Boletín Informativo Nº 443

LA “INSEGURIDAD” SEGÚN LA UNIVERSIDAD DI TELLA Y LOS MEDIOS
Una nota del Diario Popular del domingo pasado publica los datos de una encuesta sobre “victimización” realizada por el Laboratorio de Investigaciones sobre Crimen, Instituciones y Política (LICIP) de la Universidad Torcuato Di Tella, donde llegan a la conclusión de que existe una enorme cifra negra de delitos que no se denuncian, y por ende concluyen que el nivel de inseguridad en que vivimos es más infernal de lo que nos informan cotidiana e insistentemente la televisión y otros medios.

Aunque la encuesta no aclara dónde ni a quiénes se entrevistó, no hay duda entre el diario, la Universidad Torcuato Di Tella y todos los funcionarios policiales consultados, hay acuerdo en que lo que debe decirse, más allá de lo que pueda demostrar la encuesta, es que la inseguridad es mucho mayor de lo que uno se imagina.

Por otro lado, hay algo que no hace falta hacer ninguna encuesta sobre delito para saber. La nota dice que el índice de denuncias es bajo porque la gente no confía en la justicia ni en la policía. Si uno revisa las secciones policiales de las últimas semanas puede encontrar que por lo menos la mitad de los crímenes publicados fueron protagonizados o contaron con la participación de fuerzas de seguridad públicas o privadas: el secuestro y homicidio del abogado, el juicio por el asesinato de Martinolli, de Verónica Gauto, y varios más, los gendarmes con 300 kilos de marihuana o extorsionando turistas. Los investigadores de la universidad y los periodistas no se hicieron preguntas como ¿Cuántos delitos son cometidos por civiles exclusivamente, y cuántos por fuerzas de seguridad? ¿Qué “índice de inseguridad” tendríamos si el total de la población tuviera el mismo porcentaje de involucrados en delitos que las fuerzas de seguridad? ¿Cuántos homicidios cometen los civiles, y cuántos los policías, guardiacárceles u otros miembros del aparato estatal? Los asesinados por el gatillo fácil, ¿se computan como homicidios? Los torturados en las comisarías, ¿se cuentan para engrosar el “índice de inseguridad”? ¿O el peligro es sólo que a uno lo roben, y no que uno pierda la vida por la bala de un policía que decidió reprimir a niños que jugaban al carnaval?.

¿Y las extorsiones cotidianas que sufren las prostitutas o las travestis por parte de la policía, que les roba su dinero y aparte les cobra algún favor sexual -verdaderas violaciones más de una vez- a cambio de la libertad? Cuando ellas entran a la comisarías detenidas o “demoradas”, lo que se consigna en los libros es que fue ingresado un “delincuente” o un “contraventor”. ¿Y el “peaje” que pagan los vendedores ambulantes, los cuidacoches, los limpiavidrios? ¿Y la “cuota” semanal de los boliches, bares y otros comercios? ¿Y el diario gratis para el comisario, las facturas y la pizza con fainá “para los muchachos de la guardia”? ¿Esos delitos no se cuentan?.

Todos estos datos seguro no entran dentro de los robos y las violaciones utilizados a la hora de machacarle al pueblo la cabeza con la idea de que hace falta, para frenar la inseguridad, llenar las calles con los únicos hombres y mujeres cuyos delitos no solo no se contabilizan sino que se ocultan y se niegan, datos que sólo se toman el trabajo de contabilizar los militantes del campo popular; que por supuesto a la hora de hacerlos públicos no cuentan con medios sino con la calle, calle en la cual gritarán sus denuncias frente a un nutrido cordón policial, y si deciden imprimirlos en una pared, pasarán a engrosar la lista de delitos cometidos por la población civil.

CUANDO EL GATILLO FÁCIL ES UN “ACCIDENTE”, Y LA VIDA DE UN POBRE VALE MENOS QUE LA PLATA DE UN ESTANCIERO
CORREPI sostiene que el gatillo fácil es parte de una política de estado, y no la simple suma de una serie de “hechos aislados” cometidos por “loquitos sueltos”, “psicópatas reclutados por error”, “resabios de la dictadura” o de una “maldita policía” insuficientemente “reformada” o que necesita más cursitos de DDHH. En la misma línea, decimos que por eso ninguna modalidad represiva es un “problema” circunscripto a lo policial, sino que ésta es la única forma en que pueden funcionar las fuerzas de seguridad dirigidas por cualquier gobierno que administre un estado burgués, más allá de las variantes y matices que surjan de circunstancias de tiempo y lugar.

Si hay algo que contribuye, desde el propio estado, a confirmar la posición de CORREPI, son las decisiones judiciales, que expresan, muchas veces con más claridad y menos vueltas que los discursos de los funcionarios políticos, la verdadera naturaleza de la represión estatal y su carácter esencial a la democracia burguesa. Nada es más contundente, a la hora de demostrar que la tortura, por ejemplo, es política de estado, que los reiterados fallos que se niegan a definirla como delito de lesa humanidad cuando ocurre aquí y ahora, incluyendo a la Corte de la Obediencia Renovada, que llegó al paroxismo de la franqueza al dictaminar que “en democracia no hay tortura”, por lo que matar a golpes a una persona en una comisaría es, para los jueces, un simple delito común cometido por un sujeto al margen de su condición de miembro del aparato de seguridad del estado, por lo que puede prescribir o ser indultado.

Es con esta idea en la cabeza que debemos analizar un par de fallos recientes dictados por tribunales del interior del país en esta semana. Por una parte, en Santiago del Estero, el policía Eduardo Witerman Maidana fue condenado a 3 años de prisión en suspenso por el homicidio de Luis René Lemos. El 28 de diciembre de 2004 este policía intervino en un allanamiento del domicilio de Lemos, buscando a un ladrón que se suponía estaba allí. Mientras Lemos estaba reducido boca abajo en el piso, recibió un disparo en la espalda que lo mató en el acto. Maidana, que estuvo en libertad durante todo el proceso, fue condenado por “homicidio culposo”, ya que la Cámara de Juicio Oral de 3ª Nominación consideró que el arma “se disparó”, y por lo tanto, fue un accidente. De nada sirvió que la fiscalía acusara por homicidio simple y pidiera 15 años de prisión. Sin necesidad de repetir que las armas no se disparan solas, porque para que se produzca la detonación hace falta desenfundarla, quitarle los seguros, amartillarla y presionar la cola del disparador, es bastante obvio que para los jueces, es un simple “accidente” que una persona detenida, tirada boca abajo en el piso, reciba un tiro en la espalda. Le puede pasar a cualquiera (que sea policía).

Del mismo modo, en Santa Fe, fueron absueltos dos policías que el 11 de septiembre de 2005 mataron a Gabriel Fernández, de 20 años. Ese día el agente Maximiliano Moro, de 27 años y apenas 8 meses como policía, y el cabo primero Américo Chamoulao, de 40, argumentaron que fueron atacados por un grupo de jóvenes en el barrio Centenario, por lo que debieron disparar “en defensa propia”. Al margen de que haya existido o no el pretenso enfrentamiento, no hubo dudas en el juicio de que Gabriel fue perseguido por los policías, que primero lo hirieron en una pierna y luego rematado. Se probó también que la víctima estaba huyendo, tratando de trepar un tapial, desarmada y acorralada. Sin embargo, ni siquiera fue considerado un “accidente”, como el caso santiagueño, sino directamente legítima defensa, por lo que ambos policías fueron absueltos.

Y decimos que las decisiones judiciales son excelentes fuentes para mostrar el carácter de clase de la administración de justicia, porque bien distinta es la forma en que resuelven cuando no se trata de la vida de un joven pobre, sino de la propiedad privada de los ricos. En esos casos, aunque el autor sea un policía, la justicia es mucho más dura, como ocurrió en la misma provincia de Santiago del estero hace muy poco tiempo. Mientras la vida de Lemos, fusilado en el piso, sólo le “costó” al policía Maidana tres años en suspenso, otro policía local, Claudio Moreno, fue condenado a 5 años de prisión efectiva por haber asaltado un camión que viajaba al Chaco, a los que les robó más de 30 mil pesos que llevaban para comprar hacienda. Bien clarito: la vida de un vecino pobre “vale” una pena excarcelable, pero 30.000 pesos de un estanciero se pagan con la cárcel, aunque el autor sea policía.

JUSTICIA PARA LEO GÓMEZ, ASESINADO EN LA UNIDAD 9
Al cumplirse tres meses de su asesinato, familiares y amigos de Leonardo Fabián Gómez, acompañados por CORREPI, concentramos este sábado en la entrada de la Unidad 9 de La Plata para denunciar, ante los vecinos y las visitas que ingresaban al penal, la responsabilidad del Servicio Penitenciario Bonaerense en la muerte del joven de 21 años.

Leo, al igual que más del 70% de los presos alojados en cárceles bonaerenses, se encontraba cumpliendo prisión preventiva a la espera de juicio. El 28 de mayo, tras una pelea con otro detenido, fue herido con una faca. Los familiares de Leo tienen muchas dudas sobre cuál fue la atención que le brindó el Área de Sanidad, desde donde fue trasladado al Policlínico San Martín. Las dudas se extienden también a la hora exacta en que se produjo el fallecimiento. En el acta de defunción se afirma que el deceso se produjo a las 7.00, mientras que en el hospital se informó a la madre que fue alrededor de las 10:00.

La actividad de denuncia consistió en pintadas sobre los muros del penal y en la pegatina de cientos de afiches y volantes por el barrio -ante la vigilancia de los guardiacárceles que nos querían intimidar mostrándonos sus escopetas- como para que quede bien claro que por acción u omisión, el SPB es responsable por la muerte de Leo.

El director del penal accedió a entrevistarse con la madre de Leo para asegurarle – en un intento por evadir la responsabilidad que le cabe como jefe de la unidad- que ya tenían identificado al supuesto asesino, y que no le habían gustado nada las pintadas que denunciaban Justicia para Leo, SPB Asesino. Gladys, madre del joven, contestó que “todos los meses nos vamos a hacer presentes para pintar y denunciar” la responsabilidad del SPB en la muerte de Leo.

JUICIO A POLICÍA TORTURADOR EN LA PLATA
En abril de 2001 Claudio Oporto, de 18 años, fue detenido por el policía Juan Susundegui y trasladado a la comisaría de Ranchos, provincia de Buenos Aires, donde, con el objetivo de adjudicarle una serie de delitos que el joven no había cometido, comenzó a ser golpeado por el propio Susundegui y otros policías de la seccional.

Tras una prolongada sesión de torturas, y viendo que Oporto se negaba a responsabilizarse de los robos, el suboficial de la bonaerense lo esposó y lo colgó de la antena de radio de la comisaría. Fue otro policía –seguramente partícipe de la sesión de torturas- el que decidió descolgar al pibe. Claudio aprovechó el momento de “sensibilidad” del cana que lo bajó –que seguramente pensó que las trompadas y demás golpes habían sido suficientes- para escapar y refugiarse en la casa de un tío cercana a la seccional.

Dos meses más tarde, en un procedimiento dirigido por el subcomisario Daniel Salinas, fueron detenidos el suboficial Susundegui y el inspector Fernando Yong, denunciados por los vecinos de Ranchos por esta práctica tan frecuente de los uniformados de liberar zonas, previo cobro de “peajes”, para delinquir con la venia de la comisaría. Lo anecdótico del caso es el hecho que dos horas después de las detenciones, el mismo subcomisario Salinas fue separado de la fuerza al quedar evidenciada su responsabilidad en los ilícitos que se les imputaban a sus subordinados detenidos en el operativo.

Esta semana comenzó en La Plata el juicio oral contra el suboficial Susundegui, acusado de detención ilegal y apremios ilegales, dos prácticas cotidianas, avaladas y toleradas por el estado: la primera a partir de las facultades policiales para detener arbitrariamente, a través de la aplicación de los códigos de faltas y contravenciones o la averiguación de identidad; la segunda, con la complicidad del poder judicial que disimula la aplicación sistemática de torturas al utilizar el eufemismo de “apremios ilegales”, y así circunscribe al funcionario policial un crimen de lesa humanidad.
En “democracia”, la libertad de expresión es tal, que se la reprime cuando se la reclama. Como cuando Raúl Lescano fue detenido en la manifestación por el día internacional por la libertad de los presos políticos, este miércoles 29, quince militantes anarquistas de diferentes agrupaciones fueron encarcelados cuando escrachaban la embajada de Uruguay, en una jornada internacional por la libertad del compañero uruguayo Fernando Masseillot. Se les imputaron los delitos de atentado y resistencia a la autoridad, daño calificado y lesiones. Como el pasado 22 de agosto, la jueza que se encargó de los presos por causas políticas en la ciudad de Buenos Aires, fue Servini de Cubría.

Fernando Masseillot fue encarcelado en Montevideo el 9 de marzo de este año, cuando George W. Bush visitaba al presidente Tabaré Vázquez para avanzar en las negociaciones de un tratado de libre comercio entre EEUU y Uruguay. El compañero, acusado de haber tirado piedras a un local de McDonalds, símbolo del imperialismo, está procesado bajo el gravísimo cargo de sedición.

URUGUAY Y ARGENTINA, GOBIERNOS SOLIDARIOS… CON EL IMPERIALISMO
Así como la aprobación de la ley antiterrorista fue para satisfacer la exigencia yanqui, a través del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), del departamento de estado de EEUU, del FMI y del propio Bush y sus funcionarios en varias reuniones cumbres, este tipo de detenciones reflejan el servilismo de los gobiernos como el de Kirchner o el del Frente Amplio frente al amo imperial. Hoy mismo, el gobierno uruguayo dispuso un operativo de más de 500 efectivos, militarizando un radio de 2 km. alrededor de la planta finlandesa Botnia, para impedir que la protesta ambientalista se acercara a la fábrica de intoxicación. Ya en la aduana secuestraron las banderas y los carteles que denunciaban lo perjudicial de la pastera para la salud de las personas, y la complicidad de los gobiernos. Recordemos que similar medida adoptó el 18 de agosto pasado el ministerio del interior, al instalar a la gendarmería nacional en el puente internacional que une Concordia y Salto para impedir su corte.

Una prueba más de que los pueblos somos hermanos ante opresión de los estados. Así como usan la demagogia en materia de derechos humanos para profundizar su violación en el presente, similar es el mecanismo de cooptación sustentado en el discurso “nacional y popular”, que promueve “contracumbres” con alguna cháchara antiimperialista mientras crece la represión para asegurar el saqueo y garantizar las ganancias del capital extranjero y opresor.

¡¡RIFA!!
Colaborá con la rifa a beneficio de Familiares CORREPI Zona Oeste. Primer premio: un corderito listo para asar. Segundo premio: un set de bebidas. Valor: $ 3. Sortea el 22/9/07 con la jugada nocturna de Lotería Nacional. Reservá tu número escribiendo a correpi@fibertel.com.ar.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
6 y 7 de septiembre, charlas sobre la ley antiterrorista a cargo de María del Carmen Verdú y Nicolás Espósito de CORREPI en localidades de Río Negro y Neuquén.

Sábado 15 de septiembre, en ATE Moreno (Piovano 3077), charla sobre Ley Antiterrorista con compañeros de la Coordinadora Antirrepresiva Oeste y la Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos. Por CORREPI, integrará el panel Nicolás Espósito. Los días previos se organizarán volanteadas de difusión en la estación y la Plaza San Martín de Moreno, la Plaza Rocha de Morón y la estación Once.

—————————————————————-En La Plata, escuchá Atando Cabos, el programa de CORREPI, los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.

Los sábados, a las 18:00, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, ex Radio Ciudad, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar,
tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.

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