Boletín Informativo Nº 490

LA PLATA: PATOTA POLICIAL ATACA A PIBES DE LA CALLE
En la ciudad de La Plata, igual que en el resto de la provincia y el país, es cada vez más numerosa la cantidad de niños que viven en la calle, situación que es consecuencia de las políticas de miseria y hambre a la que el gobierno somete a la mayoría de la población; gobierno que nos asegura, día tras día, ser el garante de los derechos humanos y la redistribución de la riqueza.

Sólo en la capital bonaerense se estima en 150 el número de chicos que pasan sus noches en edificios públicos, plazas y -gracias a la averiguación de antecedentes, los códigos contravencionales, o con la excusa de algún robo- en comisarías. Muchos de ellos paraban en las escalinatas de la Facultad de Humanidades hasta el pasado 25 de junio, fecha en la que, a pedido de las autoridades de la facultad de psicología que exigieron “soluciones”, efectivos de la federal llegaron en horas de la noche, cuando quedaban ya pocos alumnos, expulsaron a los pibes y les arrojaron sus colchones y demás pertenencias a la calle.

La mayoría de los pibes pasan sus días y noches en Plaza San Martín, ubicada entre casa de gobierno y la legislatura bonaerense; y a metros del ministerio de desarrollo humano y las distintas dependencias de derechos humanos oficiales, burocracias con las que se lava la cara el gobierno explotador, hambreador y asesino de turno.

Desde el lunes 21, un grupo de vecinos, estudiantes y organizaciones sociales denominados Autoconvocados por los Derechos de los Pibes de la Calle se reúnen por las noches en la glorieta de Plaza San Martín donde realizan una olla popular y denuncian las detenciones arbitrarias y golpizas constantes por parte de la bonaerense a las que son sometidos los pibes, así como el incumplimiento de las leyes de promoción y protección de los derechos del niño que el intendente Bruera firmó hace seis meses.

Los mismos vecinos autoconvocados denunciaron, en un comunicado que transcribimos a continuación que “el día viernes 25 a las 23 hs. recibimos la agresión de un grupo organizado, luego de que la policía uniformada se retirara del lugar sugestivamente, dando la idea de zona liberada después de haber estado “custodiándonos” toda la jornada. Este grupo, de aproximadamente 25 personas, quienes se movilizaban en varios autos, aparecieron a modo de emboscada y desde diferentes direcciones, a las órdenes de una persona robusta que se comunicaba con handy, identificándose algunos de ellos como policías, sin exhibir placas ni uniformes, atacando a los pibes, diciéndoles “así van a aprender” y “hay que tirarlos a todos a un pozo”, mientras golpeaban con cadenazos en las piernas a los pibes, fierrazos en la cabeza, golpes de puño entre varios sujetos contra un mismo pibe que era agarrado por el cuello. Asimismo nos amenazaron empuñando armas blancas y mostrando armas de fuego. Ante todo esto, un grupo de cuatro bicipolicías se ubicaron sobre la zona de 7 y 51, evitaban que los pibes huyan y los obligaban a volver al interior de la plaza donde se encontraba este grupo”.

Más claro imposible: la patota policial de Scioli y Stornelli ejecutando su política de control y disciplinamiento social, con zonas liberadas y policías de civil apaleando pibes muertos de frío y hambre, a metros de la casa de gobierno; Bruera firmando convenios sobre el respeto a los derechos del niño, sin destinar fondos para tal fin, pero planeando invertir más de $2.000.000 en la instalación de cámaras en la vía pública para “combatir la inseguridad”; y los medios de comunicación haciendo su parte, silenciando la represión parapolicial, describiendo los “frondosos prontuarios” de los pibes, abonando el terreno en el que justificaran como “legítima defensa” los crímenes de lesa humanidad del gobierno de los derechos humanos.

SEMANA DEL POLICHORRO
Siempre decimos que basta rascar un poco la superficie para confirmar a cada paso que no hay mayores delincuentes en nuestro país que los integrantes de las fuerzas de seguridad, y que, si hay crimen organizado en Argentina, es el regenteado y protagonizado por policías y otros uniformados. Pero a veces se ve con tanta claridad que basta con transcribir las noticias, como estas tres que se publicaron simultáneamente entre miércoles y jueves pasado:

1) El sargento Carlos Colicoy, de 28 años, y la agente Nadia Vidal, de 24, realizaron un procedimiento en el marco de una causa por hurto de vehículos en la localidad de Cabildo, a 60 kilómetros de Bahía Blanca. Durante el allanamiento, los policías robaron 12.000 pesos, que luego fueron encontrados por el fiscal entre sus pertenencias en la comisaría de Coronel Dorrego. Ambos fueron -por ahora- detenidos.

2) Tres hombres armados intentaron robar en un supermercado chino de San Justo cerca de las 10 de la mañana. Lin Mei Chu, de 45 años, dueño del local y experto karateca, se resistió con tanto éxito que, aunque armados y a los tiros, los tres individuos se dieron a la fuga. Un remisero alertó a un patrullero y quedaron detenidos. Para mal del ministro Stornelli, resultó que los chorros eran Roberto Gerez, de 34 años, policía en actividad de la comisaría de Munro, Sebastián Méndez, de 24 años, que trabajaba en la comisaría de Tigre, y Oscar Machuca, de 36 años, de la 3ª de Vicente López, recientemente pasado a disponibilidad por un hurto. Los tres habían egresado en 2006 de la Escuela de Policía. Para peor, resultó que no fue un robo al voleo, sino que los policías habían descubierto que en el fondo del local había un depósito de mercadería robada que se vendía en el supermercado, y reaccionaron como cualquier policía que se precie: en lugar de denunciarlo al juez o fiscal de turno, decidieron mejicanear la mercadería robada…

3) Otros tres policías bonaerenses fueron detenidos el miércoles por integrar la banda que el 17 de junio robó seis autos Okm de una empresa de logística de la localidad de Zárate. Se investiga si participaron en otros casos de piratería del asfalto. Se trata se un teniente 1º de apellido Confort y un sargento apodado Rafa, que prestaban servicio en la comisaría Zárate 1ª; y un subteniente de apellido Meo, que se desempeñaba en la delegación local de la Superintendencia de Custodias de Objetivos Fijos y Traslados de Detenidos, y era el custodio del juez de menores local, Dario Porta.

El superintendente Daniel Salcedo, jefe de la policía provincial, trató de disimular lo evidente, resaltando a los medios que “esos malos policías fueron detenidos, a su vez, por buenos policías”, argumento que de tan trillado ya no causa efecto, pues esos “buenos policías” serán, a su vez, los detenidos de mañana. ¿Hace falta que nos preguntemos retóricamente, una vez más, quién dirige y protagoniza el crimen organizado en Argentina?.

CORRIENTES: IMPUNIDAD EN EL CASO ARCE
El 25 de diciembre de 2004 Ramón “Monchito” Arce, dirigente barrial de la ciudad de Corrientes que tenía a su cargo el comedor infantil “Caritas Sucias” en el humilde barrio Quinta Ferré, fue detenido y torturado hasta morir en la Comisaría 11ª de esa ciudad. Dos autopsias confirmaron que la muerte fue debida a una hemorragia masiva producida por traumatismo gravísimo del bazo y fractura del 8° arco costal, y no hay duda de que durante su permanencia en la comisaría estuvieron presentes el comisario José Vallejos y otros miembros del grupo PAR (policía de alto riesgo) y el comisario inspector Juan Ramón Verón. Sin embargo sólo fueron imputados por “homicidio preterintencional”, es decir, sin intención de matar, sino de lesionar, el cabo Ramón Basualdo y el cabo 1° Carlos Ramírez, pero al poco tiempo se dejó sin efecto esa imputación, y la causa hoy está paralizada.

Como para limpiarse un poco la cara, el poder judicial correntino, a partir del próximo miércoles 30 de julio, comenzará a juzgar por lesiones calificadas contra Nancy Arce, hija de “Monchito”, y por violación de domicilio e incumplimiento de los deberes de funcionario público, a los mismos dos policías, hoy ascendidos. Es una causa paralela, desprendimiento de la principal, que sólo investiga “irregularidades” del procedimiento de detención, ocurrido la madrugada del 25 de diciembre de 2004.

La familia denuncia la maniobra que intenta silenciar que Ramón fue torturado hasta morir en esa comisaría.

TORTURAS EN CÁRCEL DE RAWSON
Que los presos de todas las cárceles y comisarías argentinas son sometidos cotidianamente a tratos que sólo pueden ser definidos como torturas es una verdad imposible de disimular, a pesar de que jueces y fiscales insistan en usar eufemismos como “abusos”, “apremios” o “vejaciones”. En el último Boletín hablábamos de la situación infrahumana de los presos tucumanos. Esta semana, recibimos información de Chubut, sobre los detenidos en la Unidad 6 de Rawson. Su situación es tal que hasta el defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, tuvo que admitir que se trata de “graves violaciones” a los derechos de los presos.

Un grupo de presos de Rawson hizo una denuncia ante el funcionario, desde luego que bajo reserva de identidad para preservar lo que les queda de vida e integridad física. Allí relatan que es permanente la aplicación de torturas en los sectores de aislamiento y a los que son incomunicados, lo que se suma al maltrato habitual a las visitas, con requisas intrusivas y denigrantes; falta de adecuada alimentación y de medicamentos indispensables y condiciones de habitabilidad inhumanas, con humedad, falta de ventilación y luz.

Mondino realizó una presentación ante el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, en la que recomendó “adecuar las condiciones de detención de la Unidad de Rawson a los estándares fijados por la Convención Contra la Tortura y su Protocolo Facultativo”. Pero no se ha visto un solo funcionario preocupado por el asunto, ni intentando, aunque sea, dar un mínimo de habitabilidad humana a las cárceles. Como en Tucumán, donde el reclamo judicial de los familiares de los presos logró que un juez hiciera lugar a su habeas corpus, esta presentación servirá discursivamente para que alguno haga campaña contando cómo se preocupa por el bienestar de las personas privadas de su libertad. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad del gobierno kirchnerista, con el concurso descollante de sus servicios penitenciarios, nos sigue matando un muchacho día por medio con el gatillo fácil en las calles, o con la tortura en cárceles y comisarías.

REPRESORES CON RUEDAS NUEVAS
Casi como un chiste, la misma semana que media docena de jóvenes policías en actividad, todos recientemente recibidos, fueron detenidos por diversos delitos (ver nota “Semana del polichorro”), el ministerio de seguridad bonaerense anunció la compra de 2.100 patrulleros y 2.600 motos, seguramente para que los próximos en salir a robar puedan huir más rápidamente de la escena del crimen.

El asuntito promete además ser un flor de negocio, ya que el decreto dispone la operación mediante el mecanismo de compra directa. Si ninguna licitación es garantía de que no hayan coimas, sobreprecios o manotazos de cualquier tipo, imaginen lo que puede ocurrir con el gobierno peronista provincial negociando en directo con una empresa en particular ya seleccionada…

Además del notable incremento del parque automotor, Stornelli anunció que “en estos días sacamos del área administrativa del Ministerio alrededor de 500 policías de comando y los vamos a poner exclusivamente en funciones de seguridad. Van a ir a distritos donde es necesario reforzar la cantidad de gente”. Es decir, van a ir a los barrios pobres, a detener jóvenes y morochos por doble A.

“DUM-DUM” PARA REPRIMIR MEJOR
El 4 de julio, fiesta nacional yanqui, el ministro justicia, seguridad y derechos humanos, Aníbal Fernández, decidió rendir un adecuado homenaje a su madre patria ideológica. A través de la resolución 1.770/08 autorizó al GEOF, al personal de custodias y a otros cuerpos de élite de la policía federal a usar proyectiles expansivos, también conocidos como “dum-dum” o de “punta hueca”.

Estos proyectiles se caracterizan porque al impactar se abren y expanden, causando mucho más daño a los órganos de la víctima que las balas blindadas, que, en cambio, perforan de lado a lado una persona si tienen la velocidad necesaria. En una palabra, es un proyectil mucho más letal que los que actualmente tienen autorizado usar las fuerzas de seguridad, a tal punto que la Declaración de La Haya y la Convención de Ginebra prohíben su uso hasta en tiempos de guerra, pues se las considera sólo aptas para caza mayor. El objetivo de una bala, aun en caso de conflicto militar, es poner fuera de combate al enemigo, no matar, por eso las balas que se emplean son blindadas, de bronce o de plomo recubierto de bronce. Las balas de punta hueca son para matar, no para herir.

El argumento usado por el ministro Fernández está calcado de lo que hace años vienen planteando en EEUU los gurúes de la mano dura y la tolerancia cero como William Bratton. Dicen -igual que la American Riffle Association- que el proyectil expansivo tiene más efectividad, porque al impactar y abrirse provoca el efecto de un golpe que derriba al individuo, que sin embargo podría continuar de pie después de ser herido por un proyectil blindado. De hecho, las “dum-dum” fueron propuestas por el alcalde de Nueva York Rudolph Giulianni para uso de su policía ante la avalancha de críticas que recibieron sus uniformados después de que confundieron con un arma la billetera del inmigrante Amadou Diallo en 1999 y le dispararon 41 balas. “Por razones humanitarias” Giulianni propuso utilizar balas de punta hueca, que como produce un daño interno mayor en el impacto, no requieren disparar 20, 40 o 50 veces…

Pero alguien debería avisarle a Fernández que su resolución es algo anacrónica, pues las balas de punta hueca son usadas habitualmente por personal policial, ni siquiera de los cuerpos especiales, sino de calle, y ningún juez hasta ahora recogió nuestras denuncias reiteradas al respecto. El 9/5/00 el inmigrante peruano Tomás Enrique Llancari Núñez fue fusilado por el entonces subcomisario de la 52ª, Edgardo Russo, hoy comisario retirado, con un proyectil de punta hueca que le disparó en el cuello. Y el 29 de mayo de 1998 Norberto Machado manejaba un camión de reparto de bebidas por Lanús, cuando se cruzó con el ex policía federal Jorge Dios, que a raíz de un pequeño incidente de tránsito mató al camionero de un disparo en el pecho con proyectil de punta hueca.

Es más, hace años que cierto policía imputado en una de las causas que lleva CORREPI nos “confesó” en una audiencia que lo normal en la fuerza (en su caso, la federal) es llevar el arma reglamentaria cargada, alternativamente, con una bala blindada y una de punta hueca, de forma que un disparo atraviese y el otro estalle en el cuerpo del “enemigo”.

Vamos todavía, con el gobierno “de los derechos humanos”.