista de luchadores asesinados, demuestra que las prácticas represivas del estado hacia pibes pobres no organizados y hacia militantes del campo popular son parte de una misma estrategia de dominación.

El comisario Espósito, principal responsable de la muerte de Walter, gozó de las mismas garantías legales que el asesino de Carlos Fuentealba: el policía Poblete. Como Espósito y Poblete, tantos otros asesinos que fusilan a nuestros pibes en las calles continúan trabajando con ascensos y cargos cada vez más importantes, la impunidad garantizada.

El 30 de septiembre de 2004 el policía Walter Daniel Taljuk asesinó a Mauro Orellana en Tucumán, el castigo para este asesino fue pasar a ser la custodia personal de León Alperovich, el hermano del gobernador.

Hector Eusebio Sosa, que debía estar exonerado por el asesinato del Frente Vital en 1999, en Navidad de 2006 asesinó por la espalda a dos pibes en San Isidro.

Lorenzo Collman, que debía estar preso por el asesinato de Oscar Maidana en la Isla Maciel, estuvo en funciones participando de la represión en el Puente Pueyrredón que terminó con la vida de Darío y Maxi.

Ernesto Weber fue premiado por el gobierno nacional con el cargo de comisario por el buen desempeño el 20 de diciembre donde el operativo que dirigió asesinó a Rivas, Lamagna y Petete Almirón.

El estado, gobierne quien gobierne, hace lo posible por mantener en funciones a los asesinos que le garantizan una labor eficaz a la hora de reprimir. Es el ejemplo de Poblete, que imputado en varias causas, salió a reprimir con la chapa del estado y cumplió con su trabajo asesinando a un compañero.

Sólo en el último mes hemos sido testigos de numerosos desalojos, persecuciones y detenciones a compañeros. Por repudiar el asesinato de Fuentealba todavía están presos 4 militantes, por luchar por su salario todavía están presos 5 trabajadores de Las Heras.

Por eso decimos que no es un policía, es toda la institución. Porque la institución entera es la que se encarga de perseguirnos, encarcelarnos y reprimirnos en los barrios.

Por eso decimos que el aparato represivo es el estado. Porque ya pasada la dictadura los nuevos policías que son entrenados hoy son los que continúan torturando y asesinando, como asesinaron a Walter hace 16 años. Policías formados con cursitos de Derechos Humanos, formados en esta democracia.

Por eso decimos que la única forma de enfrentar la represión es organizándose para luchar, y luchar por la libertad de todos los compañeros presos por pelear por sus derechos, que son los derechos de todos.

Libertad a todos los presos políticos - Amnistía a todos los luchadores populares - Basta de represión - Las torturas y el gatillo fácil son crímenes de estado - Aparición con vida de Jorge Julio López. Walter Bulacio, Carlos Fuentealba, 30.000 compañeros desaparecidos y más de 2000 pibes asesinados por el gatillo fácil: ¡PRESENTES!.

SÓLO CUANDO SE TRATA DEL PASADO
Siguiendo con Bulacio, hace más de 3 años que la Corte Interamericana de DDHH dictaminó que en Argentina hay un conjunto de normas como la averiguación de antecedentes y los códigos contravencionales, y un conjunto de prácticas policiales no normadas que deben ser erradicadas como parte del cumplimiento de la condena en el Caso Bulacio. Desde entonces venimos denunciando el sistemático incumplimiento, que sólo se explica porque para este gobierno -y cualquier otro que defienda similares intereses- es más importante disponer de esas eficaces herramientas represivas que cumplir con los pactos internacionales de derechos humanos.

También jueces y fiscales se hacen los burros frente a otra de las decisiones de la Corte IDH, y se “olvidan” de reconocer en sus fallos que, como lo dice la sentencia del caso Bulacio, el crimen policial es crimen de estado, y por lo tanto los delitos como los fusilamientos de gatillo fácil o las torturas en comisarías y cárceles deben recibir igual tratamiento judicial que los considerados “de lesa humanidad”. Como lo vimos recientemente en la condena a prisión perpetua del caso Gallardo, la tortura actual en comisarías es para los jueces un homicidio, a lo sumo agravado, es decir un delito individual en el que el estado no tiene nada que ver.

Pero sí se acuerdan de las obligaciones internacionales del estado y de la condena en el caso Bulacio cuando el asunto se refiere al pasado y no afecta la capacidad represiva actual. Así, leyendo el fallo que esta semana decretara la tan demorada nulidad de los indultos otorgado a los genocidas Videla y Massera por el ex presidente peronista Carlos S. Menem, encontramos que la Cámara Federal cita textualmente que la Corte Interamericana de DDHH “… reiteró el alcance de la obligación que emana del artículo 2 de la Convención en el caso “Bulacio”, afirmando que el cumplimiento del deber allí establecido implica la supresión de normas y prácticas de cualquier naturaleza que impliquen una violación a los derechos y garantías que resguarda el tratado, y además, la promoción de normas y prácticas que guíen a cada Estado Parte hacia el cumplimiento cabal de la Convención (Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso “Bulacio vs. Argentina”, fallado el 18/09/2003).

No está de más repetir que las normas y prácticas que deben ser suprimidas conforme el fallo del caso Bulacio son la facultad de detener personas en averiguación de antecedentes, las faltas y contravenciones, las razzias, es decir, lo que CORREPI denunció ante la Corte como práctica sistemática del estado argentino para ejercer el control social. Para derogar los indultos (y lo bien que está que los anulen) el fallo Bulacio es doctrina legal en Argentina. Para sacarle a las fuerzas de seguridad las facultades de detenernos cuando y como quieran, o para decir que la tortura es crimen de estado hoy también, no saben ni contestan.

LE CONTESTAMOS EL PEDIDO DE INFORMES A LOS DIPUTADOS
Trascendió esta semana, a raiz de la pelea entre patotas oficiales de distinto palo en el Mercado Central, que hace unos meses un grupo de diputados pidió al poder ejecutivo que informara sobre los antecedentes del ex comisario Pedro Montesino, contratado como personal de conducción y asesor de la presidencia de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires por el gobierno nacional.

Para que los señores diputados no tengan que esperar que sus colegas del ejecutivo les respondan, les contamos nosotros quién es Pedro Montesino. Es el comisario titular de la Comisaría 7ª de Castelar en la que, en febrero de 1998, estaba preso por el delito de tortura seguida de muerte el oficial inspector Luis Alberto Farese, uno de los cinco policías que mataron a Sergio Durán (17) en la comisaría 1ª de Morón el 6 de agosto de 1992.

Farese estuvo prófugo desde 1993 hasta 1997, tiempo durante el cual no sólo siguió cobrando sus haberes, sino que lo hacía concurriendo personalmente, documento en mano, al actual Ministerio de Seguridad de la Plata. Los recibos con la firma de su puño y letra están agregados, a nuestro pedido, en la causa penal. Hasta cobró el sobresueldo o premio especial que el gobernador Ruckauf dio como incentivo a la policía bonaerense poco antes de las megapurgas de principios de 1997 en la primera gestión de Arslanián.

Detenido en octubre de 1997, Farese esperaba en la comisaría de Castelar que la Cámara Criminal de Morón fijara fecha para el juicio en el que sería juzgado por la tortura seguida de muerte de Sergio Durán, como ya lo había sido el oficial Jorge Ramón Fernández, y como lo fueron después los cabos Nicolosi y Gastelú. Pero la madrugada del 5 de febrero de 1998 Farese se escapó de la comisaría. Salió por la puerta del frente, vestido con un uniforme policial, saludó al consigna, y se perdió de vista. Nunca más fue encontrado, y como al otro prófugo, el subcomisario Miguel Angel Rojido, lo seguimos buscando.

En la causa penal que investigó la peculiar fuga quedó más que en evidencia la responsabilidad del comisario Pedro Montesino, y quedó en ridículo la intervención civil de la policía bonaerense dirigida por Luis Lugones, igual que su delegado en Morón, el también civil y abogado Martín Gutiérrez, que se enteró de la fuga cuando abogados de CORREPI le avisaron, y sólo atinó a decir “me pasaron por arriba”. Para aplacar el escándalo, Lugones exoneró a Montesino. Siempre decimos que los policías exonerados encuentran rápidamente trabajo en la seguridad privada, pero Montesino tuvo un trato especial: fue designado por el Poder Ejecutivo Nacional como asesor del presidente de la Corporación del Mercado Central. No se puede negar que el gobierno tiene conciencia ecológica, y promueve el reciclaje.

A FACUNDO LO MATÓ LA POLICÍA
Hace casi un mes Facundo Novillo, de 6 años, murió en Córdoba. Los diarios informaban que el auto de su madre había quedado en medio del fuego cruzado en un enfrentamiento entre dos bandas de narcos. El crimen de Facundo, así, fue usado para propagandizar la necesidad de más policía, más seguridad y más militarización de los barrios.

Pero identificados los autores, para sorpresa de muchos -no de CORREPI- el fiscal debió anunciar que son un policía y un militar, ambos en actividad. Para más datos, ambos tienen antecedentes en su haber, según informó La Voz del Interior. Tuvieron juntos una causa por acopio de armas de guerra y son conocidos en el barrio de Colonia Lola porque alquilaban armas a delincuentes de la zona.

El sargento ayudante del ejército Roberto Serviliano Moreno había sido pasado a disponibilidad en febrero de 2006 después del allanamiento en su casa donde se secuestraron 8 granadas FKM-2, un FAL con 700 cartuchos calibre 7.62, una pistola 7.65 y una 6.35, una escopeta calibre 12, una pistola calibre 44, una pistola calibre 22, un revólver 32 largo, una escopeta calibre 16 tipo Winchester y una pistola calibre 9 milímetros. El mismo día, en la casa del cabo primero de policía Horacio Antonio Grasso, se encontraron dos chalecos antibalas y un chaleco reflectario con la inscripción Policía de la Provincia, varias cachas de armas de puño, caños de revólveres, cargadores de pistolas, cartuchos 9 milímetros y de los calibres 12 y 16, además de cinco gramos de picadura de marihuana.

Pero como nunca fueron llevados a indagatoria en esa causa ni mucho menos procesados, fueron reincorporados al servicio activo. El tiroteo en el que mataron a Facundo fue un ajuste de cuentas con uno de sus “clientes” de Colonia Lola. Hay un tercer sospechoso, también policía, al que el fiscal está intentando identificar. Como se ve, no sólo el sureño Poblete tenía antecedentes.

FUSILAN TESTIGO DEL CASO VIERA
Jorge Galván Plaza (31), estaba detenido en la comisaría de Florencio Varela en mayo de 2002, y fue uno de los testigos que contaron cómo la policía torturó a Andrea Viera y su novio en esa dependencia, después que los detuvieran por un robo al que eran totalmente ajenos. Ambos fueron golpeados para que confesaran, y en el caso de Andrea los tormentos causaron su muerte doce días después.

De los cinco policías procesados sólo una oficial femenina fue condenada por tortura seguida de muerte, porque según los jueces “no alcanzaron las pruebas” para responsabilizar a los demás uniformados. Y pese a la condena a perpetua, autorizaron que la oficial Oviedo tuviera prisión domiciliaria por razones médicas.

Galván Plaza apareció ayer muerto con un tiro en la cabeza al costado de un camino de tierra, en Florencio Varela, cerca del Barrio Pepsi. Los investigadores dicen que no parece una venganza policial por el tiempo transcurrido desde el juicio. Es menos que el que había pasado cuando la policía cordobesa fusiló a Sergio Raúl Pérez, testigo principal que permitió condenar a un policía por el asesinato de Miguel A. Rodríguez, caso en el que se condenó a 9 años de prisión al cabo Cruz, y se probó que mató a Sergio como represalia por haber declarado contra el primer asesino.

LA “GARZONADA” DE NODO50
Como saben nuestros lectores, la web de CORREPI está alojada en la Red La Haine, que a su vez utiliza el servidor de Nodo50. El lunes 23 de abril Nodo50 bloqueó la publicación de noticias en La Haine, lo que afecta igualmente a todos los integrantes de la Red. La medida fue represalia por la publicación de unas caricaturas de mal gusto referidas a un miembro destacado de Nodo50, colgadas por un colaborador de La Haine, y que fueron inmediatamente dadas de baja por el colectivo de contrainformación con las disculpas del caso cuando lo advirtieron.

Pese a ello, la autoritaria medida, que los compañeros de La Haine señalan que recuerda a los cierres de periódicos y webs ordenados por el juez Garzón, sigue vigente, de manera que hasta tanto se levante, o la Haine pueda mudarse a otro servidor, la página de CORREPI (www.correpi.lahaine.org) no podrá ser actualizada, igual que las de los demás integrantes de la Red La Haine.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Sábado 5 de mayo, 15:00, escrache a la comisaría 6ª de Palomar a 10 meses del asesinato de Jonathan “Tato” Mansilla. Salimos de Bradley y Jufré, Villa Tesei.

En La Plata, escuchá Atando Cabos, el programa de radio de CORREPI, los lunes a las 21:00 por Radio Futura, FM 90.5.

CORREPI