Boletín Informativo Nº 477

DE POLICÍAS Y JUECES: ENTRE FANTASMAS NO NOS PISAMOS LA SÁBANA
Tres hechos ocurridos esta semana son una muestra cabal de las aceitadas relaciones entre el poder judicial y la policía, sea para embarrar la cancha en investigaciones en curso, para beneficiar a policías acusados de gatillo fácil o, lisa y llanamente, para asesinar y que parezca un accidente.

En la Asesoría Pericial de La Plata desaparecieron “misteriosamente” dos sobres que contenían muestras de las uñas de Mara Matheu, violada y asesinada el 24 de marzo en Santa Teresita y cuya muerte desencadenó una pueblada con escrache a la comisaría y quema de patrulleros incluidos. Según los peritos, las pruebas contenían restos de piel de dos personas distintas. Una de ellas correspondería a un joven de 21 años, actualmente sindicado como el principal sospechoso. Sobre el segundo implicado en el caso no hay datos y el robo de las pruebas parece indicar que nunca se conocerá a quién corresponde el perfil genético. Casualmente, un policía bonaerense –que por supuesto permanece en libertad- apareció involucrado en el caso por hallarse en poder de su hermana la carcaza del celular de la joven.

La familia de Mara siempre cuestionó el desinterés policial a la hora de recibir la denuncia por la desaparición de la joven y sobre la forma en que llevaron a cabo la investigación del caso. La fiscalía de delitos complejos intervino la asesoría pericial con el fin de establecer si la desaparición fue consecuencia de un robo o del manejo negligente de las pruebas. El ministro de justicia de la provincia, Ricardo Casal, aseguró no saber “qué impacto puede tener en la causa la desaparición de esas pruebas”, pero sí está seguro de que la investigación compromete al único detenido por el asesinato. Algo es algo ¿Es esta desaparición de pruebas consecuencia de un manejo negligente?

El viernes 25 los jueces del Tribunal Oral 3 de Lomas de Zamora condenaron a la pena de 13 años de prisión al policía Roberto Macua por asesinar a Emmanuel Salafia (17) en 2002. En septiembre de 2000, dos policías de Llavallol detuvieron a Salafia y le exigieron la suma de $2000 y una moto bajo la amenaza de armarle una causa penal, hecho que fue denunciado por su familia. Poco antes de declarar en el juicio contra los policías, Emmanuel fue acribillado con 12 balazos por la espalda mientras conducía una camioneta que, según los asesinos, era similar a una que había sido robada. Las pericias determinaron que el policía Macua disparó al menos 30 veces por la espalda a una persona desarmada. Pese a la gravedad del caso y negando el pedido de la fiscalía y la querella de que Macua fuera detenido preventivamente, los jueces Jorge Camino, Marcelo Dellature y Rafael Villamayor rechazaron el pedido argumentando que el imputado siempre se había presentado ante la justicia. El día de la sentencia, estos mismos jueces permitieron que Macua y su compañera Isabel Ciarlo no asistieran a la lectura del fallo, lo que provocó la bronca de los familiares. Finalmente, Macua fue condenado a 13 años de prisión y Ciarlo fue absuelta porque ninguno de los tres disparos que efectuó impactaron en la espalda de la víctima. La mala puntería se premia con absolución por estos jueces, que se encargaron de resaltar que Ciarlo actuó profesionalmente porque disparó tres veces y no 30; y un crimen de lesa humanidad se pena con sólo 13 años de prisión –la fiscalía pidió 25 años- y con todas las facilidades como para que el acusado se dé a la fuga, que no se concretó tal vez por la bronca desatada por los familiares al conocer la sentencia y el impacto mediático del caso,o simplemente porque al policía no se le dio la gana.

En la localidad de Villa Unión, La Rioja, el juez Walter Sinesio Moreno investigaba el asesinato de un vendedor de autos ocurrido a comienzos de abril. La causa dio un giro digno de un guión cinematográfico cuando el juez pasó de investigador a imputado por la muerte de Jorge Ormeño, cuyo cuerpo apareció en un barranco, atado, rociado con combustible y con múltiples golpes, uno de los cuales, en la base del cráneo, le ocasionó la muerte. Durante el curso de la investigación, Moreno mandó a detener a una mujer y dos vendedores ambulantes como responsables del crimen. Pero luego se comprobó que el juez Moreno tenía una abultada deuda con Ormeño y que lo había citado horas antes de su asesinato en los tribunales para “hablar” de negocios.

Para deshacerse del acreedor, el juez Moreno contó con los servicios de dos suboficiales de la comisaría de Villa Unión -uno de los cuales era parte junto con el juez de la investigación del caso- y de un ex gendarme, que secuestraron a Ormeño, lo golpearon hasta la muerte y armaron la escena para que parezca un accidente. Desde la noche del lunes 21, Moreno y los policías implicados se encuentran detenidos como principales sospechosos del asesinato de Jorge Ormeño, y se averiguó que juntos planeaban otros tres homicidios.

Los encubrimientos, la absolución fácil, la “manito” para la fuga, las penas morigeradas y la participación directa en asesinatos son una constante y no una excepción, en la que, en pos de la impunidad, participan funcionarios policiales y judiciales. Parece que la consigna “no es un policía, es toda la institución” nos queda corta.

GUSTAVO MARECO, UN NUEVO CASO DE GATILLO FÁCIL DE LA POLICÍA DE SCIOLI
El diario Crónica publicó la noticia como “gatillo fácil por un celular” e informó que el oficial de la bonaerense fue detenido luego de haber asesinado a Gustavo Manuel Mareco (16), de un tiro en la cabeza. Los familiares del joven, sabiendo lo que tendrán que enfrentar, ya que el policía vive a cuatro cuadras de su casa en Los Polvorines y sigue allí, se acercaron a CORREPI para iniciar el camino de la organización y la lucha ante el estado que mata un pibe cada cuarenta y que, con la ejecución ilegal de Mareco, lleva contabilizados 2396 casosdesde 1983.

El que pegó el tiro lamadrugada del jueves 16 de abril, es un oficial integrante de la DDI de San Isidro, de apellido García. La versión que armó junto a la comisaría 2ª de Islas Malvinas le habría costado el “alejamiento” al comisario y a los uniformados que intervinieron en la investigación por “varias irregularidades administrativas en la comunicación de lo sucedido al ministerio de seguridad bonaerense”, eufemismo que se utiliza para describir los perros policiales y el labrado de las actas y pericias truchas. También fue de la partida el jefe de la DDI San Isidro, sobre quien se informó que “El funcionario gozaba de licencia por motivos personales y lo ocurrido aceleró su alejamiento”.

Lo cierto es que el teléfono celular encontrado en la zanja donde fue arrojado el pibe, le demostró al fiscal que debe investigar el homicidio, porque el bonaerense lo había citado en un descampado a la madrugada para ofrecerle una recompensa. Los únicos recompensados en los casos de gatillo son los que disfrutan de la excarcelación fácil, los que esperan en sus casas un juicio oral por años y los que son alejados por “irregularidades administrativas” ante el encubrimiento, gozando de todos los beneficios del estado.

Mientras tanto el ex gobernador Solá hizo esta semana un positivo balance de su gestión destacando que los integrantes de la bonarense son mejores que los federales porque “no están aburguesados” y por su parte Scioli se dedica a celebrar “el cambio de actitud” de sus efectivos “que percibe cuando visita cada municipio”. Sirva esta nota para confirmar, como se percibe en el municipio de Islas Malvinas y en todos los de la provincia, la política del ex motonauta, cuyo gobierno, sostuvo: está “para respaldar -a los policías-, acompañarlos, alentarlos y poner en valor su tarea”.

LA IMPUNIDAD ES UNA CUESTIÓN DE CLASE
En nuestro boletín Nº 403 de noviembre de 2006 publicábamos que el 25 de noviembre de ese año Sean Bell, de 23 años, fue asesinado a la salida de un bar en el que festejaba junto a sus amigos su despedida de soltero. Al salir del local en que se encontraban subieron al auto, momento en que los policías los rodearon apuntando sus armas, sin advertir o anunciar nada al grupo de amigos. Bell era el conductor y al verse en esa situación aceleró. Los policías abrieron fuego, disparando más de 50 balazos. Dos de los amigos de Bell fueron heridos de gravedad, Joseph Guzmán recibió 19 balazos y Trent Benefield recibió tres. Sean Bell recibió cuatro balazos en el torso y cuello y murió en el momento. Sus amigos se recuperaron tras meses de internación en un Hospital local.

El caso sucedió en Queens, Nueva York y la semana pasada tuvo su sentencia, que alcanzó a 3 de los 5 policías involucrados: Michael Oliver que recargó su arma en medio de la balacera para terminar disparando un total de 31 balas; Gescard Isnora, que disparó 11 veces; y Marc Cooper, que disparó 4 tiros. El juez Arthur Cooperman encontró que la defensa era contradictoria, aparte de que las víctimas tenían antecedentes penales, razón suficiente para encontrar inocentes a los policías y mandarlos tranquilamente a sus hogares y a continuar trabajando para el país. Sean Bell era negro, razón por la cual mucha gente pensó y piensa que este es un caso de discriminación, pero sabemos que la política represiva, del estado que sea, no apunta a la raza, sino a la clase. Igual que Sean Bell, los policías Michael Oliver y Gescard Isnora son negros, igual que sus hijos, sus madres y sus abuelos.

Deacon Frederick Williams fue torturado hasta la muerte con las picanas portátiles yankis en una comisaría, luego de que su familia llamara una ambulancia por un ataque de epilepsia y desafortunadamente llegara antes una patrulla, tortura y muerte documentadas en video. Varios eran los policías negros que sometían a Williams mientras pedía por su vida y su familia. Efectivamente este no se trata de discriminación, sino de poder, de quienes lo tienen y usufructúan y quienes deben someterse.

El candidato presidencial negro, Barack Obama lo explicó claramente cuando, llamando al cese de protestas después de la sentencia en el caso Bell, dijo: “somos una nación donde reina el derecho y debemos respetar el veredicto”. En nuestro país es muy pequeña la población negra, sin embargo los policías asesinos gozan del mismo amparo legal que los asesinos de uniforme estadounidenses; los mapuches, los inmigrantes y cualquier otra persona que en un análisis apresurado podría ser catalogada como una “minoría” recibe las mismas balas, con la misma impunidad que cualquier otra persona pobre, o desobediente, que el estado precise disciplinar a lo largo y ancho del territorio nacional.

ELIMINACIÓN SISTEMÁTICA POR GATILLO FÁCIL: CUATRO CASOS EN DOS DÍAS
En el edificio Alas del barrio de Retiro, donde funcionan oficinas de la fuerza aérea, el domingo 20 de abril, el vicecomodoro Roberto Enrique Sparadi (43) asesinó a balazos a su mujer, también oficial aeronáutica, la mayor Rosa Elvira Fridlmeier (44). Para mantener el “prestigio” que supo conseguir, la fuerza aérea emitió un escueto comunicado de prensa en el que informó sobre el “fallecimiento” de la mujer y señaló que se desempeñaba en esa institución como oficial del cuerpo profesional, sin entrar en el detalle de que recibió tres balazos -uno en la cabeza- del arma reglamentaria calibre 9 mm. de su marido. Sparadi estaba a punto de realizar un curso en la escuela de guerra perteneciente al estado mayor conjunto, para ascender al grado de comodoro. Bien preparado estaba para solucionar hasta sus problemas familiares intrafuerza.

El mismo domingo, en el barrio Villa El Libertador de Córdoba, el agente Adrián Mato, quien se desempeña en el Cuerpo Especial de Vigilancia del Distrito 1 de la Policía, vestido de uniforme y junto a su esposa, disparó dos balazos con su pistola 9 milímetros contra Adrián Alfredo Heredia (20) quien murió horas más tarde en el Hospital Misericordia. La versión policial fue tratando de acomodarse, con el paso de las horas, hasta que Mato fue detenido por homicidio. Al comienzo difundieron que el “justiciero”, repelió un enfrentamiento armado contra tres o cuatro delincuentes que intentaron robar la cartera de su mujer, personal de seguridad privada. Luego dijeron que el delincuente le pegó un culatazo al agente y que el arma que portaba se la podrían haber llevado tanto los otros que huyeron, como los vecinos. Tomando en cuenta este tipo de versiones calcadas, en las que la policía tiene la mejor puntería del mundo, y en las que los que intentarían robar usan armas que no disparan para pegar en la nuca, podemos deducir que Adrián Heredia no disparó, no tenía armas, estaba solo, y que el asesino integrante de un cuerpo especializado con 25 años de edad no carecía de preparación, no cometió errores ni excesos, ni es un “resabio de la dictadura” sino que es parte de la política represiva del estado que nos mata un pibe cada cuarenta horas en los barrio pobres.

En Ranelagh, sur del Gran Buenos Aires, el miércoles 23 de abril, un teniente primero del Destacamento Hudson de la Policía de seguridad Vial, a bordo de su automóvil en la puerta de su casa, disparó contra un adolescente del mismo barrio, Pablo Nicolás Fortín (19). Según la versión policial, el bonaerense, franco de servicio y de civil, fue sorprendido por cuatro desconocidos que se movilizaban en dos vehículos. Ante su supuesta respuesta armada, habrían abandonado un Citroen C3 denunciado como robado en City Bell, en la puerta de su casa y escaparon. Pero con la agudeza del olfato policial, sobre todo ante el disparo en el abdomen que el teniente le dio al joven, sospecharon que uno de los frustrados asaltantes habría resultado herido y realizaron una recorrida por los centros asistenciales de la zona logrando ubicar al muchacho en el Hospital de Berazategui.Para completar el tremendo despliegue, en el que intervinieron la comisaría de Ranelagh, la policía distrital Berazategui y la DDI de Quilmes, a la vuelta del hospital encontraron un Fiat Palio chocado, con el que los desconocidos habrían huído.

El mismo día, también en la zona sur, un custodio del vicepresidente Julio Cobos, el sargento de la federal Claudio Vendrel, dio muerte a Pablo Oviedo (20) quien se encontraba en bicicleta, desarmado y quien fue acusado de intentar robarle al policía, recibiendo varios disparos y cayendo muerto a 20 metros de donde el federal esperaba el colectivo, en la localidad de Glew, Partido de Almte. Brown. Esta vez, del menú de las versiones oficiales para cubrir la ejecución, se eligió el forcejeo con el arma: pertenecer a la custodia presidencial tiene sus privilegios. De esta clase de ventajas supo, por ejemplo, el director de la custodia de Scioli durante su vicepresidencia, subcomisario Cecatti, con una persona que apareció con tres balazos cruzando la General Paz y otra abandonada en un hospital en Ezeiza con tres tiros - uno en la boca-, la noche después de que habría resistido el robo de su auto en Capital. De estos privilegios supo también el cabo Jorge Fabián Goyochea, custodio del entonces ministro del interior Carlos Corach cuando asesinó en Claypole a Marcos Viera (24) como respuesta ante su reclamo por acosar a su novia en la calle. Al día siguiente Corach avaló públicamente a su custodio, sostuvo su versión de intento de robo y lo hizo asistir por defensores del cuerpo de abogados del ministerio del interior, que se presentaron “en defensa del interés público”.

“ARBOLITOS” QUE FLORECEN EN CÓRDOBA
Eran las 17:15, los 30º se notaban y el hombre de traje gris y camisa oscura transpiraba profusamente en su despacho del primer piso de la Delegación Córdoba de la Policía Federal. Era el comisario Walter Claudio González Galzerano, asumido como titular de la repartición hace no más de tres meses. A esa hora, mientras el jefe policial trataba de demostrar tranquilidad, las cosas estaban que ardían en la delegación de los “federicos”, como se conoce popularmente a los policías federales. Hacía escasos minutos que el subcomisario Claudio Bonggi había sido detenido, junto a un oficial que le hacía de chofer, en el ingreso al mismo edificio por hombres de la policía de seguridad aeroportuaria (PSA), que lo venían persiguiendo desde la San Martín.

El subcomisario, según testigos, había salido “disparando” de la plaza en una 4×4 Cherokee azul, cuando vio que los de la PSA detenían a varios de sus hombres por tentativa de coima. Los federales habían sido apresados en el baño de caballeros de la plaza San Martín, cuando cobraban unos cuantos miles de pesos. Al ver que el subcomisario se esfumaba de la plaza, los efectivos de la PSA tomaron un taxi que pasaba por 27 de Abril (luego de bajar a unas pasajeras) y ordenaron, como en las películas, que el taxista siguiera a toda marcha a la 4×4 azul.

En la entrada de la delegación de la federal, el “sub” disimuló ante los periodistas diciendo que la situación “estaba controlada”, cuando uno de los de la PSA le susurró: “Usted cállese, está incomunicado” . A esa hora de la tarde, las cosas hervían a unas siete cuadras de allí, en la plaza San Martín. Una multitud, compuesta por hombres de traje, niños, jóvenes con los MP3 a todo volumen, vendedores ambulantes, mujeres con bolsas de nailon, no se perdía detalle de lo que pasaba.

¿Y qué ocurría? En el baño de la plaza estaban los federales de civil, recién detenidos. En otro costado estaba el “arbolito” que los había denunciado y que hoy es un testigo de identidad reservada por precaución a que sufra alguna represalia.

El hombre disparó a los periodistas. “Estaba harto de pagarle coimas a los de la federal, por eso los denuncié y se armó el operativo”, exclamó. Cuando se retiraba del lugar, rumbo a los tribunales federales para declarar, el “arbolito” levantó un dedo y apuntó a hacia un policía federal, también de civil (de pelo largo, barbado y con nariz aguileña) parado a un costado. “Yo le pagaba a ése”. De inmediato, el pelilargo policía quedó detenido. El sujeto trató de ensayar una excusa, pero no hubo caso. Los de la PSA requisaron el VW Golf gris en el que se movía y secuestraron una pistola, cargadores, una notebook, muchos papeles, una balanza y un sobre con varios gramos de cocaína. En un costado del baúl hallaron varios billetes de 100 pesos.

Los curiosos no podían creer lo que estaba pasando y no paraban de sacar fotos con sus celulares. A todo esto, cada vez llegaban al lugar más efectivos de la PSA, luciendo uniformes negros con cascos y armas largas. Era el grupo de elite de la fuerza de seguridad que reemplazó hace pocos años a la policía aeroportuaria nacional, luego de que ésta quedara desarticulada por orden del ministerio del interior tras el escándalo de las narcovalijas, pero eso es otra historia.

Ayer, varios de los hombres de la PSA no ocultaban sus rostros sonrientes ante las cámaras por el operativo que acababan de concretar. A unos 50 metros de allí, tres policías de Córdoba apresaban a un arrebatador que aprovechó el tumulto manotearle la billetera a un curioso.

En las últimas horas de la noche, cuando ya quedaban pocos curiosos, los de la PSA sacaron del baño a los “federicos” y los llevaron derecho a Tribunales.

Esta noticia parece sacada de una historieta, pero fue difundida por el diario principal de la ciudad de Córdoba. No hace más que corroborar lo que todos ya sabemos: la corrupción no es una excepción, sino politica constante del funcionamiento de las fuerzas represivas del estado. La caja chica está institucionalizada. La PSA, reemplazo de la vieja policia aeroportuaria por causas de narcolavado y demas yerbas, está lavando la cara más sucia del estado y ahora se dedica a perseguir federicos. Pero no nos extrañe que en un futuro cercano sean ellos los perseguidos y detenidos por “federicos”, por estar involucrados en algún otro caso.

SCIOLI Y SU “OBSERVATORIO DEL DELITO”
El gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de su ministro de justicia, Ricardo Casal, acaba de anunciar una serie de nuevas medidas referidas a su política “antidelictiva”. Al incremento de empleados en las unidades carcelarias y la ejecución de un programa de alcaidías departamentales, se suma la creación del “Observatorio del Crimen”, presentado por Casal como “la herramienta científica que tendrán los actores de la seguridad, la justicia, la asistencia social y del Ministerio para poder fijar políticas de prevención en los jóvenes”.

Este “observatorio”, que ya cuenta con el aval de varios municipios, consta de la sistematización y categorización de los datos que los policías y los “buenos ciudadanos” aporten para tal fin, delineando así los llamados mapas de delitos en toda la provincia y bases de datos locales en cuanto a problemática “urbanística, de nocturnidad, policial, judicial y penitenciaria”. Es decir, se definirán “perfiles del accionar delictivo” en las diferentes regiones bonaerenses y se detectarán las características de los delitos que se dan en cada zona en todos sus detalles: modalidades, variables horarias y estacionales, entre otros; así como las características de los “delincuentes”: edad, extracción social, modus operandi y niveles de organización.

De esta manera se legitima y se sistematiza lo que hasta hoy forma parte del saber cotidiano de cada una de las comisarías. No cabe duda de que los policías manejan al dedillo el “mapa delictivo” de sus respectivas localidades (en buena medida porque son ellos los que lo delimitan con sus zonas liberadas). Lo que este “observatorio” viene a hacer es dar un carácter legal a tal manejo, y favorecer la designación de recursos con una nueva excusa, aceitando y provincializando este tipo de información, y sustentando la presencia policial y su acción represiva en los lugares adonde ellos ya saben que es necesario profundizar. Aquellas zonas donde es necesario acrecentar la intimidación policial.

Así lo explica el ministro Casal: “una vez que se cuente con los relevamientos del accionar delictivo, se definirán políticas y medidas necesarias para actuar preventivamente”. Una nueva herramienta para legislar contra los pobres, para negociar en mejores condiciones los arreglos con narcotraficantes, desarmaderos, etc., y, por supuesto, para ser más efectivos en la represión contra las barriadas populares.

AGRADECIMIENTO POR LA SOLIDARIDAD RECIBIDA
El episodio de violencia física que padeció nuestra compañera María del Carmen Verdú el pasado viernes fue el más grave de una serie de aprietes y amenazas de diversa naturaleza que, con mayor frecuencia y virulencia que la habitual, se descargaron sobre varios militantes de CORREPI durante las últimas dos semanas. Queremos agradecer la impresionante cantidad de mensajes, llamados y correos que hemos recibido de compañeros y organizaciones políticas, sociales, estudiantiles y de trabajadores de todo el país.

Sólo queremos agregar a lo que ya hemos dicho que sabemos que los aprietes no vinieron sólo por Bulacio, ni por el torturador de Durán libre y trabajando, ni por los asesinos de Damián Salcedo, que CORREPI metió presos hace apenas un mes, también en Morón, ni por el juicio oral que se viene contra el policía asesino de Marcelo Báez, ni por la causa del pibe fusilado hace un año en la esquina de Tribunales, donde hoy participamos de la reconstrucción judicial, ni por ninguna en particular de las varias decenas de causas que en este mismo momento CORREPI está trabajando contra policías, gendarmes, guardiacárceles y prefectos, todos asesinos y torturadores.

El apriete viene para que nos callemos, para que nos rindamos, para que nos sumemos a los que, por conveniencia o por miedo, transan, se convierten, y abandonan la lucha. El apriete aparece y reaparece… pero uno elige las ideas y los principios, y construye su vida en ese camino. Un camino que nos trasciende.

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En La Plata, escuche Atando Cabos, el programa de radio de CORREPI, los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.

Los sábados, a las 18:00, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar, tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.

Los jueves, a las 12:30, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Ecos del Día, por Radio Cooperativa, AM 740, www.am740.com.ar.

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CORREPI