Boletín Informativo Nº 499

GATILLO FÁCIL EN MAQUINISTA SAVIO
Son clásicos argumentos de la versión oficial: a partir de una denuncia por robo, un policía comenzó a perseguir al ladrón, éste sacó un arma y al policía no le quedó otra que defenderse… “Así les va” tituló uno de los medios este fin de semana. El saldo tampoco es original: un niño, esta vez de 13 años, muerto. Uno más. “Uno menos” opinó un lector de otro de los medios que reprodujo por igual noticia y opinión.

La versión del policía habla de un insólito forcejeo “en el que se quisieron arrebatar las armas entre ellos hasta que la pistola del efectivo se disparó y el adolescente cayó muerto de un balazo”. Por supuesto, otros policías de la comisaría local (Maquinista Savio) y de la Jefatura Distrital Escobar afirman que llegaron al lugar del hecho y constataron que el sospechoso estaba muerto y le secuestraron un revólver calibre 22. Pero diferente opinan los familiares, amigos y vecinos del chico muerto, quines no contuvieron su bronca e indignación y mientras los pesquisas entrevistaban al asesino arrojaron piedras contra los patrulleros.

El niño fallecido era del barrio y estaba marcado. Las noticias hablan de que en los días previos (la muerte se produjo el martes 23 de septiembre) había sido detenido “por un robo con armas”, pero al ser inimputable -menor de 16 años- fue liberado. La pena que le correspondía por ser joven y pobre le llegaría a los pocos días.

A través de Antonio Espasa, el esposo de Sonia Colman, asesinada por la policía en Del Viso la navidad pasada, la familia ya se puso en contacto con CORREPI, y la representaremos en la causa penal.

Un nuevo caso de gatillo fácil. Un nuevo muerto por parte de las fuerzas represivas del estado, que descargan sobre los sectores populares su artillería cotidiana. La que no reconoce como inimputables sino a los poderosos. La que siempre sale ganando en los “forcejeos”. La que asesina a una persona cada 40 horas.

EN LA PLATA, LOS NIÑOS PRIMERO
Hace dos meses transcribíamos el comunicado de Autoconvocados por los Derechos de los Pibes de la Calle en el que se denunciaba el brutal ataque de una patota de policías y civiles, con la colaboración de la comisaría 1ª que liberó la zona, a los chicos en situación de calle que paraban en la glorieta de Plaza San Martín de la capital bonaerense (ver Boletín Informativo 490).

Ante la notoriedad pública que ganó la violenta agresión, desde el gobierno provincial se impulsó la puesta en marcha del programa El Gauchito(?). Por falta de capacitación de su personal, las malas condiciones edilicias y las limitaciones del programa mismo, que no hacía más que tener a los pibes encerrados en una casa sin ninguna actividad para desarrollar, fue cerrado por una jueza que derivó a los menores a distintos institutos y hogares de abrigo.

Pese a que el intendente Bruera firmó, para la foto, un acuerdo a través del que se comprometía a implementar las leyes de protección y promoción de los derechos del niño, la situación empeora día a día y es cada vez mayor el número de pibes en situación de calle. Esta supuesta “ausencia” del estado en la asistencia y contención de los menores es reemplazada por la fuerte presencia de las fuerzas de seguridad (del mismo estado) en los espacios públicos, a tal punto que ya es “natural”, en la ciudad de La Plata, la cada vez más numerosa presencia de policías en las plazas y calles.

En esta naturalización de la vida cotidiana militarizada, un rol preponderante juegan los medios de comunicación que exigen “seguridad” adjudicándole a los “pibes de la plaza” cuanto ilícito se comete y relegando a un segundo plano, en el mejor de los casos, la situación de extrema pobreza y abandono que sufren los pibes -y millones de personas- gracias a las políticas de “redistribución de la riqueza” que tanto se anuncian por TV.

Generando consenso para justificar fusilamientos de pibes que en algo andarían, políticos de la talla del gobernador mendocino Celso Jaque o del intendente de San Isidro Gustavo Posse salen a pedir, a voz en cuello, bajar la edad de imputabilidad; o el mismo jefe de la bonaerense Daniel Salcedo, contradiciendo estadísticas oficiales y aportando a la criminalización, sostiene que “la situación es muy grave, ya que al ser liberados, los menores se sienten impunes y muchas veces vuelven a delinquir”.

Al menú diario de detenciones y golpizas por parte de la policía hacia los menores, se suma el hostigamiento que vienen sufriendo distintos compañeros de Autoconvocados, con coches particulares siguiéndolos por las calles y policías uniformados que –sabiendo de quiénes se trata- los paran para pedirles documentos y amedrentarlos argumentando estar “buscando a alguien con el mismo nombre y descripción física”.

Por estos motivos, distintas organizaciones concentramos el pasado viernes 26 en Plaza San Martín para denunciar que, a dos años de la aprobación de las leyes de promoción y protección de los derechos del niño, la más efectiva de las políticas implementada por el gobierno de los derechos humanos ante la realidad de más de 5.000 pibes en situación de calle en la provincia ha sido la de los palos, las patotas y las balas hacia los pobres que sus políticas de hambre generan.

EL POLICHORRO DE LA SEMANA
Casi no hay semana que nuestro boletín no tenga una nueva noticia de algún policía asaltando, traficando, secuestrando, extorsionando o vendiendo cosas robadas. No puede ser de otra manera, porque el aparato represivo del estado es permanente ejecutor de cuanto delito, grande o chico, dice combatir. Esta semana, el servidor comunitario de uniforme que hace su aporte a nuestra sección de polichorros es el teniente primero Gabriel Alejandro Leguizamón de la policía bonaerense.

Si bien su lugar de trabajo está radicado en el partido de San Martín, más precisamente en la comisaría 5ª de Billinghurst, Leguizamón se vino a la ciudad de Buenos Aires para hacer unos pesos extras. Fue sorprendido mientras trataba, jnto a otras dos personas, de robar los neumáticos de un auto. Llevaba encima, aparte de su arma reglamentaria, su chapa de policía.

¡Menos mal que, preocupados por la tranquilidad del pueblo, los gobiernos nacionales y provinciales están poniendo cada vez más policía para combatir la inseguridad!

¿POR QUÉ SE ARCHIVA EL 90% DE LAS CONTRAVENCIONES?
En su edición del 15 de septiembre, bajo el título “Se archiva el 90% de las contravenciones”, el diario La Nación informó que, según datos brindados por la Fiscalía General Contravencional de la ciudad de Buenos Aires, menos del 10% del total de actas contravencionales labradas por la policía llega a juicio, y sólo el 1% de sus presuntos autores resulta condenado.
El diario que mejor expresa los intereses de la clase dominante se queja amargamente de que grandes delincuentes, como “trapitos, que exigen dinero a cambio de un lugar para estacionar; los que ofrecen sexo en la calle, y los que ensucian el espacio público con graffitti” queden impunes, y exige que se escuche al fiscal general de la ciudad, Germán Garavano, que dijo: “La Legislatura debe replantearse modificar la ley si quiere castigar estas conductas” porque “así, la Policía Federal, se desanima”.
Aclaremos que los que sobreviven como pueden en la calle, desde la prostitución a la venta ambulante, pasando por cuidacoches, abre puertas y limpiavidrios, son explotados por la propia policía, que les cobra peajes, y al remiso a pagar lo lleva preso aprovechando el sistema contravencional. Así se garantiza buena parte de la caja chica policial, que no es tan chica.
El establishment judicial, los funcionarios políticos y sus voceros, los medios, ocultan que las contravenciones son una de las herramientas de control social más importantes que tienen las sociedades modernas, especialmente en países como el nuestro. El conflicto social creciente, a fuerza de saqueo y entrega, exige a los gobiernos disciplinar permanentemente a los sectores más vulnerables, adonde no logran imponer el arma más “civilizada”, el consenso.
Los datos que revela la fiscalía general son lisa y llana confesión de la verdadera función de las contravenciones: más del 90% ni siquiera llega a juicio, igual que, como ocurre con las faltas de la provincia, de los pocos casos que se apelan, casi el 100% sale absuelto. Nos preguntamos siempre, si sólo apelan los inocentes…
Que más del 90% de las contravenciones labradas no lleguen siquiera a juicio, demuestra que el objetivo de tener un código contravencional no es la convivencia, ni combatir conductas antisociales o “prevenir el delito”, ni tener una ciudad limpia, ni nada parecido. El único objetivo es que las fuerzas de seguridad, y entre ellas, primero que todo la policía, tengan una herramienta más, junto a la averiguación de antecedentes, que les permita detener a a cualquiera, en cualquier lugar, sin necesidad de expresar otra excusa que algún artículo al azar del código.

Lo que interesa es que la policía tenga la facultad de realizar la detención, y para eso, tanto da que la causa formal aparezca como “detención para identificar” (AA) o contravención.

Es ese poder de hecho sobre la población lo que hace imprescindibles las contravenciones para cualquier gobierno que administre una sociedad dividida en clases, en la que, por lo tanto, los poderosos necesitan disciplinar.

MÁS PRESUPUESTO PARA REPRIMIR Y ESPIAR
No hace falta ser un gran economista para saber que el presupuesto nacional, esa “ley de leyes” que, se supone, debe prever y ordenar los recursos y gastos del estado, es un gran dibujo para salvar las formas, ya que, diga lo que diga, después, súper poderes y otras trampas mediante, la plata se desvía para donde se les ocurre, como ya vimos hace poco con los fondos para planes de vivienda redireccionados para financiar la deuda de Aerolíneas Argentinas.

Pero la distribución formal de partidas es, de todos modos, significativa para mostrar las prioridades de un gobierno. Y el gobierno kirchnerista, como lo viene haciendo desde el año 2003, no deja dudas sobre sus necesidades.

Un total de $13.204.061.732 serán destinados al rubro “Defensa, Seguridad Interior, Sistema Penal e Inteligencia”, es decir, a reprimir. Un 13,8 por ciento más que el año pasado. Sin embargo, hay algunas dependencias del área que recibirán incrementos de hasta el 25%, como la secretaría de inteligencia y las áreas de inteligencia de las fuerzas armadas y de seguridad. Quien quiera entender, que entienda.

MÁS MUERTES EN LAS CÁRCELES DE MENDOZA
Se conoció en Mendoza, la muerte de dos presos en un lapso de dos semanas, uno en el sobrepoblado penal de Boulogne Sur Mer y otro en la cárcel de San Rafael. Ambos hechos se produjeron en un contexto en el que el gobierno de Celso Jaque, según declaraciones de su ministro Juan Marchena, “tiene la intención de reciclar la cárcel de Boulogne Sur Mer. Para ello pretende inaugurar dos nuevos pabellones que servirían para descongestionar el edificio ya existente y alojar nuevos reclusos, pues, se cree, aumentarán debido a la aplicación de la prisión preventiva”.

Allí, el 7 de septiembre, Matías Moisés Arancibia (28), fue hallado sin vida colgado de una tira de frazada en una celda compartida con otros presos en el sector de admisión. Había ingresado tres días atrás y estaba a la espera de que le asignaran un pabellón. En ese mismo penal, en enero, otro preso también apareció “suicidado”, sumado a numerosos casos de asesinatos con intervención de otros presos mediante facas ante la “siempre oportuna” ausencia de vigilancia, a cambio de favores de los penitenciarios o para no perjudicar sus negocios. El más reciente fue el de Raúl Ernesto Palacio Calderón (36), el 20 de agosto, detenido sin condena sobre quien el ex abogado de Luis Bordón, al igual que su cliente, con cargo en el ejecutivo, Diego Lavado, secretario de justicia, se encargó de deslizar que “por algo era” que había pedido traslado de pabellón con anterioridad.

En tanto, en la cárcel de San Rafael, el 19 de este mes, Oscar Enrique Burgoa Vergara (53), según explicó en declaraciones periodísticas el director del penal, Dardo Fernández, Burgoa “se habría ahorcado utilizando para ello tiras que habría cortado del colchón”. El detenido se hallaba desde hacía ocho días en una celda de aislamiento, conocida como “buzón” o “pozo” por su falta de aberturas y condiciones peores a las celdas comunes.

Ocho años después del conocido como motín de la vendimia en el penal de Mendoza, que tuvo como saldo el asesinato de cuatro de los presos imputados como cabecillas, para que no revelaran los favores prometidos por los penitenciarios, ni se desnudaran las operaciones intra carcelarias de venta de drogas, el tráfico de influencias, los traslados a cambio de dinero, moneda común en todas las cárceles del país, la metodología de la función del estado de eliminar sistemáticamente a los presos que no resulten funcionales al sistema sigue en evidencia en la provincia.

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En La Plata, escuche Atando Cabos, el programa de radio de CORREPI, los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.

Los sábados, a las 18:00, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad .gov.ar, tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.

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CORREPI