Boletín Informativo Nº 491

GATILLO NAVAL EN BARILOCHE
El capitán de navío Roberto Oscar Padilla, de 74 años, y su mujer, se mudaron a Bariloche cuando el marino se retiró. La nada despreciable suma que percibía por su retiro les permitía vivir bien, ahorrar un poco, y encima tener una empleada doméstica con cama adentro. Loerena Coria, de 41 años, se ocupaba, por un sueldo, de limpiar el bonito chalet en el barrio residencial Los Troncos, camino al Cerro Otto, y de todas las tareas diarias, incluyendo la atención personal de sus empleadores.

El 1º de agosto, según informaron los medios locales, la empleada y su patrón tuvieron una breve discusión, aunque no trascendió el motivo. Lo cierto es que el marino retirado se retiró a su habitación ofuscado (¿habrá tenido Lorena la osadía de pedir que la pusieran en blanco, por ejemplo?) y volvió a enfrentar a su mucama, revólver calibre 38 en mano. Un disparo pegó en el pecho de la empleada y otro en la cara. Cuando lleagron la policía y la ambulancia, la mujer ya estaba muerta.

El capitán Padilla fue detenido, pero como la justicia detiene a los de su clase: lo internaron en un hospital psiquiátrico, donde ya están preparando la coartada para hacerlo aparecer como un “desequilibrado” transitorio. Así, lo declararían inimputable, y luego de un breve tratamiento en algún pabellón hospitalario de lujo, se reintegraría a la buena sociedad barilochense, la del Bajo, con sus barrios cerrados y su nostalgia por el buen vecino Priebke. Una sociedad, sin dudas, donde un capitán de navío es bastante más valorado que una empleada doméstica.

LAS CÁRCELES Y LOS PRESOS DEL “GOBIERNO DE LOS DDHH”
En su primera conferencia de prensa desde que es presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner aprovechó la pregunta de un periodista oficial de canal 7 para hacer alarde de cómo, desde países gobernados “tanto por socialistas como conservadores, la Argentina es mirada como ejemplar por el respeto irrestricto a los derechos humanos” haciendo referencia a la reciente condena de Menéndez y a la próxima “condena ejemplar” que el gobierno de los derechos humanos dictará sobre Bussi por torturar y asesinar hace treinta años, claro.

A las denuncias publicadas desde este boletín sobre la situación de los presos en Tucumán (Boletín 489) y Chubut (Boletín 490), se suma esta semana la presentación de un habeas corpus colectivo, que deberá resolver la Cámara de Casación bonaerense, donde se plantea como “nuevo” método de tortura, los constantes traslados a que son sometidos mensualmente más de nueve mil presos de los 26.000 que se amontonan en las unidades penitenciarias bonaerenses. Estos traslados masivos, conocidos como “la calesita” en la jerga carcelaria, vienen de la mano con el combo de torturas habituales en los penales bonaerenses, que incluyen golpizas, aislamiento, imposibilidad de recibir visitas como consecuencia de la distancia a donde son trasladados, falta de comida, medicamentos, atención médica, imposibilidad de estudiar o trabajar. El castigo recae, generalmente, sobre aquellos presos que se animan a denunciar las torturas y malos tratos a los que son sometidos por personal del servicio penitenciario bonaerense y por lo tanto, considerados problemáticos por los agentes; y sobre quienes se niegan a ser mano de obra para cometer distintos ilícitos, intra y extramuros, gerenciados desde el mismo SPB.

Vemos entonces, claramente, cuáles son “las políticas de reinserción social del estado” para los privados de libertad. Los traslados masivos también son moneda corriente en ocasiones que los servicios penitenciarios llevan a cabo alguna masacre, como en Magdalena en 2005 o Santiago del Estero en 2007, y tienen como objetivo diseminar a los presos en distintos penales, amedrentarlos a fuerza de torturas y aislamiento, y así deshacerse de posibles testigos que involucren a los agentes responsables, en estos casos puntuales, de las muertes de 33 y 39 presos respectivamente. También se “constató” esta semana, vaya novedad, la situación de los presos alojados en la unidad penitenciaria 29 de Melchor Romero, donde los internos duermen en camastros de cemento, sin colchones ni frazadas, sin recibir alimentos, agua, medicamentos, y donde el aislamiento y las torturas también están a la orden del día.

Volviendo a la conferencia del sábado por la tarde, la Sra. de Kirchner dedicó un párrafo para dar una lección de educación cívica al afirmar que “ni el (poder) legislativo ni el (poder) ejecutivo pueden intervenir en las decisiones de la justicia por la independencia de los poderes”. Veamos la distancia entre la teoría burguesa y su práctica: en 2005, tras una pueblada en la ciudad santacruceña de Las Heras por las condiciones de explotación en la que sobreviven los trabajadores del petróleo, Aníbal Fernández mandó a Gendarmería a militarizar la ciudad. Con los mismos métodos represivos de la dictadura, y con la excusa de la muerte de un policía, gendarmería reprimió, secuestró y arrancó declaraciones utilizando la tortura en presencia de la jueza de la “democracia” Ruata de Leone que ordenó la detención de seis trabajadores. Una vez otorgada la prisión domiciliaria, el gobernador Peralta, títere de los Kirchner en su feudo, consideró este beneficio como “inadmisible” y la jueza, obediente, los encarceló nuevamente. Desde entonces Darío Catrihuala, Hugo González, José Rosales, Juan Pablo Bilbao, Ramón Cortés y Alexis Pérez permanecen detenidos sin siquiera una prueba que los relacione con la muerte del policía Sayago, con el plazo impuesto para la prisión preventiva cumplido y sufriendo sistemáticamente las torturas en sus lugares de detención.

La misma situación -la de rehenes del poder político con el objetivo de amedrentar, desarticular y castigar todo tipo de expresión que cuestione las políticas de hambre impuestas desde el poder-, padecen los 25 presos políticos del “gobierno de los derechos humanos.”

Como correlato de esta realidad, los Varizat, los De la Rúa, los Porreti, por citar algunos casos, son beneficiados con todas las garantías que los jueces se quieran imaginar. El mismo privilegio tienen sus perros guardianes, los integrantes de las fuerzas de seguridad: al menú de las excarcelaciones y absoluciones fáciles que denunciamos habitualmente, se suman la manito para la fuga, como ocurriera con Julio “Laucha” Corres, “fugado” de la dependencia de la federal en Bahía Blanca; o las cómodas condiciones de detención como las que goza el policía Luís Díaz Zapata, uno de los asesinos de Oscar Migone en la comisaría 9ª de La Plata en noviembre de 2005. Díaz Zapata, imputado de tortura seguida de muerte, se encuentra “detenido” en una habitación de la DDI local donde se alojan policías de otras jurisdicciones de paso por la ciudad, donde recibe visitas las 24 horas, cuenta con calefacción, TV por cable, teléfono y hasta con la compañía de su esposa por las noches.

En una conferencia en el ministerio de salud, la presidenta reconoció que, al igual que los muertos en Magdalena y Santiago del Estero, casi el 80% de los presos no tiene condena. Dijo que este “es un tema que golpea duramente y tiene que ver con la salud psíquica” (sic), y anunció un “plan integral” de salud para personas privadas de libertad. Se encargó de aclarar que “la inclusión carcelaria tiene que ver con la exclusión social” de la que, junto con su marido, es la principal responsable; y agregó que “en las cárceles no encontramos pudientes, sino gente de escasos recursos”. Qué sensible.

NO SÓLO LAS BALAS MATAN A LOS TRABAJADORES

Hace dos semanas que 52 trabajadores del puerto del Mar del Plata mantienen una medida de fuerza acampando en la puerta de la empresa de la cual fueron despedidos. Desde que comenzó la protesta padecieron el hostigamiento policial, pero no hizo falta siquiera que las fuerzas de seguridad dispararan un solo tiro para que el sábado a la noche uno de los trabajadores, de 54 años de edad, muriera. Como un centenar de pobres en todo el país desde que comenzó el invierno, el filetero Mansilla murió de hipotermia, es decir, de frío.

Sus compañeros exigieron al SOIP (sindicato de los trabajadores del pescado) que se decrete un paro, pero hasta ahora no han recibido respuesta, ni se espera que la reciban. El SOIP había “sugerido” a los trabajadores de esta empresa que fueran “razonables” y, en lugar d epelear la reincorporación, aceptaran la indemnización que el negrero de apellido Caputo les ofrece, con lo que a los burócratas sindicales les quedarían $2.000 por cada “arreglo.”

A la larga lista de represión, con persecuciones, tareas de inteligencia, militarización, etc., que se descargó sobre los fileteros desde que comenzaron a exigir mejoras en sus miserables condiciones laborales, y que, recordemos, además de muchísimos detenidos y encausados, se cobró dos heridos de bala, se suma este nuevo hecho, sin que el gobierno haya gastado siquiera una bala.

REPRESIÓN A LA ITALIANA
Como correlato para dar más eficacia a la “Ley del Retorno”, la norma recientemente aprobada por la UE contra los inmigrantes pobres, el primer ministro italiano Silvio Berlusconi decidió destinar 3.000 militares a patrullar nueve ciudades del país. A partir del lunes, los soldados -muchos de ellos veteranos de la invasión a Irak - se dedicarán a imponer el “orden” xenofóbo y racista contra los “indeseables subhumanos” inmigrantes ilegales.

El patrullaje marcial fue incluido en una enmienda aprobada por el Parlamento al decreto de ley sobre seguridad de Berlusconi. El propósito, por supuesto, es “una iniciativa útil para la seguridad”, porque, desde ya, reprimir sin más a quienes no son descendientes directos de Rómulo y Remo con “seguridad” reducirá la delincuencia.

En especial, las tropas del neomusoliniano premier estarán destacadas sobre los “romini”, es decir los gitanos de origen rumano que viven en la más absoluta miseria, sobre todo en las ciudades del sur del país. Berlusconi hace recaer especialmente su diatriba racista y la acusación de ser responsables de todos los robos sobre este sector social, los gitanos, también los grandes olvidados del genocidio nazi.

A su vez, como “objetivos sensibles”, los milicos italianos han puesto en la mira los centros de identificación de inmigrantes ilegales, incluso organizaciones sociales o no gubernamentales que se dedican al amparo y ayuda de los inmigrantes. No sea cosa que algun negrito subsahariano que entró por Sicilia se pueda escapar a la limpieza étnica.

La “progresista” y “democrática” Europa, a la que tantos dicen que tenemos que mirar como ejemplo; la que se hace cruces jurando que jamás reeditará el genocidio nazi, aplica, una tras otra, políticas cada vez más represivas contra los pobres, y sobre todo, contra los extranjeros oscuros y pobres.

REPRESIÓN EN CÓRDOBA
Las imágenes que vimos por televisión, a pesar de la expresa intención del periodismo de mostrar como “violentos sin razón alguna” a los manifestantes, permitieron apreciar las cerradas descargas de balas de goma y gases con que la policía cordobesa reprimió una movilización de varios gremios y organizaciones que se oponían a la sanción de una ley que abre la puerta a la reducción discrecional de salarios y jubilaciones.

La reforma lograda por el gobierno del peronista Schiaretti, ahora alejado del kirchnerismo por obra y gracia de sus intereses como empresario rural, es una más del conjunto de medidas impopulares que viene afectando a toda la población, como la negociación de Aguas Cordobesas y el aumento del cospel. Como esta reforma de la caja de jubilaciones, las anteriores fueron también aprobadas con represión a quienes se opusieron manifiestamente en la calle, lo que el discurso oficial, multiplicado en los medios, presenta como atropello a las instituciones, obra de infiltrados, etc.

Si bien algunos de los detenidos ya fueron liberados, quedan seis en la cárcel de encausados, que casualmente son los que no pertenecían a los grandes gremios que participaron de la marcha y se retiraron precipitadamente ni bien comenzó la represión. En cuanto a los heridos, todavía no hay una cifra segura, ya que muchos no concurrieron a hospitales públicos ya que la policía de guardia accede directamente a las historias clínicas, incluso contra la voluntad de los médicos. Es significativo que muchos tienen balazos de goma directamente en la cara, y por lo menos en un caso se registró una fractura de brazo por “torsión”.

La Coordinadora Antirrepresiva convocó a una reunión de las organizaciones para proponer la realización de una querella conjunta de los heridos contra las autoridades provinciales, reunión de la que participará CORREPI, que se encuentra a disposición de los compañeros en Córdoba a través de nuestra compañera Silvia Góngora.

REPRESIÓN EN CATAMARCA
La Asamblea Socio Ambiental de Catamarca Kusikausay denunció recientes hechos de intimidación y represión sufridos por sus integrantes por parte de la policial local. El más reciente ocurrió el 31 de julio, a la 1:30 aproximadamente, cuando la policía arrestó e incomunicó durante ocho horas en el calabozo de la Comisaría 5ª a dos de miembros de la asamblea que se encontraban promocionando el 7º Encuentro de la Unión de las Asambleas Ciudadanas.

Al mismo tiempo, el personal policial intimidó a otros integrantes de la asamblea mientras pintaban un mural artístico con permiso del propietario del inmueble frentista.

Dice la asamblea en su comunicado de denuncia, “Hacemos responsable al Gobierno de la Provincia de Catamarca de los hechos referidos, así como de eventuales hechos represivos y/o intimidatorios que pudieran ocurrir en el marco del 7mo. Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas, que se realizará en nuestra ciudad del 1º al 3 de agosto de 2008. En ésta, como en anteriores oportunidades, denunciamos la conducta antidemocrática de un gobierno que, entusiasmado por cumplir sus oscuros compromisos con las megaempresas mineras que saquean nuestra tierra, no vacila en promover un estado de terror público (…)”.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Lunes 25 de agosto, en Reconquista, Pcia. de Santa Fe, compañeros de CORREPI participarán de una ronda de charlas con estudiantes secundarios por la mañana, y, por la tarde, integrarán un panel sobre políticas represivas del estado en el marco de la Cátedra de DDHH local.

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En La Plata, escuche Atando Cabos, el programa de radio de CORREPI, los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.

Los sábados, a las 18:00, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar, tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.
Los jueves, a las 12:30, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Ecos del Día, por Radio Cooperativa, AM 740, www.am740.com.ar.

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CORREPI