Boletín Informativo Nº 478

REPRESIÓN MUNDIAL EN EL DÍA DEL TRABAJADOR
En distintas partes del mundo, multitudinarias marchas por el 1º de mayo fueron dispersadas por las fuerzas represivas, dejando un claro ejemplo a nivel mundial de que la represión no es una falla, sino una necesidad del sistema, y que está dirigida a disciplinar a la clase trabajadora.

En Chile, la Central Unitaria de Trabajadores reunió a más de 15.000 personas en el acto que luego fue reprimido por carabineros que dispararon gases lacrimógenos y detuvieron a 96 personas.

En Turquía la celebración del 1º de mayo está prohibida desde 1997, por lo que la concentración de manifestantes suele ser rápidamente reprimida. La policía antimotines utilizó garrotes, gases lacrimógenos y camiones hidrantes para atacar a los manifestantes. Según las noticias, el gas empleado fue tanto, que la ciudad de Estambul, quedó convertida en una gigante cámara de gas. El año pasado, en la misma manifestación Ibrahim Sevindik, de 75 años, salió de su casa y quedó desmayado en la vereda por lo tóxico que estaba el aire, su hijo lo buscó en el humo para encontrarlo 10 minutos después, y luego de 36 horas el hombre murió. La represión del acto de 2008 en la plaza de Teskim terminó con 500 detenidos, y varios otros en la ciudad de Ankara.

En Hamburgo, Alemania, el Partido Nacional Democrático convocó a sus seguidores, léase neonazis, a marchar también, por lo que se generaron enfrentamientos entre las organizaciones obreras y los fascistas, que contaron con el apoyo de la policía. Los enfrentamientos duraron hasta la noche, y los detenidos fueron alrededor de 30. La convocatoria contó con 100.000 personas y alrededor de 800 neonazis.

En Colombia no hubo enfrentamientos, pero el reclamo dejaba en evidencia el sistemático ataque a las organizaciones sindicales: La principal denuncia de la marcha fue el asesinato de más de una veintena de líderes o activistas sindicales en lo que va del año, acercándose al saldo que dejó el año 2007, con 37 dirigentes asesinados.

En Honduras, la banderas llevaban el nombre de la secretaria general de la principal Confederación de Trabajadores, Altagracia Fuentes, asesinada a tiros la semana pasado junto a otros dos integrantes del sindicato.

Las denuncias de salarios totalmente depreciados, alquileres y alimentos inalcanzables, malísimas condiciones laborales y repetidos ataques contra los trabajadores, fueron consignas presentes en cada uno de los actos que aquí se detallan, como son también preocupaciones centrales de los trabajadores argentinos, que cuando salen a reclamar lo que es suyo no reciben del estado argentino respuestas muy diferentes a las que dan el estado turco, alemán, o chileno.

Por este 1º de mayo, vaya una mención para el último trabajador argentino asesinado por luchar: Juan Carlos Erazo (51), trabajador del ajo para la empresa Campo Grande, muerto por los golpes de la policía mendocina cuando reclamaba mejoras laborales.

GATILLO FÁCIL EN TOLOSA Y EN LANÚS. UN MES CON 10 CASOS REGISTRADOS.
La tarea de CORREPI de sistematizar en nuestro Archivo los casos de personas muertas a manos de la represión, no es sencilla. Las fuentes consultadas relevan siempre la versión oficial, que es la policial. La que habla de legítima defensa del agente de la fuerza de seguridad se presenta siempre como calcada, nos encontramos ante un caso donde la víctima estaba desarmada y cuando les han “plantado” un arma, esta no sirve para disparar o no fue disparada. El mes de abril se terminó con diez casos relevados hasta ahora. Estos son los últimos tres:

En la madrugada del 27 de abril el inspector Francisco Ferencz, ex jefe del cuartel de caballería y actual jefe de operaciones de la Departamental Azul, llegaba en su camioneta 4×4, con su esposa, a su chalet de 119 entre 526 y 527 en la localidad de Tolosa. Según su propia versión, dos jóvenes, identificados oficialmente como Isidro Lorea (29) y Marcelo Valdivia (18), llegaron en un ciclomotor y los interceptaron para ingresar a robar a su casa, mientras el más joven hacía de campana en la puerta. La “epopeya” relatada detalladamente por los diarios citó al bonaerense tomando su arma de una caja y disparando a Lorea cuando éste le apuntaba a su hija. Dos balazos mortales que se continuaron con otros tres en la habitación y luego se dirigió a matar a Valdivia en la entrada, con dos balazos más de su arma reglamentaria. Luego de la “epopeya” arrastró el cadáver de Lorea, lo depositó junto al de Valdivia y llamó al 911.

Las siete vainas encontradas en el lugar eran todas del policía. De las armas encontradas bajo los cuerpos de las víctimas, una no tenía balas y la otra no había disparado. Funcionarios judiciales presentes en el lugar con el homicida continuarán en el sostenimiento de su legítima defensa, tomando como testigos válidos a la propia familia del bonaerense, entre otras medidas.

Al día siguiente, en Villa Obrera, Lanús, tan solo un ademán fue suficiente para la “legítima defensa” de un suboficial de la policía federal retirado, del que no se conoció identidad. Según la versión de sus compañeros de fuerza, vio en la madrugada desde la ventana de la habitación donde dormía que un joven quería ingresar a la vivienda con “aparentes fines de robo” y al observar en la oscuridad que el pibe llevó su mano a la cintura, le disparó matándolo. El del ademán que resultó asesinado, sin identificar, no tenía arma alguna en su poder.

UN CLÁSICO: MÁS NARCOPOLICÍAS
El pasado miércoles, tres policías de Misiones fueron detenidos en una ruta por gendarmería. Trataron de evitar el control identificándose como policías, pero como no lo lograron, intentaron huir ya que en el baúl llevaban 35 kilos de marihuana aparentemente para contrabandearla a Brasil. Los detenidos son un oficial ayudante, un sargento y un cabo primero de tres comisarías distintas, de las localidades de Dos de Mayo, El Soberbio y San Vicente.

Si fuésemos buenos y reprodujésemos, como se pretende, la línea que constantemente bajan los medios de comunicación podríamos pensar que esta es una práctica de algunos avivados de algunas fuerzas de seguridad, pero como no lo somos, mejor vamos a recordar algunos hechos que refutan esa, de más está decir falsa teoría.

Por gendarmería tenemos al gendarme de 28 años, que prestaba servicios en Campo de Mayo, detenido hace apenas unos meses cuando transportaba 316 kilos de marihuana en una camioneta Kangoo azul por la Panamericana.

En operativo conjunto, tenemos a un ex servicio del Batallón de Inteligencia 601, varios policías en actividad, bonaerenses y santafesinos, un subcomisario de la federal, gendarmes y algunos militares, detenidos por los más de 1.000 kilos de cocaína de máxima pureza listos para salir a España en el doble fondo de las placas usadas para cubrir el césped del estadio de Boca en el recital de Serrat y Sabina. En este caso el “cocinero”, encargado del proceso de producción de la cocaína, José Orlando Mercado Solís (a) El Químico, debía estar preso cuando fueron encontrados.

Su libertad, no registrada, fue una especie de “comisión laboral” acordada con el servicio penitenciario, en el marco de las famosas “salidas laborales” de presos para delinquir en beneficio de sus guardianes.

Por la división narcotráfico, en este caso de La Plata, tenemos el caso de mediados de 2006 en que el jefe de la división, varios de sus integrantes y otros narcotraficantes, fueron acusados por la desaparición de un cargamento de drogas incautado en un boliche de Lobos.

Cuatro agentes federales tuvieron un accidente en 2005, y así se descubrió que la Fiorino blanca en que viajaban llevaba 116 kilos de cocaína desde Jujuy hacia Salta. El episodio reveló una compleja trama que involucraba jueces y fiscales, además de la delegación completa de la federal en Salta.

Todos estos episodios confirman lo que cualquiera sabe en un barrio: las fuerzas de seguridad manejan el negocio de las drogas en Argentina, desde los grandes operativos con centenares de kilos como los mencionados, hasta el menudeo a cargo de punteros que reportan a la patota (la brigada) de la zona. La expansión del consumo de estupefacientes, sobre todo en los sectores más pobres y en especial los juveniles, a través de sustancias de descarte como el “paco”, es una política de control social incentivada desde el poder.

Cada vez que se desbarata alguna gran banda, de las que tienen logística, recursos de todo tipo, poder de fuego y manejan millones, enseguida salta el botón, y queda bien claro quiénes dirigen, gerencian y ejecutan los grandes aparatos criminales en Argentina.

EL SECUESTRO DE JUAN EVARISTO PUTHOD
Como una reedición del caso Gerez, esta semana hubo una nueva desaparición, esta vez en Zárate, de un militante kirchnerista. Juan Evaristo Puthod, presidente de la Casa de la Memoria de esa ciudad, fue secuestrado y liberado luego de 28 horas de cautiverio. Durante su secuestro, según declaró, permaneció atado en una cama y fue interrogado sobre un acto en el que a mediados de mayo se recordará a los militantes montoneros Cambiasso y Pereira Rossi, torturados y fusilados en 1983 cerca de Zárate con la participación de Luis Abelardo Patti.

Como no ocurriera con la desaparición de Jorge Julio López, desde el gobierno provincial se ordenó inmediatamente un enorme despliegue que contó con 250 policías, helicópteros y la presencia en esa localidad bonaerense del gobernador Scioli y su ministro de seguridad Carlos Stornelli, que idearon infructuosos operativos cerrojo y requisas de vehículos para buscar a Puthod, que apareció, horas más tarde, en una agencia de remises.

Esta vez – aunque sin cadena nacional de por medio-, la encargada de señalar como responsables directos de esta desaparición a los “resabios de la dictadura”, e indirectamente a Patti, fue la secretaria de derechos humanos de la provincia Sara Derotier de Cobacho, madrina política de Juan Puthod, sosteniendo así la tesis de que el secuestro es una respuesta a la “política de derechos humanos” llevada a cabo por este gobierno que, cooptando e institucionalizando militantes y organizaciones que hasta entonces formaron parte del campo popular se presenta, nuevamente, como el blanco de estos ataques al igual que en el caso Gerez.

En ocasión de la desaparición de Gerez (Boletín nº 408) sostuvimos que la amenaza, la intimidación, el ataque físico, llegando al grado extremo del secuestro y la tortura, es una metodología habitual del aparato represivo del estado usado contra los pobres no organizados y contra los militantes que no se dejan engañar con el discursito gubernamental de los derechos humanos, y que no es una metodología del terrorismo de estado que quiere volver, sino la metodología actual, cotidiana y creciente de un estado represor llevada a cabo por sus fuerzas de seguridad. En septiembre del año pasado (Boletín nº 446), denunciábamos el secuestro y detención clandestina durante 24 horas de Nicolás Montecino en Neuquén, hecho que no trascendió en los medios a pesar de su gravedad y al que ningún funcionario le dedicó ni media palabra.

La gran difusión mediática que generó la desaparición de Puthod pareciera ser otro aporte a la confusión, planteándose el propio gobierno represor como víctima, generando cierto consenso por izquierda que, al igual que en el caso Gerez, pone esfuerzos en reclamar el esclarecimiento de lo sucedido en Zárate mientras se agudiza la persecución y represión a los trabajadores en lucha por un salario acorde a la escalada inflacionaria, las cotidianas torturas y asesinatos por gatillo fácil en las calles o en cárceles y comisarías.

Los medios, la capacidad operativa y tecnológica para secuestrar y desaparecer, y la posterior impunidad, es exclusiva del estado y sus aparatos represivos, sea colaborando, o participando directamente, y no de “resabios de la dictadura”, como se plantea oficialmente. Como también lo es el monopolio de la violencia a través de sus fuerzas de seguridad hasta con los militantes kirchneristas que, repudiando a Patti, fueron reprimidos hace apenas un mes en San Martín por la policía de su gobierno “derecho y humano”.

SECUESTRO EXTORSIVO, TORTURA SEGUIDA DE MUERTE, ARMADO DE CAUSAS Y AMENAZAS A TESTIGOS, TODO EN LA MISMA COMISARIA
Un joven de 24 años, hijo de un comerciante, resultó interceptado por policías en inmediaciones del cruce de Avenida de Mayo y Curupaytí del distrito de Villa Adelina. Los uniformados redujeron a la víctima, llevándosela privada de la libertad. El muchacho tenía una vieja causa que había sido archivada. Momentos más tarde, los policías se comunicaron telefónicamente con el padre del rehén y le exigieron la entrega de una cifra de dinero con el argumento de que tenían nuevas pruebas que les iban a permitir la reapertura de esa causa judicial. El padre denunció la situación ante las autoridades, por lo que los policías prefirieron liberar a la víctima sin cobrar lo que pretendían.

Se trata de la misma comisaría donde Matías Jaime, de apenas 17 años, un estudiante de medicina domiciliado en Carapachay, que se dirigía hacia un local bailable, fue detenido y golpeado hasta que murió. Después, se sospecha que estos uniformados retiraron al estudiante del inmueble por una puesta trasera y lo depositaron -muerto o todavía en agonía- entre los rieles, para simular un accidente ferroviario. El muchacho fue localizado sin vida en un paso a nivel ubicado a escasos 10 metros de la comisaría de Villa Adelina.

Las ropas que tenía la víctima al momento del asesinato -vitales para las pericias- fueron “perdidas” por los servidores públicos, a la vez que se determinó que el libro de guardia de la dependencia (usado para anotar el ingreso de detenidos) hay diversas irregularidades, razón por la cual ya ha sido incautado. Como consecuencia de la situación, están procesados el capitán Adrián Antonio Daddona y el oficial Ricardo Leyes. A pesar de eso, una testigo, Ana María Ramoa de Garrido, de 49 años, sufrió amenazas de muerte, ya que declaró en la causa implicando a los policías.

Un cuadro de situación en el que se concentra una gran muestra de cual es el accionar cotidiano de la policía. Mientras mata en la tortura a los pibes que crea conveniente para infundir el miedo, se las rebusca para solventar sus gastos mediante la extorsión en los secuestros.

SITUACIÓN REPRESIVA EN MAR DEL PLATA (sobre datos del informe publicado por el Frente Antirrepresivo)
En la ciudad de Mar del Plata se vienen sucediendo varios hechos que, en conjunto, nos describen la situación que vive la ciudad en materia represiva. En concordancia con la represión, el año pasado, a los trabajadores portuarios y a la militarización, en 2005, de la feliz ciudad en defensa del asesino G. W. Bush, las últimas novedades siguen en la línea que marcan tanto el gobierno local como el nacional, en lo que respecta a la naturaleza de la represión estatal.

En la empresa Toledo, los trabajadores del peladero de pollos, sufrieron 15 despidos arbitrarios debido a que habían comenzado a reunirse y organizarse para encarar una lucha que les permitiese lograr un aumento de sus depreciados sueldos. Esta medida tuvo su justa respuesta: cortaron la salida y entrada de camiones del parque industrial pidiendo la reincorporación de los despedidos, por lo que fueron nuevamente reprimidos, esta vez a los palazos. Un trabajador tuvo que ser hospitalizado debido a los golpes que recibió por parte del cuerpo de infantería. La represión estuvo a cargo del inspector Gustavo Salvá, Jefe Distrital de policía, quien actuó sin siquiera orden fiscal.

En el barrio marplatense El Martillo reprimieron a los vecinos que se organizaron para ocupar unas casas pertenecientes a planes de vivienda que estaban terminadas hacia más de un año, pero que el gobierno no adjudicaba y por tanto estaban vacías, mientras las familias del lugar habitan casas precarias, de chapa y madera, cuando no con materiales aun menos propicios para el frío del invierno en Mar del Plata. Los vecinos aún hoy, luego de la represión, siguen en tratativas con el gobierno municipal para conseguir una vivienda digna y acorde a las necesidades de una familia.

El pasado martes 22 de abril durante un escrache en la casa del asesino de Sebastián Suárez amenazaron y golpearon a uno de los vecinos del lugar que se había sumado a la movilización. Este efectivo retirado de la policía bonaerense, pero que sigue, entre otras cosas utilizando su arma reglamentaria, le disparó por la espalda a Sebastián, quién murió teniendo dieciséis años. La mayoría de las pruebas fueron encubiertas o fraguadas como sucede habitualmente en estos casos. Actualmente continúan el juicio y las movilizaciones a tribunales para que este no sea otro caso impune.

Represión a trabajadores para evitar los aumentos de sueldos y su organización para la lucha. Palos a los pobres que deciden cambiar su realidad a como de lugar. Protección a los asesinos del gatillo fácil. Tal es la política de derechos humanos del gobierno, en Mar del Plata y en todo el país.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES:
Jueves 15 de mayo, de 14:00 a 17:30, charla sobre la historia y objetivos de CORREPI en el Centro Universitario de la cárcel de Devoto, cargo d elos compañeros María del carmen Verdú, Silvia Góngora y Alejandro Rivero.

—————————————————————-

En La Plata, escuche Atando Cabos, el programa de radio de CORREPI, los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.

Los sábados, a las 18:00, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar, tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.

Los jueves, a las 12:30, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Ecos del Día, por Radio Cooperativa, AM 740, www.am740.com.ar.

—————————————————————-

CORREPI