Boletín Informativo Nº 495

JUECES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN, AVALAN Y SILENCIAN LA TORTURA
Hace aproximadamente un mes saltaba a los titulares de todos los diarios del país el nombre del juez de garantías Nicolás Schiavo, el funcionario judicial que otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria al principal sospechoso del asesinato de una familia en Campana. El escándalo que desató esta medida tuvo como respuesta, desde el poder político y en el marco del “combate a la inseguridad”, un sinfín de declaraciones sobre la necesidad de restringir este tipo de detenciones morigeradas –con la que habitualmente son premiados militares y policías asesinos y torturadores; desde el genocida Antonio Bussi hasta la ignota Jorgelina Oviedo, que torturó hasta la muerte a Andrea Viera- ante la amenaza de reincidencia en el delito de los beneficiarios. Y los medios se encargaron de potenciar esta sensación de que los delincuentes comunes entran por una puerta y salen por la otra, en un país donde la superpoblación carcelaria – con el 80% de los presos sin condena- se triplicó en los últimos quince años y donde las torturas y la muerte están a la orden del día.

Esta semana el juez Schiavo tomó otra resolución similar que, a diferencia de la anterior, no tuvo tanta repercusión mediática: en la tarde del miércoles 27 dejó en libertad a los agentes del servicio penitenciario bonaerense Alfredo Moreno y Damián González, acusados de torturar a un preso al que trasladaban a los tribunales. Por supuesto que la causa fue caratulada como “apremios ilegales”; y Schiavo, que los había mandado detener la semana anterior, les otorgó la libertad, pese a que la tortura, siempre maquillada por los jueces como apremios, es considerado por nuestro código penal como uno de los delitos más aberrantes. Ninguna empresa de comunicación salió a pedir la cabeza de Schiavo, ni mucho menos a reflexionar sobre esta realidad cotidiana, en cárceles y comisarías, que es la aplicación sistemática de tormentos.

A tal punto se ningunean –y naturalizan- los casos de torturas, que en los medios de comunicación los denunciantes no tienen nombres: esta semana se publicó que ocho detenidos intentaron fugarse de la comisaría 6ª de La Plata. Tras un motín, del que no se reproducen los reclamos, la policía golpeó a los frustrados fugitivos… y a los ocho detenidos en otro calabozo de la misma seccional. También se (des)informó sobre la absolución del teniente Miguel Ángel Orellano acusado de “lesiones leves y vejámenes”. Escuetamente se publicó que las denuncias eran infundadas porque los denunciantes –otra vez sin nombre- habían sido detenidos por el mismo Orellano, razón que habría motivado la denuncia en su contra, como si los policías nunca golpearan cuando detienen personas.

Periódicamente nos encontramos con la construcción mediática de determinadas “oleadas de inseguridad”: de motochorros, de pibes chorros, de escruches en countries o robos a comercios, que tanto contribuyen a la naturalización de la militarización de la vida cotidiana, con cada vez más policías en las calles deteniendo arbitrariamente o vigilando y reprimiendo la protesta social. A ningún medio se le ocurrió jamás titular ola de policías torturadores sueltos.

DOS MODALIDADES DE GATILLO FACIL, EL MISMO RESULTADO

En Ciudad Evita, el domingo pasado de madrugada, un joven cuya identidad no fue difundida subió junto con un acompañante a un colectivo de la línea 91 y recibió varios disparos mortales del arma reglamentaria de un efectivo de la policía federal, que viajaba a tomar servicio a la comisaría 38ª vistiendo una campera que ocultaba sus insignias.

Según la versión de sus pares de la cría. 9ª de La Matanza, en el momento en que el pibe amenazaba al chofer, fue abordado por el agente del que se negaron a dar datos. Quedó comprobado que el arma encontrada era de juguete, así como que el acompañante que se entregó frente al charco de sangre que rodeaba a la víctima, era menor de edad.

En tanto en General Pacheco, el martes, comenzando una semana donde los medios se dedicaron a reproducir casos de violencia intrafamiliar como si fueran hechos novedosos y fruto del discurso de la “inseguridad”, se conoció el caso de un prefecto de Puerto Madero que cerró su círculo de violencia apelando como tantos integrantes de las agencias represivas al arma reglamentaria que le da el estado, asesinando a su esposa con un tiro en la cabeza y otro en el pecho.

En ambos casos junto al arma reglamentaria, el estado provee al asesino, la impunidad.

El agente de la comisaría 38ª, con la ayuda de la bonaerense de Ciudad Evita, públicamente conocida por cobrar tarifas para no armar causas y tapar delitos comunes, solamente quedó “a disposición de la justicia”, o sea libre y en la fuerza para que el poder judicial lo exculpe con alguna imputación leve.

El prefecto, pasa sus días en el hospital, ya que, según los efectivos de la comisaría 2ª de Tigre, intentó suicidarse, lo que sólo por pertenecer a las fuerzas, le garantizará que el poder judicial le reconozca un estado de “emoción violenta” o lo declare inimputable.

A 14 AÑOS DE LA MASACRE DEL FILTRO

El 24 de agosto de 1994, frente al Hospital Filtro de Montevideo, Uruguay, se concentraron más de cuatro mil personas para oponerse a la extradición de Josu Goitia, Mikel Ibañez y Luis Mari Lizarralde, independentistas vascos acusados de ser terroristas integrantes de ETA. Goitia, Ibáñez y Lizarralde habían llegado en busca de asilo y fueron encerrados en la Cárcel Central. El día de su extradición una multitud se concentró frente al Hospital donde se hallaban internados por su grave estado de salud debido a una huelga de hambre. En la marcha, convocada por el Frente Amplio y PIT-CNT, se encontraba también el hoy presidente, Tabaré Vázquez.

El entonces presidente, Luis Alberto Lacalle, ordenó al entonces ministro del interior, Ángel María Gianola, que reprimieran en un consecuente acto de solidaridad con sus compañeros gobernantes del estado español. Entre los responsables del operativo se encontraban el teniente primero Juan Miguel Rolán, que estaba al frente de quince efectivos a pie de Coraceros, el comisario Erode Ruiz y el mayor Raúl Guarino, todos con personal a cargo.
Roberto Facal y Fernando Morroni fueron muertos por las balas y más de cien personas resultaron también heridas. Los militantes independentistas fueron extraditados. Con los años, dos de ellos fueron liberados por falta de pruebas. La represión y los asesinatos generaron una gran movilización antirrepresiva en el hermano país, de la que CORREPI participó, incluso aportando un orador en el acto que conmemoró el primer aniversario de la Masacre.

Cuando el entonces manifestante Tabaré llegó al gobierno del estado uruguayo, los ejecutores de la masacre estaban condenados, pero libres. Del mismo modo que Kirchner, que llegó al gobierno y entre besos a las Madres y pasados militantes, ascendió a comisario a Enrique Weber, responsable del operativo en Av. de Mayo y 9 de Julio el 20 de diciembre, Tabaré incorporó a su gobierno “progresista” a los represores de la Masacre del Filtro. Guarino pasó a ser el director de Seguridad de Montevideo, Erode Ruiz fue designado al frente de la Jefatura de Policía de Lavalleja y Rolán alcanzó el grado de Mayor en el Regimiento de Guardia Republicana, de quien dependen la Guardia de Coraceros y la de Granaderos.

Una pauta para saber que, cuando un ex militante de izquierda llega a administrar el estado burgués, lejos de significar una influencia “progre” con su pasado de luchador, se convierte en un enemigo aún más peligroso, que en nombre del pueblo y montado sobre sus organizaciones afila las armas que necesita para someterlo.

LOS POLICHORROS DE KIRCHNER Y SCIOLI

Hace un par de semanas, frente a los vecinos de San Martín, que clamaban por la “inseguridad”, el gobernador Scioli y el ministro Stornelli prometieron reforzar la zona con más policías, como si aumentar el número de efectivos produjera otro resultado que el de incrementar la inseguridad de todos. Pero cumplieron en parte su promesa. Hay tres efectivos nuevos en otras tantas comisarías de San Martín. El “detalle” es que son los tres oficiales que, cuando fue liberado de su secuestro extorsivo el pibe Ianonne, se robaron una buena parte del rescate pagado por la familia…

Otro ejemplo: El mismo gobierno provincial está impulsando un proyecto de ley para que policías retirados, menores de 65 años, sean recontratados para hacer el servicio de vigilancia en edificios públicos, espectáculos deportivos y bancos. Retirados “menores de 65 años” remite, en principio, a quienes no se jubilaron por llegar a la edad para hacerlo, sino que fueron elegantemente “retirados” por no exonerarlos, de manera que, como se probó con el caso de José A. Pelozo, (a) el Mataguachos de Fiorito, recontratado por la municipalidad de Ezeiza para el programa “Tolerancia Cero”, podemos imaginar quiénes serán los nuevos contratados: policías que coimearon, robaron, fusilaron, torturaron, etc., y no fueron condenados por el poder judicial.

Scioli dice que con este sistema liberará el personal en actividad que hoy hace esos servicios como horas adicionales, para que estén en la calle “previniendo el delito”… Pero lo notable es que el plan no les gusta a los propios policías, que plantean que, a través del actual servicio de policía adicional, se hacen de unos buenos pesos extras con las custodias. Lo que no dicen, es que los verdaderos negocios pasan por otro lado…

Pero claro, sólo nos enteramos de los que les salen mal. Como pasó esta semana en el Banco Provincia de San Justo. El 30 de julio, a la hora de cerrar el banco, los empleados no vieron que una pareja quedaba dentro del banco, escondida en un lugar que las cámaras no captaban. Una vez que los custodios se fueron, los ladrones maniataron al encargado y al tesorero, y sin que nadie los molestara saquearon la bóveda. Se llevaron casi medio millón de pesos.

Por un error de los ladrones, fueron detectados al salir por policías de San Justo. La mujer pudo escapar. El hombre fue detenido, y enseguida explicó que él no fue el cerebro del golpe, sino un simple ejecutor. El que pensó todo, le dijo dónde esconderse, cómo llegar a la bóveda, y, lo mas importante, cómo acceder al dinero, fue su hijastro, el oficial Jorge Claudio Jurado, de 26 años y 5 en la bonaerense, y custodio del banco Provincia asaltado. El policía fue detenido, y terminó admitiendo que hizo inteligencia dentro del banco, calculó horarios y plan de escape… en definitiva, que planeó y organizó el robo, y, respetuoso de los vínculos familiares, arregló con el novio de su mamá para que lo llevara a cabo.

Se entiende entonces por qué los policías en actividad no quieren que los retirados los desplacen de tan lucrativas horas extras. El comisario Miguel Angel Reinoso, secretario general de Apropoba, el pretenso “sindicato” policial bonaerense, comentando la iniciativa de Scioli, advirtió “El proyecto contribuye a generar malestar entre la policía. Hay temor de que se recargue de horas al personal policial activo por el mismo sueldo”.

Claro, porque si ya no pueden hacer adicionales en los bancos, tampoco podrán planificar los robos en horario de trabajo. Tendrán que hacerlo, como cualquiera, en su tiempo libre… No hay derecho, caramba!!!.

CONTRAVENCIONES EN LA CIUDAD PRO
Mauricio Macri asumió el pasado 10 de diciembre, pero las normas que aplica para reprimir son las que la legislatura creó y fue endureciendo hasta llegar a la reforma de 2004. Decía CORREPI entonces, en la audiencia pública previa sobre el código contravencional, que poco importaba si el proyecto de reforma que se sancionara era macrista, ibarrista, kirchnerista o cualquiera de las demás versiones disponibles. Se usaría, indefectiblemente, para aplicar el control y el disciplinamiento social, bajo cualquier gobierno.

El código contravencional, que violenta la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la causa Bulacio, al que Ibarra y sus aliados, hoy kirchneristas, dieron nacimiento presentándolo como un “instrumento progresivo”, sirve igual que los viejos edictos policiales, que los códigos de faltas provinciales y que la Doble A, nada más quye para reprimir.

La semana pasada comentábamos lo ocurrido con la Coordinadora de Bachilleres Populares durante su asamblea y clase pública frente al ministerio de educación. Este fin de semana, en el Parque Los Andes, un grupo de promotores de salud, integrantes de una organización social, que en forma gratuita tomaba la presión de quien se acercara al puesto, fue increpado por la Guardia Plaza a retirarse o llamarían a la policía.

En cuestión de minutos se hizo presente personal de la comisaría 29ª, que pretendió identificar a alguno de los promotores de salud para labrar un acta contravencional por ocupación indebida de la vía pública. O sea, poner una mesita en una plaza para aconsejar a la gente que se tome la presión, es una contravención…

La reacción de los vecinos que paseaban por el parque, que defendieron el derecho de los compañeros a permanecer en el lugar, logró desalentar a los municipales y a la policía fedeal, que finalmente se retiraron sin interrumpir la actividad.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Jueves 4 de septiembre, 11:00, concentramos en la puerta de las fiscalías de La Plata, calle 7 entre 56 y 57, a tres meses del asesinato de Miguel Ángel Serrano por el policía Marcelo Palomo, que se encuentra libre y patrullando.

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En La Plata, escuche Atando Cabos, el programa de radio de CORREPI, los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.

Los sábados, a las 18:00, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad .gov.ar, tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.

Los jueves, a las 12:30, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Ecos del Día, por Radio Cooperativa, AM 740, www.am740.com. ar.

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CORREPI