Boletín Informativo Nº 437

REPRESIÓN EN SANTA CRUZ
Desde hace quince días, los obreros marítimos de Puerto Deseado, Santa Cruz, han iniciado una serie de medidas de fuerza -que incluyen piquetes en los accesos a las empresas pesqueras-, exigiendo aumentos de sueldos, el rechazo al pago del impuesto a las ganancias que los empresarios han trasladado a los trabajadores, y que se anulen los convenios de trabajo firmados por la burocracia del SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos) a espaldas de los trabajadores de Puerto Deseado.

Los obreros en huelga, con el apoyo de la comunidad de Puerto Deseado, se dirigieron al municipio, donde el intendente Arturo Rodríguez los había citado para oficiar como mediador en el conflicto con las empresas pesqueras de capitales españoles. Pero resultó ser que Rodríguez estaba en Puerto Santa Cruz, en el acto de campaña en el que Kirchner dijo que Cristina “será el amanecer de la patria”. Los trabajadores decidieron tomar el palacio municipal, se dirigieron al Parque Industrial y prendieron fuego un depósito de pinturas de las empresas pesqueras.

Mediante un comunicado, la embajada española en Argentina solicitó a las autoridades de la provincia de Santa Cruz y del gobierno nacional que adopten las medidas necesarias para poner fin a la situación. Muy obediente, Kirchner dispuso esa misma noche el envío de 300 gendarmes para que custodien las plantas pesqueras. Aníbal Fernández dijo que las fuerzas de seguridad permanecerán en Puerto Deseado “el tiempo que sea necesario”, algo a lo que ya están acostumbrados los santacruceños: recordemos las intervenciones de las fuerzas de seguridad federales en Las Heras en 2005, y más recientemente, durante la huelga de los docentes, donde los gendarmes “custodiaban” las escuelas impidiendo las reuniones asamblearias.

Los hechos de Puerto Deseado son una muestra más de cómo los capitales, sean nacionales o trasnacionales, exigen “orden”; y cómo obedece el gobierno “nacional y popular”, garantizando el saqueo y la explotación con más represión.

CONDENA A SUBOFICIAL DE LA PREFECTURA
El Tribunal Oral Criminal 4 de San Martín condenó al suboficial de la prefectura naval Sergio Silva a once años de prisión por el delito de homicidio en perjuicio de Cristian Mercado y de lesiones contra José Mercado, ambos por disparos efectuados con su arma reglamentaria el 5 de octubre de 2003 en la localidad de Villa Ballester, donde el prefecto y las víctimas eran vecinos.

Durante el desarrollo del juicio oral iniciado el 4 de julio, quedó probado que el prefecto Silva quiso disparar y matar a Cristian y José Mercado, tomando la vida del primero y salvándose el segundo; que fue falsa su versión de que medió pelea entre él y las víctimas; que no se encontraba en un estado de ebriedad que le impidiera saber lo que hacía y que las balas y vainas encontradas en el lugar sólo pertenecían al prefecto.

Sobre las condiciones agravantes sostenidas en la acusación hecha por el particular damnificado, padre de la víctima, Vicente Mercado, llevada a cabo por las compañeras Rosario Guerrero y Silvia Góngora por CORREPI, el Tribunal aplicó en forma genérica la condición de integrante de las fuerzas de seguridad del estado y el uso de arma de fuego por parte del suboficial Sergio Silva.

Como en tantos casos cuando CORREPI es parte, el Tribunal no hizo lugar al planteo de CORREPI de que se pronunciara sobre el carácter de violación a los derechos humanos, de crimen de Estado, del delito cometido por el prefecto, en tanto miembro del aparato represivo del estado. El argumento del TOC nº 4 fue que el prefecto estaba de franco.

Para el tribunal sólo importa la cuestión formal de si estaba o no en horario de trabajo, aunque haya usado su reglamentaria, aunque gritara “alto, prefectura” al apuntar al corazón de Cristian. Menos todavía consideraron que en las horas de la madrugada que mediaron entre el homicidio y su presentación en la comisaría, Silva se presentó en la sede de prefectura donde trabaja para exponer lo ocurrido y recibir instrucciones. Eso sí, consideraron un atenuante que “el manifestarse arrepentido de haber estado en el lugar”, según sus últimas palabras al cierre del debate.

En la misma semana, el viernes 20 de julio, Marcelo Terminiello, miembro de la policía bonaerense, fue condenado por el juez correccional de Lomas de Zamora Raúl Calvente, a dos años de prisión en suspenso por haber matado de un balazo a Karina Fernández (21), el 30 de octubre de 2004 en la localidad de Gerli, partido de Avellaneda, donde ambos residían, cuando le disparaba a sujetos que intentaban robarle el vehículo a un vecino. Como la condena no fue efectiva, siguió en libertad.

Según las pericias -que generalmente favorecen a los canas- una bala disparada por Terminiello rebotó en una reja delantera de la casa de Fernández, ingresó a la vivienda e impactó en la cabeza de la joven, que murió al día siguiente. El policía fue detenido por el fiscal de Lomas de Zamora Juan José Vaello, pero tras prestar declaración indagatoria por homicidio culposo, es decir, por imprudencia, recuperó su libertad y siguió trabajando en la policía. Como siempre, se eligió la figura menos gravosa para favorecer la posición del “guardián del orden”.

Citando a la compañera María del Carmen Verdú: La coherencia interna del sistema es la mejor prueba de que la represión es una función propia del estado y no el resultado de excesos o abuso de malos funcionarios que no saben cumplir adecuadamente con su deber.

GATILLO FÁCIL EN NEUQUÉN Y BUENOS AIRES
En un intento de robo sucedido esta semana en el barrio Belgrano de Neuquén, Luis Morales (28) fue fusilado por el policía Gabriel Delgado, hijo de la pareja en cuya casa entró Luis junto con otro chico de 17 años. Morales tenía un pistolón inútil, similar al que tenía el “Nuni” Ríos antes de ser fusilado por el jefe del Escuadrón de la Muerte de Don Torcuato, Hugo “Beto” Cáceres.

Aparentemente, primero entró a la casa el oficial subinspector Luis Casal, y detrás el policía Delgado, que le disparó a Morales en el pecho y luego lo remató con un tiro en la cabeza. Las pericias también confirman que sólo un arma fue disparada, lo que da por tierra con la versión oficial de que Morales se levantó depués del primer tiro para volver a disparar, justificando así el tiro de gracia, que entró por la oreja y salió por el cuello de Morales, ángulo imposible en un enfrentamiento. La causa se encuentra en manos del juez Marcelo Benavides que aún está determinando la carátula del caso y no sabe si citar al policía como imputado o testigo.

En la provincia de Buenos Aires Pablo Ezequiel Barreto (26), tuvo una pelea dentro del boliche Popeye, ubicado en Bella Vista, partido de San Martín y fue retirado por la fuerza del local por los custodios de seguridad. El muchacho, de nacionalidad paraguaya, vivía en ese mismo barrio, y fue encontrado poco después, tirado, a cuatro cuadras de allí con un balazo en la cabeza. La DDI de San Miguel estableció que la muerte se dio pocos minutos después de la pelea con el personal de seguridad, aunque la poca cobertura del caso no nos permite saber si hay imputados o no.

PRESOS POR PROTESTAR EN CÓRDOBA
Ariana Sabache tenía 3 años cuando apareció muerta a golpes. Había sido violada anal y vaginalmente. Ese domingo 3 de diciembre del año pasado, la localidad cordobesa de Corral de Bustos fue Fuenteovejuna. Los vecinos apedrearon la vivienda del padrastro de la víctima y su hermano, ambos detenidos e imputados por el hecho junto con la madre de la nena. Después del sepelio de Ariana, los manifestantes, reunidos mediante mensajes enviados a una radio local, se congregaron en tribunales. La abuela de la nena había denunciado tiempo atrás ante los jueces de familia el peligro que corría, sin lograr que los jueces ampararan a su nieta.

En la movilización se eligieron delegados para hablar con los magistrados exigiendo que justicia. El juez de la causa no quiso recibirlos y la bronca ganó los ánimos. Se rompieron algunos vidrios del edificio. La policía reprimió a los manifestantes con balas de goma y gases que exacerbaron más la indignación popular. El fuego no se apaga con nafta. Ardieron algunos coches de funcionarios judiciales, y se destrozó el palacio de (in) justicia. De las más de 10 oficinas que ocupan los dos pisos del edificio no quedó nada.

Luego se inició una causa judicial contra los manifestantes. Los miembros del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba fueron al lugar de los hechos y prometieron escarmentar a los participantes. En Corral de Bustos comenzó una cacería contra el 15 % de la población local que había participado de la pueblada. Las listas de supuestos implicados aumentaban día a día y se promovía la delación para identificar a los que atentaron contra la majestad de la justicia cordobesa. Fueron detenidas 42 personas, entre ellos dos periodistas acusados de incitar desde la radio a la protesta.

Tras semanas de marchas y caravanas para pedir la libertad de los vecinos, las cámaras de San Francisco y Bell Ville dispusieron que pudieran esperar la instancia de juicio en libertad. El fiscal -el mismo que impulsó la persecución- apeló y esta semana, el mismo tribunal supremo de la provincia que “prometió escarmiento”, dispuso que 12 personas vuelvan a prisión.

Los detenidos estan acusados de los delitos de “incendio agravado y fabricación y tenencia de bombas o materiales capaces de causar estragos”. No les imputaron terrorismo porque aún no estaba vigente la ley antiterrorista de Kirchner.

PERSECUCIÓN A PERIODISTA
El miércoles 11 de julio la periodista del periódico MU y de la agencia de Noticias LAVACA, Claudia Acuña, vio que personal policial apostado en la puerta de su casa controlaba (e identificaba) a todas las personas que ingresaban a su hogar. Al interpelar a los policías, la respuesta fue que el jefe de calle de la 10ª les había ordenado exigir DNI, nombre y dirección a todos los que entraran en la casa. A su vez la comisaría informó que la orden se había originado en la fiscalía contravencional Nº 3 de la ciudad, a cargo de Marcela Solano.

Resultó ser que Acuña está imputada en esa fiscalía por una contravención, “manchar o ensuciar bienes de propiedad pública o privada”. O sea, hacer una pintada, un graffitti. El hecho que se le reprocha ocurrió durante la presentación de su libro “Ninguna mujer nace para puta”, cuando los asistentes escribieron en una pared “el código contravencional es la coima policial”. En el marco del inminente juicio oral, la fiscal mandó a la policía a verificar quiénes visitan a la periodista.

El episodio es claro ejemplo de para qué sirven los códigos de faltas y contravenciones, de cómo habilitan este tipo de intrusiones en la vida privada de las personas, además de criminalizar conductas que no son delito. Un efectivo mecanismo “legal” de control social, de disciplinamiento, para el que, desde luego, no da lo mismo que se pinte en una pared una consigna antirrepresiva que “Cristina Presidente”.

LOS DETENIDOS DE CRISTINA
Cristina Kirchner presentó su candidatura a la presidencia, el jueves último, en el paquetísimo Teatro Argentino de La Plata. En un acto más parecido a una entrega de premios Martín Fierro que a un lanzamiento de campaña, Cristina hizo alarde de la gestión de su marido y llamó a “profundizar el cambio” iniciado en 2003. No ahorró comentarios hacia el duhaldismo al declarar que “hubo quien tuvo que anticipar las elecciones porque unos argentinos habían asesinado a otros argentinos”, en referencia a los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki; y por supuesto nada dijo de que en los últimos cuatro años, las policías de todo el país asesinaron, como ningún otro gobierno en democracia, a más de 700 personas.

Desde los cómodos palcos la seguían atentamente, y aplaudiendo a rabiar, más de 2000 ilustres invitados: el gabinete presidencial en su totalidad, Hugo Moyano, Ana María Piccio, Estela de Carlotto acompañada de otras abuelas K, radicales K, Leonardo Favio, Luis D´Elía, el cuestionado intendente -en dictadura y en democracia- Alberto Groppi, todos cobijados bajo el paraguas K. Eso sí que es diversidad.

El MPR Quebracho decidió marchar al Teatro Argentino para repudiar la presencia de Cristina y exigir la libertad de los presos políticos encarcelados tras el escrache al local partidario de Sobisch en Capital Federal. Mientras concentraban en la estación de trenes, un gran despliegue de policías, uniformados y de civil, los rodearon y comenzaron a detenerlos arbitrariamente, sin ninguna orden judicial, por averiguación de antecedentes. Diez personas fueron detenidas y trasladadas a la comisaría de Melchor Romero, localidad vecina a La Plata. Los manifestantes que intentaron seguir hacia el teatro fueron perseguidos por la policía y muchos de ellos se refugiaron en la Facultad de Humanidades, en cuyas esquinas se desplegaron dos cordones policiales para evitar que llegaran al teatro.

Al no poder encuadrar las detenciones a través del ya clásico “combo represivo”, es decir, obstrucción del tránsito, atentado y resistencia a la autoridad o daños y lesiones, ni a la flamante ley antiterrorista, el gobierno recurrió a la más preciada de sus herramientas represivas, a la que no piensa renunciar pese a la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: la averiguación de antecedentes, facultad que permite a las policías detener arbitrariamente y por la que cualquier persona puede permanecer demorada, en la provincia, hasta doce horas. Finalizado el acto, los militantes de Quebracho fueron liberados.

Con muy bajo costo político, y con la complicidad de los medios que silenciaron o tergiversaron los hechos, Cristina tuvo su fiestita de lanzamiento de campaña en relativa paz: en las inmediaciones del teatro hubo corridas, empujones y trompadas entre militantes kirchneristas de fracciones distintas que se disputaban un lugar preferencial para estar más cerca de la flamante candidata. Pese a los incidentes, ahí no hubo ningún detenido por disturbios, ni por averiguación de antecedentes, ni nada que se le parezca.

BEBÉ MUERTO EN PENAL DE LOS HORNOS
El 17 de julio, Yoel, bebé de 5 meses y medio que vivía preso junto a su madre en la Unidad 33 de Los Hornos, murió por falta de atención médica, según denuncian las internas, por un caso de bronquiolitis sin atención médica. De haber sido un gatillo el SPB podría haber utilizado alguna versión como “el arma se disparó sola”, “me tropecé y atiné a agarrarme sólo del arma y se disparó” o argumentar que “no era una persona sino un delincuente” como hacen sus colegas policías. Pero en este caso, siendo la víctima un bebé al que no se puede culpabilizar de su propia muerte, decidieron dar la versión de que fue una muerte súbita.

Una vez que se supo de la muerte de Yoel, las mujeres presas comenzaron una protesta en demanda de mayor atención médica, reclamo que según los medios se aplacó de inmediato gracias a la presencia de la fiscal Virginia Bravo, que quedó a cargo de la causa. Los chiquitos presos en la unidad asisten a un jardín de infantes ubicado en la unidad llamado “Palomitas” en donde pasan 8 horas junto a los hijos del personal del servicio penitenciario. Seguramente no sean esos hijos los que mueran por vivir entre la humedad y el frío, así como no son los miembros del servicio penitenciario los obligados a consumir dietas que a la larga les generan la muerte debido a su condición de salud. Hace dos años, un informe de la cámara de casación penal denunciaba cómo los internos con diabetes, por ejemplo, eran obligados a tomar el mate cocido con azúcar, generando esto una lenta y tortuosa degradación del cuerpo hasta llegar a la muerte.

REPRESIÓN A TRABAJADORES DEL BANCO NACIÓN
En un comunicado emitido el 14 de julio, los delegados de base y trabajadores del Banco Nación denunciaron el ataque llevado adelante por patotas de la lista 12 de la Comisión Gremial Interna. Decían que el 8º Paro Nacional de Trabajadores Bancarios “fue desconocido por la CGI Sec. Bs. As. que pretende dar un impasse en las medidas de fuerza solicitado por las autoridades del banco para negociar. Dicho impasse fue rechazado por la gran mayoría de los trabajadores de todo el país, por considerarlo una maniobra para dilatar el conflicto, habiéndose agotado todos los plazos de conciliación obligatoria sin ninguna respuesta concreta al reclamo.”

En el ataque el delegado del sector Talleres de Casa Central, Mauro Ojeda, resultó gravemente herido y tuvo que ser trasladado al hospital con politraumatismos. Con respecto a los agresores, los trabajadores denunciaron que varios de ellos ocupan cargos en el Secretariado Nacional y de la Seccional Buenos Aires, entre ellos el Sr. Gabriel Regodeseves, Secretario Adjunto de la Seccional Buenos Aires.

Las represiones a través de patotas de la burocracia sindical son cada vez más frecuentes, demostradas herramientas útiles para reprimir y no pagar el precio. Una evidente profundización, pero de ningún cambio.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Sábado 4 de agosto, 17:00, charla sobre la ley antiterrorista en local de la FORA de la calle C. Salvadores 1200 en La Boca, con Daniel Stragá (CORREPI).