Boletín Informativo Nº 500

TBA, el gobierno y la burocracia sindical, contra los trabajadores
El 90% de quienes usan el transporte ferroviario lo hace para ir y venir de su trabajo. Las continuas demoras, cancelaciones, las condiciones calamitosas en las que se viaja, ponen a diario en peligro la vida de los trabajadores que se trasladan, hartos de ver además peligrar sus presentismos y hasta su mismo puesto de trabajo. Más del 70% de ellos sostiene que los organismos de control de las empresas son absolutamente ineficientes e incapaces de resolver el problema (el 30% envió quejas por escrito que nunca fueron contestadas). Más del 50% de los usuarios reivindica los métodos de acción directa como única manera de encontrar respuesta a tanta disconformidad con el pésimo servicio que prestan.

Lejos de ser números y porcentajes obtenidos a partir de los hechos recientes en las estaciones de Merlo y Castelar (TBA), los que anteceden son el resultado de una encuesta efectuada por investigadores del CONICET después de otros hechos similares ocurridos en la estación Constitución del ex Roca en junio de 2007. Es decir, se trata de una auténtica reacción popular fundada en la bronca y en el cansancio de los trabajadores que soportan cada vez menos situaciones de tensión provocadas desde los resortes del poder.

Por supuesto, el “gobierno de los derechos humanos” atribuyó esta pueblada a un sabotaje y a un presunto accionar premeditado de organizaciones y militantes populares (a un mes de los hechos, no existe una sola prueba de semejante acusación), desconociendo la indelegable responsabilidad que le cabe por respaldar a uno de sus empresarios estrella (Cirigliano, dueño de TBA, y junto al impresentable intendente de Merlo, Raúl Otacehé, de gran parte de la red de autotransportes de pasajeros del Oeste). Fue imprescindible la participación de las fuerzas de seguridad y del poder judicial, que detuvieron y procesaron a cuanto albañil, pintor o garrapiñero encontraron, “sospechosos” por contar entre sus ropas monedas de 25 cvs., presuntamente recogidas de las máquinas expendedoras rotas en los incidentes. Según el Juez Federal Salas de Morón, la imputación es “robo doblemente agravado y daño agravado”, entre otras figuras.

La situación de aislamiento en la que pretendieron sumir a los detenidos (más de 10 hs. sin comunicar la lista, sin avisar a sus familias, incomunicados, dispersos en varias comisarías de la zona) así como el tenor de las preguntas efectuadas en sus indagatorias, demuestran claramente dónde está parado el estado en esta etapa de agudización del conflicto social: “¿Milita en algún partido político?¿Va a las movilizaciones? ¿Cobra algún plan social?…”, reafirmando que ser pobre y con conciencia es presupuesto ineludible de delito. Ni más ni menos que naturalización de métodos dictatoriales con legitimidad democrática.

Por otro lado, es inocultable el rol de la burocracia sindical ferroviaria, que decretó un paro para exigir el recrudecimiento del control policial, de gendarmería y privado del “servicio ferroviario”, usando el discurso de la “inseguridad”, tan afín a la política de la dupla Fernández-Stornelli, que le dieron “respuesta” de inmediato.

Debe destacarse el trabajo militante que dieron los compañeros nucleados en la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste para contribuir a la defensa de los detenidos, la capacidad de movilización y de contención de las familias, así como la solidaridad que se ha recibido desde distintas organizaciones.

Mantenemos la defensa de varios de los detenidos, hoy excarcelados, todos ellos trabajadores doblemente victimizados por usar el ferrocarril concesionado a Cirigliano, y administrado por el gobierno a través de Jaime, secretario de transporte, que tiene más de 20 denuncias penales pero nunca fue indagado.

No debe soslayarse ni relativizarse el esquema diseñado en el discurso y el accionar del estado a través de sus agencias (ministerios, fuerzas de seguridad y justicia). La imputación infundada sobre las organizaciones populares, los procesamientos a los trabajadores detenidos, las preguntas formuladas en las indagatorias, la alianza entre el empresario y el oficialismo, el acompañamiento de la oposición frente al recrudecimiento del accionar represivo, la negación de una situación insostenible en materia de transporte, claramente percibida por el grueso de la población, es entre otras cuestiones, un claro ejemplo de lo que representa un gobierno ni derecho ni humano…Como dijo un viejo ferroviario: es en la vía donde se ven los trenes.

GUARDIACÁRCELES VIOLADORES EN EL SPF DE RÍO NEGRO, Y POLICHORROS DE LA DEPARTAMENTAL CONURBANO NORTE
Son numerosísimos los casos de violaciones como método de tortura contra mujeres pobres detenidas o que se han acercado a hacer denuncias. Así también los casos de presos jóvenes en institutos de menores que aparecen suicidados o incendiados para tapar violaciones de sus “guardianes”.

Se conoció en Río Negro, esta semana, una nueva variante, (no porque sea la primera, sino por su difusión) del uso de la impunidad que las agencias represivas tienen por parte del estado que integran.

Una joven de 23 años denunció que el sábado a la madrugada, en un local nocturno de General Roca, entabló relación con un agente del SPF y que al salir del lugar, el hombre le propuso dirigirse al casino de la colonia penal 5, con el objeto de mantener relaciones sexuales. La joven habría aceptado la propuesta, pero, tras el acto sexual en el establecimiento penitenciario, el acompañante dejó entrar al lugar a otros dos guardiacárceles, que seguidamente pasaron a abusar de ella en forma continuada. Luego, un cuarto integrante le permitió que se fuera.

El poder judicial no ha detenido a nadie, la noticia no fue titular en letras rojas dentro del discurso mediático de “inseguridad” y los superiores de los violadores se limitaron a suspenderlos. A esto nos referimos con la impunidad promovida por el estado.

Los “polichorros de cada día”, nuestra columna ya habitual que muestra al lector de qué se trata el gerenciamiento del delito que cumplen las fuerzas policiales, tuvo lugar en la tan agitada zona norte del conurbano.

Esta vez no se levantaron las voces de intendentes por las “bandas de menores que vienen del Oeste” ni de “vecinos por el derecho a la vida”, sino que se difundió como “intensa”(?) la pesquisa de un efectivo de la comisaría 1ª de Tigre y otros integrantes de la Jefatura Departamental Conurbano Norte, todos en actividad.

El policía de Tigre resultó herido de bala el último viernes de setiembre, tras una persecución en El Talar luego de un asalto a una vivienda donde también resultó muerto un compañero de su banda, ex integrante de la gavilla del “Gordo” Valor.

Como pasa siempre, cuando sus propios compañeros, junto al fiscal, los van a buscar a su lugar de trabajo, “casualmente” gozan de licencia y nadie conoce su destino, aunque vivan a la vuelta de la comisaría o en el barrio del fiscal.

EL COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, AL “SERVICIO DE LA COMUNIDAD”
El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y el Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires firmaron un convenio de cooperación institucional que contempla un abordaje integral para los hombres y mujeres de la entidad llamado “Programa de Acción para el fortalecimiento del personal penitenciario”.

“La intención -detalló Fernando Díaz, director del SPB- es que la terapia sirva de apoyo, contención, asistencia y tratamiento psicológico. En definitiva, el objetivo es mejorar la calidad de vida del empleado penitenciario” y así de paso, también a la familia.

Ahora bien, el personal del SPB, en tanto empleado del estado, ya tiene la cobertura de IOMA, por lo que si alguno demandara tratamiento psicológico, sería asistido por el profesional de su elección, sin necesidad alguna de la existencia de este acuerdo. La pregunta es, entonces, ¿para qué el convenio? ¿para el fortalecimiento de qué y para qué?. No hay lugar para muchas dudas. Es para hacernos creer que el gatillo fácil y la tortura no son una política de estado, sino fruto de algún problemita psicológico individual…

Habría que explicarle a la titular del colegio de psicólogos, Lic. Bernechea, que la política represiva del estado se sustenta en una condición de clase. Que las cárceles están llenas de jóvenes y pobres, y no de los funcionarios de las fuerzas de seguridad del estado, que asesinan a un pibe cada 40 horas en nuestro país. Y que con su firma está legitimando la política represiva del estado, convirtiéndose en cómplice directo de su accionar.

COBOS, BIEN “POSITIVO” PARA ENCUBRIR POLICÍAS ASESINOS
El 28 de mayo de 2006, en Godoy Cruz, Mendoza, dos mujeres llamaron a la policía para denunciar que unos sujetos armados habían entrado a un local. Acudió un patrullero, que detuvo a tres jóvenes que caminaban por la zona. Como en el caso Bogado, con los pibes tendidos en el piso boca abajo, uno de los policías disparó. Sólo que esta vez, los tiros fueron dos. Jonathan Chandía (20) murió en el acto, delante de su primo y su hermano. A pesar de los intentos por presentar el hecho como “ajusticiamiento de un peligroso hampón”, pronto quedó claro que fue un fusilamiento, e incluso, que ninguno de los chicos tenía nada que ver con el supuesto robo.

Cuando ocurrió el hecho, tercero de una seguidilla de gatillos fáciles que forzó la renuncia del jefe de la policía mendoxina y el subsecretario de seguridad, el entonces gobernador Julio César Cleto Cobos declaró, con cara de circunstancia: “Nosotros vamos a aportar todo para ver hasta dónde llegó la cadena de encubrimientos en el caso Chandía”.

Quienes creyeron en la sinceridad de esa frase nunca imaginaron que dos años y medio después, en el juicio oral contra el oficial ayudante Juan Carlos Oruza, autor material de los disparos, el hoy vicepresidente del “gobierno de los derechos humanos” sería citado como testigo, no del homicidio, sino de la cadena de encubrimiento para que el crimen quedara impune.

El jueves pasado, el oficial Rolando Rojas, colega del imputado, confesó en la audiencia que Oruza “plantó” un arma en la escena del crimen para que se creyera que la víctima estaba armada. Luego relató que él, junto a dos comisarios, uno de ellos jefe de la Distrital Gran Mendoza, fueron hasta el despacho de Cobos para ponerlo al tanto de la situación. Sólo los dos comisarios participaron de la reunión con el gobernador, después de la cual uno de los comisarios le dijo al policía a cargo de la Unidad Operativa de Godoy Cruz, que se “tenía que ir a la tumba con el secreto”, en obvia referencia al “perro” plantado. Todo indica que Cobos no dará la cara, sino que invocará sus fueros para contestar un cuestionario por escrito, evitando así toda repregunta o ampliación.

Otro citado para la semana que empieza es un periodista, que en su momento publicó que, cuando Oruza se presentó a declarar, dijo “Soy el policía que mató al rata ese”. En las audiencias ya realizadas, además del “arrepentido” Rojas, declaró el chofer del patrullero, que hizo méritos suficientes para ingresar a la galería de “testimonios inefables”, con mención especial en la categoría “otario que estaba ahí y no vio nada”. Es que el agente Nicolás Díaz Vargas, sólo dijo: “No vi lo que pasó. Oruza me contó que le disparó y le creí porque después encontraron un arma”. Vale destacar que estaba al lado del homicida…

GATILLO FÁCIL EN MENDOZA
Un clásico. Pero no “Un clásico de la mala fortuna”, como titula el diario Los Andes del último 2 de octubre. Se trató, sin lugar a dudas, de un clásico del gatillo fácil y del desprecio de los policías por la vida humana, sobre todo cuando esa vida pertenece a un trabajador. Las circunstancias, casi anecdóticas, son las que suelen ser usadas para justificar mediática y judicialmente las muertes provocadas en la mayoría de los casos de gatillo fácil.

Esta vez sucedió en la localidad de Las Heras, una de las zonas más pobres de la provincia de Mendoza. La versión periodística habla de un asalto a un local donde se venden materiales para la construcción. De cómo uno de los empleados pudo observar lo sucedido y realizar una llamada por celular a un policía de la zona, el cual salió de su casa y arremetió a tiro limpio contra los asaltantes cuando éstos habían salido del local. El resultado fue un tiro policial en la espalda de Antonio Torres, un empleado municipal que volvía en bicicleta de su trabajo y se encontraba pasando por el lugar, a tan solo cinco cuadras de su casa. El tiro lo volteó de su bicicleta y le quitó la vida.

“Pasar por el sitio inexacto en el momento menos indicado”. Así explica el periodista la razón de la muerte del municipal. Nada dice de una institución cuya función específica es la de reprimir a la clase trabajadora y que desarrolla por eso mismo una idiosincrasia tal que pueda digerir esta muerte “casual” como un simple daño colateral en la central “batalla contra el delito” que ellos mismos gerencian. Nada dice del esencial desprecio por la vida de los pobres que la institución policial adquiere como una herramienta fundamental de la política a la cual sirve. En todo caso, si quisiéramos explicarlo como un caso de “mala fortuna” deberíamos admitir que se trata de la misma “mala fortuna” que hoy en la Argentina asesina a una persona cada cuarenta horas.

LA POLICÍA PERUANA CONTROLA EL CONTENIDO DE LOS TEXTOS ESCOLARES
Un fiscal ordenó a la DIRCOTE (Dirección contra el Terrorismo), que forma parte de la Policía Nacional de Perú, que revise todos los libros escolares para evitar “la apología del terrorismo”. La medida se ordenó a raíz de que un texto oficial de Ciencias Sociales del quinto año de secundaria reconoce la existencia de una política de represión y violación de los derechos humanos por parte del estado peruano.

El libro menciona, por ejemplo, lo ocurrido el 19 de junio de 1986 en tres penales (Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara) que fueron tomados por los senderistas presos, cuya represión causó 124 presos fusilados extrajudicialmente en Lurigancho y 114 muertos por bombas y balas en la nuca en El Frontón, episodio considerado el mayor acto de violación de los derechos humanos de toda la historia peruana.

Una descarada medida que muestra la continuidad represiva de un estado que no quiere que los más jóvenes tomen conciencia a través del conocimiento de su historia más reciente.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES:
Viernes 10 de octubre, dos charlas sobre políticas represivas del estado, a las 18:00 en la Unión Vecinal del Barrio Cipolletti, “La Favorita”, y a las 20:30 en el Sindicato de Judiciales. Organizan el CAC (Centro de Aprendizaje Comunitario) , colectivo La Olla/La Favorita. Intervendrán los compañeros de CORREPI Ismael Jalil y María del Carmen Verdú.

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En La Plata, escuche Atando Cabos, el programa de radio de CORREPI, los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.

Los sábados, a las 18:00, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad .gov.ar, tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.

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CORREPI