Boletín Informativo Nº 505

LAS “POLÍTICAS INTEGRALES” DEL COMISARIO SCIOLI
En sintonía con las declaraciones de sus jefes Néstor y Cristina Kirchner, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, salió a respaldar a la cúpula de su policía, integrada por Stornelli y Salcedo, e insistió con su propuesta de modificar el código procesal penal para bajar la edad de imputabilidad a los catorce años y evitar las detenciones morigeradas y excarcelaciones, siempre y cuando no se trate de policías torturadores o fusiladores, que en el peor de los casos cumplen sus condenas muy cómodos en sus casas.

En una de sus recorridas por el conurbano bonaerense, defendió su propuesta como parte de un “proyecto integral” para abordar la situación de los menores que delinquen, que consiste en el envío sistemático de más policías y patrulleros y la ausencia de políticas (que no sean represivas, por supuesto) que reviertan la situación de miles de pibes en toda la provincia, que viven o trabajan en la calle.

Hace poco más de una semana, en San Miguel, se refirió a la “titánica” labor de sus uniformados que “están redoblando esfuerzos humanos y logísticos para dar combate a la inseguridad”. Una muestra de esa titánica labor se vio en las calles del centro de La Plata el jueves 30 de octubre por la noche: personal policial de civil del servicio de calle de la comisaría 1ª interceptó a cuatro pibes en 7 y 55. A la adolescente que los acompañaba, por tratarse de una niña, le sugirieron muy amablemente que se retirara si no quería recibir “un cuetazo”. A los tres pibes los llevaron a la comisaría que administra el capitán Daniel Piqué, renombrado desde hace unos meses por liberar la zona en Plaza San Martín para que una patota de policías y civiles golpeara a chicos de la calle. Una vez en la comisaría, los pibes fueron trasladados al “cuartito” donde la tortura consistió en una sucesión de patadas, golpes de puño y el apaleamiento con un garrote que, terapéuticamente, lleva como inscripción la palabra Clonazepan. Mientras eran golpeados les gritaban “¿sabés por dónde nos pasamos los derechos humanos?” y “¿así que ustedes nos van a hacer una marcha?”, en referencia a la movilización convocada para el viernes 31 bajo la consigna Ningún pibe nace chorro, donde más de 1.500 personas denunciamos la criminalización y represión que sufren cotidianamente cientos de pibes en la capital bonaerense y que en los últimos meses tuvo como saldo el asesinato de tres adolescentes a manos de las fuerzas de seguridad.

La situación descripta se dio, paradójicamente, en el marco de una resolución en la que el juez en lo contencioso administrativo Luis Arias hizo lugar a un hábeas corpus presentado por el defensor oficial Julián Axat en el que se instruyó a los policías la prohibición de detener menores arbitrariamente. Pese a que la Corte Interamericana de DDHH condenó hace cinco años al estado argentino a derogar las facultades policiales para detener personas gracias a la aplicación de los códigos de faltas, contravenciones o por averiguación de antecedentes, queda claro que ningún gobierno que defienda los mismos intereses de clase va a cumplir con el fallo, porque hacerlo implicaría renunciar a sus más preciadas herramientas de control social, destinadas a los pobres que sus políticas de hambre generan.

Es así que, como parte de su “política integral” contra la delincuencia, Daniel Scioli, además de un nuevo aporte de 30 patrulleros para el municipio de Tigre, se encargó de seguir criminalizando la pobreza al declarar que las villas “son aguantaderos de alta peligrosidad porque salen a robar y se vuelven a refugiar” y prometió abrir calles “para que la policía pueda entrar”. “Haremos todo lo que haya que hacer -afirmó- para defender la vida de la gente honesta”, lo que no hace más que confirmar que las detenciones arbitrarias, las torturas y los fusilamientos del gatillo fácil son los pilares en los que se sostiene el “plan integral” de seguridad del comisario Scioli.

A UN AÑO DE LA MASACRE EN LA UNIDAD 1 DE SANTIAGO DEL ESTERO
Con un silenciamiento mediático coherente con el reclamo de mayor “seguridad”, esta semana se cumplió un año de la masacre que costó la vida de 39 detenidos -la mayorí­a de ellos sin condena- en el penal de varones Nº 1 de Santiago del Estero. Las inhumanas condiciones de detención, la mala alimentación, las requisas violentas hacia los propios presos y sus familiares, los reclamos por la aceleración de las causas y la superpoblación, estimada en el doble de su capacidad, sumado a la decisión arbitraria del servicio penitenciario provincial de acortar el horario de visita, hicieron estallar un motí­n ante el cual los guardiacárceles respondieron con una brutal represión, con balas de goma y plomo, con palos, y con el saldo de 39 muertos por la represión, el fuego y el monóxido de carbono que desprendían los colchones.

Como cada vez que el estado asesina personas bajo custodia, la versión oficial hizo referencia a que los presos se mataron entre ellos -prendiendo fuego todo a su paso-, que el servicio penitenciario actuó a la altura de las circunstancias al evitar que los reos se fuguen, y el gobernador provincial Gerardo Zamora mostró su costado más sensible al manifestar públicamente “estar a disposición de lo que necesiten en el penal, tenemos 100 féretros pero no creo que hagan falta tantos”.

La represión no sólo se circunscribió a los muros del penal: en las inmediaciones, los familiares de los presos que se acercaron a exigir información fueron brutalmente atacados por 300 policías del Grupo Especial para Tareas y Operaciones de Alto Riesgo (GETOAR), de Infantería, de la División Canes y de distintas comisarías de la capital santiagueña.

El gobierno de Zamora, aliado del matrimonio presidencial, reprimió en reiteradas ocasiones distintas actividades de denuncia públicas llevadas a cabo por los familiares de las ví­ctimas de la UP 1. Es así­ que en septiembre, en Beltrán, fue detenido arbitrariamente Norberto Alejandro Gómez. Doce días después, tiempo en que su familia no fue notificada de la detención, Norberto apareció muerto en uno de los calabozos de la comisaría. La versión policial dice que se suicidó con el borde de la frazada y la autopsia fue realizada por el mismo forense que intervino en la de los muertos del penal. El cuerpo presentaba múltiples golpes y sus familiares denunciaron que meses atrás, en un corte de calle por los muertos del penal, Norberto había sido detenido y golpeado por la policí­a, que antes de liberarlo le advirtió que “la próxima vez iba a ser peor” (ver Boletí­n Informativo nº 498).

Estas masacres, presentadas ante la opinión pública como “tragedias”, son habitualmente promovidas por el mismo servicio penitenciario y su dirección política con el fin de “limpiar” penales, dirimir disputas territoriales entre penitenciarios, como ocurrió en 2005 en Coronda; y también para deshacerse de testigos molestos para el poder político, como sucediera con Juan Manuel Silva (22), testigo en la causa del doble crimen de la dársena y uno de los primeros muertos del 4 de noviembre.

A un año de la masacre, la justicia santiagueña mantiene detenidos a 10 de los 13 penitenciarios señalados como los autores materiales de las muertes. Los responsables políticos ni siquiera han sido procesados y son los mismos que suelen aparecer desde las portadas de los diarios y los noticieros de televisión pidiendo más policías, más presupuesto para reprimir, y por supuesto, más cárceles.

POLICIAS BONAERENSES DE FRONDOSO PRONTUARIO
En cada oportunidad en que un joven pobre es víctima de la muerte a manos del estado mediante gatillo fácil o torturas en cárceles y comisarías, los medios de difusión nunca omiten referirse al “frondoso prontuario” de la víctima -sea fabricado por sus mismos verdugos o por encontrarse purgando condena-, de manera que el lector legitime el accionar de la política de estado.

Fabián Pereira, efectivo de la comisaría 8ª de San Martín (en Villa Concepción), con cargo de oficial, había sido acusado de extorsionar a particulares, a través del armado de causas. Claro está que, con ayuda de sus compañeros de fuerza y algún fiscal amigo, ninguna denuncia prosperó.

Miguel Angel Ojeda también había sido efectivo, con cargo de suboficial, tan solo unos pocos meses antes de ser exonerado de la fuerza por haberle disparado a un joven con su arma reglamentaria en el año 1999, en la localidad de Mariano Acosta, por lo que la mano amiga del poder judicial lo condenó a un año tres y meses d eprisión en suspenso. Ojeda también había sido denunciado por los armados de causas, junto a su compañero Pereira.

Ambos “buenos muchachos” , según se conoció la semana pasada, irán a juicio por homicidio simple en perjuicio del vigilador privado Daniel Visciglia, asesinado el 4 de noviembre de 2006 cuando subía a su automóvil Peugeot 206, que estaba detenido frente a su casa de la localidad de San Andrés. Sobre él, su hermano declaró que “siempre estaba necesitado de dinero” y que los policías fueron directamente a matarlo porque se habría negado a entregar datos de uno de los camiones que él custodiaba.

También están procesados el jefe de calle teniente Fabricio González y sargento Mario Medina de la comisaría 8° de San Martín, quienes llegaron al lugar, modificaron la escena, para dar la versión de que sólo el policía en actividad “disparó porque confundió al vigilador con un delincuente” y ocultaron el arma de Ojeda que luego la arrojaron al predio del CEAMSE.

Claro está que al tratarse de policías, y no de “delincuentes de frondoso prontuario”, ya se baraja que en el juicio, para el caso de que Pereira y Ojeda reconozcan su culpa, podrían acordar un procedimiento abreviado, si aceptan una pena de tres años y tres meses de prisión e inhabilitación especial por el mismo tiempo. Lo justo para que al día siguiente vuelvan a portarse como “buenos muchachos”.

REPRESIÓN, PERSECUCIÓN Y DESPIDOS EN EL CENTRO GALLEGO, CON LA COMPLICIDAD DE LA BUROCRACIA SINDICAL
El 17 de octubre pasado, la Comisión Gremial Interna del Centro Gallego-Galicia Saúde organizó un acto y asamblea en la puerta del hospital, en repudio a las sanciones aplicadas por la patronal a cinco enfermeras con el único fin de amedrentarlas y poner fin al plan de lucha que unos días antes había lanzado el sector enfermería, con un pliego de 20 puntos de reivindicaciones que incluyen reclamos salariales y de condiciones de trabajo. Después del acto, y de cortar un rato el tránsito de la Av. Belgrano, los trabajadores, junto a compañeros que se acercaron en solidaridad de otros hospitales, como el Británico, el Italiano y Mitre-Trinidad, ingresaron al establecimiento para llevar a la gerencia su reclamo.

Mientras los delegados estaban en el interior de la oficina de gerencia planteando su petitorio, oyeron gritos y ruidos en el pasillo, donde aguardaban los demás compañeros. Al salir, encontraron un panorama de brutal represión, ordenado por la patronal, comandado por la policía federal y ejecutado por el jefe de seguridad del hospital, el represor de la dictadura Juan Carlos Carratini. El saldo de la agresión fueron varios trabajadores heridos, uno de ellos con traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento.

La denuncia pública de la represión se sumó al reclamo de los trabajadores, con un gran acto acompañado por trabajadores de otros hospitales, los músicos del Colón y dirigentes de la FUA, y significó que el 4 de noviembre, con la firma de la gerenta Susana Vázquez Otero, Galicia Saúde despidiera a cuatro enfermeras, una de ellas testigo presencial de la represión del 17 de octubre.

Los trabajadores y sus delegados, que ya han iniciado las acciones penales correspondientes con patrocinio de CORREPI, vienen padeciendo en la actualidad una brutal ofensiva de intimidación y aprietes de la patronal, apoyada por la burocracia sindical.

ESTUDIANTES PROCESADOS POR SECUESTRO COACTIVO AGRAVADO
El 19 de junio de 2003 el congreso nacional sancionó la primera ley del entonces nuevo gobierno kirchnerista. El proyecto había sido enviado por el anterior poder ejecutivo, en agosto de 2002, pero su sanción, rapidísima y sin debate, fue personalmente dirigida por el primer ministro de justicia de Néstor Kirchner, Gustavo Béliz. Era una reforma al código penal que modificaba el art. 142 bis, que castiga el secuestro extorsivo.

Al calor de la “ola de inseguridad” con la que entonces, como en estos días, ametrallaban desde el oficialismo y los medios, los diputados y senadores votaron un aumento notable de las penas para el delito de secuestro extorsivo, llegando en los casos agravados a una escala superior al homicidio. Además, se consagraba la figura del “arrepentido” para este tipo de delitos, bajando sensiblemente el castigo a los delatores, reales o manipulados.En el cortísimo debate legislativo, cuando inopinadamente fue el peronista Jorge Yoma el que cuestionó el proyecto oficial, mostrando que tenía inconsistencias de magnitud, fue otro peronista, Carlos Menem, el que le contestó. “Es posible que esto no sea lo mejor, pero lo mejor es a veces enemigo de lo bueno”, dijo.

Mientras no se conocen demasiadas condenas aplicando esta norma a las bandas de secuestradores que sistemáticamente integran miembros del aparato represivo estatal, y sigue desaparecido Jorge Julio López, la figura del art. 142 bis del código penal ha sido elegida, ahora, por un juez federal para criminalizar el justo reclamo del movimiento estudiantil.

El 28 de mayo de este año, un centenar de estudiantes universitarios de diversas y variadas agrupaciones se unieron en el reclamo contra el cierre de la sede Merlo del CBC, que dejaba sin posibilidad de estudiar a los jóvenes de la zona oeste, probablemente los más pobres de todo el alumnado de la UBA. La medida consistió en ingresar al rectorado de la universidad para exigir al consejo directivo que se suscribiera un acta que describía la situación y expresaba el compromiso de darle solución.

Durante un par de horas, en presencia de todos los medios de comunicación, y en un edificio plagado de personal policial, al punto que cada segundo de debate está filmado, los estudiantes, encabezados por los dirigentes de la FUBA, hicieron sus planteos y requirieron soluciones de los consejeros.

El juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid quedó a cargo de la causa iniciada por las autoridades universitarias, en la que desfilaron como “testigos” contra los compañeros desde policías y decanos hasta el burócrata de APUBA Anró, el mismo que lideró hace no tanto tiempo el ataque de la patota oficial contra los estudiantes cuando se movilizaban para impedir la elección de Alterini como rector.

Después de indagar a diez dirigentes estudiantiles, el juez resolvió procesarlos por secuestro coactivo agravado por el número de participantes, delito que, conforme aquella previsora reforma kirchnerista, prevé una pena de 10 a 25 años de prisión. Consciente de lo brudo de su fallo, Aráoz de Lamadrid no acompañó el procesamiento con prisión preventiva, aunque sí trabó un embargo de $10.000 sobre los bienes de cada compañero y les prohibió salir del país. Esta resolución judicial, que las defensas de los compañeros, entre las que se cuenta CORREPI, ya están apelando, deja al desnudo, con claridad pocas veces vista, para qué quiere el gobierno un código penal más duro.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Sábado 15 de noviembre, a partir de las 12:00, Festival Antirrepresivo en la vereda de la casa de CORREPI, Caffarena nº 84, entre Caboto y Av. Pedro de Mendoza, La Boca. Bandas en vivo, exposición de fotos, radio abierta, números de magia y comidas caseras a precios económicos. Organiza CORREPI.

ARCHIVO 2008
Estamos ya ingresando a la etapa final de la recopilación de datos para la actualización 2008 de nuestro ARCHIVO DE CASOS, que sistematiza toda la información disponible sobre las personas asesinadas por el aparato represivo del estado usando sus diferentes modalidades (gatillo fácil, torturas, muertes en cárceles, desapariciones, etc.). Este año, lo presentaremos, como venimos haciendo, en el marco de una jornada antirrepresiva y acto en Plaza de Mayo, el viernes 12 de diciembre. El acto central comenzará a las 17:00.

Necesitamos, como cada año, el aporte de los compañeros y organizaciones de todo el país, que nos puedan enviar los datos de los casos locales que conozcan, y que generalmente no trascienden en los medios de comunicación. También es importante la actualización de casos de años anteriores, para que cada diciembre nuestro Archivo, que está pensado como una herramienta de denuncia a disposición de todos los que quieran usarlo, sea un poco más completo y preciso.

Toda la información que puedan enviar a correpi@fibertel.com.ar nos sirve, cuanto más completa, mejor. Gracias a todos.

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En La Plata, escuche Atando Cabos, el programa de radio de CORREPI, los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.

Los sábados, a las 18:00, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad .gov.ar, tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.
Visite nuestros espacios de difusión: http://correpidifus ion.blogspot. com/ y http://correpi. lahaine.org

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CORREPI