Boletín Informativo Nº 488

INFILTRADOS BIEN BLANQUEADOS
Nunca falta un incrédulo cuando los militantes populares denunciamos la presencia en marchas y movilizaciones de personal policial de civil que se infiltra en las columnas para generar provocaciones, para identificar a los compañeros más representativos, o para fotografiarlos y filmarlos. Pero gracias al buen fiscal Marcelo Romero, aquel que hace no mucho tiempo ordenó directamente a la policía bonaerense que filamara y fotografiara cuanta marcha hubiera para tener un buen registro gráfico de “sospechosos”, ahora podemos probar cómo funciona el asunto.

En el acta inicial de la causa en la que el buen fiscal platense imputa a nuestro compañero Ariel Devoto el delito de daño calificado, se describe con detalle el operativo montado por la policía frente a nuestro escrache del pasado jueves 10 de julio. Además del personal uniformado, dice el acta policial incorporada a la causa judicial, “se dio intervención a personal de la Oficina de Reunión de Información para la Prevención del delito, que vistiendo ropas informales, debían simular ser periodistas para realizar filmaciones del acto”. Pero no estaban solos. Al oficial Gustavo Villarroel le ordenaron que, también “con ropa informal”, se confundiera entre los manifestantes para “observar los acontecimientos de cerca”.

El DVD con las fotos y filmaciones hechas por los falsos periodistas está obviamente ya incorporado como prueba de cargo, y el policía Villarroel fue, según dice la misma acta, quien indicó a sus colegas que debían detener a Ariel.

Bien blanqueados estos infiltrados, por sus jefes policiales y por la justicia, que como el fiscal Romero, tiene bien claro qué intereses defiende.

REPRESIÓN EN ESCRACHE A COMISARÍA 3ª DE LA PLATA
En nuestro Boletín n° 483 informábamos que en un nuevo “accidente” protagonizado por un efectivo de la comisaría 3ª de La Plata (Los Hornos), moría Miguel Ángel Serrano (19), atropellado intencionalmente, junto con un amigo que salvó su vida, por el policía Marcelo Emilio Palomo. El uniformado ya había amenazado de muerte a Miguel y es conocido en la zona por fotografiar, detener, golpear y amenazar a los pibes y vecinos del barrio. Antes de morir, Miguel sindicó al policía Palomo como el conductor del vehículo que lo atropelló y se dio a la fuga.

Testigos del “accidente” fueron amenazados por el mismo Palomo para que no declaren en su contra. A los pocos días, Palomo era “detenido” y alojado en una dependencia policial, donde fue visto tomando mate en la vereda, cumpliendo una muy cómoda prisión preventiva. Pasado el mes del asesinato, el juez de garantías Juan Pablo Masi, a pedido de los fiscales Delucis y D´Gregorio (los mismos que liberaron a los 14 agentes del servicio penitenciario bonaerense, responsables materiales de 33 muertes en la Masacre de la unidad 28 de Magdalena, en octubre de 2005) excarcelaron al policía al recaratular la causa como homicidio culposo, avalando la versión policial-oficial de que se trató de un accidente.

A pesar de las reiteradas amenazas sufridas por la familia de Miguel -que incluyeron llamados telefónicos, autos merodeando por el barrio y hasta la “casual” detención de diez días de su hermana Soledad- familiares, amigos y vecinos del joven, acompañados por CORREPI junto a otras organizaciones estudiantiles y de derechos humanos, marchamos el jueves pasado a la comisaría 3ª exigiendo cárcel a Palomo y denunciando al poder judicial, habitual excarcelador de asesinos de uniforme.

A dos cuadras de la comisaría se visualizaba el vallado, un enorme despliegue de efectivos de infantería y personal policial de civil, algunos de ellos infiltrados como periodistas que fotografiaron y filmaron a los manifestantes. Sonia Vallejos, la mamá de Miguel, exigió que se “deje de apretar a los testigos que saben lo que pasó y quieren hablar. Dejen de cubrir a Palomo, que es un asesino, solamente porque trabaja con ustedes”.

Cuando finalizaba la marcha, sin que se produjeran incidentes de importancia, efectivos de infantería arremetieron contra los manifestantes disparando postas de goma e iniciando una persecución. Durante la represión fue detenido deliberadamente nuestro compañero Ariel Devoto quien portaba el estandarte de nuestra organización y se encargó de relacionarse con los medios de comunicación que se acercaron a cubrir la marcha, y al que se le imputaron los delitos de atentado y resistencia a la autoridad y daño calificado. Durante la detención fueron golpeadas las compañeras Yoná Eliossof y la abogada Guadalupe Godoy de la LADH; más tarde fue detenido un menor de 16 años, al que retuvieron esposado a un banco en la comisaría.

Ariel, después de permanecer deteido toda la noche en la comisaría de El Dique (Ensenada), con la permanente presencia en la puerta de CORREPI La Plata y compañeros que nos hicieron el aguante, fue indagado por el fiscal Romero, que se vio obligado a dejar de lado el cargo por atentado y resistencia a la autoridad y a ordenar la libertad, que se efectivizó por la tarde.

Desde CORREPI responsabilizamos al gobierno provincial y nacional por cualquier amenaza que se concrete sobre los integrantes de la familia Serrano o los amigos de Miguel Ángel; denunciamos la violenta represión y la detención premeditada de nuestro compañero, que no tiene otro objetivo que intentar amedrentar y desmovilizar a quienes denunciamos que el gatillo fácil, las torturas y muertes en manos de las fuerzas de seguridad, es decir, las políticas de estado del gobierno que dice ser el garante de los derechos humanos y que nos tortura hasta la muerte o nos fusila un pibe cada 40 horas.

CÓRDOBA: BALAZOS CONTRA FAMILIA DE MOTOCICLISTA ATROPELLADO
La madrugada del viernes, Francisco Heredia (29), que conducía una motocicleta en compañia de su cuñado, por el barrio Los Granaderos, fue embestido por un móvil del CAP (Comando de Acción Preventiva) de la policía cordobesa. El patrullero arrancó de manera intempestiva en medio de la oscuridad. Ante una brusca frenada del patrullero en medio de la bocacalle, el motociclista impactó de lleno contra la puerta lateral del patrullero.

Hasta aquí, esto no pasaría de un simple comentario de un accidente de tránsito, pero sumado al choque, y la gravedad del mismo (fractura expuesta de tibia y peroné), el joven declaró que, estando tendido en el piso con la cara bañada en sangre: “Escuché desde el piso que prepeaban a mi cuñado y decían que iban a esa velocidad porque los llamaron por un asalto, cosa que es muy extraña, que no creo, porque no habían prendido la sirena. Cómo será que nos maltrataron y contestaron mal que no quisieron decir cuál era la compañía de seguros y el acompañante no se quiso identificar.

Pero aun hay más. Mientras la esposa del motociclista herido, Graciela Bedoya, se encontraba en su domicilio del barrio La France, con el marido internado en el Hospital de Urgencias, fue víctima de un ataque sobre el frente de su domicilio, en el que dormían sus pequeños hijos de 2 y 9 años. El ataque en cuestión fue a balazo limpio, ocho según la señora. Uno de los proyectiles, atravesó la puerta del dormitorio. “Si hubiera estado sentada o parada, la bala me atraviesa. Ni pensar si alguno de los chicos estaba saltando en la cama”, comentó la mujer.

Heredia, que sostenía a su familia con su carnicería, acusa directamente a la policía del atentado que sufrió su familia: “Yo no tengo problemas con nadie, no tengo enemigos, yo lo vinculo con el choque. No sé si será para que no haga la denuncia, pero no pienso quedarme con los brazos cruzados”, dijo al diario La Voz.

No es la primera vez que se registra un atropellamiento de este tipo; el primer muerto en las rutas del año 2008 tuvo como protagonista a otro patrullero del CAP y el 4 de enero uno de estos móviles, que transitaba a altísima velocidad por la Av. Fuerza Aérea, sufrió un vuelco en la intersección con Gilardo Gilardi, embistiendo a cuatro jóvenes que se encontraban en el lugar provocándole heridas gravísimas a dos de ellos. En este caso del barrio Los Naranjos, el levantamiento de todas las pruebas fue tan veloz como el móvil que habría llevado desde su casa hasta un comercio a un policía y su esposa.

CASO FUENTEALBA: CONDENARON AL PEON PARA SALVAR AL REY Y SUS ALFILES
A veces no es necesaria una sentencia absolutoria para consagrar la impunidad. La impunidad, que no es otra cosa que un atributo del poder, a veces es mejor servida con una sentencia condenatoria que satisfaga en una mínima porción el reclamo popular de juicio y castigo -preferentemente, la más inofensiva- pero que al mismo tiempo ponga a resguardo a quienes, circunstancialmente, administran el poder que debe ser protegido.

Fuentealba es el último de una lista de fusilados en manifestaciones en democracia que se inició con Víctor Choque (Ushuaia, 1995), y cerraba, hasta el 4 de julio de 2007, con Luis Cuéllar (2003, Jujuy).

A pesar de la larga nómina –plagada de nombres olvidados, como los fusilados de Corrientes de 1999–, casi ninguno de los asesinos, todos identificables, pues eran funcionarios estatales, fue condenados. La masacre de Corrientes no cobró, hasta hoy, un solo preso.

Algún tirador aislado del 19 y 20 de diciembre de 2001 fue condenado en el interior del país, pero el grueso de los ejecutores y sus mandantes siguen impunes. Ninguno de los responsables políticos de los asesinatos de Teresa Rodríguez, Aníbal Verón, Santillán o Barrios fue enjuiciado ni mucho menos condenado. Pero, decíamos, a veces no hace falta la sentencia absolutoria para que triunfe la impunidad.

El comisario Fanchiotti, sicario en el Puente Pueyrredón, fue condenado a prisión perpetua, como su colega Poblete, y esa sentencia contribuyó a garantizar la impunidad de sus mandantes, desde el presidente y sus ministros hasta el gobernador y sus secretarios. La condena de Poblete, como la de Fanchiotti, permitirá dilatar la de sus superiores. Del mismo modo, señalar como su jefe sólo a Sobisch y sus ministros oculta la responsabilidad del ex presidente Kirchner y su gabinete. Cuando los hechos superan el límite, jueces y fiscales no dudan en condenar al dedo que aprieta el gatillo, para garantizar la impunidad del cuerpo gobernante. Como en el ajedrez, si hay que salvar al rey y sus alfiles, no les importa perder uno o dos peones.

A DOS AÑOS DEL FUSILAMIENTO DE “TATO” MANSILLA
El 11 de julio del año 2006, Tato, de 18 años, luego de una jornada de trabajo, regresó a su casa con sus padres y salió a visitar a su ahijada a unos metros de su hogar en el barrio de monobloks Nueva Italia en Villa Tesei. Menos de media hora después de haberse retirado fue fusilado por un escopetazo de la Remington calibre 12 del oficial Nogueira desde el móvil 7000 Toyota Hilux que conducía el sargento Rojas.

Le plantaron un revólver tipo lechucero que no servía para disparar por carecer de martillo percutor y en sus bolsillos colocaron documentación de un vehículo robado. Después de dos años de protección judicial por el Juez de Garantías Robles, que negó la detención por considerar que no había suficientes pruebas, y de protección policial, que deja a los asesinos de gatillo fácil patrullar los barrios todos los días, familiares, amigos, vecinos activando desde CORREPI Zona Oeste seguiremos adelante por Tato y por todos los pibes torturados y fusilados por el estado.

Esta semana, durante la toma realizada por el Centro de Estudiantes Esteban Echeverría, trabajadores docentes y comunidad de la Escuela 1 y 4 en reclamo de su derecho a estudiar en condiciones dignas, compañeros de CORREPI de la zona recibieron el apoyo y el compromiso de jóvenes que a diario padecen el accionar represivo de la bonaerense y de gendarmería.

OTRA DE POLICHORROS
La noticia, publicada sin mayor despliegue por el diario Crónica, habla solita: “Policías amparan a piratas y a prostíbulos.- Los funcionarios de la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires tienen “en la mira”, por irregularidades, a altos jefes policiales de la Bonaerense, que recientemente se desempeñaban en la sede de Dirección General de Investigaciones Judiciales de la institución. Los servidores públicos figuran sospechados de amparar a bandas de piratería del asfalto y de ofrecer cobertura a varios prostíbulos”.

Las denuncias se remontan a junio de 2006, y esta vez se refieren a la DDI de Lomas de Zamora, cuyos jefes reclamaron el pago de 100 mil pesos al responsable de un galpón en Avellaneda donde se guardaba el botín de varias bandas de piratas del asfalto. Además está probado que, justo frente a la DDI, funcionaba un inmueble que los policías usaban como depósito de artículos robados, y también que coimeaban a los dueños de diversos prostíbulos y casas de juego ilegal de la zona, algunos en un radio de 100 metros de la Departamental.

¿Hace falta repetirlo? Juego clandestino, prostitución, piratería del asfaltos, bandas especializadas en asaltos comando, secuestros extorsivos y narcotráfico, coimas, zonas liberadas, logística, armas sofisticadas… Ningún capítulo de la criminalidad organizada es ajena al aparato represivo del estado, que la dirige y gerencia a través de sus altos mandos, así como explota y administra la “pequeña” delincuencia barrial por la vía del control territorial que ejercen las brigadas y servicios de calle.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Miércoles 16 de julio, 8:30, concentramos frente al edificio de los tribunales de Lomas de Zamora (Camino Negro y Larroque) en la jornada en que se conocerá la sentencia al asesino de Matías Bárzola, el “Mataguachos” José R. Pelozo.
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En La Plata, escuche Atando Cabos, el programa de radio de CORREPI, los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.

Los sábados, a las 18:00, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar, tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.
Los jueves, a las 12:30, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Ecos del Día, por Radio Cooperativa, AM 740, www.am740.com.ar.

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CORREPI