Boletín Informativo Nº 462

GATILLO FÁCIL, IMPUNIDAD Y CONTINUIDAD EN MENDOZA
El 7 de enero de 2007 Jonathan Oros (19) fue asesinado a balazos en la comisaría 33ª del barrio San Martín, por el efectivo Claudio Bacca. La versión de la policía (que siempre es la misma) dice que “fue en defensa propia porque Jonathan entró a la dependencia policial armado y disparando”. Pero un testigo dijo que lo mataron a tiros y que Jonathan no tenía ningún arma. Uno de los policías está procesado por “exceso en la legítima defensa y abuso de autoridad” y otros dos fueron únicamente pasados a disponibilidad. Como vemos, sólo jueces y fiscales pueden “creer” que un pibe adolescente entre a una comisaría a los tiros. Cada cual cumple su parte de la tarea…

Gracias al amparo político y judicial, la historia no termina allí.
El pasado sábado 5, Raúl Oros, padre de Jonathan, fue atacado por tres policías cuando volvía de trabajar. Le pidieron documentos y cuando vieron quién era lo insultaron y le pegaron. Luego, gracias a que la policía tiene la facultad de detener a quien quiera por lo que quiera (se producen cientos de miles de detenciones arbitrarias por año) lo llevaron detenido hasta la seccional 3ª y allí, le siguieron pegando, le rompieron una foto de su hijo muerto, lo encerraron durante varias horas sin agua y, por último, por si fuera poco, lo denunciaron por amenazas.

Raúl ya había recibido dos cartas amenazándolo de muerte, también se han llevado detenido al otro hijo varias veces y le han tiroteado la casa. El gobierno, por intermedio del coordinador de derechos humanos, Pablo Salinas y del subsecretario de justicia y derechos humanos, Diego Lavado, intentó despegarse de su responsabilidad con frases típicas como “no se tolerará ese tipo de actos y atropellos contra la ciudadanía”, o “nosotros entendemos que la fuerza policial debe cumplir otro rol” y como siempre “habrá dureza con los que trabajen fuera de la ley” presentan a la policía, o mejor dicho, a algunas “manzanas podridas” como grupos autónomos, fuera de control y que el estado “lucha” por “limpiar” a la fuerza.

Pero por más bonito que hablen los funcionarios, es el estado, (con sus funcionales organismos de derechos humanos incluidos, que además les proveen empleados a sueldo con currículum derechohumanista), el único responsable y artífice del accionar policial. La política represiva es política de estado, ejecutada por sus fuerzas de seguridad, y por eso no hay “abusos”, ni “errores”, ni “excesos”.

Por eso, el mismo estado, mientras “defiende” los derechos humanos, suma nuevamente a la fuerza a comisarios echados en 1998 por la desaparición de personas en “democracia”. Es el mismo estado quien nombra subsecretario de seguridad al comisario mayor retirado, Carlos Rico, quién formó parte de un grupo policial que operó antes y durante la dictadura. Ejecutivo, legislativo y judicial, todos unidos a la hora de planificar la represión, de premiar y proteger a sus ejecutores del pasado y a los de ahora.

EL CASINO FLOTANTE DE PIE Y EN LUCHA
Una vez más, los ricos y poderosos salen beneficiados por las
decisiones de los magistrados, y los trabajadores terminan siendo los represaliados. Sin lugar a dudas el dueño del casino, Cristóbal López, modelo de “empresario K” según titulara hace un tiempo La Nación, fue el único beneficiado por el levantamiento de la clausura que ordenó el juez Oyarbide junto con la restricción impuesta a los trabajadores en conflicto, que no pueden estar a menos de 300 metros de la sede del Casino Flotante, o sea, su lugar de trabajo.

Los trabajadores, asimismo, presentaron una denuncia contra la
prefectura por los hechos represivos y las privaciones ilegítimas de la libertad de diciembre pasado, denuncia que recayó en el juzgado de Canicoba Corral. Ese mismo viernes, por un operativo dispuesto por el gobierno, los trabajadores fueron nuevamente reprimidos, resultando heridos varios compañeros por la mismísima prefectura.

La vergüenza continúa, el gobierno de los derechos humanos utiliza la represión como mecanismo de control social contra el los trabajadores y el pueblo, mientras se hacen los humanitarios mandando a Néstor como garante de una misión de paz.

CÁRCELES: MÁS MOTINES Y MUERTOS
El 4 de noviembre de 2007 se desataba un motín en la Unidad
Penitenciaria N° 1 de Santiago del Estero, cárcel con capacidad para 200 reclusos donde convivían, en condiciones extremas de
hacinamiento, más de 460 presos, la mayoría de ellos sin condena firme. La protesta tenía como ejes la aceleración de las causas de los detenidos, mejoras en la alimentación y en el trato a las visitas, y derivó en una quema de colchones en el pabellón 2. Como en Magdalena, mientras los agentes del servicio penitenciario provincial reprimían y dejaban encerrados a los presos, 34 de ellos murieron por inhalación de los gases que se desprendían de los colchones. En las inmediaciones del penal, los familiares que se acercaban en busca de información fueron reprimidos con gases, palos y balas de goma por el Grupo Especial para Tareas y Operaciones de Alto Riesgo (GETOAR), de Infantería, de la División Canes y de distintas comisarías apostados allí para que no se altere el sacrosanto “orden”.

Desde el gobierno provincial se argumentó que el motín se originó tras un intento de fuga alertado por los penitenciarios y que los presos, enfurecidos, “prendieron fuego todo a su paso, cayendo ellos mismos en una trampa mortal”, según las declaraciones del juez Ramón Tarchini. Los familiares de las víctimas denunciaron que fue el propio SPP quién tras una violenta requisa mandó a los presos del pabellón 2 a los baños e iniciaron el fuego que ocasionó las muertes.

Desde entonces, se produjeron en la Unidad Penitenciaria N° 1
distintos motines menores provocados por el incumplimiento de las mejoras en las condiciones de detención. El 5 de diciembre, un recluso prendió fuego su colchón (que no han sido cambiados por ignífugos, pese a la reciente masacre) y diez de sus compañeros de pabellón debieron ser hospitalizados por principio de asfixia. El 12 de diciembre dos reclusos con prisión preventiva amenazaron con arrojarse al vacío desde el techo del penal si sus causas no eran debidamente analizadas por las autoridades judiciales.

El pasado 4 de enero, al cumplirse dos meses de la masacre, los
familiares de las 34 víctimas realizaron una marcha exigiendo
justicia y fueron provocados por policías que se desplazaban en un móvil. Los entredichos terminaron en represión, con mujeres heridas por golpes de culata en el pecho, palos y balas de goma.

Más recientemente, el 8 de enero, otro motín terminó con doce presos heridos, dos de ellos en muy grave estado por la inhalación (otra vez) de los gases que se desprendieron de los colchones. El subsecretario de Justicia de la provincia, Ramiro Santillán, desfachatadamente, declaró ante los medios de comunicación que “se trató de un hecho aislado”.

A dos meses de la masacre de la UP N°1 de Santiago del Estero, la justicia provincial procesó a cuatro directivos del penal y a 12 guardiacárceles por “homicidio culposo”, es decir por negligencia, a pesar de que se comprobó que los candados del pabellón 2 no fueron abiertos para evitar las muertes, y por “abandono de persona seguido de muerte”. Los imputados, como suele suceder cuando se trata de funcionarios políticos o policiales, se encuentran en libertad.

Por otra parte, el 7 de enero en el penal de la localidad
santafecina de Las Flores, Claudio Díaz, de 22 años, confinado en un “buzón”, murió como consecuencia de las quemaduras que le
afectaron el 90% del cuerpo tras una quema de colchones para
protestar por las condiciones de detención que sufren cotidianamente los privados de la libertad. En el mismo penal, también en celdas de castigo, Gustavo Vallejo, de 20 años, sufrió quemaduras y un cuadro de intoxicación por monóxido de carbono, y se encuentra internado en un hospital de la capital provincial. Desde el penal, la versión oficial sostiene que Díaz se envolvió con su colchón, se prendió fuego, que los penitenciarios no pudieron hacer nada para evitar las graves quemaduras y que la investigación -que seguramente determinará que se trató de un suicidio- estará a cargo de la sección Homicidios de la policía provincial.

Once días después de la masacre de Santiago del Estero, Néstor
Kirchner dijo, durante el último tramo de la demolición de la cárcel de Caseros –inaugurada en 1979 por Videla-, que “el mejoramiento profundo del sistema penitenciario argentino” es una de las asignaturas pendientes que le legará al gobierno de su esposa Cristina Fernández. Seguramente, al finalizar el mandato de Kristina, la situación en las cárceles de todo el país seguirá siendo una “asignatura pendiente” que deberá resolver, como siempre, el próximo gobierno.

PRESOS 4F DE BARCELONA
A casi dos años de su detención, comenzó en Barcelona el juicio
contra tres jóvenes sudamericanos, Juan Daniel Pintos Garrido
(argentino), Rodrigo Lanza y Alex Cisternas (chilenos), acusados de “atentar contra la autoridad con uso de arma peligrosa” y de “lesiones graves” a un policía. Son 9 los acusados, pero sólo ellos se encuentran con prisión preventiva porque “su condición de sudamericanos daría cuenta de un presunto peligro de fuga”.

La detención se produjo el 4 de febrero de 2006, en el marco de una fiesta en la que asistieron más de mil personas (según fuentes) y en la que un guardia urbano, que se encontraba enfrente, resultó herido. La familia de Pintos Garrido considera que la causa fue “armada” por la Justicia española por su condición
de “sudamericano”.

Durante la primera jornada del juicio, los acusados se declararon inocentes. La justicia catalana, de la mano del “socialista” Zapatero, ejerce una fuerte persecución y represión hacia los sectores organizados, a los pobres y a los jóvenes, sobre todo si de árabes, africanos o sudamericanos se trata.

EMANUEL: UNA NUEVA VÍCTIMA DEL GATILLO FÁCIL.
El pasado miércoles 9 de enero en la localidad de Billinghurst Partido de San Martín, nuevamente un joven fue víctima de las balas asesinas del estado.
Emanuel Montero (25) y fue acribillado a balazos por parte de un miembro de la POLICIA BONAERENSE 2.

Rápidamente voceros de la secretaría de seguridad de la provincia instalan en los medios la “versión oficial” de la que inmediatamente se hace cargo el Fiscal de la causa.

Mientras que la versión oficial-policial sostenía que Emmanuel, fue asesinado por un grupo de asaltantes que quiso robarle su moto, su familia en cambio supo que esa versión no se correspondía con lo que verdaderamente pasó.

El hecho ocurrió, en Maipú y Urquiza, donde efectivamente Emanuel se resistió a un asalto, con dos amigos salieron en persecución de quienes le habían robado su moto, logrando a las pocas cuadras, interceptarlos y recuperar el rodado. Fue entonces, cuando arriba un patrullero de la Bonaerense 2 que, indiscriminadamente, abre fuego impactando ese disparo en el pecho de Emanuel.

La Familia se encuentra ya presentada en el expediente para no permitir, resquicio alguno que le sirva al estado, para que una vez más encubra los asesinatos perpetrados por sus fuerzas de seguridad.

CORREPI, cree en la versión de la familia Montero que resulta ser la mas precisa acerca de cómo se produjeron los hechos. Lo que pasó con Emanuel, hace semanas con Sonia Colman demuestra que el gatillo fácil es una política de estado y es el estado el aparato represivo.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES:
Miércoles 23 de enero, 11:00, concentración frente a la gobernación de la provincia de Buenos Aires al cumplirse un mes del fusilamiento de Sonia Colman en Del Viso.

Atando Cabos, el programa de radio de CORREPI, volverá al aire en febrero, en su horario de los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.

Debido al receso estival de la Radio Porteña, ex Radio Ciudad, el programa Leña al Fuego del periodista Herman Schiller, con la columna de opinión de nuestra compañera María del Carmen Verdú, volverá al aire el sábado 2 de febrero en su horario habitual de las 18:00.

CORREPI