Boletín Informativo Nº 455

OTRO JUICIO A LA TORTURA, EN NEUQUÉN
Mientras seguimos en Lomas de Zamora con el juicio a los torturadores de Jorge “Chaco” González, otro juicio por un hecho similar, afortunadamente sin que la víctima muriera, empieza esta semana en Neuquén.

En el mes de noviembre de 2003, una manifestación de trabajadores desocupados fue duramente reprimida en el Ruca Che de Neuquén. Ese día hubo 9 heridos de arma de fuego, además de Pedro “Pepe” Alveal, que fue perseguido y acorralado por cuatro policías que le dispararon más de 60 perdigones a corta distancia. Uno de los impactos el hizo perder un ojo.

Un año después, Pepe, obrero ceramista de Fasinpat (ex Zanón), fue detenido como sospechoso por un robo a un locutorio. Dejando bien claro que sabían bien quién era, y que la detención no obedecía a sospecha alguna, sino a la decisión de castigarlo por su militancia y la tozudez con que impulsaba la causa penal contra los policías que lo hirieron, fue brutalmente golpeado en la comisaría.

Primero lo llevaron a una comisaría, donde lo tuvieron largo rato parado frente a una pared. Luego lo trasladaron a otra dependencia, donde lo recibieron con patadas y palmetazos, especialmente en la zona del ojo que perdió, haciendo que se desacomodara la prótesis. También lo hicieron arrodillarse y pararse varias veces.

Inmediatamente después de ser liberado, confirmando así que el motivo de la detención era torturarlo, Pepe denunció lo ocurrido, con la asistencia técnica del compañero Fernando Dalmazzo, que interviene en la causa junto a Ivana Dal Bianco (CeproDH). Aunque desde su inicio los compañeros acusaron a los policías por aplicación de tormentos, como de costumbre la tarea judicial es silenciar que se tortura en Argentina. La cantidad de pruebas es contundente, ya que el compañero no perdió un minuto en hacer la denuncia, así que finalmente la fiscal debió requerir la elevación a juicio, obviamente, por “severidades ilegales”.

Como se trata de un delito con una pena máxima prevista de hasta tres años, el juicio se hará en un juzgado correccional, y los policías, por descontado, están en libertad.

Las audiencias comenzarán este miércoles y jueves. Los compañeros Dalmazzo y Dal Bianco sostendrán la acusación por torturas, e intentarán que el juzgado se declare incompetente y se realice un nuevo juicio por aplicación de tormentos en el fuero criminal.

Torturas, en España también se consiguen…
Alejandra González (48), una trabajadora cordobesa que vive en la ciudad de Maó, en la isla española de Menorca, fue torturada por la Policía Nacional el 10 de noviembre. Adriana fue molestada en la calle por un hombre que “se había puesto pesado”. Alguien llamó a la policía y ahí las cosas se pusieron peores. “No sé cómo, ni quién llamó. El caso es que apareció un móvil de la policía y lo primero que me preguntó fue si era sudamericana”, dijo la mujer. “Cuando descubrieron que era argentina cambió todo. Me liaron acusándome de que yo no quería entregarles mis papeles”.

“¿Qué haces aquí, sudaca? vuelve a tu país”, son algunas de las frases que le dijo la policía. Luego vino la tortura. Alejandra fue víctima de golpes en la cara, rodillazos en la espalda, patadas en los genitales e insultos racistas. Se le negó el derecho a una llamada y no le permitieron ni siquiera ir al baño. Las torturas recibidas le provocaron una seria lesión en su riñón y traumatismos varios. “Las declaraciones que han hecho los policías dan risa. Dicen que yo los golpeé, que les luxé un hombro. Imaginate, peso 49 kilos”, dijo Alejandra.

Pero también hubo otros casos. En Barcelona, el 15 de octubre, la peruana Jéssica Carranza Rodríguez retiraba su auto del estacionamiento, cuando sin querer chocó una moto. En cuestión de minutos aparecieron varios policías españoles y empezaron a golpear a Jéssica y a su esposo en la espalda y en la cara. En Madrid, Jorge Rojas, de 14 años, nacido en España de padres peruanos, iba en una moto pequeña por la acera y sin casco. “Perucho de mierda, sudaca, delincuente, hijo de puta extranjero que vienes aquí a joder, cabrón te voy a dar la paliza de tu vida”, gritaba el policía mientras lo pateaba en el estómago y en las costillas. Durante 15 minutos, relataron los testigos, el chico fue apaleado, y luego retenido en una comisaría por un día entero. Al salir en libertad, sus padres lo llevaron a un centro médico, donde se detectaron lesiones óseas en la muñeca por las que tuvo que ser enyesado, además de traumatismos en las rodillas, la espalda y las costillas.

Ya en el boletín pasado, informábamos sobre el asesinato de Carlos Javier Palomino (16), militante antifascista, a manos de un matón neonazi, soldado profesional del Regimiento Inmemorial del Ejército, y sobre las recurrentes denuncias de torturas a presos políticos, lo que confirma el carácter represivo del estado español, que utiliza métodos como torturas y asesinatos, que en “democracia” los llaman apremios ilegales y “errores” de algún policía. Siempre dirigidos, como política de estado, a los sectores más pobres, estén organizados o no.

El hecho de la discriminación, por ser sudamericanos, no dice nada en sí mismo. Nunca nos enteramos que algo así le pase al cónsul, al embajador, a algún empresario, político o turista rico. En España, como en Argentina y en todo el mundo, están bien diferenciadas las pertenencias de clase, y el estado y sus policías las reconocen, y actúan en consecuencia.

En Estados Unidos la silla eléctrica no es para todos, es para los negros y los latinos, que son pobres en su mayoría, y son la mayoría de los pobres. En España, la represión y la tortura son para los “sudacas” pobres, no para los “hermanos sudamericanos” ricos. La discriminación y la xenofobia no son simples manifestaciones de odio a otras nacionalidades, sino una más de las formas en la que se expresa el odio de clase. Y la tortura, acá y en el “primer mundo”, es una sistemática herramienta represiva.

LA CÁMARA CRIMINAL PONE LAS “COSAS EN SU LUGAR”
La Sala VII de la Cámara en lo Criminal pone las cosas en el lugar donde deben estar. Como si hiciera falta que lo aclarara, en un fallo reciente dictaminó que, por sobre los derechos sociales que garantiza el art. 14 bis de la constitución, está el santo derecho de propiedad, que en este caso se refiere a la propiedad privada del multimedios Clarín.

Ante una asamblea masiva convocada por la comisión interna de delegados de la empresa Artes Gráficas Rioplatenses S.A., del grupo Clarín, realizada el 30 de agosto de 2004 a raíz de múltiples y antiguos conflictos, la poderosa empresa formuló denuncia penal por usurpación, coacción, daños y amenazas contra los diez miembros de la comisión interna. El juzgado nacional de instrucción nº 12 sobreseyó la causa. Apelado el fallo por la patronal, la sala VII de la cámara revocó la medida y ordenó producir las pruebas ofrecidas por el querellante Grupo Clarín.

El juez de instrucción tomó los testimonios ofrecidos por la empresa y, sin estimar necesario producir las pruebas de la defensa de los trabajadores, volvió a dictar el sobreseimiento. La cámara, irritada por el cierre de la causa, volvió a revocar el sobreseimiento y procesó por su cuenta a los diez delegados de los obreros, argumentando que los derechos de los trabajadores garantizados por el art. 14 bis de la constitución no tienen primacía sobre el derecho de propiedad.

“Esto es administrar justicia, caramba. ¿Qué es esta subversión de las buenas costumbres de plantear aspectos de la constitución que pudieran beneficiar a los trabajadores, cuando se afecta la propiedad privada de la poderosa empresa Clarín?”, dijo el defensor de los trabajadores, el Dr. Pedro Serra.

Bueno es aclarar que por las falencias de la empresa Artes Gráficas que originaron los reclamos y la asamblea de los trabajadores, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (¿filomarxista, tal vez?) aplicó el 29 de marzo de 2003 una multa de 437.000 pesos a la empresa. “Aplicando su criterio, la Excma. Cámara debería procesar al Ministro de Trabajo”, ironizó Pedro Serra.

En resumen, los trabajadores de la empresa (que este año fueron reelectos como delegados por sus compañeros) irán a juicio oral en breve, por el delito de haber afectado el poder supremo del Grupo Clarín.

SE VIENE LA POLICÍA DE DANIEL
El tema de la inseguridad sobrevoló tibiamente la campaña electoral de Daniel Scioli, pero se hizo más explícito una vez que ganó la elección, al punto de asegurar que es el tema más urgente para los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Para combatirla, el ex motonauta, ex menemista y ahora kirchnerista Scioli no habló de mano dura sino de mano justa, de soluciones “globales” e “integrales”, lo que suena mucho más lindo y políticamente correcto.

Esta semana, el próximo jefe de gabinete de la provincia, Alberto Pérez, adelantó a los medios que una de las primeras medidas a implementar consistirá en destinar a 4.000 policías, que actualmente custodian detenidos en comisarías, para combatir el delito en las calles. Según datos oficiales, en los últimos cinco meses el número de detenidos en cárceles y comisarías bonaerenses aumentó un 60%. Sin embargo, la solución integral de Scioli y Stornelli consiste en trasladar a esos detenidos a los distintos penales, ya superpoblados, para saturar de policías las calles. Más presos hacinados, más policías dispuestos para el control y la represión de los pobres y los sectores organizados en lucha.

Con el objetivo de optimizar la represión de carácter preventivo, Scioli tiene la intención de mejorar la imagen de la institución policial con una serie de medidas tendientes a “generar confianza en la policía por parte de la sociedad”. Para esto alienta la participación ciudadana en la prevención del delito con la consigna “Seguridad entre todos”, que en la práctica no es más que potenciar la sensación de inseguridad con la que nos bombardean diariamente los medios de comunicación; y lograr que cualquier buen vecino que vea a algún morochito merodeando por el barrio, no dude en llamar al 911.

Scioli también promete “tolerancia cero a la corrupción policial”, y a su vez, combatir los desarmaderos de autos, el narcotráfico y los piratas del asfalto, delitos estrechamente vinculados a quienes serán sus subordinados a partir del 10 de diciembre. Además, implementará una serie de premios y estímulos al “buen policía”: ¿Quién se lleva el premio al policía del mes? ¿El que torturó o el que “puso” a uno?.

SIGUE EL JUICIO POR LA TORTURA SEGUIDA DE MUERTE DE “CHACO” GONZÁLEZ
Como estaba previsto, el jueves pasado comenzó el juicio oral y público contra los sargentos Isidoro Segundo Concha y Ramón Quevedo, que el 14 de diciembre de 2002 golpearon y patearon a Jorge “Chaco” Gonzñalez (31) causándole lesiones que producirían su muerte el 7 de enero de 2003.

Lo que no estaba previsto fue que el fiscal, Dr. Bernardo Schell, llegara al edificio de los tribunales de Lomas de Zamora casi al mediodía, cuando el inicio de la audiencia estaba fijada a las 9 de la mañana. Fue tan notoria la tardanza que al declarar abierto el debate, el presidente del tribunal oral nº 7 le pidió explicaciones. Se declaró satisfecho cuando el fiscal explicó que vive en Glew, y tardó en conseguir un remise.

Hasta las seis de la tarde se sucedieron los testigos, empezando con los médicos del hospital Durand, donde murió Jorge. Los dos patólogos de la morgue del hospital relataron que por pedido del médico tratante, que no tenía clara la causa de la muerte, iniciaron una autopsia “académica”, es decir sin intervención judicial. Pero cuando levantaron los pulmones, vieron grandes coágulos de sangre adheridos a la pared costal, por lo que interrumpieron de inmediato la práctica y llamaron a la policía. Esas lesiones, explicaron, eran de claro origen traumático, y no tenían relación con la tuberculosis que padecía “Chaco”.

Luego fue el turno de la familia de Jorge. Declararon su madre, nuestra compañera Ramona Núñez, su hijo Hugo y sus dos nueras, que la acompañaron a la comisaría la noche de la detención, cuando mientras a Jorge lo apaleaban, a ella la extorsionaban pidiéndole $2.000 “o lo bajamos a juzgado con una causa pesada”.

Mientras se desarrollaba la audiencia a sala llena, con un público integrado en su mayoría por compañeros y compañeras víctimas o familaires de víctimas de la represión estatal, otros tantos, junto a militnates de diversas organizaciones como la Coordinadora Antirrepresiva Oeste, la CPS 29 de Mayo, el PRT Santucho, y por supuesto, CORREPI, sostuvieron la concentración en las puertas del edificio, repartiendo volantes, agitando banderas y entonando consignas antirrepresivas.

La audiencia sigue este lunes, desde las 9:30, siempre en Camino Negro y Larroque.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Lunes 26 de noviembre, de 9:30 a 17:00, segunda jornada del juicio por la muerte en la tortura de Jorge “Chaco” González. Concentramos frente a los tribunales de Lomas de Zamora, Camino Negro y Larroque.

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En La Plata, escuchá Atando Cabos, el programa de CORREPI, los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.

Los sábados, a las 18:00, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, ex Radio Ciudad, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar, tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.

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CORREPI