Boletín informativo nº 514

DOS PRESOS MUEREN POR ESTAR COLGADOS

En dos días murieron Lucas Martín González, en el penal de San Felipe de la provincia de Mendoza, y José Castro Moya, enla Unidad de Detención de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego

A Lucas González lo encontraron solo en una celda, con una frazada con un extremo en su cuello y, el otro, atado a una ventana.

Pero con el segundo las cosas no fueron tan simples. José Castro Moya estaba detenido hacía más de 10 años. Unos meses antes lo habían trasladado a la Unidad de Detenciones de Río Grande, separado de su familia que vive en Ushuaia. Como no lo dejaban ver a su familia (su hija había nacido y aún no la conocía), inició una medida para hablar con el jefe de la unidad y de nuevo pedir su traslado a Ushuaia.

Se trepó a un tinglado a más de 10 metros de altura, sin intenciones de suicidarse, ya que se había atado a una cuerda. Tenía una frazada para cubrirse del frío e incluso había llevado una botella para orinar.

Un video muestra los últimos 10 minutos antes que Moya cayera al suelo y rebotara en el piso, inducido por las palabras de un comisario de apellido Vélez, de Ushuaia y del personal de la División Servicios Especiales. TODOS con sus rostros tapados con pasamontañas mientras algunos sujetaban una red.

En el video, mientras aún estaba colgado, José le cuenta al comisario como el 24 de diciembre, por pedir ver a su familia, lo torturaron y lo encerraron en un freezer. La madre dice que el 2 de enero “hizo una presentación en el juzgado” con fotos, pero como suele ocurrir, las notificaciones se las retacearon para que la mujer no entendiera nada

A los 8 minutos, se ve en el video cómo, mientras le apuntan con una escopeta, le dicen “si quiere tirarse, la red es segura” o, con tono de orden, le sugieren: “tírese tranquilo que la red es segura”.

José se suelta y su cuerpo impacta contra el suelo. La red estaba, pero a varios metros de donde cayó.

Semanas más tarde, falleció como producto de una triple fractura de cráneo, luego de estar en terapia intensiva en estado de coma farmacológico.

Desde la justicia informaron que se ha comenzado una investigación para deslindar o no responsabilidades al personal policial que actuó en la Unidad de Detención Nº 1. La madre de José Castro Moya responsabiliza directamente al Director del Penal, José Ojeda, y al juez García Arpón de la ciudad de Ushuaia.

EL CASO DEL POLICÍA DE GATILLO FÁCIL DE LEGAJO INTACHABLE

En noviembre de 2007, cuando el sargento -hoy exonerado- Carlos Madrid, autoproclamado “autoridad” de Pablo Quirno, por donde se paseaba exhibiendo el arma reglamentaria, fusiló a Daniel Céspedes (19) cuando buscaba salvar a su amigo ganador del mano a mano con el hijo del “poronga” del barrio, en la misma localidad de Hurlingham se oían voces.

Tan solo unas cuadras más lejos, los familiares y los amigos de Jonatan “Tato” Mansilla (18) señalaban las paredes astilladas de los monoblocks, y hasta al perro de la vecina baleado por las ráfagas de la escopeta Itaka del oficial Sergio Nogueiras junto al sargento Marcos Rojas, ambos en actividad, cuando en julio de 2006 mataron a Tato por la espalda, en las calles de Villa Tesei de Hurlingham. Buscaban hacerle notar a fiscales y jueces que un enfrentamiento no existe cuando el revólver lechucero que le plantaron al chico, ni siquiera tenía martillo percutor.

Unas cuadras más cerca del lugar asolado por Carlos Madrid, en el barrio Textil de Villa Tesei, lucha y organización mediante habían logrado encarcelar al inspector Cristian Solana por disparar en julio de 2003 contra el auto de Rodrigo Corzo (27) y perforar su corazón. Más voces se levantaban para hacer notar a fiscales y jueces que conducir con los ojos cerrados porque le dio vértigo, no era posible para el cómplice del falso enfrentamiento, el sargento Ariel Nuñez, en actividad, que declaró como testigo.

Y las voces se multiplicaban, por Damián Salcedo (23), fusilado también en Villa Tesei, por el subinspector Luis Zaffonte y el cabo Sandro Soria en junio de 2003, para hacer notar a jueces y fiscales, que buscar antecedentes penales de la victima o investigar si manejaba un auto que no era de él, en nada ayudaría a probar que Damián estaba desarmado y que la bala policial que le impactó en la nuca le perforó el cráneo.

En febrero, el sargento Madrid fue condenado a doce años por homicidio simple. Los jueces tuvieron en cuenta que, prestando servicios en la división de traslados de detenidos, tenía un legajo intachable. Nadie pudo levantar la voz por la víctima y hacer primar la verdad. Su familia no logró ser representada en el juicio.

El oficial Nogueira, el de la Itaka, más de dos años después, fue citado a prestar declaración para recibir la noticia de que se lo investiga por la posible comisión de homicidio agravado por su función pública.

El sargento Nuñez, el del vértigo increíble, fue declarado prófugo y sus jefes, como siempre, no saben donde está. Después de cinco años tuvo tiempo suficiente para mudarse.

El subinspector Zaffonte y el cabo Soria, que ya festejaban el archivo de la causa, fueron acusados de homicidio y se quedarán esperando en su casa el juicio oral, quizás cuando ya hayan pasado seis años del falso enfrentamiento.

En Hurlingham, el gatillo fácil persiste sin condena efectiva, y es moneda común en los barrios pobres. En estos años de lucha, esas familias despojadas de sus jóvenes hijos, han comprendido que las voces se levantan por todos y contra uno: el estado, cuyos policías y jueces, llevan a cabo su política de represión.

QUIEN ASPIRA A PARECER, RENUNCIA A SER

“Quien aspira a parecer renuncia a ser”, decía José Ingenieros, tan curioso como contradictorio pensador argentino de la primera mitad del siglo pasado. Ineludible referencia intelectual de los “progres” de todos los tiempos, acuñó esa idea ignorando que en el futuro sus “discípulos” podrían reconocerse en ella.

Observen estas declaraciones:

“…Bombardean con noticias rojas que crean una realidad en la que el enemigo principal es la inseguridad urbana. Los políticos le temen a esos medios y en consecuencia modifican el Código Penal que se encuentra en escombros porque cada cambio es en realidad un mensaje motivado en una coyuntura que ya olvidamos…”

“…Hay un sistema penal paralelo, campos de detención como en Guantánamo verdadero centro clandestino de detención donde se ejecuta y tortura…”

“…Los modelos globales de exclusión social han creado un sujeto nuevo, que ya no es el explotado sino el excluido…”

Lo dijo el ministro de la Corte Raúl Zaffaroni en el Seminario sobre Derechos Humanos y Justicia Penal en América Latina organizado por la Corte Suprema de Justicia Argentina

También dijo: “…no obstante hay que evitar el fraccionamiento de la sociedad que es lo que buscan estos discursos vindicativos partidarios de la pena de muerte…”

Desconocer el rol del estado en una sociedad clasista, ignorar la tensión que existe entre esas clases, omitir que el consenso y la fuerza son dos herramientas poderosas en manos de ese mismo estado, y que los medios de comunicación (que pueden distanciarse de determinado gobierno por negocios, pero no por ideología) juegan un papel trascendente en la formulación de ese consenso; silenciar que a ese mismo estado poco le importa si monopoliza la violencia legal o se entremezcla con la otra, mientras sus víctimas sean siempre las mismas, para concluir en que se debe fomentar la paz social, es en verdad la apariencia del concepto de Justicia.

El derecho sigue a los hechos, y esa verdad de Perogrullo no la ignora el Dr. Zaffaroni. El derecho es también ideología y estructura social. Que el derecho penal se encuentre en escombros, lejos de ser una cuestión volitiva de la política gerencial de gobiernos como los que él integra, es una consecuencia lógica de un proceso de acumulación y concentración de riqueza nunca antes visto.

Para el resguardo de ese proceso necesitan extremar las medidas de control y disciplinamiento social. Ahí utilizan el consenso, por eso bombardean con noticias rojas siempre y de tanto en tanto insisten con legalizar la pena de muerte o mienten con aquello de la policía detiene y detiene y los jueces liberan y liberan. En ese contexto se puede recurrir a la “descomposición” legal existente pareciendo que se administra justicia, se guardan las formas, sello y firma y archívese.

Parece, Dr. Zaffaroni, pero no es. Nosotros lo sabemos desde hace mucho tiempo, por eso somos lo que somos y estamos donde estamos.

MÁS MUERTES TRAS LAS REJAS AL CUIDADO DEL ESTADO

Oscar Chaparro (26) murió el 15 de enero en un camión de traslado, mientras era llevado desde la comisaría 1ª de Avellaneda a otra de la localidad bonaerense de Coronel Dorrego. Antonio Gómez Uribe fue encontrado muerto en una celda de la Jefatura de Villaguay, Entre Ríos, a la que recién había sido trasladado, el 7 de marzo. Silvia Nicodemo tenía 21 años el domingo 22 de febrero, cuando fue asesinada en el pabellón 8 de la cárcel de mujeres de Ezeiza. El domingo 1º de marzo murió un hombre en la Unidad Penal IX de La Plata. Por la tarde del 5 del mismo mes, Sergio Domínguez (34) murió en una comisaría de la localidad mendocina de Maipú.

Chaparro murió de asfixia, luego de permanecer el día más caluroso de todo el verano (hizo 40º a la sombra) sin comer ni tomar agua y con el camión de traslado con la ventilación rota. Tenía problemas de salud y estaba siendo trasladado porque los detenidos en la comisaría 1ª de Avellaneda se encontraban en condiciones deplorables, según un juez. Chaparro fue encontrado sin vida con signos de golpes en el rostro, la espalda y hasta en los genitales que se propinó él mismo ante la desesperación por la falta de oxígeno. Para la “Justicia” que lo mató era inocente, ya que no estaba condenado.

Gómez Uribe fue encontrado pendiendo de una sábana anudada a un barrote de una pequeña ventana de la celda donde había sido alojado en la jefatura de Villaguay. Uribe había amenazado a un celador días atrás. En el crimen de La Plata, la víctima murió por un corte profundo en el pecho.

Sergio Domínguez había sido detenido el día anterior a su muerte tras las rejas, porque se lo acusaba ser autor de un robo perpetrado a fines de 2008. Ni bien fue encerrado, el hombre comenzó a lastimarse golpeando los barrotes del calabozo con la cabeza. Por esas lesiones debió ser asistido médicamente y más tarde volvió al mismo calabozo. Por la tarde, un efectivo de la Comisaría Décima lo encontró colgado con su remera de un barrote del calabozo. Se quitó la vida al saber que por sus antecedentes de exclusión y marginalidad (”policiales” para la democracia de hoy en día) podría ir directo a un Penal.

Con respecto a Silvia Nicodemo, según el SPF la víctima fue encontrada muerta por sus compañeras, colgada de la ventana del baño con una sábana atada al cuello. Sus compañeras, en cambio, informaron que Silvia venía pidiendo desde hacía un tiempo el traslado hacia otro sector y su reclamo fue ignorado una y otra vez por el SPF. Todavía no se sabe quién fue el burócrata autor material del hecho, lo que sí se sabe es que fue alguien que cumplió una orden de la política del estado capitalista.

En el año 2008, sesenta y ocho seres humanos murieron mientras estaban “bajo tutela del estado”. Sólo en la primera semana de 2009 fueron seis las muertes en las cárceles. Desde que volvió a implantarse la democracia burguesa en el país en el año 1983, es la primera vez que organizaciones de trabajo social carcelario ven directamente censurada su posibilidad de ingresar a las cárceles. Ni Carlos Menem pudo conseguirlo.

Así se silencia y acalla lo que pasa tras los barrotes. Primero se los encierra por ser pobres y estar excluidos del sistema y luego se los mata, ya sea induciéndolos al suicidio, dejándolos que se maten entre ellos o por la acción directa de los funcionales a cargo de la represión.

LA “INSEGURIDAD” HACE “SHOCK”

El asesinato de un decorador, empleado de una conocida estrella de la TV, en circunstancias que apuntan a cuestiones personales, ya que los homicidas (uno de ellos empleado de vigilancia privada) fueron invitados por la propia víctima a pasar un día en su pileta, fue la excusa de turno para una nueva oleada de voces altisonantes que piden más dureza en las leyes, más rigor en su aplicación, y, ya que estamos, la pena de muerte.

Con la misma velocidad que muchos se “olvidaron” quiénes secuestraron a Leonardo Bergara, con quiénes tenían vínculos económicos y políticos los narcos de la efedrina, o quién manejaba el auto con 238 kilos de cocaína detenido por casualidad en Salta, por mencionar sólo tres ejemplos de flagrante participación criminal del aparato represivo estatal, se difundió este “nuevo” debate sobre la “inseguridad” y la pena de muerte.

Pero estas campañas de “ley y orden” al estilo far west no son nuevas. Son recurrentes, cíclicas y necesarias, sobre todo en ciertas circunstancias.

Hace más de 10 años, cuando a raíz del asesinato de un cabo en un asalto a un banco se comenzó a instalar lo que hoy llamamos “el problema de la inseguridad”, con titulares como “delincuentes… cada vez más jóvenes”, “crece la violencia”, “olas de asaltos”, “matar por matar” y el latiguillo dilecto “Inseguridad”, CORREPI, analizando el fenómeno, escribió:

…La necesidad de nuevos ajustes ante los tembladerales del capitalismo mundial requiere un estado represivo legitimado, sin ningún tipo de cuestionamiento. (…) En un momento de profunda crisis económica mundial, con previsiones de graves repercusiones recesivas y de parálisis industrial y laboral, no puede soslayarse que se perderán cientos de miles de puestos de trabajo. El aparato de seguridad, previa legitimación, con el pretexto del combate al delito, necesita construir un enemigo y estar mejor equipado, mejor entrenado, y por sobre todas las cosas, tener asegurada la impunidad. Es obvio entonces que necesiten legislación más represiva, jueces más cómplices y medios que inculquen que hay ladrones y que hay que matarlos.

…La enardecida y excitada sensación de falta de seguridad encarnada desde el autoritarismo desató una suerte de terror social en las clases medias con el pretexto de un auge de los delitos contra la propiedad, obteniendo consenso para facilitar el control social y la represión. Esta intención, dirigida a lograr la convicción de las clases medias de que cualquiera proveniente de sectores sociales bajos es un enemigo y merece ser eliminado, también está encaminada a los pobres para lograr imponer la desconfianza entre pares.

…Al asimilar la “seguridad” de la población al problema del “delito”, se perpetra un doble fraude político-ideológico. Por un lado se pretende secundarizar y relativizar un conjunto de demandas populares –trabajo, vivienda, salud, educación- que los rumbos actuales de la economía impiden satisfacer. Al mismo tiempo, al manipular la opinión de millones para que pongamos en el centro de nuestras preocupaciones y demandas el “problema de la delincuencia”, se orienta el reclamo popular hacia cuestiones en las que los gerentes de la Argentina globalizada son expertos en “solucionar”: más cárceles, menos derechos humanos, más pena de muerte, menos garantías, millones de pobres bajo sospecha. (”Inseguridad ciudadana o (in)seguridad del régimen”, CORREPI, septiembre de 1998).

Nada nuevo bajo el sol. Cuando el capitalismo está en crisis, y ve que crece el conflicto social, sabe que tendrá que reprimir para defender los intereses de la burguesía. Entonces, además de alistar su aparato represivo, tiene que darle legitimación. Tiene que crear consenso para el gatillo fácil, para la tortura y las detenciones arbitrarias, a través del endurecimiento del sistema penal, de la baja de la edad de imputabilidad o, mejor aún, del pedido explícito de pena de muerte… Y para eso, ¿quién mejor que la rubia diva del teléfono?.

INTERROGANTE CARNAVALERO

¿Cuál habrá sido el mejor carnaval este año en Argentina? ¿El de Gualeguaychú? ¿El de Corrientes? ¿Los corsos barriales en Buenos Aires? ¿O el que organizó la Asociación Madres de Plaza de Mayo en la ESMA, invitando a carnavalear entre los muros de la tortura?