Boletín Informativo Nº 459

TORTURA EN FORMOSA: UNA EXCEPCIÓN QUE CONFIRMA LA REGLA
Esta semana dos policías formoseños fueron condenados a prisión perpetua por haber torturado a un detenido que murió como consecuencia de las lesiones. El hecho ocurrió en octubre de 2005 en la localidad de Miraflores, cuando el suboficial Armando Aragón y el oficial inspector Jorge Romero golpearon a Félix Videla, al que habían detenido por un conflicto familiar. Lo apalearon tanto en el vehículo en que lo transportaron como luego, ya en la comisaría.

A diferencia de lo que señalan los pocos medios que reflejaron la noticia, lo llamativo del caso no es que policías hayan matado a golpes a un detendio, sino que se los haya condenado a prisión perpetua por tortura seguida de muerte, y aún más, que a otro uniformado, el sargento Claudio Brizuela, se lo condenara a cinco años de prisión por no haber denunciado el hecho que presenció.

Las pocas condenas -menos de 10 desde 1983- por tortura seguida de muerte son el mejor señalamiento de todos aquellos casos que, debiendo ser castigados de la misma manera, terminan en vergonzantes sentencias por “apremios”, “severidades” o diversas formas de homicidios involuntarios (culposos o preterintencionales), como sucedió con el caso de Jorge “Chaco” González, que en nada se diferencia del que acaba de ser condenado en Formosa. Lo que es más, suele ocurrir que una vez dictada la sentencia en el juicio oral, las cámaras de apelaciones borren con el codo lo que los jueces del tribunal oral escribieron con la mano, y esas pocas sentencias terminen revocadas, como en el conocido caso Duarte de Santa Fe.

Por otra parte, esta noticia confirma lo que siempre decimos de nuestro Archivo, en cuanto a su incompletitud, y a la necesidad de que compañeros y compañeras de las diferentes provincias nos paorten permanentemente información local. Recién ahora, al haber trascendido la condena dos años después de asesinado Videla (padre de 9 hijos) tomamos conocimiento del caso, que estará incluido en la actualización 2008.

PIQUETEROS K TOMAN EL MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO
Días antes de ganar las elecciones de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli dijo que iba a “recortarle poder a los piqueteros”, y para eso piensa ahorrarse los miserables planes sociales de $150 que no alcanzan para nada, y dice que los va a invertir en un fondo que genere fuentes de empleo genuinos para acabar con el clientelismo y “recuperar la cultura del trabajo”.

El lunes pasado, organizaciones piqueteras cooptadas por el kirchnerismo, cuyos referentes formaban parte de la anterior administración de Solá, hoy desplazados del armado del nuevo gobernador, marcharon y tomaron el ministerio de desarrollo humano exigiendo un aumento de los planes sociales. En la puerta del ministerio fueron reprimidos con balas de goma y palos por la policía del gobierno al que estas organizaciones apoyaron en las elecciones de octubre. Uno de sus referentes, entrevistado durante la toma por el canal de noticias de Hadad, se encargó de aclarar que ellos seguían apoyando al gobierno nacional.

Con el ministerio tomado, Scioli mandó al Grupo Halcón, al nuevo jefe de la bonaerense Daniel Salcedo y, por supuesto, a la secretaria de Derechos Humanos, a negociar con los piqueteros oficialistas para que se entregaran a la policía. A cuatro horas de iniciada la toma, alrededor de 60 personas del Movimiento Popular 29 de Mayo y el Movimiento Trabajo y Dignidad fueron trasladadas a la comisaría 1ª y más tarde a la fiscalía de turno a cargo de Ana Medina que, entrada la noche, los dejó en libertad.

Pertenecer tiene sus privilegios: por hechos mucho menores, compañeros que escracharon el local de Sobisch cuando el asesinato de Fuentealba fueron encarcelados durante meses; o como el 22 de agosto, por citar otro caso, cuando fueron encarcelados alrededor de 40 compañeros que marcharon en repudio al “atropello” de Varizat a los maestros santacruceños.

La sospecha que deja este acto, a partir del ensañamiento de los medios que hablaron de “piqueteros violentos” y no de internas del gobierno, es la intencionalidad de los métodos que como organizaciones oficialistas pudieron emplear para la toma: armas de fuego, molotovs, destrozos del edificio. Sobre todo en momentos donde el monopolio legítimo de la violencia por parte del Estado, es a tal punto incuestionable mediante acciones directas, que incluso los cortes de calle son duramente reprimidos con detenciones, heridos y muertos.

PRESOS MAPUCHES EN HUELGA DE HAMBRE
(agradecemos el informe al compañero Oskar de Bariloche)
Desde hace más de dos meses un grupo de presos políticos mapuches sostiene una huelga de hambre reclamando su libertad. El 14 de diciembre, con 66 días de ayuno, tres de ellos debieron suspenderlo. Héctor Llaitul y Patricia Troncoso continúan sin ingerir alimentos y, según los informes médicos, se encuentran en un “estado de salud crítico, con riesgo vital”, con pérdida de peso entre 14 y 23 kilos. Ambos son parte de los mapuches que fueron condenados a 10 años de cárcel y al pago de 425 millones de pesos de indemnización a la Forestal Mininco, acusados por la quema de 100 hectáreas de monocultivo de pinos en las tierras ancestrales del pueblo mapuche.

Forestal Mininco es una de las grandes empresas forestales que usurpan territorio mapuche, obteniendo escandalosas ganancias a tarvés de una explotación depredadora, que además de privar a sus verdaderos dueños de la tierra, lo que los condena a la miseria, causa el desplazamiento del bosque nativo; la pérdida de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, ya que los monocultivos los agotan; el envenenamiento y contaminación del ecosistema por el uso indiscriminado de plaguicidas y el tránsito de la maquinaria pesada; y la transgresión de lugares sagrados. El pueblo mapuche viene sosteniendo una campaña de denuncia y reclamo por la propiedad de sus tierras, que los ha convertido en centro de la represión para la cual las empresas reviben el apoyo material y operativo del estado chileno.

Son incontables los hechos represivos, los asesinatos, los autoatentados mediante incendios intencionales luego imputados a la comunidad mapuche, y los procesos penales con centenares de procesados y condenados a penas graves, pues las reivindicaciones mapuches son perseguidas bajo la acusación de ser una amenaza a la estabilidad y seguridad política y social del país.

Los allanamientos y operativos policiales en zonas rurales mapuches de Ercilla, Traiguén, Lumaco, Chol Chol, Imperial, Collipulli, Purén, Tirúa, Lebú, Cañete, entre otras, son habituales, con sus naturales efectos sobre la vida social, cultural y sicológica de las familias. En noviembre de 2002, un joven mapuche, Alex Lemún (17), fue asesinado por un oficial de la policía de Carabineros en medio de una reclamación territorial de un predio de la Forestal Mininco, uno de los grupos que controla la industria forestal y de celulosas contaminantes.

Es el mismo grupo que logró la condena de los presos en huelga de hambre, a pesar de que se probó, en una investigación internacional independiente, que empresas de seguridad que prestan servicios a compañías forestales, integradas por ex uniformados y ex agentes de inteligencia, organizaron y financiaron autoatentados en los predios de sus empleadoras para incriminar a los luchadores mapuche. Hasta hay cartas dejadas por un joven guardia forestal que se suicidó en las que confiesa a su madre esta metodología, que la mujer entregó a los investigadores.

El gobierno chileno, mostrando su sumisión al capital empresario, ha designado ministros especiales y fiscalías militares para investigar los hechos atribuidos a los luchadores mapuches desde 1997. Centenares de ellos están bajo proceso con aplicación de la ley 12.927 de Seguridad Interior del Estado y la ley 18.314 o Antiterrorista, creadas por la dictadura militar y usadas de manera activa durante el gobierno de Ricardo Lagos y el actual de Michele Bachelet. Durante los gobiernos de la Concertación más de 420 mapuches han sido procesados por la Ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley Antiterrorista. Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW), la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el Comité Derechos Económicos y Sociales y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, además del Relator Especial sobre libertades fundamentales y derechos de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen, entre otros, han condenado la aplicación de la Ley Antiterrorista para perseguir la protesta social y, eventualmente, delitos comunes que puedan haber cometido los mapuches en el marco de la lucha por recuperar sus tierras. En decenas de oportunidades han emplazado a las autoridades chilenas a que, en cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por el Estado, reviertan esta situación.

Una muestra más de cómo los gobiernos antipopulares y entreguistas, por más “socialistas” que quieran llamarse, sólo gobiernan para los empresarios, y en su nombre y beneficio, reprimen al pueblo.

GATILLO FÁCIL EN DEL VISO, QUILMES Y MAR DEL PLATA
El 23 de diciembre, a la hora de la siesta, Sonia Colman, de 45 años, estaba trabajando en el cruce de la ruta 26 con la calle Valentín Gómez en Del Viso. Vendía accesorios de parrilla a los conductores de los vehículos que se detienen en el semáforo camino a sus quintas o countries. Estaba en la vereda, esperando una nueva luz roja que le diera la oportunidad de vender una palita o un atizador, cuando pasó por el lugar un patrullero, persiguiendo un auto presuntamente ocupado por delincuentes. Por supuesto, los policías venían a los tiros.

Sonia recibió un escopetazo en el abdomen y murió en el acto. Su marido estaba trabajando también como vendedor ambulante, pero en Pilar. Por supuesto que la versión policial habla de “enfrentamiento”, pero son varios los testigos que afirman que sólo los policías dispararon.

No es éste, aunque pudiera parecerlo, el primer gatillo fácil ocurrido después que cerráramos la actualización 2007 de Archivo de Casos. El 2 de diciembre una chica de 18 años iba manejando su auto Ford Ka en Quilmes, cuando recibió un balazo en la espalda, disparado por un agente de 29 años de la policía federal, que iba de civil y estaba de franco, aparentemente borracho. La muchacha está internada en gravísimo estado.

Y en Mar del Plata, el 17 de noviembre, Sergio Gómez (15) murió desangrado en la plaza del barrio José Hernández, después que un policía le disparara tres veces en las piernas. El funcionario, después de herirlo, le plantó un arma para simular un enfrentamiento y lo dejó allí tirado, esperando que, como ocurrió, muriera.

A las seis de la mañana personal de infantería se presentó en la casa de Sergio, y en lugar de informar a sus padres lo ocurrido, hicieron un violento allanamiento sin orden judicial, durante el cual intimidaron a la familia y hasta esposaron y amenazaron con un arma en la cabeza a un chiquito de 4 años. Los compañeros del Frente Antirrepresivo de Mar del Plata han asumido la representación de la familia Gómez, y ya han debido denunciar la actitud cómplice del fiscal interviniente.

HUELGAS DE HAMBRE EN LAS CÁRCELES
Casi 2.000 presos de penales bonaerenses, entre ellos los alojados en Magdalena, la Unidad 9 de La Plata, la nº 8 de mujeres de Olmos, la de Ituzaingó, la Unidad 39 y la 24 de Melchor Romero, se plegaron a una huelga de hambre simultánea reclamando, como cada fin de año, mayor celeridad de las causas penales, tiempos razonables para la prisión preventiva y condiciones de vida mínimamente humanas.

Con el 80 % de los presos sin condena, sometidos a larguísimos procesos en los que la pena fijada en los demorados juicios orales puede ser menor que el tiempo insumido en la prisión preventiva, cuando no directamente dictarse una absolución, no puede sorprender el permanente reclamo de los detenidos, que al mismo tiempo ven como ricos, famosos, y sus sirvientes de uniforme, esperan en libertad y en sus casas los juicios por delitos infinitamente más graves que los que se les reprochan a ellos, hacinados en esos centros de terror y tortura que son las cárceles.

Tampoco puede sorprender que la respuesta oficial frente a estas protestas sea incrementar el pertrechamiento de los servicios penitenciarios, y proponer la construcción de nuevas cárceles, enorme negocio que enriquece a todos los que participan del proyecto y a los que después se reparten la tercerización de servicios, dando lugar a los reiterados hechos de corrupción que cada tanto saltan a la luz.

No se puede soslayar frente a los reclamos de los presos que no es poco frecuente que estas protestas deriven, generalmente por la intencional manipulación del personal penitenciario, en grandes masacres como las de Magdalena o Santiago del Estero, que “liberan” en un instante 30 o 40 plazas en el penal en cuestión.

UNA MANO AL COMPAÑERO: JUECES DECLARAN NULO EL JUICIO A UN POLICÍA
El 15 de diciembre de 1999 el sargento Horacio Pérez, de Drogas Peligrosas, mató por la espalda a Emiliano Méndez (24). Ocho años tuvieron que pasar para que el policía llegara a ser juzgado por homicidio simple. El juicio comenzó ante el Tribunal Oral nº 4 de Quilmes, y ya sólo faltaba escuchar el veredicto, cuando la defensa recusó a uno de los jueces, acusándolo de haber sido parcial en contra del imputado. Los restantes dos jueces resolvieron entonces suspender todo, declarar nulo el debate, y ordenar que se lleve adelante otro juicio ante otro tribunal.

En la práctica, eso puede significar dos o tres años más de espera, como ha sucedido con el caso de Héctor “Pule” Otero, hermano de nuestras compañeras Sandra y Nancy. En circunstancias similares el tribunal de La Matanza que estaba juzgando al asesino de Pule, el policía Smith, suspendió el juicio y hasta ahora, pasado más de un año y medio, no se ha fijado nueva fecha y ni siquiera está sorteado el nuevo tribunal.

Mientras tanto corre el reloj, y como los jueces, obedientes a sus amos, se niegan a reconocer que el crimen de un policía es un crimen de estado, y por ende imprescriptible, se achican los tiempos para que las defensas recurran a la prescripción de la acción penal. Todo, siempre, con alguna ayudita del fiscal, que como en el caso Pérez, en lugar de acusar por homicidio simple, con pena de 8 a 25 años, eligió “homicidio en exceso de la legítima defensa”, y una pena de tres años y medio de prisión en suspenso.

SIGUEN LAS PATOTAS DEL GOBIERNO CONTRA LOS TRABAJADORES
Como dijimos antes que asumiera, el gobierno de Cristina Fernández promete la continuidad y profundización de la represión. Y ya demostró que va a recurrir a todas las herramientas disponibles, especialmente las que le permiten hacerse la distraida como perro que tumbó la olla frente a los ataques a los trabajadores por parte de patotas del partido de gobierno.

Ya pasó con los trabajadores del subte, atacados en medio de una conferencia de prensa en el hotel Bauen por la patota de la UTA, que destrozó muebles y no se privó de golpear periodistas. La policía de Aníbal Fernández, tan dispuesta a hacer multas en la esquina de Callao y Corrientes, y que tanto escombro hacen ante cada movida en esa zona, ni se inmutó por el largo rato que estuvo parado en doble fila el colectivo que trajo y retiró a los batatas sindicales del hotel recuperado por sus trabajadores. Y los medios, desinformando a propósito, imputando la batahola a los delegados y mintiendo que el liso y llano ataque oficial a los trabajadores organizados por fuera de la burocracia sindical era una “interna” entre ellos.

Hoy los trabajadores del Casino, que ya han enfrentado la represión “tercerizada” en las patotas de la burocracia del SOMU en más de una ocasión, están acampando en la Plaza de Mayo, y son insistentes las señales de un intento de “desalojo”, una vez más, protagonizado por el sindicato oficial.

Cambió el traje desaliñado por la pollera tubo y la cartera de varios miles de dólares, pero lo que no cambia es el ataque permanente a los trabajadores y el pueblo.

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En La Plata, escuchá Atando Cabos, el programa de CORREPI, los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.

Debido al receso estival de la Radio Porteña, ex Radio Ciudad, el programa Leña al Fuego del periodista Herman Schiller, con la columna de opinión de nuestra compañera María del Carmen Verdú, volverá al aire el sábado 2 de febrero en su horario habitual de las 18:00.

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CORREPI