Boletín Informativo nº 492

CUERPO ESPECIAL DE CUSTODIOS PARA TESTIGOS DE REPRESIÓN
El gobierno nacional está llevando adelante la creación de una nueva oficina que cumpla el rol de desvincular al estado de sus propios crímenes. El proyecto, en el que están trabajando Victoria Donda, diputada de Libres del Sur, y Marcelo Saín, jefe del Programa Verdad y Justicia y jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, consiste en la creación de un cuerpo especial de custodios para testigos de represión.

Ya existe en la Argentina un programa nacional de protección al testigo, que evidentemente ha fallado, no sólo con Julio López, sino con cientos de víctimas de represión policial que son constantemente amenazadas, cuando no asesinados. Sin ir más lejos, hace menos de un año aparecía asesinado un testigo del juicio de Andrea Viera, torturada hasta la muerte, no entre 1976 y 1983, sino en 2003, en una comisaría de Quilmes.

Pero este nuevo programa permite al gobierno un par cosas mucho más convenientes, como decir que el anterior programa estaba pensado para casos de narcotráfico, que le era imposible desde su matriz funcionar en casos resonantes como el de López, y por ende que este gobierno no tiene la culpa de que López esté desaparecido, y que está trabajando para que no le pase a nadie más. Otra “gran” cosa es que este “cuerpo especial”, que estará conformado por policías y miembros de fuerzas de seguridad federales, tendrá su propio personal, sus propios recursos económicos y tecnológicos y no dependerá de las fuerzas de seguridad ni de sus jefes.

Pero el jefe civil de este cuerpo especial es también un civil y no por eso menos temible: el superministro de seguridad, justicia y derechos humanos, Aníbal Fernández.

Aprovechando la volada para una lavada de cara más general, el grupo se encargará de la protección de testigos en casos de trata de blancas y de gatillo fácil, casos que cada vez es más evidente dejarán de existir, no con la protección de víctimas, sino con la inexistencia de victimarios: la misma policía.

Sólo queda saber cómo van a hacer cuando, a pesar de la existencia del flamante programa, los testigos igual desaparezcan o sean amenazados, secuestrados o torturados. Quizás incorporen a Hebe de Bonafini para que aclare que por esos no hay que preocuparse, porque en algo andaban.

SOBRE LOS “SINDICATOS” POLICIALES
Este domingo el diario Página/12 publicó un artículo titulado “Los poliescrachadores” , donde se critica a APROPOL, el pionero “sindicato” policial santafesino, porque en su portal de internet declararon “personas no gratas” a los legisladores que votaron a favor de las retenciones.

Más allá de que, seguramente, más de un comisario santafesino debe haber invertido sus no muy legales millones en un par de hectáreas de campo, lo que omite en su análisis el diario oficialista es que la dirección de APROPOL resolvió en su momento dar su apoyo al gobierno “socialista” (y pro estanciero) de Hermes Binner, declarando solemnemente, al momento de su asunción como gobernador, que “a partir de ahora somos parte de la solución del problema”.

La cuestión, casi anecdótica, viene bien para repetir, una vez más, que todas las iniciativas de “agremiación” o “sindicalización” policial son profundamente peligrosas para los trabajadores y el pueblo. Aunque los policías, como otros integrantes del aparato represivo del estado, cobren un salario a cambio de su fuerza de trabajo, eso no los convierte en hermanos de clase de quienes siempre serán sus víctimas. El policía, como el capataz, representa y ejecuta los intereses del explotador.

Prueba, también anecdótica, pero ilustrativa, de lo que decimos, es la relación de APROPOL con otro “sindicato” santafesino, ADEPOL, reivindicado como “de izquierda” por sus defensores y aliados, al punto que algunos le permiten participar, como si fuera un organismo de trabajadores, de manifestaciones y actos en los que la policía no necesita infiltrar servicios, porque los invitan los propios organizadores. Pero a pesar de la gruesa munición que se tiran entre APROPOL y ADEPOL (y ambos respecto de un tercer grupo, ACIPOL), hay ocasiones en las que no debaten y actúan en unidad, porque hace a su esencia.

Como se constata en su página web, ambos “sindicatos” (insistimos en las comillas, pues no son trabajadores como categoría conceptual) participan y adhieren habitualmente, junto a grupos como el Foro de brigadieres retirados, Memoria completa o la Comisión de homenaje permanente a los muertos por la subversión, a los actos y misas que honran a los represores de hace más de 30 años. Se unen, también, para reclamar la libertad de sus camaradas “injustamente acusados” por “actos de servicio”, como el gatillo fácil y la tortura. Como siempre, para muestra, basta un botón.

REPRESIÓN A TRABAJADORES EN BOLIVIA
El capitalismo es un modelo mundial que garantiza cada estado, independientemente de si es propagandeado por exaltaciones xenófobas o indigenistas. En los momentos más críticos de la disputa por el poder político y la recaudación de la explotación de hidrocarburos, entre el gobierno de Evo Morales y los prefectos de “la media luna”, las promesas de distribución de las riquezas y beneficios sociales incumplidas, deben ser impuestas mediante la fuerza sobre aquellas demandas obreras que no tienen la “paciencia” que el gobierno de Evo pretende.

La ley que pretende imponer el ejecutivo sobre el sistema de jubilaciones, mantiene el esquema de aportes individuales, y continúa dejando al 80 % de la población al margen del acceso a pensiones. Distintos sectores de trabajadores se movilizaron y cortaron rutas para exigir el acceso a las jubilaciones y para resistir la creciente inflación. La respuesta fue muy distinta a la que reciben las tomas de aeropuerto o las golpizas a indígenas por parte de los pro-autonomía. La represión policial a los trabajadores mineros de Huanuni que bloqueaban en Caihuasi entre el 4 y 5 de agosto dejó dos mineros muertos a balazos y más de cincuenta de heridos. En La Paz y en Cochabamba, militantes del Mas incitaban a sus bases sociales a atacar los piquetes de maestros rurales y urbanos.

El mito de la derecha que se agrupa y reacciona a ofensivas socialistas, oculta que la privatización de servicios sociales y el deterioro de las condiciones de vida se mantiene a palazos, y, como en nuestro país, mediante el uso de “militantes” que no son más que la patota oficial que complementa la represión llevada a cabo por sus policías. Las disputas entre el gobierno y la burguesía del Oriente petrolero busca institucionalizarse en espacios legislativos y electorales, reservando la interrupción de esa legalidad para disciplinar las necesidades de los oprimidos.

No hay derechas, ni posiciones alternativas, cuando lo determinante es la relación del estado con las clases sociales, y no el discurso para legitimarlas.

CASO BULACIO: EL VICTIMARIO QUIERE HACERSE LA VÍCTIMA

Como ya informamos, el 14 de agosto se celebrerá, en Montevideo, una audiencia convocada por la Corte Interamericana de DDHH en la causa Bulacio, dentro del procedimiento de seguiminiento del (in)cumplimiento de la sentencia dictada el 18 de septiembre de 2003 contra el estado argentino. En esa oportunidad, los representantes del estado deberán rendir cuentas sobre las dos cuestiones centrales ordenadas por el tribunal internacional que no han sido cumplidas: la sentencia contra el comisario Espósito en la causa penal interna, y la derogación de las normas que facultan a las policías argentinas a detener personas arbitrariamente, es decir, fuera de los dos supuestos autorizados por el Pacto de San José de Costa Rica y la Constitución Nacional, el delito flagrante o la orden judicial.

Fiel a la política que el gobierno kirchnerista viene desarrollando, de enmascarar su carácter represor pintándose la cara de defensor de los DDHH, el ministro Aníbal Fernández estaría, al cierre de este Boletín, a punto de anunciar que el poder ejecutivo, seguramente a través de la siempre útil secretaría de DDHH, se propondría presentarse como querellante en la Causa Bulacio.

O sea, una dependencia del ministerio que dirige Aníbal Fernández se disfrazaría de “víctima” para intentar meterse en tal carácter en la causa en la que otra dependencia del mismo ministerio que dirige el mismo Fernández, la PFA, asesinó a un pibe de 17 años, extremo que, además, el propio estado reconoció al allanarse al planteo de los hechos en febrero de 2003, ante la Corte IDH, antes de las audiencias del juicio en Costa Rica. El comisario Miguel Angel Espósito, único procesado por la detención y muerte de Walter, sigue siendo un dependiente más del mismo ministro, en su carácter de jefe retirado, ya que nunca fue exonerado de la policía federal.

Parece un dislate, pero no lo es. Es una nueva maniobra del “gobierno de los DDHH”, en su línea histórica de usar el discurso de la defensa de los DDHH para violarlos a gusto y placer. Mientras jueces y camaristas siguen dilatando la causa penal, tolerando cada chicana de la defensa que los aleja de la incómoda obligación de dictar sentencia, el poder ejecutivo, dirección política del aparato represivo estatal, sigue matando un chico día por medio con el gatillo fácil, o como pasó con Walter, en cárceles y comisarías.

No es un policía, ni una fuerza indisciplinada, ni fuera de control: es un gobierno capaz de llegar al ridículo de “autoquerellarse” para intentar silenciar a los que señalamos su carácter represor, al servicio de los que más tienen, y contra el pueblo.

RIFA SOLIDARIA
Los familiares de víctimas de la represión organizados en CORREPI llevan adelante una rifa para juntar fondos para continuar militando y luchando contra la represión en los barrios populares.
Los premios serán dos canastones de mercadería y un pollo con dos vinos. Los precios de los números son de $3, $2 y $1 respectivamente.
Todo aquel que desee participar puede solicitar sus números a prensa.correpi@gmail.com
El sorteo se llevará a cabo el jueves 28 de agosto con la quiniela nocturna.
Muchas gracias por colaborar.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Martes 12, En Bahía Blanca, movilización y concentración frente a Fiscalía (Estomba y Moreno) a las 11 hs. por el encarcelamiento del policía Guidobono, asesino de Giuliano Gallo (14)