Boletín Informativo Nº 440

TORTURAS EN SANTA FE Y SALTA
José Luis B., obrero de la construcción de la ciudad de Santa Fe, denunció el 9 de agosto que fue sometido a una brutal golpiza en la comisaría 19ª. La madre de José Luis, que radicó la denuncia, contó que al ir a visitar a su hijo a la seccional 17ª se enteró que lo habían trasladado a la otra comisaría, donde al poco tiempo de ser ingresado fue colgado del techo por las manos y golpeado. Al preguntar por qué le pegaban, le dijeron “porque tenía el diablo adentro”.

La madre contó que José Luis escupía y vomitaba sangre, que tenía destrozados los labios y la espalda, que no podía caminar. También denunció que su hijo estaba detenido acusado de un robo, pero que no se secuestró nada que lo vinculara con el mismo y que la supuesta víctima jamás radicó la denuncia. La denuncia de la tortura quedó a manos de la jueza Mónica Lamperti.

Mientras tanto en Salta, al mismo tiempo que el Ministro de Gobierno, Víctor Manuel Brizuela, aseguraba que su gestión va a dejar una policía democrática, más profesional y no golpeadora, se seguían acumulando las denuncias por la represión policial.

En la madrugada del pasado domingo, un grupo de jóvenes que salía de una fiesta familiar fue perseguido por efectivos del 911, que abrieron fuego contra los chicos. Las balas rebotaron en las paredes de las casas vecinas y ningún chico fue herido por ellas, pero luego llegaron más patrulleros que los cazaron por la zona, arrancándolos incluso de las casas vecinas donde se habían refugiado.

Los chicos que alcanzaron a correr fueron finalmente arrinconados en el río por varias patrullas, desnudados en el frío, esposados, fotografiados y trasladados a la comisaría 8ª. Una vez en la comisaría, los familiares pudieron ver que los chicos, ensangrentados, eran golpeados por los policías. La tía de uno de los pibes contó que los policías, después de golpearlos, les lavaron la sangre y les tomaron fotografías, que al no haber orden judicial de arresto fueron tomadas ilegalmente, y que seguramente pasarán a engrosar los “álbumes de delincuentes” que los funcionarios policiales utilizan para armar causas como la que le armaron a José Luis en Santa Fe. Pero preso “con causa” o no, disfrazada de “apremios” o “abusos”, la tortura se repite en todo nuestro país, cotidianamente, contra los jóvenes pobres y trabajadores.

OTRO PROYECTO DE LEY DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO YANQUI
Los mismos diputados que, siempre listos para obedecer al imperio, hace poco aprobaban la ley antiterrorista, están impulsando una nueva legislación en materia de genocidio, desaparición forzada de personas y delitos de lesa humanidad que vuelve a someter a la República Argentina a las decisiones del Departamento de Estado. Este proyecto, que incluye como posible sujeto activo de los delitos de lesa humanidad a los particulares, además de revalidar la teoría de los dos demonios, igual que la ley antiterrorista busca adecuar la legislación interna a lo que exige Washington.

Desde hace años se ve que las “usinas de pensamiento de la derecha” han hecho muy buen pie en las estructuras oficialistas. Ahora, con el discurso de los derechos humanos -siempre mirando la década del ‘70- se imponen leyes como ésta, que equipara al único victimario en materia de derechos humanos, el estado, con los particulares, como sucede en la legislación estadounidense.

De esta manera, la República Argentina tendría legislación penal suficiente para poder acusar de “genocidas” a organizaciones que luchan por la liberación de sus pueblos en diversos países del mundo, cuando sólo los estados pueden cometer ese tipo de delitos (y los cometen a diario, como en el caso de EEUU, Colombia o Israel, por ejemplo).

El art. 5º del proyecto kirchnerista crea la figura de “asociación ilícita para cometer genocidio” de claro parentesco con la asociación ilícita terrorista de la ley 26.268 (ley antiterrorista), que reverdece la teoría de los dos demonios al igualar la violencia estatal o paraestatal con la resistencia armada. También crea para estos delitos la figura del “arrepentido”, que no es nada más ni nada menos que el buchón.

Mientras los legisladores se esfuerzan en ampliar el concepto de delito de lesa humanidad diciendo que los particulares pueden cometer el delito de genocidio, y admiten como elemento de prueba la confesión de un “arrepentido” que bien puede ser fruto de la tortura, la Corte Suprema “renovada” dice, como en el caso de René Jesús Derecho que comentáramos en el Boletín nº 439, que la tortura en democracia no es delito de lesa humanidad porque no es sistemática en la Argentina (¿?)…

PENITENCIARIO ASESINA A UN JOVEN EN LA PLATA
Un agente del servicio penitenciario bonaerense asesinó de un balazo a un joven de 20 años la madrugada del viernes 10 en Los Hornos, La Plata. Cuenta la crónica policial que Gabriel Ezequiel Simó fue sorprendido mientras “barreteaba” el coche del cabo primero Cristian Alberto Batres, quien al escuchar ruidos en la vereda de su casa de 44 esquina 167, tomó su Bersa 9mm y disparó contra el joven.

La versión policial dice (como siempre) que Batres dio la voz de alto desde la ventana de su habitación sin recibir respuesta alguna. Acto seguido habría disparado al aire el primer tiro intimidatorio; el joven, como si nada hubiera sucedido, seguía dentro del auto. Agotadas las instancias intimidatorias -excusa habitual de todo uniformado involucrado en algún caso de gatillo fácil para justificar su accionar- y viendo que Simó seguía dentro del rodado, el penitenciario optó por dispararle al cuerpo cuando advirtió que el joven se llevaba la mano a la cintura “como si estuviera buscando un arma”, afirmó una fuente policial, aclarando que la bala ingresó por el pecho y salió por la espalda. Los familiares de Gabriel sostienen que fueron dos los disparos que le causaron la muerte y que “le pegaron por la espalda”.

El cabo Batres se encuentra detenido en la comisaría 3ª de Los Hornos imputado por el delito de homicidio, pero podría recuperar rápidamente la libertad si la fiscal María Eugenia Di Lorenzo entiende –como suele suceder cuando de agentes de las fuerzas de seguridad se trata- que el penitenciario actuó en legítima defensa o legítimo cumplimiento del deber.

Un rol muy importante juegan los medios de comunicación instalando y dándole prioridad en la agenda mediática al tema de la inseguridad. Además de sobredimensionarlo, aportando así a generar una sensación rayana al caos social, construyen al victimario como víctima, legitimando su accionar (en este caso la defensa de la propiedad privada) y criminalizando a la víctima. Sobre Batres, se publica que su legajo es impecable, que su asistencia (al trabajo) es casi perfecta (?) y que sus compañeros guardiacárceles lo califican como una persona tranquila, de muy buena conducta y buen compañero. Sobre Simó, se detallan sus antecedentes penales por robos menores y el hecho de que horas antes de su asesinato fue demorado en la comisaría 3ª por merodear en una estación de servicio de la zona. Una especie de algo habrán hecho, aggiornado a las necesidades de la represión en democracia, con el que se justifican a la mayoría de los más de 700 casos de gatillo fácil en los cuatro años de gestión del “gobierno de los derechos humanos”.

LA PICANA DE LA SEÑORA FISCAL
La necesidad política del poder judicial y del ministerio fiscal para disimular la existencia de tortura en Argentina se expresa de variadas formas. Así como la corte dice que no se aplica sistemáticamente y entonces “no es tortura”, los jueces usan figuras con penas menores como los apremios o las severidades en lugar de tortura, y cuando la víctima muere en el tormento, a lo sumo hablan de homicidio, que es un delito individual y no un crimen de lesa humanidad.

También es habitual, cuando un preso denuncia torturas, que los jueces y fiscales argumenten, aun frente a pruebas físicas irrefutables, que las lesiones fueron autoinfligidas, en “un burdo intento de mejorar su situación procesal” o cosa parecida. Pero una fiscal de La Plata superó esta semana la imaginación de sus colegas. Ante el hallazgo de una picana casera y varias capuchas dentro de la Unidad 45 del servicio penitenciario bonaerense, la funcionaria se puso a investigar a los presos y no a los carceleros, argumentando que seguramente fue fabricación de los internos para “autolesionarse” y conseguir un traslado.

Como decimos siempre, cualquier absurdo sirve para enmascarar la responsabilidad estatal por la imposición permanente de torturas en cárceles y comisarías, y para garantizar la impunidad de los ejecutores.

REPRESIÓN EN FORMOSA
Garrotes, gases y cañón de agua recibieron, el jueves por la mañana, representantes de seis familias del asentamiento El Mirador que piden la asignación de residencias del Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi) y desde hace dos meses manifestaban en una carpa frente al Instituto de Vivienda Provincial, en la calle de Roca de la ciudad de Formosa, luego de denunciar aprietes y golpes durante la noche de parte de la policía de Gildo Insfran, perpetuado en el poder desde hace veinte años.

La guardia de infantería comenzó el ataque cuando las familias iniciaron la quema de gomas, cansados de no recibir respuesta de parte del interventor del IPV y con una mujer embarazada que sufrió un garrotazo en el vientre de parte de un integrante de la CEPOL, la policía ejemplar del “nuevo proyecto de gobierno” para el “hombre nuevo formoseño” que propugna el aliado K, para la continuidad en las elecciones de octubre.

El encargado del operativo, comisario general y uno más de la gran familia feudal, Angel Insfrán, indicó a los medios (no se detecta ninguno que no sea oficialista luego de 24 años) que “Los manifestantes son jóvenes que se acercaron con actitud hostil, con el único fin de provocar disturbios” y envió a los 15 detenidos, entre ellos dos menores, a la comisaría 3ª y a la alcaidía policial de mujeres.

Luego de atropellos y maltratos tras las rejas y por la presión hecha por algunos compañeros reunidos en las puertas de la seccional y los habeas corpus presentados, fueron liberados a la media noche bajo el cargo de resistencia y atentado a la autoridad.

MEXICO Y BRASIL, “BONO PARA LA REPRESIÓN” Y PROSTITUCIÓN INFANTIL
La represión policial a las grandes movilizaciones en Oaxaca, Mexico, ha dejado en los pasados meses un saldo de compañeros detenidos y una cantidad de muertos aún no determinada. Tanto trabajo “extra” hizo que los policías locales exigieran del gobierno sustanciales mejoras en sus remuneraciones, para lo que hicieron un “plantón” frente a la secretaría de protección ciudadana.

Claro que no se limitaron a pedir más dineros a cambio de su esforzada tarea: como siempre en las asonadas mal llamadas “huelgas” policiales, su pliego de reclamos incluía la reincorporación de los efectivos dejados cesantes por “hechos ocurridos en el cumplimiento del deber”, y ya que estaban, más armas, más municiones, más pertrechos de todo tipo para reprimir.

El gobierno mexicano respondió en forma inversamente proporcional a como lo hace frente a reclamos salariales de cualquier trabajador, y ya está concedido un aumento de $ 500 por mes para los de menor rango, que se eleva a medida que sube el escalafón, y un bono retroactivo a enero de $ 2.000, verdadero premio a la consecuencia represiva.

Los policías brasileños, en cambio, siguen apegados a modos más productivos que el sueldo para obtener recursos materiales. Esta semana fue desbaratada en Rio de Janeiro una organización que explotaba a doce niñas menores de edad a las que forzaban a prostituirse en el lujoso barrio de Barra de Tijuca. La banda estaba integrada por varios policías, uno de los cuales, el cabo de la policía militarizada Adelino Correia, ya fue detenido.

HOSPITAL FRANCÉS: JUECES Y GENDARMERÍA PARA REPRIMIR TRABAJADORES
Los trabajadores del hospital Francés vienen dando una larga lucha en defensa de la salud pública y por preservar su fuente de trabajo. No han sido pocos ni suaves los recursos con los que el estado los viene reprimiendo, desde el envío de patotas al mando de un puntero del Frente para la Victoria, el “Tuta” Mohamed, hasta la promoción de causas penales contra la comisión interna y hasta contra el abogado laboralista que la asesora.

Esta semana, como “el cambio recién comienza”, en lugar de los cuerpos de infantería de la federal (que estaban ocupados rodeando el Hospital de Clínicas), el gobierno mandó directamente a la gendarmería a ocupar el hospital Francés. Los cien gendarmes dentro del hospital cumplen una doble función: intimidar a los trabajadores y deslegitimar su lucha.

Como cuando Kirchner mandó la gendarmería a las escuelas en Santa Cruz, la excusa ahora es también la supuesta intención de los manifestantes de destruir edificios públicos, en este caso el hospital. El diario El Tribuno publicó: “Las autoridades del hospital argumentaron que la presencia de Gendarmería obedece a la necesidad de “custodiar” el lugar y evitar que se produzcan incidentes, ya que, según denunciaron, el miércoles se registraron destrozos y agresiones contra el personal de seguridad.” Tampoco falta la excusa de que los trabajadores son un peligro para los pacientes del hospital, ya que la titular del PAMI, Graciela Ocaña, dijo a Clarín “El operativo se dispuso para garantizar la integridad de las personas que trabajan y están internadas”. También se han iniciado nuevas causas judiciales contra los trabajadores y sus delegados, mostrando cómo funciona lo del “poder judicial independiente”.

El mismo recurso utilizado para deslegitimar la lucha de los trabajadores a lo largo y ancho del país, y también la misma estrategia para justificar la represión, a trabajadores o pibes pobres: la criminalización de la víctima.

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En La Plata, escuchá Atando Cabos, el programa de CORREPI, los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.

Los sábados, a las 18:00, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, ex Radio Ciudad, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar, tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.

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CORREPI