Boletín Informativo Nº 475

PROCESAN POLICÍAS POR TORTURA SEGUIDA DE MUERTE EN LA PLATA
Oscar Daniel Migone (38) fue detenido y llevado a la comisaría 9ª de La Plata la noche del 10 de noviembre de 2005. Su ingreso a la comisaría no fue registrado en el Libro de Guardia, ni el el Libro de Detenidos, ni se comunció la aprehensión al fiscal de turno. A la madrugada su cuerpo sin vida fue llevado a un hospital, con la historia de que, deprimido, se había ahorcado en la celda con las mangas de su campera. Treinta meses después, no hay dudas de que fue torturado, y que el suicidio fue fraguado para encubrir la muerte.

Esta semana se dictó la prisión preventiva de cuatro policías, la teniente María Valeria Maciel, el sargento Carlos Ariel Toloza, el capitán Marcelo Falcón y el sargento Daniel Espósito. Esa madrugada, Falcón era jefe de turno. Espósito y Toloza estaban de custodia del preso, y Maciel era oficial de servicio. Toloza y Espósito fueron procesados por torturas seguida de muerte, y Maciel y Falcón por el delito de omisión de evitar torturas. Es inevitable vincular este caso con el de Miguel Bru, muerto en la tortura en la misma comisaría en 1993, cuyo cuerpo hasta hoy sigue desaparecido.

Pero de los cuatro policías, sólo tres están presos, porque Espósito, a pesar de que la acusación en su contra es por el delito más grave de nuestro código penal, está libre, a la espera que de que se resuelva un pedido de eximición de prisión. No puede sorprender el asunto, cuando hoy mismo hemos denunciado públicamente que Jorge Ramón Fernández, condenado a prisión perpetua por la tortura seguida de muerte de Sergio Durán (17), fue excarcelado en diciembre de 2003, cuando llevaba apenas 10 años preso, y fue autorizado a trabajar en la agencia de seguridad privada Segur Part SA, a metros de la comisaría 1ª de Morón en la que era jefe de servicio cuando Sergio murió entre la “bolsita”, la picana, los golpes y las patadas. ¿El motivo de la libertad? Que en 13 años el tribunal de casación no tuvo tiempo de confirmar la sentencia del juicio oral.

La cabo Marta Jorgelina Oviedo cumple cómodamente en su casa la condena a prisión perpetua por la tortura y muerte de Andrea Viera. El oficial Hernán Gnopko, también condenado a perpetua por la muerte a golpes de Diego Gallardo, espera excarcelado que el tribunal de casación algún día, quizás en 10 o 12 años, revise la sentencia. El sargento Eduardo Oscar Jurado, condenado a prisión perpetua por la tortura seguida de muerte de Cristian “Chavo” Campos, fue excarcelado hace un año, igual que Fernández, porque en 10 años el tribunal de casación no confirmó la sentencia del tribunal oral de Mar del Plata. En el mismo caso Durán, el subcomisario Rojido y el cabo Gastelú fueron excarcelados en 1999 porque se demoró la fecha para su juicio, y ninguno se presentó cuando llegó el día, en 2003. Rojido sigue prófugo hasta hoy, y si Gastelú está condenado y preso -por ahora- es sólo porque CORREPI lo volvió a encontrar. Bien tranquilo puede estar el otro condenado, el cabo Nicolosi, preso desde 1998, y condenado a perpetua en 2003. Según el cómputo que hicieron los jueces con sus colegas Fernández y Jurado, le tocaría salir en pocos meses más… porque desde luego, tampoco su sentencia está firme. Y ni hablar de los policías procesados o condenados por homicidios, más frecuentemente libres que presos.

La estadística de policías procesados y condenados por delitos gravísimos que están en libertad no resiste comparación alguna con la media que atraviesa la población carcelaria común. Pocos datos son más reveladores a la hora de demostrar que el gatillo fácil y la tortura son parte de una política de estado, que este gobierno aplica con especial dedicación.

LA VELOCIDAD PARA DETENER ES INVERSAMENTE PROPORCIONAL AL GRADO DE OBEDIENCIA A LA POLÍTICA REPRESIVA
Cinco meses después de que Julio Cesar Zárate fuera asesinado en Guernica, la DDI de La Plata detuvo en su casa de Brandsen al cabo primero Cristian Ricardo Moraño, suboficial del Servicio Penitenciario bonaerense, y le secuestró el arma homicida cuando regresaba de cumplir funciones en el penal.

Al momento de intentar detener una subasta de tierras que pertenecen a familias campesinas, el abogado y militante del Movimiento Campesino de Córdoba, Joaquín Gonzáles, fue apresado por la policía de Río Seco. Los poseedores de las tierras del paraje La Encrucijada jamás fueron anoticiados del acto y el compañero Gonzáles denunció que la modalidad repetida consiste en publicar en remate tierras como desocupadas, que, como éstas, se encontraban desde 2004 en trámite ante el Registro de Posesión, para que el comprador en subasta –sojeros en amplía mayoría- proceda al desalojo inmediato de los campesinos.

Seis meses después de haber sido denunciado por tres casos de torturas con amenazas de muerte a los denunciantes, el subjefe del comando radioeléctrico de Rio Cuarto, Claudio Quiroga, quien actualmente presta servicio en Villa Huidobro, se presentó a negar los hechos ante el fiscal que lo investiga por “vejaciones, abuso de autoridad y amenazas”, delitos excarcelables. Como informáramos en nuestro Boletín 461, Quiroga ha sido seguridad de De la Sota en la recepción del avión de la provincia y en Casa de Gobierno, algunas veces de civil, y en la fuerza dicen que “ha realizado cursos de seguridad de autoridades y es bien considerado para estas tareas”. Sobre el bien considerado Quiroga, pesan las denuncias por torturas a Alejandro Gómez (31), a quien golpeó dentro del móvil policial y en la Alcaidía, provocándole la explosión de los intestinos. A Oscar Raul Sarandón (38), a quien golpeó dentro de un boliche, luego lo trasladó en el móvil a un descampado, lo esposó a un palo y siguió pateando y días después de que el hombre efectuara la denuncia lo detuvo, lo tomó del cuello, le golpeó la cabeza y lo amenazó con inventarle una causa. Y a Yañez (15), a quien golpeó en los ojos y torció sus brazos en el predio recreativo del Banco Córdoba, en enero de este año.

Tres años en prisión preventiva deberá cumplir, Brígida Segalá, viuda del panadero, y presidente de la Cooperadora Policial del Precinto 36, Hector Corradini. Segalá no ha tenido la “suerte” del comisario Oscar “Pichi”Aguilar, ni de los policías Juan Barrionuevo y Onainty, y deberá permanecer en prisión hasta el final del plazo permitido por el Código Procesal Penal a la espera del juicio oral. El panadero Corradini fue secuestrado el día 16 de noviembre del año 1998 y encontrado al día siguiente con 3 balazos en la cabeza, en su propio auto, a cinco cuadras de su casa, esposado a la espalda. Antes de ser secuestrado había repartido volantes en el barrio convocando a una reunión de vecinos en la que iba a denunciar graves irregularidades que había descubierto en la comisaría. Todo indicaba que la cooperadora era la pantalla ideal para defraudar a comerciantes y vecinos que aportaban cuotas mensuales, en la creencia de que el dinero se utilizaba para reparar y mantener móviles y otras necesidades del Precinto. Después de años con pistas falsas plantadas por la policía en la causa, la fiscal allanó el precinto y en un armario del que sólo el comisario Aguilar tenía la llave encontró el arma que disparó los tres proyectiles que mataron a Corradini, imputándose así a los policías, que fueron detenidos y liberados a los dos meses.

La última señal de las pistas falsas fue un testigo considerado clave, Walter Hugo Argüello, quien aseguró al fiscal que culpó a Víctor “Mandrake” Quinteros como autor del crimen del panadero Héctor Corradini para ganarse “unas monedas” y recordó que también había declarado que la esposa de Corradini, mandó a matar a su esposo, pero que ahora se rectificó indicando que eso “también era un cuento y que no sabía de quién lo había escuchado”. Claro está que el poder judicial no avanzará para descubrir quién le dió esas monedas al “testigo clave” como tampoco avanzó en la investigación de la extorsión que habría realizado el policía Síntora, homicida de Regino Maders, según la denuncia de la viuda.

EL “PROGRAMA DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS” PARA “MEJORAR LA POLICÍA”
Muy difundida ha sido por estos días la nueva función de la división de Asuntos Internos de la bonaerense dependiente del ministro Carlos Stornelli. Se trata de un equipo de abogados que cada 15 días se trasladará a distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y además de visitar las dependencia policiales se dedicará, previa convocatoria a la comunidad, a recibir denuncias de –en palabras de sus funcionarios- “aquellos casos considerados graves” puntualizando que la gente debe denunciar “extorsiones, coimas, amenazas, apremios ilegales, manejos irregulares de fondos del Estado provincial, connivencia con delincuentes, abusos sexuales o casos graves de violencia familiar”.

Este programa de recepción de denuncias anunciado “para el mejoramiento de la policía” tiene unas cuantas trampas. Por una parte, la sola enumeración de los delitos cuya denuncia se promueve muestra cuáles se dejan afuera: nada de torturas, fusilamientos o detenciones ilegales, por ejemplo. Por otra, en términos del derecho constitucional, implica la suma del poder público en manos del ejecutivo, ya que el gobernador, a través de su ministro de seguridad, y sus funcionarios de Asuntos Internos, reemplazaría al poder judicial al tomar para sí la función de investigar, procesar y condenar los delitos cometidos por los funcionarios policiales.

Pero la principal trampa es que los detalles funcionales del programa son totalmente públicos. Pero los resultados, no. Uno de los anexos del reglamento del programa establece la “expresa reserva”, tanto en la recepción de la denuncia, como en su publicidad. Ahora entendemos cómo Salcedo, el jefe de la Policía bonaerense, dijo la misma semana que la corrupción policial habría sufrido un descenso considerable…

En términos de la realidad represiva contra el pueblo, esto significa que al estado le va a resultar mucho más fácil que si hay tortura no se note, si hay coimas, robos y cualquier otro delito del código penal, que no se sepa, disminuyendo así la posibilidad dentro del sistema judicial burgués de las víctimas de la represión de actuar como damnificados, impidiendo que ocurra, como intenta CORREPI, lo que dijo hace poco un fiscal de Morón: “la muerte de un pibe pobre, en la pila (de expedientes) no se ve”.

NO SE SALVAN LAS MUÑECAS NI LOS PERROS
Esta semana el Superintendente General de la Policía bonaerense, comisario salcedo, anduvo de declaración en declaración, reclamando aumentar la ya abundante dotación de su fuerza (53.000 policías) con otros 10.000, por supuesto con su correspondiente incremento presupuestario, y, ya que estaba, se puso a defender también a la fuerza que comanda de las constantes denuncias por delitos cometidos por los uniformados. Apelando a la vieja pero no menos útil teoría de los “hechos aislados”, dijo que la corrupción policial delincuencia policial “no está fomentada desde los organismos del estado”, y, agregó, “No hay corrupción institucionalizada”. Pero como el pez por la boca muere, en la misma entrevista admitió que “la delincuencia está instalada”. Instalada, desde luego, en el organismo estatal que se llama policía. Dos hechos “menores”, que la prensa oficial presentó como “insólitos”, a pesar de que cualquier lector atento de los diarios puede recordar infinidad de situaciones similares recientes, son suficiente prueba de lo que sostenemos.

Hace unos días, en la ciudad de La Plata, un oficial de policía de 30 años fue detenido cuando los empleados de una juguetería advirtieron que el hombre se estaba llevando en su bolso tres muñecas Barbie y un protector labial para niñas. El joven oficial no era cualquier policía sin formación, sino un efectivo que presta servicios en el Gabinete de Prevención de Delitos -ex Inteligencia-, es decir, un área especializada y sensible del Ministerio de Seguridad. Por su edad, no valen tampoco los argumentos del “resabio de la dictadura” ni la “herencia de la maldita policía”. El punga de uniforme no había nacido en 1976, y estaba en la primaria cuando Klodzyk dirigía la bonaerense. A éste lo formaron, enterito, con los modernos planes y cursos de DDHH de Solá, Arslanián y compañía.

Mientras tanto, en Rosario, el 8 de abril dos suboficiales, también muy jóvenes, estaban durante su patrullaje de rutina en una estación de servicio cerca de la zona de Funes, cuando delante de ellos cruzó un hermoso perro ovejero alemán de pedigree, macho y adulto. Los agentes, ni lerdos ni perezosos, lo cargaron en un auto particular y se lo llevaron, a pesar que numerosos vecinos y comerciantes les dijeron que conocían a la dueña. Ni bien se fueron, corrieron a avisarle.

A la mañana siguiente, la mujer ubicó a los policías en la misma estación de servicio. Los uniformados le dijeron que el animal se había puesto nervioso, y, por miedo a que los mordiera, lo habían soltado a unas cuadras. Con enorme ingenuidad, la señora les creyó y les dio su número de celular para que la llamaran si lo veían por la calle. Pocas horas después, sonó el teléfono, y una voz femenina dijo que su sobrino había encontrado al perro, y le pidió dinero para devolverlo. La dueña del ovejero sospechó, ya que sólo había dado el teléfono a los policías, de modo que hizo la denuncia. La respuesta no se hizo esperar. La misma tarde recibió otro llamado de uno de los policías, que la amenazó por haberlos denunciado, lo que prueba que alguien de la comisaría o el juzgado los puso sobre aviso.

El escándalo creció, y al poder ejecutivo no le quedó otra que pasar a disponibilidad a los agentes, lo que generó nuevas amenazas para la mujer. Cuando los ladrones fueron interrogados en la División Judiciales de la Unidad Regional II, dijeron que actuaron “para resguardar la integridad física del can”, pero se olvidaron de ponerse de acuerdo en un punto: uno dijo que el ovejero se les escapó, el otro que lo soltaron. Se allanaron sus domicilios, pero la víctima del secuestro extorsivo no aparece.

TRABAJADOR DEL AJO MUERTO DESPUÉS DE REPRESIÓN
Cerca del fin del año pasado, trabajadores de la exportadora de ajo Campo Grande de Mendoza protagonizaron un conflicto gremial en reclamo de mejoras laborales, ya que trabajan tercerizados por cooperativas fraudulentas que les imponen jornadas de 12 a 14 horas, en negro, sin aportes y que somete a la explotación hasta a los pequeños hijos de los trabajadores. Los trabajadores cortaron el acceso a la empacadora para conseguir una negociación, y el 29 de noviembre la fiscal Liliana Ginner ordenó su desalojo violento, lo que desató la represión con balas de goma, gases e incluso bicicletas arrojadas a los trabajadores por los efectivos.

Entre los 75 golpeados con palos y patadas estaba Juan Carlos Erazo, casado, de 51 años de edad y padre de una hija. El 5 de diciembre los trabajadores hicieron una protesta reclamando medidas de sanción contra la fiscal que ordenó la represión. Mientras Juan Carlos y sus compañeros exhibían sus hematomas y heridas de bala a las cámaras, la Unión Comercial e Industrial de Mendoza emitía un comunicado a través de su vocero, José Poquet. Luego de dejar en claro su oposición a cualquier medida contra la fiscal agradecieron la represión diciendo: “Desde UCIM queremos felicitar el accionar de la Jueza interviniente, porque lo único que hizo fue hacer cumplir la ley, cosa que esta institución reclama permanentemente al poder judicial. La actuación policial fue correcta, porque tenían que defenderse de la agresión de los empleados de esa empresa. (…) A la justicia nuestras sinceras felicitaciones (…) por hacer respetar a la institución a la que pertenecen. No se puede agredir a la policía, en algún momento tiene el deber de defenderse, porque de esta forma tendrán el reconocimiento de los ciudadanos pacíficos que quieren vivir en orden y con respeto en la provincia Mendoza.”

Al otro día Juan Carlos comenzó a sentirse mal y terminó internado en el Hospital Metraux, donde le detectaron un abceso cerebral. Desde ese día, el último que fue a trabajar, Juan Carlos comenzó a girar por hospitales, entrando y saliendo de terapia intensiva, hasta que finalmente, el 5 de abril, murió.

No hace falta que agreguemos palabras que pretendan develar al servicio de quién está la represión, luego del ilustrativo segmento del comunicado de la UCIM que reprodujimos. La defensa de los intereses de la empresa produjo, una vez más, la muerte de un trabajador a manos del estado. Ante la muerte de su compañero y delegado, los trabajadores del ajo emitieron un comunicado en el que señalan: “El empresario Adrián Sánchez, los defensores de las Cooperativas ilegales (que dice querer perseguir y terminar el Gobierno) como el ex ministro Miguel Bondino, pueden estar seguros y tranquilos ya de que Juan Carlos, tan “peligroso”, no volverá a su puesto de trabajo. Pero sepan también, al igual que los demás empresarios y dueños del Campo y sus frutos, que los obreros que somos y seremos hermanos de Juan Carlos Erazo perdimos lo único que nos faltaba perder: la vida de un compañero y el futuro de nuestros hijos que ustedes explotan desde niños… Si cuando comenzamos esto, en noviembre del pasado año, lo hicimos con la voluntad honesta y humana de no querer ser más esclavos, de aquí en más lo haremos con la obligación de tomar el ejemplo de nuestro compañero y hermano mayor: Juan Carlos Erazo, que siempre estará presente.”

REPRIMIDOS Y DETENIDOS EN CHACO POR MANIFESTRASE Y RECLAMAR
Si bien se trata de un hecho que se repite cotidianamente a lo largo y ancho del país, esta vez sucedió en el Chaco. Alrededor de 100 desocupados pertenecientes a distintos movimientos sociales, fueron reprimidos por la policía de la provincia del Chaco, cuando se dirigían a la rotonda de acceso al Puente General Belgrano que une Chaco con Corrientes.

Posteriormente, otras 21 personas fueron detenidas frente a la fiscalía federal en Resistencia, cuando reclamaban la libertad de los compañeros detenidos en la desconcentración de la primera protesta, luego de ser interceptados por grupos policiales en distintos puntos de la ciudad. Entre los detenidos hay más de 10 menores de edad y mujeres embarazadas, quienes fueron estratégicamente llevados a distintas dependencias policiales en la localidad de Fontana, Vilelas y Margarita Belén, a 26 km. de Resistencia, para así dificultar las manifestaciones por la liberación de los apresados.

Para un grupo de 50 manifestantes, actuaron alrededor de 300 funcionarios de la policía y hubo cerca de 70 detenidos. Se les imputó “entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte por tierra en grado de tentativa”, que entendido de otra forma significa “entorpecimiento del derecho del capital y de los grandes capitalistas acaudalados a circular libremente, y a todos los que no obedezcan, balas y cárcel”.

Cuando la policía reprimía y detenía a los que se organizaron para reclamar por la libertad de los presos, dijo tener estrictas órdenes del gobierno de evitar el corte de ruta y de impedir el avance de la gente. Pero lo que dijeron más tarde a los medios, siempre cómplices de la represión, fue que los manifestantes agredieron y “entraron en falta contravencional y por eso fueron detenidos”. Es decir, utilizaron una de las armas más poderosas que posee el estado argentino para detener arbitrariamente y reprimir, y así desligar la responsabilidad política: las faltas o contravenciones. “Tienen 5 minutos para desalojar la calle o los desalojamos a ustedes” fue la orden del oficial a cargo del operativo, donde no faltaron la infantería, el cerco policial, y por supuesto, los golpes indiscriminados.

El operativo movilizó a más de 500 policías, que dependen del ministro de gobierno Jorge Alcántara, relacionado con la última dictadura militar. Hasta el momento, y movilización mediante, se logró liberar a varios menores y a otros compañeros. Tanto el gobierno provincial comandado por Capitanich, como el gobierno nacional comandado por los Kirchner, son responsables por la represión y los encarcelamientos.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Viernes 25 de abril, 13:00, concentración y actividad en la Plaza de la República, a 17 años de la detención y muerte de Walter Bulacio.En La Plata, escuche Atando Cabos, el programa de radio de CORREPI, los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.

Los sábados, a las 18:00, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar, tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.

Los jueves, a las 12:30, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Ecos del Día, por Radio Cooperativa, AM 740, www.am740.com.ar.

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CORREPI