Boletín Informativo nº 442

27.Ago.07    Boletines Inf. 2007

1-Buenos Aires: Scioli y Stornelli juntos para reprimir mejor. 2-Monte Grande: Abogado secuestrado por policías. 3-Escobar: Policías de gatillo fácil encubiertos por el Estado. 4-Avellaneda: Escuadrón de la Muerte mato ocho pibes en quince días. 5-Mendoza y Capital Federal: Tres represiones en un día. 6-Capital Federal: Villa Crespo sitiado por Infantería. 7-San Isidro: Los medios reivindican la justicia por mano propia (contra los pobres. 8-Azul y Berazategui: 2 casos más de gatillo fácil.

BUENOS AIRES: SCIOLI Y STORNELLI JUNTOS PARA REPRIMIR MEJOR
Alguna vez coqueteó con el ofrecimiento que le habría hecho Mauricio Macri para ocupar el cargo de procurador de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el fiscal federal Carlos Stornelli pasaría del poder judicial al ejecutivo provincial gracias a la mano que le tendió el vicepresidente y candidato a la gobernación bonaerense Daniel Scioli, ofreciéndole ni mas ni menos que el ministerio de seguridad en caso de ganar, como todo parece indicar, las próximas elecciones de octubre.

Stornelli ha actuado en diversas causas que con el paso de los años siguen flotando en el limbo jurídico, como por ejemplo el contrabando de armas a Ecuador y Croacia, por la cual Menem estuvo “preso” unos días en la quinta de su amigo Gostanián y recibía periódicas visitas de su pupilo político Scioli. También intervino en la causa por la voladura del predio de Fabricaciones Militares de Río Tercero en 1995.

Actualmente actúa en dos casos de muy fuerte repercusión mediática: los dibujos en la confección de los datos de desempleo e índices de precios al consumidor a partir de la intervención K en el INDEC y la investigación por sobornos y sobreprecios entre Skanska y funcionarios del gobierno en la construcción de gasoductos. En este último caso, saltó a la vista la “independencia” del poder judicial con el ejecutivo: Stornelli telefoneó a su amigo Aníbal Fernández para expresarle que iba a citar a los funcionarios (Ulloa y Madaro) involucrados en el caso, por lo que Kirchner, para no pagar el costo político que implicaría mantener en sus cargos a funcionarios procesados, decidió echarlos. Seguramente Stornelli le garantizó que la investigación no llegaría a las más altas jerarquías del ministerio de planificación que comanda Julio De Vido. Scioli, tomando nota de tan beneplácito gesto, le habría ofrecido ser su ministro de seguridad para “combatir” lo que el ex motonauta llama el principal flagelo que castiga a la provincia de Buenos Aires: la inseguridad.

Bastante más destacada ha sido la actividad del fiscal considerado “un progre duro” cuando de cirminalizar la protesta se ha tratado: en infinidad de causas contra compañeros promovió las figuras más graves, se opuso sistemáticamente a las excarcelaciones, y habilitó sin que le temblara una pestaña el uso de informes de “inteligencia” de tan dudoso origen que ni Mac Carthy hubiera usado para combatir “rojitos”.

Esta semana trascendió que los equipos técnicos de Scioli-Stornelli estarían trabajando en una serie de reformas para revertir lo que ellos llaman “debilidades del sistema jurídico de procedimientos penales” y que según la óptica de los posibles reemplazantes de la dupla Solá-Arslanián, otorgan un exceso de garantías a los delincuentes. Además, consideran que las recurrentes purgas policiales llevadas a cabo por Arslanián han sido infructuosas y no han hecho otra cosa que generar un malestar entre uniformados y políticos. En síntesis, la “mano justa” que pregona Scioli para diferenciarse de la ya célebre “mano dura y meta bala” de Ruckauf es más de lo mismo y se reflejaría, en la realidad cotidiana, con mayor presencia policial en los barrios, mayores facultades para detener arbitrariamente, para asesinar con el gatillo fácil y la tortura a pibes pobres; y una mejor convivencia (como si fuera mala) entre policías y poder político con la reducción de purgas, exoneraciones o pases a disponibilidad. Empresarios, políticos y policías, contentos: la represión está garantizada.

MONTE GRANDE: ABOGADO SECUESTRADO POR POLICÍAS
El abogado Christian Vázquez lleva casi 2 semanas desaparecido. Antes de ser secuestrado por los policías que su mujer contrató, Vázquez se dedicaba a la defensa de policías secuestradores y piratas del asfalto. De los tres policías contratados a cambio de 2.000 pesos para “asustarlo”, uno de ellos, el que habría convocado a los otros dos, tenía antecedentes por apremios ilegales, es decir era un torturador. Pero al ministro de seguridad León Arslanián, que ahora fue veloz para expulsar al sargento Juan Álvarez, a los oficiales Alejandro Scibler y Maximiliano Yazalde de la fuerza, así como a 5 jefes policiales, no le pareció meritorio de semejante reacción que uno de sus muchachos fuese un torturador, si al fin y al cabo lo son todos. Los que aún no han sometido a ningún civil a golpizas, bolsita o picana, son cómplices por omisión.

Los secuestradores del abogado tienen respectivamente 39, 37 y 31 años, formaditos en democracia como todos los policías que semanalmente denunciamos por torturar y fusilar pibes en los barrios. Pibes que muchas veces faltan por varios días como el abogado y aparecen luego en algún lugar, o enterrados como NN, casos que denunciamos todo el tiempo y que jamás llegan a salir publicados en todos los diarios del país como víctimas del secuestro de la policía. Será porque no son abogados, porque no defienden a la policía, porque no tienen casas con parque y pileta ni 15 propiedades en Brasil.

Los asesinos de nuestros pibes están prófugos por 5, 10, 15 años si es que alguna vez son encarcelados ¿Cuánto tiempo llegará a estar prófuga la pareja de la ex esposa de Vázquez, el supuesto pai umbanda también imputado por el homicidio? ¿Quedarán libres dentro de 5 días los policías imputados como en el caso de Damián Barzábal?

ESCOBAR: POLICÍAS DE GATILLO FÁCIL ENCUBIERTOS POR EL ESTADO
Pablo Martinolli fue fusilado el 9 de abril de 1997 por el entonces principal de la bonaerense Ramón Medina, en complicidad con su hijo Pablo Alejandro Medina, que ya había sido exonerado en ese momento por “mala conducta”. El asesinato se cometió en la Ruta Panamericana, en el partido de Escobar. Pablo murió de dos tiros, uno en la espalda y otro en la frente. Durante la última semana se ha estado desarrollando el juicio que espera su veredicto para la semana que viene, pero hay un detalle que vale la pena recalcar en cuanto al asesino en este caso y a la impunidad de que gozan los asesinos de uniforme.

Ramón Medina ha estado prófugo durante los últimos 10 años, viviendo en una casa de la Villa 31 y trabajando con su nombre verdadero y en blanco como seguridad privada de una empresa de camiones de carga. El ministro León Arslanián le había dicho a la familia que podía estar en Paraguay o en algún lugar del país pero no lo podían encontrar, y el hombre trabajaba en blanco. Lo que significa que jamás tuvieron la intención de siquiera buscarlo, brindándole libertad y seguridad desde el estado.

Este es uno más de los casos cientos de casos de policías asesinos que continúan sus vidas en calma gracias al amparo estatal. También fueron años lo que tomó a CORREPI encontrar a dos de los torturadores de Sergio Durán, ya que incluso cuando los encontrábamos la policía les avisaba para que huyan. Aún hoy Miguel Ángel Rojido y Luis Alberto Farese, coautores de las torturas que terminaron con la vida de Sergio, se encuentran prófugos, uno desde 2003 y el otro desde 1998. Rojido tamibén trabajó como jefe de la custodia privada de las coquetas Torres de Manantiales en Mar del Plata.

Jorge Omar “Chaco” González fue torturado en el año 2003 por policías de la comisaría 5ª de Villa Fiorito y murió unas semanas más tarde a causa de las golpizas. Uno de sus asesinos, Isidoro Segundo Concha, también hace lo que mejor saben hacer los policías separados de la fuerza, vigilar para un patrón privado. Ramona, mamá de Chaco, lo ha fotografiado en su trabajo. CORREPI hizo pública la denuncia y la fotografía en que Concha custodia un camión con un arma en la cintura, pero estos datos son ocultados por los medios e ignorados por el gobierno.

La impunidad de que gozan estos asesinos, como el asesino de Pablo Martinolli, no son ejemplos de la excepción, sino de la regla de oro entre el estado y sus fuerzas de seguridad: encubrimiento garantizado (en la medida de lo posible) a cambio de obediencia garantizada.

AVELLANEDA: ESCUADRÓN DE LA MUERTE MATA 8 PIBES EN QUINCE DÍAS
En octubre de 2004, CORREPI llevó adelante el juicio al Escuadrón de la Muerte, por el asesinato de José “Nuni” Ríos, contra los policías Cáceres y Puyó que utilizaron para componer la escena del enfrentamiento un arma que ellos mismos le habían robado a otro joven del barrio. Esa práctica, que los testimonios señalaron como común en el barrio, terminó de desnudar el accionar del escuadrón. Por un lado, señalaron los testigos, los policías liberaban zonas al robo, generando las condiciones para poder vender su servicio de custodia privada. Por el otro, para demostrar su efectividad, fusilaban adolescentes de entre 14 y 17 años, muchos de los cuales ya habían denunciado a la policía por el hostigamiento y las frecuentes torturas y luego armaban escenarios de enfrentamiento para garantizar su impunidad.

A menos de tres años de la condena al escuadrón de zona norte, más de cincuenta vecinos de Villa Corina se autoconvocaron frente a la comisaría 7ª en Oyuela al 1600, e hicieron pública una seria denuncia: ocho pibes, entre 14 y 18 años de edad, fueron asesinados en un lapso de quince días por un Escuadrón de la Muerte con sujetos que portan armas de grueso calibre y chalecos antibalas. Denunciaron también que la comisaría no hace nada para investigar los crímenes, convirtiendo en zona liberada el exterminio por el Escuadrón.

La manifestación espontánea de los vecinos, si bien no pasó desapercibida porque hubo piedras contra el frente de la comisaría durante la tarde y vigilia durante la noche por los detenidos en el episodio, sí fue tergiversada al calificarla algunos diarios de “pueblada justiciera”, “ataque a seccional”, o “contradicción vecinal”, ya que se ocuparon de destacar que los vecinos se acercaron para protestar por la detención de dos jóvenes de 21 años que nada tienen que ver con el bombero baleado en Wilde.

Esta “colaboración” de algunos medios en la incorrecta difusión, se sumó a la campaña mediática que cada tanto nos invade para disimular “tanto policía malo”, sobre el héroe de las fuerzas de seguridad, destinando ríos de tinta sobre la calidad humana del bombero y del entierro con honores, quien no murió prestando servicios sino en un hecho particular.

La muerte de un niño por fusilamiento con intervención de agentes de las fuerzas de seguridad, no es una muerte como las ocasionadas por la pobreza, donde el estado abandona, es una muerte donde el brazo ejecutor del estado dispara contra el niño y a través de él, al pueblo todo.

MENDOZA Y CAPITAL FEDERAL: TRES REPRESIONES EN UN DÍA
Desde CORREPI siempre decimos que “para muestra, basta un botón”. El jueves pasado, que no era un día cualquiera, sino 22 de agosto, fue un verdadero botón de muestra de lo que es la represión en Argentina, de lo que hace ahora y promete para el futuro el gobierno, y de cómo se maquilla y usa la historia y la memoria para legitimar los palos y las balas con que nos da a diario.

En la provincia de Mendoza, los trabajadores estatales del sector de la salud se habían movilizado a la gobernación, exigiendo ser recibidos por el gobernador Julio Cobos. Mostrando que está bien preparado para ser el candidato a vice de Cristina, Cobos mandó a su custodia personal a dispersar a golpes a los trabajadores, mientras llegaba la guardia de infantería de la policía provincial. Dos trabajadores fueron detenidos cuando los manifestantes ya se habían retirado de la gobernación. Eso sí, todo muy “legal”, por orden de un fiscal.

A mil y pico de kilómetros de distancia, en la ciudad de Buenos Aires, la policía federal impidió a los trabajadores del INDEC instalar una carpa de protesta frente al edificio, para seguir denunciando el “truchaje” de los indicadores económicos por “orden superior”. Hubo golpes y patadas; dos empleados del INDEC tuvieron que ser hospitalizados y a un periodista, además de golpearlo, le robaron su cámara.

Mientras pasaba todo esto, en la otra punta del país, el viejo aeropuerto de Trelew donde los compañeros que serían luego fusilados en la base naval Almirante Zar fueron capturados, hubo un acto encabezado por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde. Inauguró las obras del Centro Cultural por la Memoria, descubrió una placa y plantó 19 árboles en homenaje a los compañeros, todo en presencia de funcionarios nacionales y provinciales, hermanados con familiares de las víctimas de la Masacre, ex presos políticos y representantes de organizaciones como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Ahora bien, no había terminado la represión en Buenos Aires. Horas después del ataque a los trabajadores del INDEC, los palos fueron en Plaza de Mayo, contra las organizaciones de izquierda que hacían una serie de actos en homenaje a las víctimas de Trelew y en repudio a la represión a los trabajadores de Santa Cruz. Más de cuarenta detenidos, muchos de ellos menores de edad, incluyendo un bebé de 1 año, arrestado en brazos de su madre. La jueza Servini que Cubría mantuvo incomunicados a 35 compañeros durante dos días completos, hasta que finalmente resolvió indagar a 13 de ellos y liberar a los restantes. De los 13 indagados, acusados por delitos como daño calificado, lesiones graves, intimidación pública o amenazas, finalmente 10 fueron excarcelados, y tres permanecen detenidos, ya trasladados al penal de Ezeiza.

Esta es la foto del gobierno K: al mismo tiempo que Eduardo Luis Duhalde leía uno a uno los nombres de los compañeros, y el público respondía “presente”, el gobierno de todos ellos reprimía en tres lugares distintos, golpeaba trabajadores y periodistas y encarcelaba militantes populares. No es, como dicen algunos, “una de cal y otra de arena”, ni una política “buena” en un sentido, el pasado, y otra “mala” o “insuficiente” en relación al presente. Es el más efectivo mecanismo que ideó la burguesía argentina para reprimir a fondo, es la única “política de DDHH” del gobierno peronista que tenemos y del que vendrá con la “profundización del cambio” que prometen Cristina y su vice: más represión y más presos políticos, porque sólo así pueden asegurar más entrega y más explotación.

CAPITAL FEDERAL: VILLA CRESPO SITIADO POR INFANTERÍA
Parece que ni a Telerman, ni a Macri, ni a Aníbal Fernández les gustó la protesta de los vecinos de Villa Crespo que se oponen a que las inmobiliarias cambien el nombre del barrio a Palermo Queens para seducir más compradores.

El desacuerdo se reflejó no solo mediáticamente en el curso de la semana que pasó sino también en un acto público llevado a cabo en la esquina de Scalabrini Ortiz y Drago. En el lugar, además, se hacía un acto de desagravio a uno de los vecinos ilustres de V. Crespo, el maestro Osvaldo Pugliese.

El acto reunió a un centenar de vecinos más o menos organizados y siendo un sábado a la mañana, muchísimos curiosos.

La que no estaba para curiosear era la Policía Federal que en consecuentemente con la militarización K mandó tres (si tres) carros de asalto, dos patrulleros, y cuatro cuatriciclos. Había tantos manifestantes como policías.

En el medio de la actividad se escuchó que Rebeca le preguntaba a Sarita por qué tanta policía, “Porque pueden venir los piqueteros” fue la respuesta.

SAN ISIDRO: LOS MEDIOS REVINDICAN LA JUSTICIA POR MANO PROPIA (CONTRA LOS POBRES)
A los periodistas les encanta encontrar motes para los que glorifican la violencia privada, para los que, ejerciendo una suerte de vindicta privada- pública, se dedican a matar, con el desprecio de los que pueden rebajar al “otro”, al “enemigo social” a la categoría de nada, eliminable.

En su momento elevaron a la categoría de “justiciero” a asesinos al estilo del ingeniero Santos, que cambió dos vidas humanas por un miserable pasacasette. Hubos otros muchos que la prensa ponderó sus certeros disparos contra supuestos delincuentes. Porque mientras repudian cualquier acto de resistencia de los de abajo, hacen apología de pobres infelices que se creen con derecho de “hacer justicia por mano propia”.

Ahora fue el turno de un gordito carnicero de Beccar que, como es obvio, se quiere sentir de la misma clase social que sus vecinos de La Horqueta pero que reniega de sus otros vecinos, los de la villa La Cava. Este personaje frustró el asalto que estaba sufriendo una mujer con un certero tiro contra el autor del robo. Se llama Héctor Padilla y tiene 34 años. Y por supuesto, una típica afición por las armas y un odio hacia los pobres que le sale de los poros.

El periodismo imbécil lo bautizó el “vengador anónimo” y lo comparó con ese parapolicial que protagonizaba Charles Bronson. Y los móviles fueron hasta Beccar para entrevistar viejas que vociferaban que harían lo mismo que su “valiente” carnicero. Más de un imbécil se sintió identificado. Hasta el fiscal de la causa, otro vecino de San Isidro, que no lo tuvo detenido ni 24 horas y que además le calificó el hecho como “exceso en la legítima defensa de terceros”. El gordito de la carnicería de Beccar, gracias a los medios, y a la burguesía, se siente un héroe.

AZUL Y BERAZATEGUI: 2 CASOS MÁS DE GATILLO FÁCIL
Dos casos de gatillo fácil pasaron a engrosar el número de víctimas de la represión policial en la semana. Uno de ellos ocurrió en Berazategui, donde el sargento Hugo Alberto Salinas le disparó en el rostro a su mujer y luego se suicidó. El policía de 35 años pertenecía ala seccional 1ra de Berazategui a la que había sido destino sólo 12 días antes. La mujer se llamaba Patricia Bufill y tenía también 35 años.

En Azul el suboficial del Servicio Penitenciario Bonaerense Cristian Raúl Friedt (29), asesinó a cuchilladas a su vecino Roberto Alejandro Sepúlveda de 25 años. Las versiones periodísticas, que seguramente serán las del agente del SPB dicen que hubo una pelea en la calle y que el cuchillo pertenecía a la víctima. La causa está a cargo del fiscal Martín Céspedes (titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1 del Departamento Judicial Azul).