Boletín Informativo nº 445

A UN AÑO DE LA DESAPARICIÓN DE JORGE JULIO LÓPEZ
Este martes 18 se cumple un año de la desaparición de Jorge Julio López, planteada desde un principio como la “respuesta” de cierto sector (los resabios de la dictadura) hacia la decisión política del gobierno de Kirchner en materia de derechos humanos, y postulándose así el gobierno como víctima de la desaparición, lo cierto es que los “esfuerzos” del gobierno de turno por encontrar “al amigo López” no se materializan en la realidad.

A un año de su desaparición, todavía se desconoce la identidad del cuerpo carbonizado hallado el 20 de septiembre camino a Punta Lara. Los investigadores, rápidos y eficientes para consultar videntes y dirigir decenas de rastrillajes y operativos infructuosos en baldíos y descampados, dilatan durante meses y cometen todo tipo de irregularidades a la hora de llevar a cabo allanamientos en casas de policías y ex policías que podrían estar involucrados en la desaparición de López.

Muchos que levantan como consigna el “desmantelamiento del aparato represivo” refiriéndose a los policías de la dictadura que integran aún la fuerza, son los mismos que hoy exigen apartar a las fuerzas de seguridad “democráticas” de la investigación. Lo dijimos hace un año y lo repetimos hoy: el aparato represivo ES el estado, el mismo que crea consenso para reprimir con el menor costo político posible presentándose como el gobierno de los derechos humanos, encarcelando de vez en cuando algún que otro dinosaurio de los 70, que bien cumplió en su momento con su misión de reprimir a los oprimidos, y ahora es un lastre innecesario.

El “aparato repreisivo” es el mismo estado que sigue asesinando a razón de una persona día por medio con el gatillo fácil o con las torturas en cárceles y comisarías, que amplía las facultades policiales para detener arbitrariamente, que aprueba la ley antiterrorista para criminalizar aún más la protesta a pedido del Departamento de Estado norteamericano, que responde con represión, procesamientos y cárcel cualquier indicio de organización que cuestione los intereses de clase que sus gobiernos defienden.

Lejos de haber sido desterrado con el regreso de la democracia, el terrorismo de estado de hoy se manifiesta con la desaparición de López y de decenas de personas a manos de las fuerzas de seguridad (Hugo Álvarez, Iván Torres, Miguel Linares, Raúl Baigorria, Martín Basualdo, Miguel Bru, por nombrar sólo algunos casos); los más de 200 asesinados en lo que va del año por el gatillo fácil y las torturas; la militarizació n de ciudades y hasta hospitales; los presos políticos y los miles de procesados por luchar.

A un año de la desaparición de Jorge Julio López, seguimos responsabilizando por su vida al gobierno de Néstor Kirchner que nos quiere hacer creer que lo busca con la bonaerense, la SIDE y demás fuerzas de seguridad federales, las mismas con las que se encarga de ejecutar la política represiva que descarga sobre los oprimidos y los luchadores populares de hoy.

LA “PEDAGOGIA” DE LA FALCON, SOBRESEIDA
El jueves pasado los medios masivos de comunicación informaron que fueron sobreseidos los suboficiales Alejandro Adrián Ambrosio, Luciano Darío Rugnia y Francisco Javier Renauld, que fueron acusados en febrero de este año por lesiones y abuso de autoridad después de propinar un “baile” durante la instrucción a una veintena de cadetes ingresantes a la fuerza. Cuando el hecho fue conocido, el ministro del interior Aníbal Fernández tuvo que calificarlo públicamente como “aberración”. Recordemos que diecisiete cadetes terminaron internados de urgencia en el Hospital Churruca con deshidratación, lesiones neurológicas y musculares por el aberrante trato padecido.

Sostuvimos entonces desde CORREPI que no se trataba de “lesiones culposas” ni “abuso de autoridad”, sino que la calificación legal que hubiera correspondido es la de tortura, que contrariamente a lo que dice la Corte Suprema, no forma parte del pasado de la fuerzas de seguridad, sino de su presente. Decíamos a principios de años que esos instructores que torturaron para enseñar a torturar no son “resabios de la dictadura”, como Aníbal Fernández nos quiere hacer creer, sino que la tortura es una práctica sistemática y habitual en comisarías y cárceles de todo el territorio nacional.

Ahora, como “frutillita del postre”, aparece el sobreseimiento fácil que otorgó en esta oportunidad el juez Pigni, que sobreseyó a los tres instructores de la escuela Ramón Falcón a pedido de la fiscal correccional Andrea Giudice. La fiscal sostuvo en su dictamen que no podía “afirmar en modo alguno que el daño en el cuerpo de los damnificados fuere el producto de un exceso en el entrenamiento que se les ordenara seguir, o simplemente de un agotamiento propio de un fuerte entrenamiento en personas que se encontraban fuera de estado físico”.

Una muestra más de la política represiva del estado, que refleja toda una política de clase, aun cuando esta vez sus víctimas fueran los aspirantes a ser sus perros guardianes. Ni a Kirchner ni a Fernández les va a temblar la mano para firmar la reincorporación a la fuerza de estos suboficiales, con la excusa de que la justicia los investigó y los sobreseyó. ¿Punto final u obediencia debida?.

CORRUPCIÓN POLICIAL: EL QUE NO ROBA ES MANZANA PODRIDA
Daniel Nicolás Lencina fue acusado en 1990 de robar en un frigorífico donde trabajaba, razón por la cual se lo citó a indagatoria. Lencina no se presentó. Acto seguido se lo consideró prófugo y se pidió su captura. Lo encontraron 17 años después, trabajando en la Comisaría 7ª de Castelar, después de recibir tres ascensos hasta obtener el rango de sargento. Además, lo detuvieron cuando lo pescaron coimeando a una pareja a cambio de permitirles vender CDs truchos, tarea a la que se suelen dedicar los uniformados que controlan la “venta informal”. Estando prófugo por el robo, Lencina ingresó a la Bonaerense en 1993. Ahora el Ministerio de Seguridad “tomó serias medidas”: lo puso en disponibilidad, con lo que dejó la tarea activa y sólo cobra la mitad del sueldo. Bastante más, hay que admitirlo, que las medidas que toman con los que no roban para la policía, sino que fusilan o torturan.

Mientras tanto, en La Plata se descubrió una banda de diez policías, un ex policía y algunos civiles, que se dedicaban a compensar sus magros sueldos con asaltos comando, en este caso al hipermercado Nine. De los diez, dos han sido detenidos y el resto está prófugo. Los únicos detenidos son el teniente Eduardo Alcides Sánchez y el sargento Julio Omar Córdoba

Entre los poli-ladrones prófugos está el comisionado (rango máximo de la Bs. As. 2) Carlos Luis Martínez, que mientras robaba supermercados también era jefe de la División de Delitos contra la Propiedad Automotor del Ministerio de Seguridad, uno que seguro recibía un sueldito de varios miles de pesos. Los otros policías son el subteniente Daniel Alberto Heindl, el capitán César Damián Hidalgo, el teniente primero Juan José Martínez, el capitán Edgardo Claudio Robledo, el sargento Sergio Ricardo Márquez, el oficial Luis Horacio Bramuel y el teniente primero Luis González Gramajo. Los únicos detenidos son el teniente Eduardo Alcides Sánchez y el sargento Julio Omar Córdoba.

El Ministerio de Seguridad dice estar buscándolos, como siempre. Seguramente los encontraremos dentro de 12 o más años como comisarios dispersos en la provincia de Buenos Aires, sirviendo a la comunidad.

LA PATOTEADA DE UTPBA A LOS TRABAJADORES DE PERFIL
En otro caso más de “solución” de conflictos gremiales a través de la burocracia sindical, la semana pasada se produjo un episodio más de patotas conteniendo el conflicto social, la “progresista” UTPBA (Union de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires) atacó a un trabajador de la Editorial Perfil.

El origen del conflicto está enmarcado en las elecciones del próximo 27 y 28 de septiembre a realizarse en ese gremio. Con los típicos métodos de la burocracia, al estilo de Lorenzo Miguel y su UOM, la UTPBA proscribió la lista opositora Naranja-Violeta encabezada por Ruben Schofrin, trabajador de Perfil, alegando falta de avales de la lista. Por otro lado, esta editorial despidió al editor Alejandro Wall, como represalia por su participación en las medidas de fuerza realizadas hace meses por reclamos salariales.

Al enterarse del despido de Wall, sus compañeros se declararon en asamblea, lo que en la práctica implicó un quite de colaboración. Una asamblea de trabajadores, realizada más tarde, decidió realizar paro hasta tanto no se reincorpore al trabajador despedido. Los delegados llamaron a los funcionarios de la cartera laboral y a la UTPBA, el ministerio convocó a una audiencia para el día siguiente y la reunión no se pudo hacer por la ausencia de los representantes del sindicato. La UTPBA se borró.

A raíz de esto, un trabajador de Perfil, Tomás Eliaschev (al que CORREPI patrocinó cuando fue agredido con gas pimienta por un subcomisario en una movilización que estaba cubriendo como periodista), se acercó a la sede del gremio a pedir explicaciones. Como respuesta “solidaria”, recibió una golpiza tremenda por parte de dos integrantes del sindicato, que lo mandó al hospital con heridas en la cabeza y fractura de tabique nasal con compromiso serio de un ojo. Y pudo ser peor aún, porque lo salvó el guardia que se encuentra en la puerta del edificio.

Eliaschev fue solo, y en actitud de pedir explicaciones. Mal podía tener una actitud violenta como alega el sindicato, que publicó un comunicado donde hace pública la adhesión de no se sabe qué periodistas ante un supuesto “ataque al local que no es de la UTPBA, sino de todos los trabajadores” que le adjudica a la lista opositora. Pero Eliaschev no pertenece a la lista Naranja. Es militante del Frente Popular Dario Santillán y asumió con el conjunto de sus compañeros de Perfil la lucha por sus reivindicaciones y por el repudio al despido de Wall.

En estos años K nos hemos cansado ya de publicar noticias sobre las patoteadas que distintas conducciones oficialistas y burócratas ponen al servicio del gobierno y la patronal para garantizar la explotación sin chistar. La golpiza recibida por un trabajador de Perfil es un ejemplo más. Los compañeros pueden contar con toda nuestra solidaridad.

OTRA VEZ SANTA CRUZ, OTRA VEZ REPRIME EL “GOBIERNO DE LOS DDHH”
Menos de un mes después de que el funcionario provincial-nacional-provincial Daniel Varizat arrollara deliberadamente a casi dos docenas de trabajadores estatales con su camioneta de lujo a metros del escenario del primer acto proselitista en Santa Cruz de Néstor y Cristina Kirchner, nuevamente se descargó la represión en la provincia que funciona como uno de los “laboratorios” represivos de este gobierno. Esta vez fue la gendarmería, que arremetió a los balazos contra los trabajadores de la empresa Empasa en Caleta Olivia. El hecho fortuito de que una de las heridas, con dos balazos en un pie, fuera la periodista radial Adela Gómez hizo que el episodio hiciera un poco más de ruido que si los heridos hubiera sido “sólo manifestantes”…

Hace mucho que los trabajadores de la empresa de capitales españoles Empasa piden su encuadramiento dentro del convenio del gremio petrolero, porque están afiliados al sindicato de peones rurales (UATRE), cuando en realidad trabajan para una petrolera. Después de mucho reclamo, finalmente salieron a la ruta 3 y la cortaron, lo que obviamente detuvo el paso de algunos vehículos. Entre ellos estaban los colectivos que llevaban militantes peronistas al lanzamiento de la campaña por la gobernación de Daniel Peralta, actual mandatario por obra y gracia del dedo presidencial. Gendarmería no dudó: que los colectivos llegaran al acto era una cuestión de estado, frente a la cual podían intervenir violentamente.

Después de los tiros, cuando la periodista herida puso el tema en la prensa nacional, el comandante de los gendarmes, Roberto Caserotto, y el gobierno santacruceño, afirmaron en un comunicado que el fiscal federal con asiento en Comodoro Rivadavia ordenó el procedimiento de desalojo. Fuentes judiciales locales dijeron al diario La Nación que el fiscal federal Norberto Bellver no recibió ningún pedido formal para ordenar el desalojo, y la jueza federal de esa misma ciudad, Eva Parcio, negó haberlo ordenado.

Después dijeron las “fuentes reservadas” que “Gendarmería actuó en el marco de sus funciones como lo haría la policía ante un hecho delictivo”, de donde no queda claro si lo delictivo es cortar la ruta, reclamar el reencuadramiento sindical, o dificultar el traslado de la tropa que debía engrosar el acto oficialista. O las tres cosas.

El ministro del interior Aníbal Fernández, de quien dependen los gendarmes, dijo que ordenó a sus subordinados que hagan un sumario para sancionar a los autores de los disparos que hirieron a la periodista. Ni una palabra sobre las responsabilidades políticas, sobre la responsabilidad de los que ordenaron,… ni de los que apretaron el gatillo contra los manifestantes aunque tuvieran mala puntería.

Apenas unas horas antes de encabezar el acto al que iban los colectivos defendidos a los que la gendarmería liberó el paso, el presidente Kirchner había declarado muy rimbombante: “No trabajo para la Santa Cruz de las patotas, sino para la Santa Cruz de la honestidad”.

20 DE DICIEMBRE: MANIOBRA PARA ANULAR LA CAUSA Y EVITAR EL JUICIO
Muy pocas de las causas originadas en la represión de diciembre de 2001, que se cobró 37 muertes en todo el país, llegaron a una sentencia. Ninguna fue más allá de los autores materiales, mostrando una vez más que, aun tratándose de un gobierno caido, la lealtad de clase protegió a los funcionarios políticos que dirigían al aparato represivo estatal en aquel momento. Sólo en la causa iniciada en la ciudad de Buenos Aires por los cinco asesinatos cerca de Plaza de Mayo se avanzó parcialmente en ese sentido, con el procesamiento del ex secretario de seguridad interior, Enrique Mathov, y del ex jefe de la policía federal, Rubén Santos, y de los comisarios Norberto Gaudiero y Raúl Andreozzi.

Durante más de cinco años advertimos que la jueza María Romilda Servini de Cubría trabajaba “para los titulares de los diarios”, dictando medidas impactantes, como la prisión preventiva de Santos y Mathov allá por los primeros meses de 2002, con argumentos deliberadamente tan absurdos que se aseguraba que la cámara de apelaciones tuviera obligadamente que liberarlos, mientras ella quedaba como la “dura justiciera”. Esa costumbre, frecuente en causas en las que se investiga personal del aparato represivo del estado, se complementa con la actividad dilatoria de las defensas de los funcionarios, especialistas en ganar tiempo.

Formalmente, desde fines del año pasado que la causa está en condiciones de ser elevada a juicio respecto de los cuatro procesados, Mathov, Santos, Gaudiero y Andreozzi. Pero las defensas plantearon a la jueza que la instrucción no estaba completa, y le exigieron que produjera nueva prueba, dirigida a la actuación de la propia Servini de Cubría como jueza de turno en aquellas jornadas de rebelión popular. Servini, argumentando que eso le causaba “violencia moral”, se excusó de seguir a cargo de la causa, que fue a parar a su colega, el juez federal Claudio Bonadío. Bonadío aceptó la competencia, y empezó a dar señales de que haría lugar a las pruebas pedidas por los defensores.

Fue entonces que CORREPI, el CELS y la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, querellantes en la causa, presentamos primero un pedido de “pronto despacho” a Bonadío y luego una queja por “retardo de justicia” ante la Cámara Federal, reclamando que se eleve la causa a juicio oral. En la tardía contestación al primero de los escritos, Bonadío dejó bien clara su decisión ya tomada de producir nueva prueba, con la consiguiente demora y riesgo cierto de prescripción.