Boletín informativo Nº 428

BENETTON LE PRESTA UN CAMPITO AL GEOP
La comunidad mapuche Santa Rosa-Leleque denunció esta semana que el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) de la provincia de Chubut utiliza un campo usurpado por el grupo Benetton para que esa fuerza realice ejercicios de entrenamiento. Teniendo en cuenta que esta comunidad volvió a ocupar un predio por el cual se encuentra en conflicto con el grupo italiano desde hace cinco años, suenan inverosímiles las declaraciones del comisario Juan Ale de que “no están intimidando a la comunidad aborigen”.

Según una página oficial del gobierno de Chubut, el GEOP es una fuerza especial que, entre otras cualidades represivas, “interviene en situaciones que alteren gravemente el orden y la seguridad pública, poniendo en peligro la vida y los bienes de las personas” o “en todo hecho o situación similar que afecte gravemente el orden constitucional y la seguridad pública…” es decir, al servicio de la defensa de la propiedad privada del poder económico al que sirven.

Además, la comunidad mapuche ha denunciado oportunamente que Benetton no sólo le presta un “campito” al GEOP, sino que además le ha cedido a la provincia de Chubut el predio donde se instaló la subcomisaría de Leleque y que corren por cuenta del grupo italiano el mantenimiento del parque automotor y otros gastos operativos de la fuerza en la localidad de El Maitén.

Consultado sobre el hecho de que el GEOP esté entrenando a la vista de la comunidad mapuche organizada para reclamar las tierras que historicamente le pertenecen, el comisario general Ale dijo que “es una simple coincidencia que el próximo año trataremos de evitar para que no se preste a malos entendidos”. El comisario Ale niega de esta manera el carácter amedrentador, de control y disciplinamiento de las fuerzas de seguridad en democracia -razones que justifican su existencia y perfeccionamiento- hacia los sectores organizados. Como si estuvieran al servicio de la comunidad…

CON UNA PEQUEÑA AYUDA DE LOS AMIGOS
El 12 de diciembre del año pasado, CORREPI denunció penalmente al embajador británico John Hughes, al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto Jorge Taiana y al ex cabo de la PFA Pablo Marcelo Domínguez, por el delito de desobediencia a condena judicial. Es que habíamos descubierto que Domínguez, echado de la policía y condenado por un caso de gatillo fácil, había sido contratado, con conocimiento y aprobación de la cancillería, como personal de seguridad en la embajada británica, con un sueldo en blanco de más de $ 2.000. La denuncia fue hecha ante la Corte Suprema, ya que uno de los denunciados es el representante en el país de un estado extranjero.

Desde entonces la única novedad que tuvimos fue que para evitar toda repercusión pública despidieron inmediatamente a Domínguez, lo que evidentemente dio resultado ya que ningún medio de comunicación de importancia se hizo eco de una situación tan escandalosa como un policía convicto por un hecho represivo cuidando, armado, una embajada extranjera.

Mientras tanto, la causa radicada ante la Corte pasó estos cinco meses sin trámite alguno, más que “circular” de despacho en despacho. En febrero estuvo en la vocalía del Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni. Todo marzo lo pasó en el escritorio de la Dra. Carmen Argibay. Durante abril estuvo en las vocalías de Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda, para finalmente recalar en la de la Dra. Elena Highton de Nolasco. También visitó el despacho del procurador de la Corte, Dr. Righi, que opinó que no es un tema de competencia de la Corte. Los cortesanos acordaron, y esta semana fuimos notificados que será sorteado algún tribunal inferior para iniciar la investigación, cuando estamos a casi medio año de la denuncia.

Si para el periodismo fue un hecho menor que un condenado por gatillo fácil hiciera de custodio privado en una embajada, para los jueces de la “renovada” Corte no es secundario. Se tomaron a propósito cinco meses para decidir que son incompetentes, otro tanto transcurrirá para sortear juzgado, vendrá la discusión entre el fuero federal y el ordinario por la persona del embajador y el canciller, y enseguida estará algún juez en condiciones de decidir… que el delito de desobediencia prescribió, y mandar la causa al archivo. Seguramente el embajador y Taiana convocarán a un “five o´clock tea” a la Corte y el Procurador, y buscarán un viejo tocadiscos para pasar aquello de “Con una pequeña ayuda de mis amigos” de Los Beatles.

VIEJO GATILLO, NUEVA IMPUNIDAD
El 7 de diciembre de 1998 dos pibes de 19 y 16 años intentaron asaltar una estación de servicio en Gral. Paz y Eva Perón de la ciudad de Buneos Aires. Cuando escapaban con un botín compuesto de unos 70 pesos, un pebete de jamón y queso y una botellita de gaseosa, los empezó a perseguir un móvil policial, al que rápidamente se sumaron otros tres. En el trayecto, dicen los policías, el acompañante les disparaba, por lo que varios de los funcionarios “repelieron la agresión”. Después de varios kilómetros, todo terminó en la calle Pedernera al 600, con el auto de los muchachos incrustado en una vivienda, después de haber chocado otros dos autos estacionados, el conductor muerto y el acompañante gravemente herido.

El auto particular tenía 39 orificios de bala. Los patrulleros, ninguno. No se encontró una sola vaina servida o proyectil que no fuera de las armas policiales, a pesar que dos armas con olor a “perro” aparecieron en el auto (una sin cargador). Oscar López, el de 16, sobrevivió de milagro con un tiro en la nuca, con pérdida de masa encefálica, y otro en la espalda. Raro para quien según los policías iba disparando con medio cuerpo fuera de la ventanilla. Marcelo Maione Míguez, el de 19, tenía doce disparos y cuatro roces. Lo curioso fue que aunque en todo momento los patrulleros estuvieron detrás de él, nueve de esos tiros los recibió de frente, y su cuerpo apareció reclinado de espaldas sobre el de su compañero, del lado del acompañante, no al volante. Dos testigos dijeron que escucharon sirenas y disparos, después el impacto del choque, un silencio, y otra andanada de disparos. Varias pericias hechas por gendarmería establecieron que Marcelo recibió los nueve disparos al tórax y abdomen ya caído sobre el asiento derecho. Una vaina 9 mm encontrada en el asiento trasero del auto prueba que uno de los policías disparó con el brazo introducido por la ventanilla del conductor. No hace falta mucho más para entender que los fusilaron, estando ya heridos, con el auto detenido.

El juez Federico Salvá, que interviene en la instrucción, ya intentó sobreseer a los policías involucrados a mediados de 2003. Los abogados de CORREPI, que representan a los padres de Marcelo Maione, apelaron y lograron que la Sala IV de la Cámara del Crimen revocara el sobreseimiento y ordenara avanzar en la investigación. Faltaba entonces, por ejemplo, identificar a uno de los móviles intervinientes, determinar por qué había una vaina en el auto, cómo era que el pibe tenía 9 tiros de frente sin correspondencia con los orificios en la carrocería del auto, etc. El juez cumplió con las medidas que la querella reclamaba y que la Corte ordenó, y ni bien terminó, hace escasos días, volvió a sobreseer a todos los policías, considerando que actuaron en legítimo cumplimiento de su deber al meterle 39 balas al auto, y 16 a los chicos. Ordenó también restituir las armas a los policías. No se informó que temperamento adoptó con el sandwich y la Seven Up recuperados.

Por nuestra parte, ya apelamos de nuevo. Un detalle: uno de los patrulleros es el nº 342, de la comisaría 42ª. Desde ese mismo patrullero, el 6 de marzo de 2002, el sargento Justo José Luquet fusilaría a Marcelo Báez (16) que huía en bicicleta despúés de manotear unas golosinas en un kiosko de la zona.

DEMOCRACIA POLICIAL
El pasado 15 de mayo, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía española acudieron a las urnas a elegir vocales de representación en el Consejo Policial. Se armó un gran revuelo por la estrategia adoptada por tres de los cuatro sindicatos, que en “reconocimiento de su esfuerzo” decidieron repartir entre sus afiliados distintos tipos de regalos. La Unión Federal de Policía (UFP) inauguró la modalidad en el año 2003, cuando regalaba a sus afiliados una paleta de jamón por acudir a votar, pero este año decidió regalar aparatos reproductores digitales de sonido e imagen “MP4″. La Confederación Española de Policía (CEP) decidió invertir 600.000 euros en 20.000 relojes y una fiesta para sus afiliados y el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) prometió repartir 25.000 televisores plasma 15 pulgadas, que integran los 2.5 millones de euros destinados a la campaña, entre los suyos.

Los sindicatos tienen un porcentaje de afiliación del 90%, pero tan alta participación no se debe a los regalos sino principalmente a -como informa La Estrella Digital- la prestación de servicios que éstos ofrecen para suplir “las deficientes coberturas en defensa jurídica que proporciona la administración”. Entre estas deficiencias se encuentra el no modificar el Código Penal para que una inhabilitación por tres años no suponga la expulsión del cuerpo policial, y el no garantizar un seguro que abone las multas impuestas a los efectivos. Como en el caso del integrante del CNP Isidro Andrés Merino, que el 15 de diciembre de 2002 baleó en el pecho a un sospechoso de haber robado en un videoclub que se “daba a la fuga” en su auto. Según el sindicato policial, es injusta la condena de 1 año de cárcel (que no se cumplió porque el policía no tenía antecedentes) y tres años de suspensión que recibió, que se le haya prohibido ejercer de nuevo como policía, y que la indemnización de 163.042€ a la familia del muerto haya corrido por parte suya.

La misma deficiencia jurídica sufren los 42 policías de la comisaría de Torrevieja, que están procesados por haber torturado a un argelino en su dependencia. El sindicato representa a sus trabajadores peleando por que “se respete su presunción de inocencia y sus derechos constitucionales”, garantizándoles todo su apoyo y denunciando que los policías tuvieron que pagarse sus propios abogados.

La principal preocupación del personal policial llevó al SUP a la victoria en las elecciones, sindicato reconocido por su mayoría de representación en la base policial, es decir los escalafones más bajos. La participación en el Consejo parece valer la pena, el Ministerio del Interior otorga 400.000 euros anuales a cada uno de los 14 representantes, así que no sólo está en el interés de los policías tener un sindicato rico, poderoso y regalón y comprometido a la hora de defender la represión, sino que evidentemente está en el interés del estado su la existencia. Un dato más para aportar al debate de la “sindicalización policial”.

CORREPI EN BOLIVIA
Invitado por la Asociación Americana de Juristas, Daniel A. Stragá, de CORREPI, participó en las jornadas del XIV Congreso de esa entidad que agrupa de abogados y hombres y mujeres del derecho de América. Es la cuarta vez que CORREPI participa en las sesiones de la A.A.J.

Realizada en la ciudad de La Paz, el compañero fue expositor en dos comisiones. En la primera presentó una ponencia titulada “Sólo el terrorismo de Estado es delito de Lesa Humanidad”. Compartió la mesa junto al Dr. Almezquita, ex defensor del actual presidente venezolano Hugo Chávez y al Dr. Arnel Medina Cuenca, presidente de la Unión Nacional de Juristas de Cuba.

En la segunda comisión, sobre Democracia y Participación popular, expuso sobre la Criminalización de la Pobreza, aportando a la disertación llevada adelante por el decano de la Universidad Bolivariana de Chile Dr. Manuel Jacques. En este aspecto, el compañero se explayó sobre la realidad argentina, anoticiando a propios y extraños sobre la cantidad superior a los 650 muertos por la violencia institucional durante el gobierno de Néstor Kirchner, así como de la existencia de presos políticos en Argentina.

MÁS SOBRE LA TOLERANCIA A LA TORTURA
Constantemente señalamos que, así como el “sobreseimiento fácil” es el necesario complemento judicial del gatillo fácil policial, y no depende de individualidades o de jueces más o menos “progres” o “fascistas” sino de una política de estado, la tolerancia a la tortura, imprescindible herramienta de control y disciplinamiento social de cualquier gobierno antipopular, se expresa también en la actividad de jueces y fiscales que recurren a cualquier subterfugio para disimular su enorme incidencia cotidiana.

Se suele plantear que detrás de ciertos fallos que benefician a policías o guardiacárceles torturadores hay un debate técnico-jurídico, una discusión de esas que ocupan miles de páginas con teorías encontradas, presentadas como muy “científicas”. La definición del delito de tortura es uno de los terrenos favoritos para esa mecánica, que disfraza de doctrinario lo que es político e ideológico: la tolerancia a la tortura.

Los grandes “autores” de la doctrina judicial se turnan para definir lo que llaman “el quid de la gravedad”, por ejemplo, y se meten en sesudas discusiones sobre cuántas veces hay que ponerle la “bolsita” a un preso para que la cosa pase de apremio a tortura, o hasta cuántos golpes debe recibir un pibe para que sean sólo vejaciones o severidades.

El otro argumento favorito es el de la finalidad: si se quiso obtener una confesión, o información, o si se quiso castigar, causar dolor. Que en un caso es tortura, que en el otro es apremio. Y ni siquiera se ponen de acuerdo en cuál es cuál. Muchísimos fallos nacionales insisten en que el “apriete” para sacar una confesión es apremio, seguramente porque son los casos más frecuentes en comisarías. Sin embargo, y como muestra clara de que las posiciones “doctrinarias” se acomodan siempre a la necesidad de ocultar la tortura, esta semana trascendió que la defensa de los condenados por la tortura seguida de muerte de Ezequiel De Monty, el pibe que los federales tiraron al Riachuelo, invocó ante la Cámara de Casación precisamente lo contrario: que como el fin buscado era sólo imponer sufrimiento, y se les murió en el trámite, fue sólo un homicidio preterintencional (atenuado) y se les debe bajar la pena.

Los camaristas se embarcarán en el debate, y nos querrán hacer creer que es una aséptica cuestión “de derecho”, mientras el estado del que forman parte sigue torturando a su amparo.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Viernes 25 de mayo, desde las 16:00, en la Plaza Central de Morón, calle 25 de Mayo y Buen Viaje, mesa con materiales y actividad de difusión de CORREPI.

Viernes 8 de junio, 20:00, charla sobre derecho contravencional a cargo del compañero Daniel Stragá en la Facultad de Derecho, Figueroa Alcorta y Pueyrredón. Aula de Extensión nº 1.

Viernes 20 de junio, desde las 12:00, gran locro organizado por Familiares en CORREPI de Zona Oeste. Bradley y Jufré, Villa Tesei, a cuatro cuadras de Av. Vergara y 5 minutos de Estación Morón (colectivo 463 ramales 3 y 4).

En La Plata, escuchá Atando Cabos, el programa de radio de CORREPI, los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.
CORREPI