Boletín Informativo Nº 503

AUMENTA LA ELIMINACIÓN SISTEMÁTICA DE PRESOS, Y LOS SUPUESTOS GARANTES APUNTAN A PUERTAS, REZAGOS Y CUCHARACHAS.
Nelson Sardina (23) fue trasladado por “estar alcoholizado” en un local bailable a la comisaría 33ª de Alto Comedero, San Salvador de Jujuy. Sebastián Gastón Verdura, alias Verdurita, (26), era un interno judicial, con una historia de ingresos al sistema penal desde los 14 años, declarado inimputable y alojado en el nuevo pabellón de máxima seguridad recientemente creado en la Colonia Psiquiátrica de Oliveros, Rosario, en reemplazo del “corralito” de la cárcel de Coronda. Pablo Esteban Torres (28) estaba detenido desde el año 2004 en la ex alcaidía de General Roca, Río Negro, condenado a 18 años de prisión. Los tres jóvenes encontraron la muerte a manos de sus guardias.

En Jujuy, el poder judicial tomó como creíble la versión policial de que el joven detenido arbitrariamente e ingresado a una celda a las 6:50 de la madrugada, pidió permiso para ir al baño y a las 7:00 apareció ahorcado con sus propias medias. La imputación a los cuatro efectivos de guardia fue por el presunto incumplimiento de deberes de funcionario público, por lo que están libres, como siempre.

En Rosario, diputados justicialistas, para juntar puntos con su jefe, a cuenta de Binner, usaron el caso de “Verdurita” para pedir informes por fugas de pacientes y una “reunión social que tenían los agentes del servicio penitenciario” a la hora del supuesto suicidio por ahorcamiento del joven, en contra de cualquier régimen de puertas abiertas, no así de la eliminación de presos mediante masacres como la de Coronda tres años atrás, premiada con ascensos y retiros rentados de los penitenciarios.

En General Roca, la pantomima estuvo a cargo de autoridades penitenciarias que, al no poder tapar, como la mayoría de las veces, las masacres con la forma de motín, para cortar el hilo por lo más delgado de la cadena de responsabilidad, denunciaron a cuatro subalternos por “excesos luego de sofocar un intento de fuga” que significaron la tortura seguida de muerte de Pablo Torres y los ataques de más de veinte penitenciarios que dispararon a corta distancia con sus armas reglamentarias a dos internos más, para luego golpearlos reducidos en el piso, hasta quedar inconscientes. En tanto el ministro de gobierno provincial, calificando de apremios lo sucedido, declaró a la Agencia Periodística Patagónica que “siempre hay rezagos de autoritarismo en el personal de las fuerzas de seguridad, pero nosotros queremos llegar a una policía o a un Servicio Penitenciario desmilitarizada o no militarizada”. Tendría que leer al menos el diario local el ministro para enterarse que los “resabios en el personal penitenciario” que torturaron a Torres y sus compañeros tenían entre 20 y 27 años, todos nacidos, crecidos y formados en “democracia”.

También en conferencia de prensa, el Observatorio de Derechos Humanos local, soslayó que las requisas se hacen en “El Buzón” y son el momento donde la violencia aumenta. “Son realizadas por personal encapuchado, con palos. Los hacen desnudar y los sacan al lugar donde reciben las visitas”, se manifestó, agregando que “los maltratos, insultos y golpes son comunes”, pero dejando la conclusión de que el problema general está en “las condiciones de higiene”.Desconocemos si las cucarachas que ha visto el Observatorio golpean tan fuerte como los penitenciarios, pero podemos asegurar que la política del estado es clara respecto a los pobres que llenan la cárceles. Su eliminación sistemática va en aumento con el “gobierno de los derechos humanos”.

GATILLO FÁCIL EN LA ESTANCIA “LA EMILIA”
“Somos pescadores, vivimos siempre de la pesca, con esa actividad ayudamos al sostenimiento de nuestra casa”. Estas palabras utilizó Francisco Benítez, de 14 años, para defenderse de las acusaciones de robar ganado que cayeron sobre él para correrlo de su lugar de víctima. Francisco es hermano de Freddy, de 16 años, que en la madrugada del jueves 16 de octubre fue acribillado por la Unidad Especializada de Asuntos Rurales de la provincia de Formosa.

Habían salido de su casa en Ypé Keé, Paraguay. En su canoa se adentraron en el río Paraguay para pescar, y llegaron hasta las costas argentinas de la estancia “La Emilia”, a 65 km. de Clorinda. El sobreviviente contó: “Apenas llegamos a la orilla, comenzaron a dispararnos. Mi hermano comenzó a empujar la canoa hacia el río para volver cuando recibió los balazos”. Fredy, su hermano mayor, recibió 14 balazos de escopeta calibre 12/70 y él se refugió entre las plantas, donde vio cómo los policías ataron los tobillos de su hermano y se lo llevaron arrastrándolo. Esperó, muerto de miedo, hasta el otro día para volver a su casa y darle la noticia a su madre. Esa misma noche, mientras el chiquito seguía refugiado entre los yuyos otros pescadores, Gilberto Villalba de 20 años y Porfirio Coronel, ambos de 18, fueron atacados a balazos, pero aún heridos lograron escapar con vida y volver a Paraguay.

La justificación para el asesinato consumado, y los intentos fallidos fue, como siempre, el robo. No resignarse a ver pasar la comida y morir de hambre en respeto a la propiedad privada es el delito, pues la acusación que hace merecedoras de las balas a estas cuatro personas es el cuatrerismo o abigeato. En este sistema, la justicia ofrece a los pobres dos grandes derechos: elegir el explotador y elegir la muerte silenciosa y sometida; a la búsqueda de cualquier alternativa, la justicia burguesa impone a los pobres dos grandes castigos: barrotes y balas.

GATILLO A LA VENEZOLANA
“Los policías mataron a mi niño y ahora quieren silenciarme”, dice Rosángel Mora Aranda, cuyo hijo, Jeferson Eduardo González Mora, de sólo 13 años, desapareció el 10 de octubre en una estación del metro. La familia y los vecinos del barrio Lagunita lo buscaron durante trece días, sin que las reiteradas consultas a los hospitales y dependencias policiales aportaran noticias. Finalmente, el cuerpito del chico fue encontrado al costado de una autopista, en ropa interior, amordazado y con un disparo en la cabeza.

La imagen trae, inevitablemente, a la memoria el caso de “Piti” y “el Monito”, aquellos chicos de 14 y 16 años, acribillados por el escuadrón de la muerte de zona norte, maniatados y con una bolsa de plástico cubriendo sus cabezas. Igual que en Los Polvorines, fueron otros pibes los que aportaron el dato que todos sospechaban: primero uno, después varios chicos del barrio, aseguraron que fueron dos funcionarios de la Policía Municipal de Sucre los que se llevaron esposado a su amigo. Los conocían por el acoso permanente que padecen, y habían visto sus nombres en las placas del uniforme.

De nuevo trayendo inevitables reminiscencias a los argentinos, dice la madre: “Los muchachos del barrio nos han dicho que esos policías acostumbran a utilizarlos para obligarlos a vender drogas y cometer robos. El que se niega corre con las consecuencias”.

Los residentes de la barriada están pendientes del proceso, pues aunuqe identificados y supuestamente detenidos, se suele ver a los dos policías acusados paseando de noche. Según los vecinos, autoridades gubernamentales “sugirieron a la familia que se abstuvieran de denunciar la muerte extrajudicial ante los medios de comunicación porque podía perjudicar las investigaciones”.

NADA QUE ENVIDIAR A BLUMBERG
¿Quién no se acuerda del kirchnerismo en pleno acusando a Juan Carlos Blumberg de fascistas y otros epítetos semejantes? Porque cuando el “ingeniero” hizo pública su opción por Macri, los mismos que le subsidiaron la fundación, que asistieron a sus cenas en el Alvear a razón de cientos de dólares el cubierto, que lo recibieron en la Casa de Gobierno y el Congreso, se trataron de despegar del gurú de la “inseguridad ciudadana” al que habían tratado de contentar con aquel “plan” presentado por el poder ejecutivo al legislativo. Esas “leyes Blumberg”, que, en realidad, fueron “leyes Kirchner”, propuestas por su ministro y votadas por sus diputados y senadores.

Mostrando de qué manera son intercambiables unos burgueses por otros, ahora es, de nuevo, ese mismo kirchnerismo, a través de algunos de sus gobernadores, intendentes y diputados, los que hacen campaña con medidas reaccionarias como proponer que los chicos de 12, 13 o 14 años sean tratados como “adultos” en caso de que cometan delitos.

Nos mienten -y, desgraciadamente, muchos se lo creen- cuando nos dicen que un menor de edad que comete un delito es impune. Como si los institutos de menores estuvieran vacíos y buscando inquilinos. Como si los procesos “tutelares”, que sólo tutelan los intereses de los ricos, dieran alguna salida humanitaria a la cruda situación de tanto pibe en la calle, sin familia, sin escuela, sin juegos, sin futuro. Como si los jueces y asesores de menores fueran otra cosa que administradores de cárceles, eufemísticamente llamadas “institutos”.

El menor de edad sometido a un proceso penal tiene menos garantías que un adulto, sea cual fuere el delito cometido. Si tiene menos de 16 años, no será formalmente condenado, pero quizás pasará más tiempo encerrado que cualquier adulto en su situación. Seguro, más que cualquier policía torturador o fusilador.

Nos mienten cuando escriben de “la problemática de los menores”. Digan la verdad, es la “problemática de los menores pobres”, porque a los ricos, aunque le saquen el arma al papá gendarme y fusilen a sus compañeritos de escuela, les espera la mejor defensa que el dinero pueda pagar, y, en el peor de los casos, una internación en una institución privada que no se diferencia mucho del country o la quinta del fin de semana.

Cuando hacen falta grandes titulares en los diarios que avalen la represión, siempre están a mano los pibes pobres, esos que los policías explotan como mano de obra barata, y que, si desobedecen son carne de gatillo. Nada que envidiar a Blumberg.

REPRESIÓN CRECIENTE EN TODO EL PAÍS
De la mano de la crisis financiera, ya empezaron las suspensiones y despidos en distintas empresas. La mano invisible del mercado le lava la cara a la mano dura y legitima los palos de abollar ideologías y de romper cabezas díscolas, en cualquier lugar del país.

En Jujuy, unas 37 personas resultaron heridas, entre ellas una adolescente que recibió un balazo de goma en la ceja, cuando la policía jujeña desalojó en forma violenta a los desempleados que ocupaban la municipalidad de La Quiaca para pedir un aumento en los planes sociales que cobran.

En Neuquén, más de 80 familias del barrio Confluencia fueron desalojadas y reprimidas con gases y balas de goma por la UESPO, la unidad especial de combate policial. Hubo 25 detenidos.

En Salta, docentes, trabajadores de la salud y desocupados fueron reprimidos por la policía del gobernador Urtubey, con el saldo de una mujer y su bebé hospitalizados.

En Buenos Aires, el miércoles pasado la policía reprimió una movilización frente a los tribunales, en repudio de la decisión de la Corte Suprema de los derechos humanos, que convalidó la extradición de los seis campesinos paraguayos presos que llegaron a nuestro país a pedir refugio político. Diecisiete compañeros presos, que tardaron entre tres y cinco días para recuperar la libertad.

Unos días antes, los maestros intentaron colocar una carpa en el marco de su pelea salarial con el gobierno de la ciudad. La policía federal se los impidió. Varios maestros y directores de escuela terminaron con golpes y cabezas cortadas en el hospital…

Y preparémonos para lo que se viene, con más despidos y desalojos, con más movilizaciones y protestas, y la respuesta represiva que ya están cocinando, al calorcito de la ola de inseguridad, y de propuestas como bajar la imputabilidad a los 12 o 14 años…

No hay disputas, internas ni desaveniencias entre los distintos sectores de la burguesía, cuando se trata de reprimir pobres y trabajadores.

ARCHIVO 2008
Estamos ya ingresando a la etapa final de la recopilación de datos para la actualización 2008 de nuestro ARCHIVO DE CASOS, que sistematiza toda la información disponible sobre las personas asesinadas por el aparato represivo del estado usando sus diferentes modalidades (gatillo fácil, torturas, muertes en cárceles, desapariciones, etc.). Este año, lo presentaremos, como venimos haciendo, en el marco de una jornada antirrepresiva y acto en Plaza de Mayo, el viernes 12 de diciembre.

Necesitamos, como cada año, el aporte de los compañeros y organizaciones de todo el país, que nos puedan enviar los datos de los casos locales que conozcan, y que generalmente no trascienden en los medios de comunicación. También es importante la actualización de casos de años anteriores, para que cada diciembre nuestro Archivo, que está pensado como una herramienta de denuncia a disposición de todos los que quieran usarlo, sea un poco más completo y preciso.

Toda la información que puedan enviar a correpi@fibertel.com.ar nos sirve, cuanto más completa, mejor. Gracias a todos.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Sábado 15 de noviembre, en nuestra nueva casa, Caffarena n° 84, La Boca, Festival Antirrepresivo. A partir de las 12:00, exposición de fotos, radio abierta, bandas en vivo, artistas, publicaciones y buffet. Organiza CORREPI.

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En La Plata, escuche Atando Cabos, el programa de radio de CORREPI, los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.

Los sábados, a las 18:00, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad .gov.ar, tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.
Visite nuestros espacios de difusión: http://correpidifusion.blogspot.com/ y http://correpi. lahaine.org

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