Boletín Informativo Nº 502

EL COMISARIO AMIGO DE LOS VECINOS DE CASTELAR
A mediados de 2007, el entonces ministro de seguridad bonaerense, León Arslanián, tuvo que desplazar del cargo al capitán de la Comisaría VII (Castelar Norte), Daniel Muntuny, después que El Diario de Morón denunciara con abundancia de datos concretos la connivencia entre pesados delincuentes y efectivos policiales de esa comisaría. Las investigaciones subsiguientes probaron la existencia de una fértil asociación entre criminales con y sin uniforme, en la los primeros brindaban zonas liberadas, logística, armas y garantía de impunidad a los segundos.

A pedido del Comisionado Jesús Celis, de la Jefatura Departamental Morón, Muntuny fue reemplazado por el Capitán Carlos Genel, hasta ese momento titular de la Comisaría III (Castelar Sur), donde había forjado fama de una gestión “transparente y prolija”, al decir de su superior. Genel pronto se ganó la voluntad de comerciantes y vecinos de la zona, que el 10 de julio de 2008, en el marco de un planteo que hicieron por la “inseguridad” en Castelar, destacaron a los medios “que el capitán Carlos Genel los atiende bien, concurre a los Foros de Seguridad”.

Apenas unos días después del halago de los “vecinos notables” de Castelar, un conocido especialista en “salideras bancarias” fue detenido por pura casualidad por la policía federal. El hombre tenía dos órdenes de captura vigentes, una por homicidio. En ambas causas había recuperado su libertad de manera por demás rápida e insólita, a pesar que todo señalaba su autoría.

El individuo, de apellido Balcaza, decidió que no iría preso solo, y contó que sus aceleradas libertades habían sido obra de un falso abogado, que integraba una banda de “sacapresos” con policías de la comisaría de Castelar Norte. A cambio de la “gauchada”, los uniformados se habían quedado con su casa. Los fiscales de Morón Fernando Bellido y Fernando Capello pidieron la detención de los policías Alberto Oscar Casco, Carlos Alfredo Maciel y Daniel Nicolás Lencina. Todos trabajaban bajo el mando del capitán Carlos Genel, el que atendía bien a los vecinos. Pronto se comprobó que Genel era quien dirigía la banda, que además de brindar “servicios penales de urgencia” se dedicaba a extorsionar comerciantes.

Aunque la causa avanzó, y los tres policías siguieron presos, para no perder la costumbre, el comisario Genel no fue detenido. Recién hace unos días se le dictó la orden de detención, cuando por cuarta vez consecutiva fue atacado el domicilio de la madre del Dr. Bellido, hoy ascendido de fiscal a juez de cámara. El juez, después de los primeros tres ataques, ocurridos entre el 19 de julio y el 6 de septiembre de este año, colocó una cámara oculta en el acceso de la casa, que registró al capitán Genel cuando éste bajó de su Peugeot 207 y arremetió a patada limpia contra el portón de entrada. En las oportunidades anteriores había roto una reja y arrojado adoquines contra las puertas.

Hasta hoy, el comisario sigue prófugo. No se han conocido opiniones de Arslanián, ni de sucesor Stornelli. Tampoco, del Comisionado que lo recomendó, ni de los vecinos que tanto lo apreciaban.

LA BANDA POLICIAL DE LA PLATA
Desde hace meses, distintas organizaciones políticas y sociales venimos denunciando la dramática situación de cientos de pibes que viven en la calle en la ciudad de La Plata. Decíamos entonces, y lo seguimos haciendo, que la única respuesta del estado ante esta problemática social, consecuencia de las políticas de hambre del gobierno que dice “redistribuir la riqueza”, ha sido la represiva, con sus cada vez más numerosos efectivos de la bonaerense en las calles, y hasta con patotas parapoliciales golpeando a los chicos en Plaza San Martín como en julio pasado, mientras efectivos uniformados de la comisaría 1ª liberaban la zona dando vía libre a la agresión.

Esta semana, uno de los tantos pibes que sobreviven en las calles hirió de muerte a otro, de 12 años, que se dedicaba a vender estampitas y flores en una esquina del microcentro platense. Los medios no dudaron en titular otro golpe de la delincuencia juvenil, o, la banda de Plaza San Martín y el terror de los vecinos, y publicaron declaraciones de efectivos policiales que argumentan “no saber qué hacer… nosotros los detenemos y al otro día están otra vez en la calle”, dando pie a que las voces que claman por “seguridad” no duden en incluir entre los puntos de sus petitorios ante los gobernantes bajar la edad de imputabilidad, además de exigir mayor presencia policial.

En ninguna línea de la extensa nota publicada por el diario El Día sobre el tema se hace referencia a las causas de esta situación: ¿Por qué hay pibes viviendo en la calle pese a que desde hace dos años se aprobaron leyes sobre la promoción y protección de los derechos del niño? ¿Qué se hace con los fondos públicos supuestamente destinados a paliar esta situación? ¿Por qué un pibe de 12 años debe ganarse la vida vendiendo flores y estampitas en una esquina?

Otro hecho, mucho peor, teniendo en cuenta que fue protagonizado por un funcionario policial, no tuvo la misma repercusión en la edición de El Día del 18 de octubre que apenas le dedicó unas líneas: tras un incidente de tránsito, un policía hirió de un balazo a Ariel Mujica (21) en el barrio El Palihue. Pese a que el joven se encuentra internado en estado reservado, las precisiones periodísticas no aportan a saber qué tipo de herida recibió Mujica, ni quién fue el efectivo que disparó, ni en qué comisaría cumple su abnegada labor de custodio del orden público a los balazos. El caso, uno más, se suma a los recientes fusilamientos policiales de dos pibes en las calles 10 y 64; o al asesinato de Miguel Ángel Serrano en Los Hornos; o al constante accionar policial en distintos ilícitos relacionados, por citar un ejemplo, con el tráfico de drogas, en el que no dudan en asesinar a sus propios compañeros de armas, como ocurrió en la planta transmisora de La Plata con el triple crimen de los policías hace un año.

Un ejemplo más del accionar típico de la peor calaña de delincuentes, de la delincuencia organizada, formada y amparada por el estado, que no es presentado en los medios, fieles a los intereses que defienden, con el merecido titular “otro golpe de la delincuencia policial”.

A 3 AÑOS DE LA MASACRE DE MAGDALENA, NINGÚN RESPONSABLE PRESO
El pasado 15 de octubre se cumplieron tres años de la Masacre de Magdalena. Ese día, 33 jóvenes, entre 20 y 30 años, fueron asesinados en la Unidad Penal Nº 28 de esa localidad. Tras un incendio generado en el pabellón Nº 16, el Servicio Penitenciario trabó las puertas y reprimió a los presos alojados en pabellones vecinos que intentaban salvar la vida de sus compañeros. Los extintores se encontraban vacíos y el motor de la boca de incendio desconectado.

Aunque lo quieran adjudicar a falta de presupuesto, errores humanos, falta de formación de los penitenciarios, o maldad congénita de uno o dos uniformados, los sucesivos hechos confirman que la muerte de pobres es una efectiva y sistemática política de estado ejecutada en penales superpoblados. Sólo los casos más recientes son los 14 internos muertos en el penal de Coronda en 2005, o los 39 muertos en la Unidad 1 de Santiago del Estero en noviembre de 2007, en circunstancias similares a las de Magdalena.

Las muertes en cárceles ocupan un lugar importante entre los casi 2.500 casos de personas asesinadas por el aparato represivo del estado desde 1983. Jueces y fiscales hacen su parte de la tarea, dedicándose a amparar a los autores de estos hechos. En octubre de 2006, a pocos días de cumplirse un año de la Masacre de Magdalena, el juez de Garantías Nº 1 de La Plata, Federico Atencio, a pedido de los fiscales Sergio Delucis y Ma. Laura D’ Gregorio, dispuso la detención de 15 penitenciarios. Dos semanas después, la Sala II de la Cámara, a cargo de Ricardo Szelagowski, Sergio Almeida y Ma. Elia Riusech, los eximió de prisión porque “hay demasiados implicados en esta causa como para que sólo ellos tengan prisión preventiva”.

Los 15 integrantes del SPB, procesados por abandono de persona calificado, homicidio culposo e incumplimiento de deberes de funcionario público, están excarcelados. Por ser integrantes de las fuerzas de seguridad del estado, estos hechos son crímenes de estado, además de graves ilícitos contra la vida, la dignidad y la integridad de las personas. Todos, pese a ello, están en sus casas.

Treinta de los asesinados, igual que el 70% de las personas que pueblan las unidades penitenciarias, no estaban condenados. La presunción de inocencia no se aplica cuando el acusado es pobre, y es detenido “preventivamente”. No sucede los mismo con los integrantes de las fuerzas de seguridad que asesinan con la tortura o el gatillo fácil. Como el primer delito es ser pobre, las cárceles están atestadas de presos. Personas viviendo como deshechos humanos, en las condiciones más miserables de hacinamiento, suciedad, sin comida, sin ropa, sin espacio para higienizarse, sin lugar para dormir, sin acceso a la salud, lejos de sus familias y sufriendo la tortura cotidiana por parte de sus carceleros con el aval y la promoción por parte del poder ejecutivo y el judicial.

Camino al juicio oral, la investigación sobre la Masacre de Magdalena no ha avanzado en determinar las responsabilidades políticas por las 33 muertes. Ni Felipe Solá, ni el ex ministro de justicia Di Rocco han sido procesados por estas muertes. Mucho menos el jefe del SPB, Fernando Díaz, que hoy sigue en funciones poniendo placas con los nombres de los muertos en la Masacre, reclamando más presupuesto y propagandizando la “formación en derechos humanos” para que sus agentes sigan torturando y matando, mientras recitan el Pacto de San José de Costa Rica.

Ni tragedia, ni deuda de la democracia, ni defectos del sistema que aún no se han podido corregir: el encierro, hacinamiento, las torturas y el asesinato de pobres es la política de “derechos humanos” que implementa el gobierno de turno y que su brazo armado ejecuta cotidianamente en las cárceles, en los barrios, en las comisarías.

LA MUERTE VIAJA EN COLECTIVO CON UNA 9MM DEL ESTADO
“Ola de inseguridad en los colectivos”. Así se alimenta día a día la campaña mediática que silencia el verdadero derrotero que es para un trabajador llegar a su puesto cuando los colectivos no paran, viajan en los estribos, deben financiar de su bolsillo los subsidios al transporte, los aumentos y la compra de monedas deliberadamente escasas.

Apoyado por las burocracias sindicales, con el objetivo de alimentar sus bolsillos en los intereses que comparte con la patronal de transportes, la solución a esta “inseguridad” se va notando en franco aumento con los casos de gatillo fácil arriba de los colectivos que circulan por la provincia de Buenos Aires.

Esta semana, pese al cable de Telam que repitieron diarios y TV, el diario Crítica Digital informó lo que no fue un enfrentamiento, sino una ejecución en el barrio Los Altos de Laferrère, por parte del sargento de la policía federal, Amadeo Villegas. El policía disparó arriba de un colectivo de la línea 180 con 19 pasajeros, resultando heridos dos de ellos y matando a Ricardo Paéz (26), de quien dijeron que portaba un revolver sin numeración y sin balas.

La misma nota da cuenta de otro hecho, que habría sido un tiroteo entre un suboficial retirado, también de la policía federal, con dos supuestos asaltantes -matando a uno e hiriendo al otro- arriba de un colectivo de la línea 28 en Valentín Alsina, partido de Lanús, donde tres pasajeros resultaron heridos.

En nuestro Boletín N°495 informábamos sobre la muerte en Ciudad Evita, La Matanza, de un pibe de 15 años en un colectivo de la línea 91 que recibió varios disparos mortales del arma reglamentaria de un efectivo de la policía federal de la comisaría 38ª y de cuyo lugar secuestraron un arma de juguete.

Está claro que los agentes de la federal no viajan casualmente en la madrugada por todo el conurbano y está claro que la demanda de represión a los pobres, explotada por burócratas sindicales y patronales del transporte público, le trae al estado sendos dividendos: policías federales rentados y un pibe muerto cada 40 horas.

¡ES EL GOBIERNO NACIONAL, ESTÚPIDO!
“Lo que está haciendo el gobierno de Buenos Aires es propiciar la confrontación, porque enviaron fiscales y policías por la instalación de una simple tienda”, declaró Francisco Nenna, titular de UTE, uno de los gremios docentes, antes de calificar de “autoritario y dictatorial” al jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri. No vamos a discutir el calificativo, bien ganado y mejor mantenido… pero ¿no era que Mauricio quiere su propia policía, porque la federal no lo obedece? ¿No viene martillando desde que asumió con la cantinela de que la ciudad necesita su propia policía?

Entonces, ¿quién ordenó a la PFA cargar contra los docentes, gasearlos, golpearlos e impedir que pusieran su carpa? Hace unos meses, cuando las carpas las pusieron los empresarios del campo y los del gobierno, en su disputa por quedarse con la mejor parte de las vacas y los sembradíos, nos macanearon con que la policía federal no obedeció al gobierno de la ciudad para sacar a unos y otros. ¿No es notable que apenas un tiempito después, esa misma policía que “no obedeció al gobierno de la ciudad”, según denunciaron en conferencia de prensa, ahora cumpla a pies juntillas con la orden de reprimir?

Sólo los cómplices no confesos pueden pensar que Macri y los Kirchner “son diferentes”, cuando de represión se trata. Sólo los vergonzantes sostenes del gobierno nacional pueden argumentar que hoy fue solamente Macri el represor. Como en el desalojo de los cartoneros de Belgrano, y como mucho antes, cuando el gobierno de la ciudad era el “progre” con Ibarra, y reprimía con la policía federal en el Padelai, hoy quedó bien en evidencia que no hay disputas entre macristas o kirchneristas cuando hay que aplastar a los trabajadores que reclaman.

CORREPI MOLESTA MUCHO EN LA PLATA
El mismo día que recibimos la noticia de que nuestro compañero Ariel Devoto, de CORREPI La Plata, fue sobreseido por el juez Atencio a pedido del fiscal Romero en la causa que se le iniciara por el escrache a la comisaría de Los Hornos denunciando el asesinato de Miguel Angel Serrano a manos del policía Palomo, otros cuatro militantes de nuestra organización fueron detenidos por la personal policial de la comisaría 9ª.

Valeria Veloso, referente platense de CORREPI y tres compañeros estaban realizando murales en conmemoración del tercer aniversario de la masacre de Magdalena y reclamando la libertad de los presos políticos cuando fueron arrestados. “La denuncia la hizo un capellán”, explicó el teniente 1º Martos, jefe de turno de la 9ª. “Y yo algo tengo que hacer, pero no están detenidos, sino demorados…” trató de explicar.

Ante la inmediata respuesta del resto de los compañeros que se dirigieron a la comisaría, la policía optó por la más sencilla, que fue labrar actuaciones “para identificar”, es decir, una vez más, la “doble A” o averiguación de antecedentes. Como si no supieran quiénes somos, y qué antecedentes tenemos.

La amplia solidaridad que movilizó a muchos compañeros ayudó para que en menos de tres horas Valeria y los muchachos fueran liberados. Eso sí, seguirán molestando.

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En La Plata, escuche Atando Cabos, el programa de radio de CORREPI, los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.

Los sábados, a las 18:00, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad .gov.ar, tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.
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