Boletín Informativo Nº 496

EL ESCUADRÓN JUDICIAL CORDOBÉS ENCARCELA TRABAJADORES
La provincia de Córdoba se encuentra con serias dificultades económicas, un gran déficit y una enorme deuda. El actual gobernador Schiaretti, como ministro del primer gobierno de De La Sota y vicegobernador en el segundo, fue parte de la política que llevó la provincia a la quiebra. Ahora, como gobernador, recurre a la vieja receta del ajuste a costa de los trabajadores, recortando “gastos” como los destinados al área social, y aumentando tarifas, como las del transporte.

Cada una de esas medidas generó resistencia popular. Vimos la represión descargada contra quienes se movilizaron contra el “cospelazo”. Luego, cuando el gobernador envió a la legislatura un proyecto de recorte de las jubilaciones, sólo se lo pudo aprobar a fuerza de represión, gases, balas de goma y detenidos.

El 6 de septiembre los cordobeses se levantaron con la noticia en los diarios locales de que el gobierno admitió que tiene dificultades para pagar los salarios de los empleados estatales, y ya circulan diversas versiones acerca de la posibilidad de que la provincia emita bonos de deuda para afrontar los pagos. El propio Schiaretti se encargó de aclarar adónde va el dinero que retacea para sueldos y jubilaciones. En el diario La Voz del Interior, afirmó: “Siempre les voy a decir la verdad a los cordobeses. La verdad es que la Provincia está pagando toda la deuda que vence, algo que no ocurre en ninguna parte del planeta”.

En ese contexto, mientras usa el dinero que tiene para pagar deuda, y no a los trabajadores, el gobierno sabe bien que el saqueo va a seguir originando la reacción y movilización popular. Y ahí es donde hace su aparición el aparato judicial, anticipándose para disciplinar. A las 3 de la mañana del mismo día 6 comenzaron los allanamientos y detenciones ordenados por los fiscales de la provincia, que habían anunciado estar avanzando en las investigaciones acerca de los “revoltosos” de las movilizaciones de los gremios contra la ley de recorte previsional.

Se habla de una primera lista de 12 capturas ordenadas por la movilización del 20 de agosto, de los cuales diez trabajadores ya han sido detenidos, pero no se descarta la posibilidad de que la lista se amplíe, incluyendo a compañeros que participaron de las movilizaciones del 30 de julio y otras anteriores. Los presos fueron llevados a la ex cárcel de encausados, pero cuando empezó la movilización para exigir su libertad, los trasladaron a la cárcel de Bouwer. Hay paros y nuevas movilizaciones anunciados.

Pocas veces queda tan a la vista el rol disciplinador del aparato judicial como parte imprescindible del aparato represivo del estado. Previendo las protestas, que igual van a tratar de aplacar con palos, el escuadrón de jueces y fiscales, de saco y corbata, y con el código en la mano, se anticipa a la reacción popular, pateando puertas, allanando casas y deteniendo trabajadores y referentes sindicales seleccionados con sus tareas de inteligencia a partir de las protestas anteriores.

VELATORIO CON HONORES PARA POLICÍA ASESINO
El 30 de agosto los noticieros saturaron con la noticia del “policía ejemplar, padre de dos hijos, asesinado a tiros” en La Matanza. Los diarios informaron que, mientras el suboficial probaba un cuatriciclo en un descampado lindero a la ruta 21, junto con dos amigos en moto, un hombre que finalmente fue detenido se le acercó y le disparó seis veces. Se habló, en un principio, de robo, luego de una discusión con el sereno del lugar, finalmente de un “indigente” que solía merodear armado el lugar. Ninguna de esas versiones parece muy verosímil, pero no se nota a los medios muy preocupados por el asunto. Les basta y sobra con difundir las imágenes del acongojado comisario de la 9ª de La Matanza (Ciudad Evita), que no para de lamentar la pérdida de su hombre de confianza.

Lo que nadie se está preguntando es qué hacía José Antonio Testa con uniforme, en funciones, y manejando un vehículo. Porque resulta que el “policía ejemplar” fue condenado hace años a dos años de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación para conducir.

El 1998 el sargento Testa ya era fanático de las motos y la velocidad. Los vecinos de Tapiales lo conocían bien de verlo pasar con su moto Suzuki de alta cilindrada, haciendo rugir el motor, por las angostas calles. Sabían también que cuando no andaba, como cualquier buen policía, verdugueando de uniforme a los pibes del barrio, le gustaba provocarlos desde su poderosa moto, vestido de negro.

El 3 de marzo de 1998, en una esquina de Tapiales, se cruzó con el adolescente Juan Manuel Carabajal, que iba en un pequeño ciclomotor. Lo embistió, y cuando una chispa encendió el tanque de nafta del ciclomotor y el cuerpo de Juan Manuel, enganchado al vehículo, comenzó a prenderse fuego, no perdió un segundo en apartar su moto y llevársela a la casa de un amigo para que la guardara.

Juan Manuel, abandonado por el policía, que más allá del deber de solidaridad de cualquier persona, tenía, como funcionario público, la obligación legal de prestar auxilio al chico en llamas, sufrió gravísimas quemaduras en el 90% de su cuerpo. Las pericias demostraron que, de haber sido socorrido, hubiera podido salvarse. Sufrió ocho días de espantosa agonía antes de morir en el Instituto del Quemado.

Después de años de trámite, la madre de Juan Manuel, patrocinada por abogados de CORREPI, logró que el asesino de su hijo fuera condenado por el tribunal de transición nº 3 de La Matanza, que aunque consideró un agravante que el policía no auxiliara al pibe, violando su deber funcional. La leve condena, sin embargo, era más que suficiente, desde el punto de la ley orgánica de la policía, para que Testa fuera exonerado.

Diez años después, la noticia de su asesinato nos permite conocer que nunca fue cesanteado, que siguió prestando servicios en la misma zona, que siguió jugando carreras con motos y otros vehículos, y que, según su comisario, era “un hombre ejemplar” al que velaron con honores.

LA “AUTOQUERELLA” DEL ESTADO ARGENTINO EN EL CASO BULACIO
Tal como lo anunció el ministro Aníbal Fernández en la víspera de la audiencia convocada por la Corte Interamericana en Montevideo el pasado 14 de agosto, y como lo confirmó entonces el secretario de DDHH Eduardo Luis Duhalde, el estado nacional se presentó a través de este último como querellante en la causa Bulacio, y fue aceptado como tal por el juez Facundo Cubas. En la misma resolución, el magistrado se negó a reponer a la mamá de Walter en el rol de querellante, del que fue apartada por la cámara criminal en junio de 2002.

O sea, Eduardo Luis Duhalde, en representación del estado nacional, es ahora querellante contra Miguel Angel Espósito, comisario de la policía federal que depende del mismo estado -y del mismo ministerio. Y la familia de la víctima, cuyo esfuerzo, conjunto con el de CORREPI, mantuvo abierta la causa desde 1991, sigue sin derecho a ver siquiera el expediente.

Ni bien recibimos la noticia, notificamos a Corte Interamericana el nuevo incumplimiento del estado argentino, ya que la sentencia internacional de septiembre de 2003 ordenaba a la Argentina, entre otras cosas, garantizar el “pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de la investigación” a la familia de la víctima. En la carta, enviada el viernes pasado a la Corte, CORREPI y el CELS, que co-patrocinan la causa internacional, denuncian la absoluta indiferencia y desobediencia del juez con respecto a la orden emitida por el máximo tribunal regional.

Sobre la aceptación del estado como querellante, dice la nota enviada a Costa Rica: “resulta inadmisible que mientras se impide a la familia de Walter Bulacio ser querellante, se concede esa posibilidad al Estado Nacional, que fue demandado y condenado en la causa ante el sistema interamericano”.

Finalmente, en la causa interna, los abogados de CORREPI harán el lunes una presentación ante el juez Cubas exigiendo que se revoque lo resuelto, y advirtiendo que su conducta configuras los delitos de desobediencia, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato.

EL TÚNEL DEL TIEMPO: LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PUEBLADA DE LOS PASAJEROS DE TBA
El ministro de seguridad Aníbal Fernández declaró en una conferencia de prensa que se trató de “un delito preparado y pensado para producir el desmán”, del que hizo responsables a “grupos de sindicalistas ferroviarios opositores, partidos de izquierda y agrupaciones políticas”. No nos estamos refiriendo a la conferencia de prensa del jueves 4 de setiembre de 2008, sino a la del 1º de noviembre de 2005, después de la pueblada de Haedo, que esta semana se repitió en las estaciones de Merlo y Castelar.

Los Cirigiliano siguen a cargo del negocio que gerencia Jaime para los K, y los trabajadores siguen padeciendo las misma violaciones a diario, viajando en condiciones infrahumanas y con demoras de más una hora para subir a un tren todas las semanas, permanente y arbitrariamente detenidos por la gendarmería.

Hace casi tres años, la represión en Haedo dejó 103 detenidos, de los cuales siete jóvenes entre 19 y 30 años permanecieron presos, torturados muchos de ellos en los penales federales de Ezeiza y Marcos Paz, y un menor de edad, que luego de permanecer en un container durante varios días a disposición del juez de menores, fue internado en el Instituto Rocca. Hoy esperan el juicio oral junto a más de 60 personas que están procesadas por los mismos hechos, entre los que se encuentran trabajadores, estudiantes, cartoneros y deportistas.

En Castelar y Merlo fueron 13 los detenidos, con la veloz y amplia presencia de infantería, el cuerpo antidisturbios y más de la bonaerense. Igual que en el 2005, todos estos pasajeros están siendo acusados por delitos que van desde los 3 hasta los 30 años de prisión.

Después de la pueblada de Haedo, se multiplicaron los centros clandestinos de detención en las estaciones del Sarmiento, igual que la presencia de gendarmería en los andenes, prefectura en las salidas de los túneles laterales y cámaras para filmar a cualquier trabajador que señale Fernández para no perjudicar el negocio de TBA.

Esta vez, para reprimir más y mejor el poder ejecutivo destinará 50 millones de pesos al programa de seguridad ferroviaria, kiosco manejado por la federal y gendarmería.

MOVILIZACIÓN POR JUSTICIA EN LA PLATA
El jueves pasado realizamos una concentración frente a la Fiscalía General de La Plata al cumplirse 3 meses de la muerte de Miguel Ángel Serrano (19), atropellado intencionalmente por el teniente Marcelo Palomo en dos ocasiones. (Ver Boletín Informativo Nº 483). Al día siguiente del asesinato, la comisaría 3ª de Los Hornos designó como investigador del “accidente” al mismo policía, que se encargó de interrogar y amenazar en el mismo acto a los testigos.

El día 9 de julio, tras cumplir un mes de detención en el destacamento policial de Arana, el juez de garantías Juan Pablo Masi dejó libre a Palomo a pedido de los fiscales Sergio Delucis y María Laura Di Gregorio, avalando la hipótesis de que se trató de un “accidente”. Al día siguiente, cuando denunciábamos, frente a la comisaría donde trabajaba el homicida, que la complicidad entre las instituciones policiales y judiciales constituye una política de estado, un operativo de más de cien efectivos de infantería nos reprimió con golpes y balas de goma, detuvieron a dos menores amigos de Miguel Ángel, que fueron apaleados dentro de la comisaría, y al compañero Ariel Devoto, de nuestra organización, que continúa imputado por daño calificado.

Desde entonces la familia Serrano no ha dejado de recibir llamadas intimidatorias, como las del día previo a la actividad de la semana pasada, mencionando el nombre de Julio López, secuestrado en la juridiscción de la propia comisaría 3ª de Los Hornos. Esa misma noche, varios autos desconocidos rondaron la casa de los familiares de Miguel Ángel, quizá esperando la visita de los compañeros de CORREPI, quienes en reiteradas oportunidades hemos sido “recibidos” en Los Hornos por autos particulares que nos escoltan por las angostas calles.

En la concentración del jueves 4, participaron los chicos de la calle que a fines de julio fueron agredidos con armas blancas por una patota para-policial en la céntrica Plaza San Martín, y que permanentemente son detenidos y golpeados por efectivos de la comisaría 1ª. En la semana, los mismos pibes fueron amenazados personalmente por el policía Palomo, quien una semana antes de matarlo, alertó al chico Serrano que “lo iban a encontrar tirado en una zanja”.

Ante los reclamos por el encubrimiento, los propios secretarios de la UFI 10, que interviene en el caso, reconocieron a la madre de Miguel Ángel tener conocimiento de que Palomo anda patrullando por la ciudad, aun estando desafectado de la bonaerense. Pero le “aclararon” que ellos nada pueden hacer porque se trata de un “mafioso”. Mafia que no es otra cosa que el conjunto del aparato represivo del estado, que opera en cada barrio, y que tiene la impunidad garantizada.

EL “MODELO” DE LA POLICÍA DE MACRI
Está cada vez más cercano el momento en que la Ciudad de Buenos Aires finalmente tenga su policía distrital, de la mano del discurso de “mejorar la seguridad ciudadana” y “bajar los índices de delitos” en la ciudad.

Todas las noticias se hacen eco de que el modelo policial escogido por Mauricio Macri sería similar al de Cataluña, España. No mencionan, en cambio, que esa policía produjo en Barcelona, sólo en el año 2006, casi 200 casos de violaciones a los derechos humanos, especialmente por la aplicación de torturas a detenidos.

Para mencionar un ejemplo, basta el de la ciudadana rusa Elena Podvigina, detenida en forma arbitraria por la policía y sometida, en la sede central de la policía catalana, a una sesión de tortura protagonizada por tres “mossos d’escuadra”. En la investigación judicial se comprobaron 38 lesiones en el cuerpo de la mujer, pese a lo cual sólo una agente fue exonerada.

Sin lugar a dudas, este modelo viene de maravillas en la Ciudad PRO. Tampoco desentonaría con el resto del aparato represivo del estado, que, gobierne quien gobierne, usa sistemáticamente la tortura.

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En La Plata, escuche Atando Cabos, el programa de radio de CORREPI, los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.

Los sábados, a las 18:00, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad .gov.ar, tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.

Los jueves, a las 12:30, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Ecos del Día, por Radio Cooperativa, AM 740, www.am740.com. ar.

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