Boletín Informativo Nº 454

ANTICIPO DEL ARCHIVO DE CASOS
Como todos los años desde 1996, estamos en estos días terminando de sistematizar los datos de personas que han sido asesinadas en los pasados 12 meses por el aparato represivo argentino, informe que presentaremos con un acto en la Plaza de Mayo el próximo viernes 14 de diciembre a las 17:00.

Si bien a lo largo del año tratamos de informar sobre todos los aspectos y modalidades represivas, desde el gatillo fácil y la tortura hasta la represión a militantes y organizaciones, el análisis sistemático de los hechos que concluyeron con la muerte de la víctima permite tener una idea bien precisa de la magnitud con que se descarga sobre nuestro pueblo la política represiva estatal.

En un año que, como lo anticipábamos en diciembre pasado, estuvo signado por un incesante recrudecer de la represión a los sectores de trabajadores organizados por fuera o a pesar de las burocracias sindicales, no ha disminuido el uso permanente de la represión “preventiva”, dirigida a ejercer el control social y evitar la organización de la clase trabajadora. Entre Luis Cuéllar, asesinado en una manifestación contra la tortura en Jujuy en octubre de 2003, y Carlos Fuentealba, asesinado en una movilización docente en Neuquén en abril de este año, más de 800 ciudadanos, en su mayoría jóvenes y pobres, cayeron víctimas del gatillo fácil, de la tortura en cárceles y comisarías o desaparecieron a manos del aparato represivo del estado.

Faltan todavía dos semanas para cerrar la recepción de datos que seguimos recibiendo de compañeros y organizaciones de todo el país, pero ya podemos afirmar que, si en sus primeros tres años el “gobierno de los DDHH” nos mató un pibe día por medio, en el cuarto año se superó a sí mismo. Néstor Kirchner termina su mandato superando en voltaje represivo a cualquiera de sus antecesores, y todo indica que su sucesora, también en esta materia, “profundizará el cambio”, como ya lo anuncia la reunión de las carteras de seguridad y justicia bajo el experto represor Aníbal Fernández. Nada más sincero, para anticipar el cariz represivo del gobierno por venir, que ese nombramiento, y el retorno al esquema que Duahlde inventó para su hombre fuerte de entonces, Juan José Alvarez. Y nada más significativo, también igual que en 2002, que adicionar a justicia y seguridad el título vacío de derechos humanos, confirmando que la política gubernamental en ese campo es parte integral de su política represiva.

DEMOCRACIA A LA ESPAÑOLA: ASESINATOS Y TORTURA AL DÍA
Miles de españoles se movilizaron esta semana para repudiar el asesinato de Carlos Javier Palomino, de apenas 16 años y militante antifascista, a manos de un matón neonazi, soldado profesional del Regimiento Inmemorial del Ejército. El homicidio se produjo en el marco de un ataque, en una estación del subterráneo, del grupo fascista a los jóvenes que iban a una actividad contra la xenofobia. Además de Carlos, muchos fueron heridos por los machetes de 25 centímetros de largo que blandían los agresores.

Mientras se suceden las marchas -muchas veces no autorizadas, y por ende reprimidas por la policía, cosa que no sucede con los actos fascistas, que siempre son autorizados-, se conoció un nuevo informe de Amnistía Internacional que denuncia el uso sistemático de la tortura en la democrática España. Bajo el sugestivo título “Sal en la Herida. La impunidad efectiva de agentes de policía en casos de tortura y otros malos tratos”, el organismo internacional, insospechado de radical, afirma que los tormentos son moneda corriente en cárceles y comisarías de todas las regiones españolas, y que la impunidad de sus autores es garantizada de manera igualmente sistemática.

Amnistía Internacional, en sus propias palabras, “lleva años expresando honda preocupación por casos de tortura (…) infligidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en España y por la impunidad efectiva de los responsables”, y concluye, a través del análisis de muchos casos concretos, que no se trata de hechos aislados sino de una política de estado, que se complementa con la intervención judicial para garantizar la impunidad de los torturadores. Así, por ejemplo, señala la enorme frecuencia de informes médicos falsos o la imputación a las víctimas de delitos como atentado o resistencia a la autoridad para explicar las lesiones visibles y forzarlas a proveer primero a su defensa, en lugar de denunciar a sus torturadores. Por supuesto surge del documento que las víctimas son coaccionadas para impedir que hagan cualquier denuncia, y que cuando ello ocurre, se encargan los jueces de no encontrar suficientes pruebas, o de dilatar la investigación hasta su archivo.

Con palabras que serían de perfecta aplicación para la Argentina, dice por ejemplo el informe: “Amnistía Internacional ha constatado que las investigaciones de malos tratos siguen con frecuencia el mismo patrón: investigación interna inexistente o inadecuada de lo sucedido y rápido archivo de toda denuncia judicial por falta de pruebas, incluso si hay datos médicos y otros indicios creíbles que la respaldan. Cuando se lleva el caso a juicio, a menudo concluye con una sentencia absolutoria, por haber sido imposible identificar a los agentes responsables, o con una condena nominal. No es raro que el procedimiento dure años, tras sobreseer reiteradamente el juez de instrucción el caso. Las víctimas denunciaron a menudo a Amnistía Internacional que los jueces de instrucción y los fiscales se basan en gran medida en declaraciones de la policía y no les dan el mismo crédito a ellas ni a los testigos. Con gran frecuencia los agentes de policía presentan a su vez denuncias dirigidas a desacreditar el testimonio de las víctimas”.

Ni hace falta aclarar que, si la tortura es cotidianamente usada por el conjunto del aparato represivo español en todo su territorio y contra cualquier detenido, la frecuencia y brutalidad se incrementa sustancialmente cuando de presos políticos se trata, como bien lo saben y padecen los independentistas vascos.

EEUU: UN PEINE JUSTIFICA 20 BALAS, Y EL SUBMARINO NO ES TORTURA
El 12 de noviembre pasado una vecina del barrio neoyorquino de Broklyn llamó al 911 para que la ayudaran a llevar a su hijo de 18 años, que padecía una enfermedad mental, a un hospital. En lugar de una ambulancia concurrieron varios patrulleros, que vieron al joven en la ventana de su departamento de la planta baja, con un objeto en su mano. Sin dudar dispararon no menos de veinte veces. Khiel Coppin murió antes de llegar al hospital. Lo que tenía en su mano era un cepillo para el cabello, con el que se estaba peinando.

El gatillo fácil es, en los barrios pobres de EEUU, una práctica tan sistemática y silenciada como en nuestro país, por lo que sólo casos extremos como éste o como el fusilamiento de Sean Bell, acribillado por 50 disparos la víspera de su boda, en noviembre de 2006, trascienden a los medios. Otro caso recordado fue el del inmigrante africano Amadou Diallo, que en 1999 fue alcanzado por 19 de las 41 balas disparadas por la policía en el Bronx, que “confundió” su billetera con un arma. Fue después de ese fusilamiento, y en respuesta a las “críticas” de los progres yanquis, que se limitaban a señalar el exceso de disparos, que la policía de Nueva York solicitó al entonces alcalde Rudolph Giulianni que se les autorizara, “por razones humanitarias”, utilizar balas de punta hueca en lugar de los proyectiles comunes encamisados. El argumento del jefe de la policía era que como el proyectil de punta hueca produce un daño interno mayor en el impacto, no hace falta disparar 20, 40 o 50 veces…

El actual alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, declaró lo habitual sobre el caso Coppin: “Las circunstancias de cómo ocurrió están bajo investigación a estas alturas y ustedes pueden estar seguros de que tomaremos esto muy en serio”.

Paralelamente, el senado norteamericano debe por estos días elegir a quien cubrirá el cargo de Fiscal General de EEUU. El candidato favorito, que ya ha recibido el voto de varios senadores demócratas, es el juez Michael Mukasey, uno de cuyos “méritos” jurídicos es la afirmación de que el “submarino” (”waterboarding”, en inglés) es una práctica “repugnante”, pero no es un método de tortura.

El nombramiento sigue la línea de la Casa Blanca, que en 2004 echó al Fiscal General Adjunto Daniel Levin, porque en un programa de la cadena televisiva ABC News admitió que sumergir forzadamente la cabeza de una persona en un recipiente con agua, aunque se controle la situación para que no se muera, es una forma de tortura.

Sugerimos al juez Mukasey que, si no lo llegan a elegir para el cargo, emigre y siga su carrera judicial en Argentina, donde la concepción judicial de la tortura no es muy distinta a la suya, y será recibido con los brazos abiertos por los que dicen que “no hay tortura en democracia”.

“JUSTICIA” RURAL SANTAFESINA
Zenón Pereyra es un pueblito minúsculo en la zona rural santafesina, casi en la frontera con la vecina Córdoba. Hace dos semanas, un pibe de 21 años, Marcelo Daniel Córdoba, se metió en un campo y robó una bicicleta, unos cuchillos, un reproductor de CD, una linterna, un celular y un bolso. Cuando huía fue avistado por los dueños de la chacra, que lo detuvieron y llamaron a la guardia rural. Llegaron los policías de la Dirección General de Seguridad Rural, pero cuando iban a cargar al detenido en el patrullero, advirtieron que estaba muerto.

La versión inicial de los productores agrícolas y los policías fue que Marcelo se sintió mal, así que lo sentaron al costado del camino rural. Cuando fueron a buscarlo para entrarlo al móvil, había fallecido de “muerte súbita”. La autopsia, en cambio, probó que el muchacho murió estrangulado, y que su cuerpo presentaba señales de varios golpes inmediatamente anteriores a la muerte. Es decir que lo que en verdad pasó fue que primero lo golpearon y luego lo estragularon. Para que aprendan los “escruches” que se meten en los campos.

Tres policías, dos de ellos cabos de la comisaría 6ª de Frontera, y un sargento primero de la Guardia Rural Los Pumas, están detenidos, junto con los dos civiles que detuvieron a Córdoba. Los diarios de la provincia destacan como “atenuante” que Marcelo Córdoba era un indigente, sin domicilio fijo ni trabajo, que vivía de raterías menores en los campos de la zona.

POLICHORROS
La agencia DyN informó esta semana que el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires desafectó a dos policías por quedarse con dinero de un robo. El sargento Miguel Angel Arias y el oficial Germán Ezequiel Castillo, del Departamento de Traslados de Detenidos de Mar del Plata, estuvieron encargados, el pasado 11 de noviembre, de transportar una persona que había sido detenida.

Se trataba del empleado de un arrendador de campos que había robado unos 800 mil pesos a su patrón, destinados al alquiler de un campo. Parece que el hombre les ofreció la mitad del dinero a cambio de que le llevaran la otra parte a su familia, de manera que en el curso del traslado se selló el pacto: entregarían al preso, pero no el botín, que dirían que no encontraron. Llevarían unos 300.000 pesos a la mujer del detenido, y se embolsarían ellos más de 400.000. pero el negocio no les pareció lo suficientemente jugoso, y finalmente se quedaron con todo el dinero.

El detenido, que no comulga con aquello de que “ladrón que roba a ladrón…”, enterado de la mejicaneada, los denunció ante el juez, y así quedaron a mano.

AMERIPOL, LA NUEVA POLICÍA CONTINENTAL… YANQUI
EEUU viene promoviendo desde hace décadas inicicativas continentales de “coordinación y asistencia recíproca” de las fuerzas armadas de los países latinoamericanos, siempre bajo la conducción del Departamento de Estado y el Pentágono, como lo vemos cada año con los ejercicios conjuntos, los cursos para grupos de elite en las academias yanquis y la presencia creciente de militares norteamericanos en las bases instaladas en nuestros países.

Muchas de esas inciativas se extendieron también hace rato a las fuerzas de seguridad, siempre con la excusa del combate conjunto al narcotráfico y su variante, el “narcoterrorismo”, ese tan útil invento del imperialismo. Los cursos que gendarmes, prefectos y policías -especialmente los cuerpos comando y de acción rápida- hacen periódicamente en la “madre patria” del norte garantiza cierta uniformidad de métodos y criterios de “seguridad” (o sea, de represión) en toda América Latina bajo la dirección yanqui. Pero ahora, directamente, tendremos nuestra propia Interpol, al servicio del imperio.

La creación del nuevo cuerpo fue aprobada por delegados de 20 países latinoamericanos en el Encuentro de Directores de Policías de Latinoamérica y el Caribe, casualmente celebrado este año en Bogotá, Colombia. Allí acordaron que el objetivo de la AMERIPOL será el “combate al narcotráfico, las operaciones contra el terrorismo, la trata de personas, la falsificación y el lavado de dinero, el contrabando de armas y de material radioactivo y los delitos informáticos”. Y por supuesto, se votó también la “creación de un mecanismo que permita en tiempo real la asistencia técnico-científica y acciones de prevención y neutralización del delito”. O sea, que quienes mejor saben reprimir, le enseñen a los demás.

La Comunidad de Policías de América estará formada solamente por efectivos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Paraguay, Uruguay, Perú y República Dominicana. Pero… ¿a que no adivinan quiénes son tan, pero tan buenos, que le brindarán todo su apoyo logístico?… Muy bien, querido lector. EEUU y Canadá.
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Jueves 22 de noviembre, desde las 9:00, y durante todo el juicio por la muerte en la tortura de Jorge “Chaco” González, concentración frente a los tribunales de Lomas de Zamora, Camino Negro y Larroque.

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En La Plata, escuchá Atando Cabos, el programa de CORREPI, los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.

Los sábados, a las 18:00, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, ex Radio Ciudad, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar, tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.

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CORREPI