Boletín informativo nº 525

PERSECUCIONES Y ALLANAMIENTOS QUE TERMINAN EN FUSILAMIENTOS

En cumplimiento de la política represiva agudizada, entre la última semana de mayo y el comienzo de junio, persecuciones, allanamientos y los consabidos “enfrentamientos” con víctimas que nunca disparan, terminaron con la vida de siete personas bajo las balas policiales.

Un joven de 16 años fue muerto por un sargento de la comisaría quinta de Vicente López, arriba de un colectivo de línea que se desplazaba por Bernal Oeste. Por más esfuerzo en aparentar un enfrentamiento puesto en los titulares de diarios y las versiones de sus colegas de fuerza, el impacto en el pulmón izquierdo indica que lo fusiló por la espalda, y que el breve “intercambio de disparos” solo consistió en los dos balazos de su arma reglamentaria.

También en la zona sur del conurbano bonaerense, en un colectivo de la línea 28 que transitaba por Lanús, otro sargento, pero de la policía federal, mató a un joven de 28 años que, según su versión, portaba un cuchillo tramontina, haciendo más dificultoso aún que se sostuviera la versión del enfrentamiento.

Dos “persecuciones” con total desprecio de la vida: En Tucumán, el agente Iván Ávila, del destacamento de patrulla urbana del barrio Piedrabuena, según la versión policial, salió en una motocicleta particular en búsqueda de “motoarrebatadores” y provocó una descarga de balazos cuando transitaba por una calle donde una docena de pibes jugaban fútbol. Ariel Ledesma, (13), intentó correr a su casa, mientras sus amigos se arrojaban al suelo. Recibió un impacto en la nuca, muriendo en el hospital.

En la localidad correntina de Esquina, en una balacera desatada en una estación de servicio que habría sido asaltada, Leandro Escobar (54) murió baleado por la espalda por tres policías de la comisaría de distrito que resultaron ilesos y fueron detenidos, cómodamente alojados en la misma dependencia donde prestan servicio.

En tanto, en el barrio Parque San Martín de Merlo, Marcela Serrano (28) fue fusilada en el interior de su casa cuando siete integrantes del grupo de elite de la bonaerense “división de investigaciones complejas y crimen organizado”, según fue probado, llegaron de civil en dos Fiat Palio particulares, uno sin patente, como parte de cuatro allanamientos en busca de objetos robados. El marido de la joven, al no identificar que se trataba de policías y ver que rompían la puerta de entrada, se defendió disparando al piso de la puerta. Los policías ingresaron a la vivienda abriendo fuego con dos escopetas y armas reglamentarias. La joven mujer murió con dos escopetazos, caída sobre el cuerpo de su hijo de diez años a quien trataba de proteger.

Ya al finalizar esta semana, los “tiroteos ficcionados” por parte de la policía federal acabaron con la vida de otras dos personas.

Un hombre de nacionalidad paraguaya, por “portación de cara”, fue identificado por policías de la comisaría 14ª de San Telmo. Tras exhibir sus documentos, lo dejaron ir, sólo para dispararle ocho veces, ante la sospecha de que portaba un arma, cuidadosamente encontrada ya junto al cadáver, sin haber disparado un solo tiro. Otro hombre desarmado fue fusilado en la Villa 21-24 por integrantes de la comisaría 34ª cuando se cruzó con una supuesta persecución por la zona.

Hace pocos días, el jefe de la bonaerense, durante el sepelio de un subordinado que no usaba el chaleco antibalas, declaró: “(los policías) estamos dispuestos a todo”. Fiel síntesis de la tarea de las fuerzas represivas de todo el país bajo el mando del gobierno de los derechos humanos.

TORTURA: “LA CULPA ES DEL PROTOCOLO DE ESTAMBUL”

Hojeando al azar los diarios de la semana leímos que:

Una adolescente de 16 años, con un severo retraso mental, fue internada por orden judicial, en una causa por abandono de persona, en el Hospital Paroissien, de Isidro Casanova. Para protegerla, el juzgado dispuso una custodia policial. Una enfermera del hospital se dio cuenta, poco después, que la niña discapacitada había sido violada por el policía de consigna, de 28 años de edad. Según informan brevemente los diarios, mientras un fiscal “investiga”, el Ministerio de Seguridad “está evaluando” si exoneran al violador.

En Rafaela, provincia de Santa Fe, la policía detuvo a un muchacho de 22 años, acusándolo de un delito menor. Como el chico negó ser el autor, lo vejaron y apalearon, y luego le aplicaron picana eléctrica. Finalmente, los policías se convencieron de su inocencia y lo liberaron, lo que no impidió que el joven los denunciara, apoyado en la cruda evidencia de las lesiones que presentaba.

No tuvo la misma fortuna de sobrevivir Nahuel Balsano, (21), detenido el 24 de abril a la madrugada, mientras esperaba al lechero en la casa de su madre, “manzanera” encargada del reparto de leche en Avellaneda. Lo llevaron a la comisaría 3ª (Dock Sud), la misma donde Diego Gallardo (21) fue torturado hasta morir el 11 de enero de 2005. Como Diego, Nahuel fue molido a golpes durante los tres días que estuvo detenido. El domingo a la noche los policías informaron a sus padres que “Hubo un pequeño problema dentro de la celda y lo tuvimos que enviar al hospital”. Además de los golpes, presentaba quemaduras en el 90% de su cuerpo. Tras casi dos semanas de agonía, murió en el Hospital Fiorito.

Como para confirmar que la imposición de tormentos es política de estado en el capitalismo, leímos también esta semana que cinco detenidos sospechosos de tráfico de marihuana, en Londres, fueron sometidos al “submarino” o “mojarrita”, que los anglófonos llaman “waterboarding”. La denuncia puso a la luz una red policial dedicada a fabricar pruebas falsas para incriminar inocentes, que no se privaba de robar televisores, “ipods” y otros elementos de sus víctimas. La investigación fue puesta a cargo de la Comisión Independiente de Quejas contra la Policía (IPCC) que tan independiente no es, ya que ni siquiera es un órgano judicial, y depende de las mismas autoridades que la policía. Su primera recomendación fue que se retiraran las acusaciones contra los cinco, “para evitar que el asunto de las torturas policiales y las pesquisas sobre la trama de corrupción salieran a la luz pública”.

De vuelta en nuestro país, en la provincia de Chaco, el “Observatorio por el Buen Trato Institucional de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia”, un organismo oficial, debió reconocer que el año pasado se presentaron más de 100 denuncias por torturas (claro, el funcionario dijo “vejaciones y apremios ilegales”) en comisarías del Gran Resistencia, y que, en lo que va de 2009, hay un promedio de tres denuncias semanales. Los métodos, bien clásicos: “Los agentes policiales desnudan a los detenidos y después los golpean con los bastones policiales en lugares donde no queden marcas. Se les pega en las plantas de los pies o en las yemas de los dedos. También en el estómago o en los genitales”, ejemplificó un asesor del Observatorio. Y agregó que es frecuente, también, el uso de picana eléctrica, generalmente activada con batería de motos

Pero el funcionario gubernamental explicó el motivo por el cual la enorme mayoría de esas denuncias (a su vez, una ínfima proporción sobre los casos ocurridos) quedan impunes: “Muy pocas denuncias llegan a tener alguna condena debido a la falta de capacitación en el Protocolo de Estambul, el cual detalla la manera en que se debe actuar ante un hecho de tortura. Al no tener este conocimiento los fiscales pierden pruebas importantísimas”. Está claro. El problema es que jueces y fiscales no han estudiado lo suficiente. No, como afirmamos los conspirativos de siempre, que jueces y fiscales tengan como tarea garantizar la impunidad de los torturadores.

La burguesía cierra filas y se prepara

Previendo la profundización de la crisis y en consecuencia un crecimiento de las protestas sociales, la burguesía nacional se prepara para la represión, pasa revista del aparato represivo, lo aceita y pone a punto, listo para actuar ordenada y organizadamente sin fisuras.

La semana pasada los diarios CYN Digital y Río Negro on line, informaban sobre la creación de un nuevo “manual para actuar en los cortes de rutas”, elaborado por el jefe de fiscales, Alberto Tribug, a pedido de la fiscalía del tribunal superior de justicia de la provincia de Neuquén.

En el “instructivo” texto, se establece el procedimiento para que la fiscalía, los jueces, la policía y el tribunal superior trabajen mancomunadamente para garantizar la represión y que a nadie se le ocurra no cumplir su parte en la tarea.

El manual obliga a los fiscales a intervenir en los cortes y cumplir (y hacer cumplir), a como de lugar, el desalojo. Primero tienen que informar a la policía y al juez de instrucción, y elaborar un acta de inspección ocular. En el informe al juez, el fiscal le tiene que pedir la inspección judicial, la identificación de todos los autores, la intimación a desocupar la ruta, y debe dar la orden de reprimir a la policía.

Ordena, textualmente: “la inmediata liberación de los espacios por medio de la fuerza pública”. También prevé cómo resolver la posibilidad de que no todos los funcionarios estén alineados o que alguno no quiera hacerse responsable de la represión. Por ejemplo, si el juez se niega a reprimir, el fiscal está obligado a apelar y mandarlo en cana ante el tribunal superior de justicia, porque “impide la prosecución de la acción penal bajo responsabilidad del ministerio fiscal”.

Por otro lado, si la policía es la se niega a reprimir aduciendo “falta de capacidad operativa” el manual obliga al fiscal a que “compruebe la cantidad de personas que se encuentren en el corte, a modo de acreditar la alegada falta de capacidad operativa”, y además “deberá requerirse al juez interviniente la inmediata intimación a la Policía con notificación directa al jefe de la fuerza, bajo apercibimiento de iniciar acción por el delito de desobediencia a una orden judicial”, y si todo eso aún no alcanza “deberán solicitar al juez que disponga el cumplimiento inmediato de las medidas directamente a la Jefatura de Policía, para que disponga los medios necesarios a tal fin”.

Una vez terminada la represión e impuesto el orden por la fuerza, el instructivo ordena lisa y llanamente criminalizar la protesta planteando que “los integrantes del ministerio público fiscal deberán continuar impulsando la acción penal”.

El manual no tiene nada de sorprendente. De hecho el estado, en este caso en Neuquén, no ha tenido demasiados problemas a la hora de reprimir. Lo único, tal vez más llamativo, es la obligación a los fiscales de garantizar si o si la represión, controlando que se cumpla y mandando en cana a propios y extraños si alguno duda o no quiere hacerse cargo del muerto. Garantiza así un mejor funcionamiento y alineamiento de todas las instancias legales a la hora de reprimir, minimizando las posibilidades de una casual inacción de alguna de esas instancias.

83 AÑOS DE PRISIÓN PARA INTEGRANTES DE DOS BANDAS DE POLICÍAS

En total, les dieron 83 años de prisión a 5 policías de la bonaerense que integraban dos bandas de ladrones y asesinos. Una tercera banda está acusada de robar 400.000 pesos de una empresa de caudales y se la investiga por otro robo profesional.

El tribunal oral de Quilmes condenó a dos policías de la bonaerense a prisión perpetua por el crimen del abogado y prestamista Marcelo Horacio Penna. También penó a otro policía a 9 años de prisión y a 12 años a Gladys Díaz, ex pareja del abogado.

La polibanda estaba integrada por José Lescano y Sebastián Sandoval, policías de dos comisarías de Quilmes, y Ramón Lescano, que en ese momento se encontraba en disponibilidad preventiva. El cadáver fue hallado esposado a un árbol en el parque Pereyra Iraola, semidesnudo y con signos de tortura.

En otro caso, la justicia de San Martín condenó a 11 y 13 años de cárcel a dos bonaerenses por un gatillo fácil. El 4 de noviembre de 2006, un vigilador privado, Gustavo Visciglia (35), salió de su casa en su auto rumbo a su trabajo, cuando vio que se le aproximaron dos sujetos armados. Creyendo que era un asalto, sacó su revolver y murió tras recibir dos balazos.

Esta polibanda estaba integrada por los policías Fabián Pereyra (ese día estaba de franco) que trabajaba en la seccional 8ª de Villa Concepción, y Miguel Ojeda, de la DDI de San Martín, que estaba en disponibilidad preventiva desde el 17 de junio de 2006. Ambos fueron acusados por “homicidio simple”. Otros dos policías de la misma comisaría, que estaban imputados por “encubrimiento”, Fabricio González y Mario Medina, fueron absueltos. Estaban acusados de ocultar un arma (que fue encontrada en el basural del CEAMSE, en San Martín) para favorecer a sus colegas.

La versión policial fue que el vigilador creyó que Pereyra y Ojeda iban a asaltarlo y éstos, a su vez, le dispararon al pensar que era un ladrón. El hermano mayor de la víctima salió al balcón luego de escuchar los disparos; ahí vio y fotografió cómo disparaban otra pistola para “plantársela” a la víctima, le colocaban un alijo de droga adentro de su auto y como uno de los otros dos policías (presuntamente Medina) retiró una de las dos pistolas usadas por los policías.

Finalmente, una suboficial de la Policía Federal, Celia Cejas Martín, que trabaja en la división Drogas Peligrosas, y su esposo, quedaron detenidos ayer bajo sospecha de formar parte de una banda que asaltó a los custodios de un blindado cuando recargaban un cajero del Banco Credicoop, en el Mercado Central. Entre los sospechosos también aparece una parte de la familia del marido, casi todos policías de la Federal. Uno de ellos es el suegro de ella, un suboficial retirado que trabaja en la División Custodias asignado al vicepresidente Julio Cobos.

Además del robo de $ 400.000, que ocurrió el 4 de febrero de 2009, se sospecha que los detenidos son responsables de otro robo a un blindado, ocurrido el 29 de abril en Ituzaingó, cuando dos custodios retiraban el dinero de un Pago Fácil. Aquél fue un robo muy profesional, en el que ocho ladrones de traje rodearon al blindado con tres autos, mientras otra parte desviaba el tránsito.

Como podemos observar, cuando hay que investigar el delito organizado, por un intento de robo que terminó en gatillo fácil, el asesinato por torturas de un abogado prestamista o el robo de blindados de empresas de caudales, la familia policial aparece en la coordinación, gestión y gerenciamiento de esas actividades. Solo resta preguntarse si serán condenados con prisión efectiva o si, como en la mayoría de los casos, esperarán a los juicios en sus casas o completarán sus condenas con una pulsera magnética u otro privilegio que la justicia les otorgue.

MÁS MUERTE EN LAS CÁRCELES, COMISARÍAS E INSTITUTOS DE MENORES

Joaquín Zalazar, un detenido alojado en el penal de máxima seguridad de Almafuerte, Mendoza, fue hallado sin vida dentro de su celda el 17 de junio pasado. Fue encontrado con las muñecas cortadas, pero el forense informó que la muerte podría haber sido originada por la ruptura de una bolsa con cocaína que reventó en su estómago ¿Cómo se cortó las muñecas si tuvo una tremenda sobredosis? ¿Cómo llegó el envoltorio con cocaína a su cuerpo? ¿Quién se lo hizo tragar?

En esta cárcel de máxima seguridad, “todo” lo que sucede dentro, además de ser responsabilidad de los uniformados, se captura en video. Pero, justo al momento de la muerte de Joaquín, las cámaras nada pudieron captar, o eso afirman fuentes judiciales. La única comunicación oficial que ofreció el Ministerio de Seguridad fue el anuncio del suicidio de un preso.

En la comisaría tercera de Gral. Roca, Río Negro, donde se produjo el dudoso suicidio de Matías Molina (17) el 1º de noviembre último, fue encontrada sin vida, el 10 de junio, Dina Márquez, una joven de 23 años.

Según la versión policial, la mujer, detenida en un comercio de la zona por estafa, se ahorcó con el cordón de una de sus zapatillas, que, dicho sea de paso, no estaban en el calabozo en el que esta estaba alojada. Por supuesto, la versión oficial habla de una crisis depresiva. Qué ojo que tienen las fuerzas de seguridad para detener justo a los que están en crisis o deprimidos…

Aportando su grano de arena, los institutos de menores volvieron a ser noticia. Tres jóvenes alojados en el Irar (Instituto de Rehabilitación del Adolescente Rosario) tuvieron que ser hospitalizados con principio de asfixia y quemaduras, tras una quema de colchones y frazadas. Luego de ser atendidos, regresaron al instituto.

Por su parte los penitenciarios se quejan por que cuando sucedió la quema, no había agentes civiles cerca y tuvieron que asistir a los jóvenes ellos mismos…

PEQUEÑO ÍNDICE DE NOTICIAS DE POLICHORROS

Para los que se preocupan por la seguridad ciudadana, algunos títulos recientes en los diarios:

Tucumán, 18 de junio: En el parque 9 de julio, un policía y tres cómplices pedían coimas a automovilistas.

Mendoza, 18 de junio: Un policía quedó imputado por robar en un cajero automático de Godoy Cruz. La cámara de seguridad del cajero registró al policía extrayendo casi $5.000 de la cuenta de un hombre que olvidó su trajeta. Cuando fue detenido, quiso coimear al fiscal.

Mendoza, 19 de junio: Ex gendarme vendía, alquilaba y reparaba armas a delincuentes. El hombre “prestaba” por 500 pesos un “fierro” para un ilícito.

Rosario, 20 de junio: Dos comisarios desplazados por vigilancia policial en un puticlub. El jefe de Inspección de la Zona 1 y el titular de la seccional primera, superiores del agente asesinado en una casa de citas, fueron trasladados y se inició una investigación interna.

Mar del Plata, 14 de junio: Cámaras captaron a una mujer policía robando en un minimercado. Fue en el centro de Mar del Plata, donde la agente escondió entre sus ropas latas de alimentos.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Miércoles 24 de junio, 9:00, en el Palacio de Tribunales (Talcahuano 550), conferencia de prensa para informar sobre la querella contra policía federal y sus superiores, interpuesta por los compañeros del Centro Cultural La Sala, con patrocinio de CORREPI.

Viernes 26 de junio, en Mar del Plata, comienza el juicio oral y público por el homicidio de Carlos Alejandro Suárez (21), fusilado por el policía Roque Benítez. El Frente Antirrepresivo de Mar del Plata, que representa a la familia de Carlos, convoca a movilizarnos en la esquina de Almte. Brown y Tucumán. CORREPI adhiere.

Viernes 3 de julio en Olavarría, presentación del libro “Represión en democracia”. Invita: Insurgente Espacio de Interacción Cultural. En el Centro de Integración Comunitaria calle 113 bis num 601 (frente al facundo quiroga II)

Invitan y organizan: Insurgente Espacio Cultural - CORREPI

Adhieren: Facultad de Ciencias Sociales-Unicen, APDH filial Olavarria, CTA y Partido Obrero, Centro de Estudiantes de la FACSO

Domingo 5 de julio A 6 años del asesinato de Rodrigo Corzo haremos una actividad de denuncia y búsqueda del prófugo Sargento ARIEL HORACIO NUÑEZ. Desde las 14:30 en la plaza San Martín de Morón.