Boletín informativo nº 520

CORREPI - BOLETÍN INFORMATIVO
NÚMERO 520 - 29 de abril de 2009
Sumario:
1. Trabajadores, jóvenes y discapacitados asesinados por las fuerzas represivas
2. A los palos: Solución a la crisis de vivienda
3. El derecho a ser condenados
4. Inseguridad, es la policía en la calle
5. BarcelonAntirrepresiva: “El mes pasado vivimos una ilíada y ahora esto” Se quejan y culpan a “la inseguridad”
6. Próximas actividades

TRABAJADORES, JÓVENES Y DISCAPACITADOS ASESINADOS POR LAS FUERZAS REPRESIVAS
Los jóvenes pobres y morochos son blanco preferido de los agentes de represión del estado cuando tienen que aplicar el gatillo fácil y así justificar su labor dentro del sistema actual. Ahora, dentro de esta persecución de la clase oprimida, podría pensarse que, alguna que otra vez, la policía podría llegar a tener un poco de clemencia con el oprimido, sobre todo si ve agudizada su explotación por algún problema psíquico o físico. Nada de eso. En el transcurso de estos días, las fuerzas represivas asesinaron a un discapacitado en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas y a un joven con problemas psiquiátricos en Moreno. También fue asesinado otro muchacho por las fuerzas estatales dentro de su casa ubicada en un barrio de José C. Paz.

Mauricio Chazarreta tenía 33 años el domingo 5 de abril, cuando fue asesinado en su propia casa de José C. Paz. Cuenta su familia que un vecino quiso robar a un vendedor ambulante del barrio, Mauricio lo defendió, y que la familia del ladrón fue la que llamó a la policía. Ni bien llegaron los agentes al lugar lo persiguieron a los tiros hasta su casa. Casa en la que murió y donde siguen viviendo la viuda y sus dos hijas, ahora ya sin padre.

Tenía 27 años, sobrevivía repartiendo estampitas en la estación Lemos del ferrocarril Urquiza. Se llamaba Luis Alberto Bolaños y era discapacitado. Su discapacidad la arraigaba desde que, producto de un cuadro de desnutrición padecido en su infancia, sufrió un daño neurológico tal que quedó con una mano atrofiada, una pierna más corta que la otra y dificultades para hablar, más un cuadro de oligofrenia profunda. Si su vida comenzó con la indeferencia del estado, hoy el estado –responsable de su desnutrición infantil y las consecuencias posteriores- no fue indiferente para terminar con su vida.
Bolaños salió el 13 de marzo a las 21:30 de su casa en Pablo Nogués para ir con amigos a un campeonato de penales que se hacía en el club 1º de Mayo. Dentro del mismo predio del club hay una granja educativa municipal llamada “Yhuhuasi”. Juan Pablo Rodríguez, un vigilador privado de la empresa Clave Seguridad SRL lo mató. A la mañana siguiente las fuerzas represivas bonaerense informaron a los padres de la muerte de Luis. En su primera declaración policial, Rodríguez aseguró que Bolaños entró con otras dos personas que, al ser descubiertos por su presencia, comenzaron a dispararle. El uniformado repelió de igual manera con varios disparos “al montón” –según sus propias palabras- que acabaron (por segunda vez) con la vida de otro joven pobre del conurbano bonaerense. No hay vainas secuestradas ni evidencias de la presencia de más personas al momento del asesinato.

Cristian Vallejos tenía 19 años. El miércoles 15 de abril, en Moreno, un asesino de las fuerzas estatales de la policía lo fusiló a tiros, tres de ellos por la espalda. Era un pibe con problemas psiquiátricos, estuvo internado en el Hospital Alvear, estuvo medicado psiquiátricamente hace un tiempo. Su madre dice que dos días antes Cristian le dijo que “estaba asustado porque un policía lo perseguía hacía unos días para que venda algo…”
La plata no le alcanzaba a Vallejos. Tenía dos trabajos, uno de ellos de sereno en una chatarrería de su barrio. Hacia allí se dirigía cuando fue muerto por la policía de Moreno en circunstancias que –según la misma fuerza que lo asesinó- dice haberlo descubierto junto a otro pibe intentando robar un kiosquito en la madrugada. El victimario era vecino del kiosco y fue llamado por la dueña.

Vallejos apareció desangrado en los fondos de la chatarrería en la que trabaja de sereno. Se desangró por el tiro que tenía en el muslo, lugar donde se encuentra un complejo arterial. En los alrededores del lugar, los vecinos aseguran haber escuchado sólo dos disparos. El policía, en su indagatoria, dice que los chicos le habrían tirado dos veces y él respondió con dos más. Infaltable, siempre que se trate de asesinatos policiales, una pistola calibre 32 automática apareció en la escena del crimen. La pericia reveló que estaba “en pésimo estado y no es apta para producir disparos”.

A los represores estatales no les bastó con asesinar a otro chico pobre, sino que la madre de la víctima fue burlada y humillada en la comisaría. Le hicieron firmar una declaración armada por la policía y le leyeron la declaración sabiendo que la señora es sorda.

A LOS PALOS: SOLUCIÓN ALA CRISIS DE VIVIENDA
En menos de dos semanas pudimos ver cómo, ante la crisis habitacional que sufren los pobres, los palos, las balas y los gases son la respuesta de los gobiernos. Uno de los últimos casos fue en el barrio Fátima de Villa Soldati. Un grupo de vecinos tomó unos edificios del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y finalizó con la intervención de la policía federal, con carros hidrantes y patrulleros a granel.

La semana pasada, la policía bonaerense, con una orden judicial, y muchos más policías de los que decía el papel (200), desalojó en Mar del Plata a las familias de un complejo de viviendas del barrio El Martillo, del denominado Plan Dignidad. Como en Villa Soldati, el operativo estuvo dominado por balas de goma y gases lacrimógenos, y concluyó con 25 manifestantes detenidos, incluido el abogado que representa a los ocupantes de las viviendas.

En la ciudad de Buenos Aires, durante el año 2008, se realizaron 350 desalojos que afectaron a 1.700 familias. El promedio en los últimos años es de dos desalojos diarios en la ciudad. Más de 500.000 personas se reparten en 13 villas, cuya población aumentó un 30 por ciento en los últimos cuatro años, 55 asentamientos precarios, dos núcleos habitacionales transitorios, tres barrios municipales y once complejos habitacionales.

En 2006 se destinó el seis por ciento del presupuesto total de la ciudad para la construcción de viviendas y para 2007 se asignó sólo el cinco por ciento. En 2008 el porcentaje bajó a un cuatro por ciento. Si bien no hay datos actuales, un informe del Poder Judicial de la Nación, permite precisar 4.833 causas, solo durante el año 2006, en concepto de desalojo por falta de pago, por vencimiento de contrato, comodato, intrusos y otras causales.
La policía provincial, la federal, gendarmería, efectivos de infantería y la policía montada son los encargados de quitarles el único lugar que muchas familias tienen para vivir y desarrollarse. Y cuando el costo político es mucho, no dudan en tercerizar la represión y dejarla en manos de patotas contratadas por empresarios linderos o interesados en las tierras.

Predios abandonados, lugares que funcionan como basureros a la intemperie, planes de vivienda que nunca son terminados, terrenos fiscales sin uso, son algunos de los lugares de los que son echados. Y, como ocurre en la ciudad de Mauricio, ni siquiera pueden estar en las calles ya que son golpeados y vejados por patotas contratadas por la ciudad.

Sin embargo, existen muchas tomas que están protegidas por la propia policía, como el caso de algunos sectores de la Villa 21/24, en el barrio porteño de Barracas, donde un grupo de narcos dirige un gran emprendimiento inmobiliario sostenido por balas y aprietes, gerenciados por la policía.

Así como los muros no detienen la pobreza, los palos, las balas y los gases no construyen casas ni hogares. Los árboles que sostuvieron ranchos hoy están dentro del caucho de los palitos de abollar ideologías.

EL DERECHO A SER CONDENADOS
“Es hora de que la Justicia tome las determinaciones que corresponden. No puede dejar en libertad, por más inimputable que sea, a alguien que tenga ese marco de peligrosidad”.

“Todo menor sabe que está prohibido robar y matar. Si un chico comete delitos graves tiene que tener sanciones graves”.

Las afirmaciones no pertenecen a un “consternado padre de familia azotado por el dolor de haber perdido a su hijo”, como los periodistas suelen llamar, palabras más, palabras menos, a sus entrevistados cuando se trata de algún familiar de una victima de la “inseguridad”.

Estas frases desbordantes de “sentido común”, llevan la firma ni más ni menos que de nuestro copresidente Néstor Kirchner, y de Aníbal Fernández, respectivamente, y se refieren al niño de 14 años que en medio de un tiroteo terminó hiriendo mortalmente al camionero Capristo.

Instalada ya una nueva “ola de inseguridad”, tanto los citados mandatos de Kirchner y Fernández, como las marchas de vecinos del chofer, encontraron su correlato en una celeridad inusitada: en estos días se debate en el congreso la manera de hacer legal la imputabilidad de los niños desde los 14 años.

Luego del impulso inicial, el lenguaje adoptado por los voceros oficiales nos habla de la necesidad de “dar a los chicos, desde los 14 años, el derecho a ser juzgados con todas las garantías procesales” pretendiendo dar a entender que el establecimiento de un régimen de responsabilidad penal juvenil será al mismo tiempo una mejora en las condiciones procesales de los menores. Otra vez, asesoramiento de Zaffaroni mediante, la etiqueta progre para el veneno represivo.

A la luz de los mismos números sobre los que se basa la pretendida reforma, el delito juvenil mantiene una tendencia decreciente desde el año 2000, con una participación actual de sólo el 6% del total de los ilícitos, una proporción equiparable a la de países como Francia.

Estos datos van a contramano tanto de la “sensación de inseguridad” impuesta desde el gobierno a través de sus medios de comunicación, como de la supuesta respuesta que esta reforma legal da al pedido de más seguridad.

Es claro que de lo que se trata, como siempre, es de un paso más en la adquisición de herramientas legales que permitan a los distintos gobiernos arremeter contra los sectores más golpeados de nuestro pueblo. Pero más o menos herramientas legales no son directamente proporcionales a más o menos represión.

Aunque no aparezca escrito en ninguna ley, la forma que tiene el estado para adoctrinar a nuestros chicos, a los hijos de los pobres no variará con una u otra legislación: la picana, los “suicidios”, las torturas, el encierro, la muerte.

Mienten quienes nos pretenden imponer el falso debate legislativo, escondiendo detrás de la biblioteca los cadáveres de los miles de pobres que cada día y medio reafirman con un nuevo muerto, que mientras se mantenga este carácter clasista del sistema judicial y de todo el estado, los niños pobres seguirán muriendo en los reformatorios, seguirán torturados en las comisarías. Y por supuesto, también seguirán siendo pobres.

INSEGURIDAD, ES LA POLICÍA EN LA CALLE
Si bien ésta no es la conclusión a la que llega La Nación en su nota publicada el 20 de este mes, la información que vuelca se acerca bastante.

El título fue “En lo que va del año fue sumariado un policía federal por día”, donde advierte la participación policial en delitos como secuestros extorsivos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de robos o liberar zonas para permitirlos, venta de drogas, armado de operativos truchos, armado de causas fraguadas, extorsión a comerciantes y vendedores ambulantes, manejar y administrar redes de desarmaderos, de prostíbulos y trata de personas, y además en muchos casos, no sólo administra, sino que directamente ejecuta el delito.

Cabe una pregunta: ¿Por qué en la nota no aparecen sumarios administrativos contra los policías torturadores o de gatillo fácil? Esto tendría dos respuestas posibles: porque esos delitos son cometidos contra los “delincuentes” que atentan contra la propiedad, entonces estarían justificados, para La Nación. La otra es porque en esos casos, ni la justicia ni “asuntos internos” abren sumarios. Los policías implicados son ascendidos o premiados por el buen cumplimiento del deber.

Un policía sumariado por día equivale al 1% del total de integrantes de la fuerza. Unos 400 sobre 40.000. La población total de la Argentina, según el último censo nacional se acerca a los 38 millones. Si trasladamos el índice de criminalidad policial (1%) a los 38 millones, tendríamos casi 400.000 delincuentes. Si calculamos sobre los mayores de 14 años (25 millones) tendríamos 250.000.

Cabe preguntarse, también, por qué este índice no entra en el temario de la “inseguridad” para los grandes medios de comunicación, para los “especialistas”, para los jueces, diputados, senadores, etc, etc, etc.

Por un lado hay una necesidad de la clase dominante (y por ende del estado) de reprimir en todos los frentes, más y mejor. La estigmatización primero, y la represión después, del joven/pobre/delincuente, obedecen a esa necesidad, por eso la criminalidad policial es mostrada por los medios masivos como un problema menor, secundario, el problema “es otro”, es “el otro”, no “mi clase” ni quienes me defienden. Por otro lado, hay intereses materiales concretos. El pibe chorro es la mano de obra de una gran empresa, es la base de una pirámide de “permisos”, “vistas gordas” y pagos, que llegan hasta las más altas esferas del poder, el pibe chorro sabe que tiene que pagar para salir a robar, si no paga en efectivo y se corta solo, terminará pagando con su vida.

¿Puede uno pensar siquiera que un prostíbulo puede funcionar sin arreglo con la policía? ¿Cuanto tardaría la policía en detener a un “iniciado” en la venta de drogas sin arreglo previo? ¿Cuanto puede durar en la calle un ladrón “independiente”? ¿A quién le rendirá cuentas el preso que es liberado temporalmente para salir a robar? ¿Quién tiene las herramientas, materiales y logística para robar camiones blindados o hacer secuestros extorsivos?

No le vamos a pedir a La Nación que responda, tampoco le vamos a pedir que saque conclusiones que no defiendan los intereses de su clase. Inseguridad no es el pibe chorro, inseguridad es la policía en la calle.

BARCELONANTIRREPRESIVA: “EL MES PASADO VIVIMOS UNA ILÍADA Y AHORA ESTO” SE QUEJAN Y CULPAN A “LA INSEGURIDAD”
Una familia vive “una verdadera odisea” al ser atacada por Polifemo, Poseidón, los cíclopes y el canto de las sirenas

Mientras la cortina de humo que significó la muerte de Raúl Alfonsín quitó de las primeras planas de los diarios el avance incontenible de la delincuencia, una familia de Beccar sufrió un terrible ataque de seres mitológicos envalentonados por el camino allanada para el delito con la combinación explosiva de una policía desbordada, una Justicia garantista y políticos que miran para otro lado. Tras el espantoso episodio, las fuentes aseguran que la ministra de la Corte Suprema , Carmen Argibay, le adjudicó el ataque a “Eolo, que siempre está inflando las guindas”.

“Quisimos aprovechar el feriado que conmemora la gesta de los militares que tomaron Malvinas en 1982 y decidimos educar en las tradiciones patrias a nuestros hijos llevándolos a una estancia en San Antonio de Areco, pero allí empezó la odisea”, explica Ulises Mussa, el padre de familia, quien sostiene que al llegar a la altura de Campana “se cruzó en la ruta un tuerto gigantesco que nos quiso detener apuntándonos con una Itaka, después supe que el tipo era Polifemo y que un juez garantista lo había largado a pesar de que se había comido a varios hombres”. Mussa embistió al monstruoso sujeto con la camioneta 4×4 en la que se desplazaban y evitó de ese modo que se consumara el feroz atraco.

Pero las peripecias continuaron pocos kilómetros después cuando en las cercanías de Pilar un canto hipnótico y pegadizo se filtró en el interior del lujoso rodado, y el hijo del matrimonio Mussa, Telémaco, de 13 años, corrió con desesperación al encuentro de un grupo de travestis conocido como “Las Sirenas de Panamericana”, que despertó la libido del menor.
“Es una vergüenza, estaban en paños menores, y Telémaco no es de madera, por suerte mi esposa, Penélope, tenía unos tampones a mano y se los llegamos a poner en los oídos a nuestro hijo antes de que esos degenerados lo sometieran a sus más bajos instintos”, señaló Ulises Mussa.

Pese a las dificultades, la familia trató de continuar con su viaje de recreo, pero se topó con el peor de los peligros cuando se encontraba en las puertas de San Antonio de Areco.

“Fue espantoso, estábamos apenas a dos cuadras de la comisaría, y de pronto se vino una tormenta eléctrica, y en medio de una cortina de agua, se nos apareció una bandita bien pesada, cuyo jefe era un tal Poseidón, que nos quiso atracar, pero tuvimos la suerte de que un ingeniero que venía por la mano contraria vio lo que pasaba y se bajó de su auto disparándoles con una pistola Magnum, bajó a dos chorros, y el resto escapó, desde entonces estamos peleando para que la Justicia libere al ingeniero por que si no fuera por él no contábamos el cuento”, relató Mussa. Los delincuentes abatidos fueron identificados como Jonathan Brontes y Brian Urano.

“Estamos hartos de que nadie haga nada, los delincuentes del Cartel de Grecia, entran por una cueva, y salen por un panteón, el mes pasado quisimos aprovechar el día de la conmemoración de la llegada de los militares en 1976 y sufrimos una verdadera ilíada, la gente ya no da más, pagamos nuestros impuestos, y queremos seguridad, no puede ser que vivamos tras las rejas mientras los delincuentes viven en el olimpo”, se queja Ulises, mientras abraza a Penélope, como si hiciera dos décadas que no la ve. Cerca de ellos, Telémaco sigue perturbado por su terrible experiencia con las sirenas y promete que “si el Gobierno no para esto” volverá a la ruta para enfrentarlas, aunque pierda.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES:

Jueves 30 de abril, 20:30, en el Salón Auditorio del Hotel Bauen, Callao 360, ciudad de Buenos Aires, CORREPI y Ediciones Herramienta invitan a la presentación del libro: Represión en democracia (de la “primavera alfonsinista” al “gobierno de los derechos humanos”). Panel a cargo de los periodistas Ricardo Canaletti (TN-Canal 13), Marcelo Orlando (Radio América) y Rolando Barbano (Clarín). El periodista Herman Schiller (Radio Ciudad) oficiará de moderador.