Boletín Informativo Nº 494

CONTRAVENCIONES MATAN UN MENOR (MÁS) EN TUCUMÁN

Cuando un menor de 18 años es detenido, la letra de las normas obliga a que la policía les avise a los padres del chico y de intervención inmediata a un juez de menores… En teoría, el pibe no podría estar en una celda y mucho menos con mayores. Así lo respalda la Convención

sobre los Derechos del Niño y lo contradice el “gobierno de los derechos humanos”.

Francisco Javier Soria era un pibe de 17 años al que le faltaban sólo 20 días para ser mayor de edad. El 15 de Julio la policía de Tucumán lo acusó de haber cometido una contravención y lo detuvo. Al otro día, “encontraron” al joven colgado de una sábana, en una de las dos celdas de la comisaría, como señaló La Gaceta el martes 19.

La policía no dio intervención a ningún juez de menores y llamó a la madre recién cuando Javier estaba muerto.

La fiscal María de las Mercedes Carrizo pidió los informes de los libros de guardia de la seccional ya que aún no sabe cuándo ni por qué motivos ingresó Soria a la seccional 3ª.

Como siempre señalamos, la policía no anota inmediatamente esos datos a los libros de guardia, lo que les permite manipular la excusa formal de las detenciones, dilatar el tiempo de arresto y retrasar la intervención de los fiscales o jueces… Como en este caso…

El actual código contravencional de Tucumán, sancionado durante la última dictadura militar (enero de 1980), faculta a la policía para que detenga hasta 48 horas, para que investigue, decida la procedencia de la detención, determine la sanción a aplicar -arresto o multa- y, como si eso fuera poco, conceda o no el recurso de apelación… en los casos en que éste fuera presentado por el detenido.

Como ocurrió en el caso Bulacio, en el que un menor fue “demorado”, puesto en un calabozo y golpeado hasta morir, ningún policía está detenido.

La tinta que se utilizó en la dictadura es la misma que hoy se usa para escribir los códigos contravencionales que asesinan en democracia.

REPRESIÓN EN LA PLATA

En un decreto publicado recientemente en el boletín oficial, el gobernador bonaerense Daniel Scioli otorgó a su jefe de gabinete, Alberto Pérez, y a su ministra de infraestructura Cristina Álvarez Rodríguez, la facultad de disponer de 1.200 millones de pesos con la excusa de paliar la situación de emergencia habitacional que vive la provincia. Estas facultades, a las que los diarios llaman “superpoderes”, habilitan a los funcionarios a realizar contrataciones directas sin ningún tipo de licitación y control. La abultada cifra le permitirá al ex motonauta disponer de jugosos recursos para las próximas internas de noviembre del PJ bonaerense mientras entrega alguna que otra casa.

El martes en horas del mediodía, alrededor de cien vecinos del barrio El Mercadito de Tolosa cortaron la autopista Buenos Aires-La Plata para exigir que el municipio platense comience la construcción de un plan de viviendas en un predio del barrio ocupado desde hace unos días por precarias casillas de otros vecinos que también sufren la carencia de una casa propia. Un funcionario municipal les afirmó que el plan habitacional se encuentra trabado porque a la plata la van a usar para Aerolíneas Argentinas.

El enorme operativo policial desplegado sobre la autopista reprimió con balas de goma y gases a los manifestantes que se replegaron y volvieron al barrio. Una vez liberada la ruta, los uniformados comenzaron una persecución por el barrio, ingresando en algunas casas, rompiendo vidrios, disparando desde sus motos, a quemarropa, sin discriminar, sobre hombres, mujeres y niños que corrían desesperados por las calles. La brutal represión policial dejó a muchos vecinos, entre ellos menores de edad, con heridas de bala de goma, y un detenido por resistencia a la autoridad.

Una vez que la policía se retiró del barrio, algunos vecinos descargaron su bronca e impotencia sobre los ocupantes del predio, la mayoría de origen paraguayo y boliviano.

Entre eternas promesas electorales y constantes desalojos, argentinos pobres, paraguayos pobres y bolivianos, también pobres, se disputan unos metros cuadrados donde tal vez, algún día, puedan soñar con la casa propia. Los gobernantes se hacen eco del discurso oficial que refiere a la vigencia de los derechos humanos, la integración latinoamericana o la redistribución de la riqueza mientras sus fuerzas de seguridad son convocadas a solucionar el conflicto a palazos y balas.

Los medios también hacen su parte: silenciando absolutamente la represión policial, dedican páginas enteras a mostrar su preocupación por los incidentes que se desprenden de las ocupaciones ilegales de tierras fiscales promovidas por bandas organizadas, criminalizando la pobreza y pidiendo, como siempre, más seguridad.

LIBERTAD Y ASILO PARA LOS PRESOS POLÍTICOS PARAGUAYOS

A raíz de las constantes persecuciones llevadas a cabo por la justicia de la republica vecina del Paraguay (que no duda en armar causas, torturar, secuestrar y matar a quien sea necesario para combatir y criminalizar la protesta), seis compañeros pertenecientes al partido Patria Libre de Paraguay se vieron obligados a abandonar su hogar para emigrar a nuestro país en busca de asilo político.

Pero al llegar, el CEPARE (Comité de Elegibilidad para los Refugiados) dependiente del Ministerio del Interior, no sólo no les dio asilo, sino que a los tres días de estar en Argentina los envió derecho a la cárcel, con la bendición del juez Ariel Lijo que consideró que los 6 militantes merecen la extradición.

Vemos a repetición este accionar sistemático del poder judicial, que encarcela a los más desprotegidos y, por el contrario, protege a los burgueses de turno. Basta con el ejemplo de la hija del dictador Augusto Pinochet, que al ser procesada en su país por evasión tributaria, vino a Buenos Aires y luego de tres días pudo partir sin problemas a EEUU a buscar asilo político.

Hace dos años, tres meses y más de quince días que Agustín Acosta, Basiliano Cardozo, Simeón Bordon, Gustavo Lezcano, Roque Rodríguez y Arístides Vega están privados de su libertad injustamente en el penal de máxima seguridad de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires.

Al ver que su pedido de rechazo a la extradición ha sido ignorado reiteradas veces por el gobierno de nuestro país, los militantes paraguayos tomaron una medida drástica: HUELGA DE HAMBRE por tiempo indefinido. Intentan así llamar la atención de la opinión pública y del poder político. Los compañeros saben que, de ser extraditados, sus vidas correrían peligro, a la vez que no seria garantizado un juicio imparcial para ellos, ya que están siendo acusados de participar en el secuestro de Cecilia Cubas como método de persecución política.

Diferentes organizaciones de DDHH marcharon en estas últimas semanas por el reclamo de la inmediata libertad y amparo para los seis detenidos, pero aún no hay respuesta de parte del estado.

Nuestra presidenta y su gobierno, que tanto gustan de reivindicar los derechos humanos, ¿seguirá el ejemplo de Margaret Thatcher con los huelguistas republicanos irlandeses a los que dejó morir de hambre antes que concederles la libertad? Más cerca en el tiempo y en el espacio, ¿hará como su par Michelle Bachellet que reacciona ante los reclamos de los presos políticos mapuches sólo cuando la huelga de hambre tiene seriamente comprometida la vida de sus enemigos, como Patricia Troncoso?

Es obvio que ni el discurso progre, ni la condición de género, pesan en los gobernantes burgueses a la hora de combatir firmemente la desobediencia del pueblo al que dicen representar.

GATILLO FÁCIL EN MERLO

El 18 de agosto un policía de la Buenos Aires 2 mató a balazos a un recolector de residuos, de 31 años y padre de cinco hijos, e hirió a su compañero de tareas mientras ambos hacían su recorrido levantando las bolsas de residuos en la zona.

Jorge Fabián Sosa estaba juntando las bolsas de basura, y su compañero Ramón Antonio Gaona manejaba el camión recolector de la empresa Covelia SA. Al mismo tiempo, el oficial, que circulaba en una motocicleta, fue asaltado por varios individuos que huyeron del lugar. El policía, cuyo nombre ha sido cuidadosamente reservado por la fuerza y el poder judicial, la emprendió a los tiros con su Bersa Thunder 9 milímetros, matando a uno de los trabajadores e hiriendo al otro, que pasaban en ese momento por el lugar con el nada discreto camión recolector.

La moto robada apareció abandonada a dos cuadras del lugar, y hay cuatro personas detenidas, acusados de ser los ladrones. No se les encontró arma alguna. El policía, que por el momento está detenido, seguramente será prontamente liberado, ya que se lo indagó homicidio culposo y lesiones.

ESCOPETAZO EN AVELLANEDA

El viernes pasado a la noche un vecino de Avellaneda llamó al 911 porque, según su impresión, había dos personas en actitud sospechosa en un auto. Cuando apareció el patrullero, los dos jóvenes bajaron del vehículo y huyeron a la carrera. Uno se perdió en la noche, pero el otro fue atrapado, escondido en el baño de una vivienda del barrio.

El teniente César Acuña pidió apoyo por radio para trasladarlo al patrullero, pues los vecinos lo defendían y pedían que lo liberara. Cuando los demás policías llegaron, lo encontraron junto al joven, que agonizaba con un escopetazo en el pecho.

La versión de Acuña no es original. Dijo que el joven muerto, Claudio Gómez, se trenzó con él en un forcejeo para arrebatarle el arma, luego salió a la carrera y le disparó, por lo que repelió la agresión. Como de costumbre, apareció en el lugar un revólver calibre 38, aunque no se entiende que si Gómez estaba armado, antes de disparar hubiera intentado sacarle la escopeta al policía…

También como de costumbre, aunque el teniente fue indagado por homicidio, ya está excarcelado.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Viernes 29 de agosto, 18:00, en el aula 102 de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, Calle 48 entre 6 y 7, charla-debate sobre la situación de los presos políticos en el “gobierno de los derechos humanos”. Sobre la situación de los trabajadores presos en Las Heras hablará nuestro compañero Nicolás Espósito.

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En La Plata, escuche Atando Cabos, el programa de radio de CORREPI, los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.

Los sábados, a las 18:00, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar, tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.

Los jueves, a las 12:30, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Ecos del Día, por Radio Cooperativa, AM 740, www.am740.com.ar.

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CORREPI