Boletín Informativo Nº 453

EL ESTADO SIGUE MATANDO POBRES: 35 MUERTOS EN EL PENAL DE SANTIAGO DEL ESTERO
Como hace dos años en la unidad 28 de Magdalena, 33 presos murieron como consecuencia de un incendio en el pabellón 2 de la Unidad Penitenciaria Nº 1 de Santiago del Estero. El fuego se originó pasadas las 18:00 cuando los presos, hartos de la violencia con que el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) lleva a cabo las requisas a los familiares durante las visitas, comenzaron a quemar colchones a modo de protesta. El reclamo también tenía también como objetivo exigir la aceleración de las causas de los internos procesados, mejoras en la alimentación y de las condiciones de detención en un penal con capacidad para 200 personas y donde se encontraban alojadas más de 450.

Con la complicidad de los medios de comunicación, desde el gobierno se instaló en la opinión pública que la “tragedia” fue consecuencia de un intento de fuga frustrado por el servicio penitenciario y que los presos amotinados fueron los responsables de sus propias muertes. A pesar de que las imágenes de los noticieros mostraron al pabellón completamente quemado y con los candados cerrados en las puertas, ningún periodista puso en cuestión el rol del SPP en las muertes, avalando la hipótesis de que los presos se mataron entre ellos y que, como en Magdalena, los penitenciarios no pudieron hacer nada para evitarlo. La represión continuó dentro del penal hasta la tarde del día siguiente. Los presos denunciaron que el SPP disparó balas de goma y de plomo a los internos que seguían amotinados.

En las inmediaciones del penal, los familiares de las víctimas comenzaron a reunirse para exigir información sobre la nómina de muertos y heridos. La respuesta del gobierno fue la represión: 300 policías del Grupo Especial para Tareas y Operaciones de Alto Riesgo (GETOAR), de Infantería, de la División Canes y de distintas comisarías rodearon el penal y dispararon balas de goma y gases sobre los familiares. Pasaban las horas, e incluso antes de que se informaran oficialmente los nombres y el número de muertos, el gobernador Zamora –que mantiene una excelente relación con el gobierno nacional- dijo textualmente estar “a disposición de lo que soliciten en el penal. Tenemos un stock de 100 cajones (en referencia a los féretros) pero no creo que hagan falta tantos”. Toda una muestra ejemplar de “sensibilidad” del jefe de gobierno provincial, que no garantiza la vida de las personas bajo custodia del estado, pero sí una cristiana sepultura.

Funcionarios del gobierno provincial aparecieron en los medios balbuceando la hipótesis del intento de fuga. “Se trató de un motín con intento de fuga que se originó en el pabellón 2 donde hay 42 internos procesados”, explicó el director del penal Rodolfo Camaño, quien conociendo ya la magnitud de la masacre, optó por decir que todavía no se atrevía a hablar de personas muertas. De lo que sí estaba seguro Camaño es que “ninguno pudo fugarse”. La efectividad ante todo: que estén vivos o muertos es un detalle menor para este funcionario; lo importante es que no se fuguen. Cuarenta y ocho horas después de la masacre, Camaño era destituido por decreto de su cargo y los medios no dudaron en hablar de “víctima política” al referirse al ahora ex director.

La justicia santiagueña, en sintonía con la versión oficial y en otra clara muestra de su “independencia” del poder político, adhiere a la hipótesis de que los presos se mataron entre ellos. “Entendemos que hubo un claro intento de fuga que terminó en motín, que a su vez encontró a los presos prendiendo fuego todo a su paso, lo que les ocasionó la muerte, cayendo ellos mismos en una trampa mortal”, dijo el juez Ramón Tarchini negando, de esta forma, cualquier tipo de responsabilidad del SPP.

La secretaría de derechos humanos envió dos psicólogos que se dedicarán a la contención y asistencia de los familiares de las víctimas… y a desarticular o encausar, en beneficio del mismo estado asesino, cualquier tipo de organización o confrontación de los familiares de las víctimas.
Las masacres en penales se suceden una tras otra (Córdoba, 5 muertos; Coronda, 14; Magdalena, 33 y 35, por ahora, en Santiago del Estero, por citar las más recientes y numerosas- y la comisión interamericana de derechos humanos instó, una vez más, al gobierno a que “investigue el incendio y tome recaudos para evitar que tales hechos de violencia y pérdidas de vidas humanas se repitan en el futuro”. Pedido que no pasa de ser una mera formalidad y no revierte las condiciones inhumanas de reclusión en las cárceles de todo el país, como lo demuestran los hechos, con cárceles superpobladas, nichos hidrantes que no funcionan, penitenciarios que matan o dejan morir a los internos.

Ni tragedia, ni deuda de la democracia, ni defectos del sistema que aún no se han podido corregir: el encierro, el hacinamiento, las torturas y el asesinato de pobres es la política de derechos humanos que implementa el gobierno de turno y que sus policías ejecutan cotidianamente en las cárceles, en los barrios, en las comisarías.

MÁS FACULTADES REPRESIVAS CON EL NUEVO CÓDIGO DE FALTAS DE SAN JUAN
Desde hace más de cuatro años que, cada vez que la Corte Interamericana de DDHH nos pregunta cómo avanza el cumplimiento d ela sentencia en el Caso Bulacio, tenemos que contestar lo mismo: NO AVANZA, RETROCEDE. Porque, además del incumplimiento obvio que surge de que el comisario Espósito sigue tranquilo en su casa sin sentencia, y que la policía nos mata pibes todos los días, en forma permanente se incrementan también en todo el país las facultades policiales para detener personas arbitrariamente.

Con la mentirosa excusa del “combate al delito”, como si se desbarataran bandas de narcos levantando adolescentes por docenas en las esquinas, la leyes dan a las fuerzas de seguridad herramientas como la averiguación de antecedentes o los códigos de faltas y contravenciones, que les permiten detener a cualquiera en cualquier lugar, sin expresar siquiera un motivo. Total, una vez en la comisaría, y generalmente un buen rato después de la detención, cuando dejaron de pegarles o mientras les pegan otros, llenan un par de planillas asentando que el “individuo tuvo una actitud esquiva al divisar a los efectivos” o que “aceleró el paso”, o simplemente la infalible afirmación de que “incurrió en una actitud sospechosa”.

Total, si el “demorado” tiene la peregrina idea de denunciar la privación ilegal de libertad, la extorsión que le hubieran hecho para sacrale plata bajo amenaza de armarle una causa o las torturas, siempre hay un juez a mano que dictamine que fue todo bien legal porque se aplicó la ley 23.950, la 12.155 o la que sea según la provincia, o porque se cometió alguna de las faltas del código disponible. Y si por esas contradicciones del sistema algún policía fuera procesado, ahí está la “transparente” corte suprema para defender el “olfato policial” o para afirmar que en democracia podrá haber algún chirlo, pero nunca llega a tortura…

Ahora les tocó el turno de aggiornarse a los sanjuaninos, cuya cámara de diputados acaba de sancionar por unanimidad un nuevo código contravencional (ley 7819) que entrará en vigencia el próximo 14 de noviembre. Como antes la Ciudad de Buenos Aires, Corrientes y tantas otras provincias, la nueva norma profundiza la función represiva de estos códigos fulminados de ilegalidad por la Corte IDH en el Caso Bulacio, castigando como delitos conductas que no lo son, o directamente castigando circunstancias personales o condiciones de vida. De paso, levantan también la puntería contra los sectores organizados de la población, restringiendo los derechos de reunión y de petición a las autoridades, lo que en criollo significa criminalizar la protesta. Así se aumentan las penas de prisión y multas para el “merodeo”, la “vagancia” o la organización de actos públicos sin autorización oficial.

Como decimos cada vez que nos preguntan porqué el estado argentino no cumple la sentencia del Caso Bulacio, la respuesta es una sola: no es que no quiera o que no sepa cómo hacerlo. Simplemente no puede, mientras sea un estado de clase. Ningún gobierno de ningún estado va a autolimitar las facultades de su aparato represivo cuando las necesita para garantizar la opresión y la explotación.

LOS AMIGOS DE SOMOHANO
Don Felipe Solá tuvo varias recetas a la hora represiva. Argumentando lo de “acercar la justicia y la policía a la gente”, creó al estilo yanqui las fiscalías de distrito y la policía comunal. Así se juntaban, bajo la cabeza del intendente, fiscales, policías y delincuentes que se mueven en el égido municipal, todo debidamente controlado por el P.J. local.

Uno de los lugares donde funciona la policía local es en Baradero, donde hay un intendente llamado Aldo Carossi. De ese municipio también es vecino el ex jefe de la policía bonaerense en épocas del folckórico Cafiero, el comisario Somohano. A pesar de su pasado procesista y de su amistad con Patti, este represor se hizo más conocido cuando su hijo mayor dirigió la partida federal que torturó a Ezequiel Demonty tirándolo a las aguas del Riachuelo.

Pues bien, el comisario Somohano estafó a un vecino de Baradero. Le vendió una propiedad rural que resultó más chica en la realidad que las hectáreas descriptas en la escritura. Hay varios juicios entrecruzados entre el comprador y el ex jefe bonaerense. En los últimos días del mes de octubre, la justicia de San Nicolás ordenó una diligencia de constatación en la chacra en cuestión. Ello es, que un oficial de justicia llame a la puerta de la vivienda y pregunte quién vive allí, y a qué título. Nada más sencillo. El día en cuestión el funcionario público se llegó al umbral (o a la tranquera), pero no fue solo. Lo acompañaba Somohano. Irregularidad al fin, aunque siendo una de las partes del juicio el policía podía justificar que participara de la medida. Pero los que no estaba invitados a intervenir en la diligencia, e igual estaban allí, eran una docena de policías comunales que, sin autorización judicial, se hicieron presentes para “hacerle el aguante” a Somohano.

Los efectivos de la policía de Baradero, con evidente autorización del intendente Carossi, custodiaron a Somohano, armados como corresponde. Los muchachos de la municipalidad y del comisario fueron a amedrentar al vecino que tuvo el atrevimiento de iniciarle un juicio. Apriete mediante, una vez más, “pertenecer tiene sus privilegios” y el Frente para la Victoria los prefiere con uniforme.

POLICÍAS DE LA 1ª DE ENSENADA GOLPEARON A CUATRO JÓVENES
El domingo 4 por la tarde, en el cruce de las calles 25 de Mayo y Estados Unidos de la ciudad de Ensenada, fueron interceptados por dos patrulleros Sofía Fernández (18), Nadia Garbariño (19), Javier Agostinelli (22), y Luciano Andrada (26). Los jóvenes se negaron a ser trasladados a la Comisaría 1ª, porque no había motivo alguno para la detención. Los policías ni siquiera les pidieron sus documentos y tampoco había personal femenino para requisar a las jóvenes. Al manifestar esto, recibieron como respuesta agresiones verbales y varios golpes.

Los policías que participaron del hecho son Mariano Azarchuk, Pedro Gómez, Pablo Palermo y Diego Segovia. Sofía Fernández fue tomada de los brazos por personal masculino para forzarla a entrar a un móvil. Ante su resistencia la golpearon con el bastón policial en la cabeza y en uno de sus brazos. Ella pudo escapar, igual que Nadia Garbariño, quien recibió un golpe en una de sus piernas. Luciano Andrada subió al patrullero sin oponer resistencia pero Javier Agostinelli se rehusó y los agentes lo golpearon con el mismo instrumento en los brazos y la espalda hasta que lograron derribarlo, inmovilizarlo y esposarlo.

Javier relató que al llegar al hall de la Comisaría 1ª uno de los agentes le dijo “así que vos sos el duro” y lo golpeó en la espalda, el rostro y el pecho mientras apretaba su cuello. Luciano, el otro demorado, le dijo al policía que no podía hacer eso y este le respondió pegándole en el rostro.
Más tarde se presentaron en el lugar Nora Danielle, Beatriz Sánchez y Osvaldo Garbariño, padres de Sofía y de Nadia respectivamente, con la intención de radicar una denuncia por los golpes que sus hijas recibieron. Luego de reiteradas negativas y burlas y de mucho esperar, la denuncia fue tomada pero hasta hoy desconocen su destino.

Los jóvenes detenidos fueron acusados -cuando no- del delito de “resistencia a la autoridad”, causa que recayó en la Fiscalía Nº 6 a cargo del fiscal Marcelo Romero, quien consideró que no había pruebas suficientes para la acusación y ordenó que fuera archivada. Javier y Luciano fueron liberados el lunes al mediodía.

Fue notable que, una vez descartada la imputación contra los chicos por su inconsistencia, aun para un fiscal como el célebre Romero, los empleados de la UFI se negaran a recibir la denuncia contra los policías. Reiteradamente hicieron la “sugerencia” de que la hicieran en Asuntos Internos de la policía. Las víctimas y sus familiares, acompañados por CORREPI, insistieron en asentarla en la fiscalía donde finalmente fue tomada.

PASARON LAS ELECCIONES, LIBERARON A VARIZAT
Liberaron bajo fianza a Varizat. La noticia no sorprende tanto como lo hizo que estuviera preso desde que deliberadamente atropelló a un grupo de docentes que protestaban en las inmediaciones del estadio donde el actual presidente y la entonces candidata, hoy presidenta electa, iban a hacer un acto proselitista. Pero ya pasaron las elecciones, Cristina es presidenta y el hombre de confianza del santacruceño volvió a su casa en Buenos Aires, mientras a unos cuantos kilómetros, en Río Gallegos, sigue en trámite formal la causa en su contra.

El ex funcionario nacional y ex ministro de gobierno provincial está procesado por “lesiones múltiples graves y muy graves en concurso real”, calificación que aunque sea más leve que la que correspondería (tentativa de homicidio reiterada en tantos casos como heridos hubo) no habilitaría la libertad para cualquier ciudadano raso sometido a similar causa penal. La defensora de Daniel Varizat lo dijo con todas las letras: “El juez de recursos, Rubén Lobos, resolvió la liberación de Daniel Varizat basado sólo en las condiciones personales del detenido, no hubo pronunciamiento sobre la cuestión de fondo”. O sea, lo liberó por ser quien es, no porque fuera menos grave lo que hizo. A confesión de parte, relevo de prueba, dicen los abogados. Una más para la lista de excarcelaciones fáciles que benefician siempre a ricos y famosos, a funcionarios de gobierno y a los integrantes del aparato represivo del estado.

SE VIENE EN LOMAS OTRO JUICIO A LA TORTURA
El 14 de diciembre del 2002, dos sargentos de la comisaría 5 de Lomas de Zamora, Isidoro Segundo Concha y Ramón Quevedo, detuvieron y golpearon a Jorge “Chaco” González (31). La detención fue, como tantas, deliberadamente hecha para extorsionar a su familia. Ramona, al mamá de “Chaco” recibió un llamado del oficial de servicio convocándola urgente a la comisaría. Ahí le explicaron bien clarito: o traía $2.000 o “lo pasaban a juzgado con una causa por robo”. Para demostrar que eran gente de palabra, hasta le mostraron la bicicleta amarilla cuyo robo le imputarían.

Ramona recurrió a toda su familia y con esfuerzo juntó la mitad del dinero. En una muestra de buena voluntad, los policías liberaron a Jorge contra el pago de $1.000 y la promesa de volver en la semana con el resto, y un cachorro de perro maltés, que Ramona cría, como “interés moratorio”.

Doblado de dolor, “Chaco” salió de la comisaría, y contó que al detenerlo lo esposaron a la espalda, y lo tiraron al piso boca abajo. Mientras uno de los policías lo levantaba de las esposas forzándole los brazos, el otro lo pateaba y le daba golpes de bastón en la cabeza y sobre todo en el tórax. También, contó, le pegaron en la comisaría y le dieron bolsita (submarino seco). Durante días se sintió mal, vomitando cualquier cosa que tomaba o comía. Cuando comenzó a orinar sangre su madre lo llevó al hospital. Después de varias derivaciones, murió en el hospital Ramos Mejía el 7 de enero. La autopsia reveló los hematomas y coágulos debajo y detrás de los pulmones que le causaron al muerte.

El 22 de noviembre, los asesinos de “Chaco” serán juzgados por el tribunal oral nº 7 de Lomas de Zamora. La fiscalía los acusa de haberle causado la muerte “más allá de su intención” (homicidio preterintencional), y “severidades”. Ramona, patrocinada por abogados de CORREPI, reclama que sean condenados por torturas seguidas de muerte. Desde luego que ambos policías están en libertad, y dedicándose a la seguridad privada, uno de ellos en una fábrica de soda a pocas cuadras de la casa de Ramona. Hace un año difundimos una foto del sargento Concha en su trabajo, con un bulto en la cintura que no creemos que sea un prolapso ni una hernia umbilical, sino una 9mm.

Como cada vez que logramos sentar un represor en el banquillo de los acusados, iremos informando el desarrollo del juicio día a día, a través de gacetillas de prensa. También como siempre, militantes de CORREPI estarán dentro y fuera de la sala de audiencias, denunciando la política represiva del estado, que incluye al aparato judicial que sistemáticamente busca absolver a sus ejecutores o, cuando no pueden, minimizar la gravedad de los hechos con figuras penales mentirosas, y sobre todo, evitando reconocer la existencia de la tortura, que es reconocer la responsabilidad del Estado.

Convocamos a todos los que repudian las políticas represivas del Estado, a concentrarse frente a los tribunales durante el juicio, para exigir castigo a los asesinos y denunciar que la tortura es una práctica sistemática en cárceles y comisarías hoy, en “democracia”.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Jueves 22 de noviembre, desde las 9:00, y durante todo el juicio por la muerte en la tortura de Jorge “Chaco” González, concentración frente a los tribunales de Lomas de Zamora, Camino Negro y Larroque.

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En La Plata, escuchá Atando Cabos, el programa de CORREPI, los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.

Los sábados, a las 18:00, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, ex Radio Ciudad, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar, tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.

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CORREPI