Boletín informativo nº 529

LA TORTURA NO DA DE COMER…

…parecieran decir en la comisaría 3ª de Avellaneda.

Es que allí, hace casi 5 años, torturaron a ocho detenidos. Uno de ellos, Diego Gallardo, murió horas después, como consecuencia de los 57 palazos recibidos. Evidentemente, en esa comisaría se cumple muy bien con el deber que tienen las fuerzas de seguridad de reprimir y asesinar sin otra precaución que elegir una víctima pobre.

Pero parece que con lo que el estado les paga para hacer su trabajo, los muchachos no llegan a fin de mes, y entonces se buscan alguna changuita.

Hace un par de semanas se publicó en el diario Crítica Digital una nota en la que se informa de la desaparición de cuatro kilos de cocaína, nueve de marihuana y ocho armas de fuego que habían sido secuestradas y puestas a “resguardo” en la caja fuerte de esa dependencia.

Debe ser que “Con la tortura no alcanza para nada y con el gatillo fácil no hacemos la diferencia”, entonces no hay otra que vender droga en el barrio y traficar armas. Además de las otras changuitas como la trata de blancas, las extorsiones, la explotación de la prostitución, la organización de la delincuencia juvenil, etc, etc, etc.

No nos cansamos de decir que no existe delito en el que directa o indirectamente no esté involucrada la policía.

No nos cansamos de decir que, “inseguridad”, es la policía en la calle.

MÁS MUERTES EN CÁRCELES Y COMISARÍAS

Milton César Santa Cruz, de 38 años, murió el domingo 26 de julio. Estaba preso en la Unidad 19 del Servicio Penitenciario Federal, más conocida como “La Granja” de Ezeiza. Como es costumbre, la información policial habla de “una riña entre convictos” en la que la víctima habría recibido un puntazo en el tórax. Lo curioso es que en “La Granja”, en teoría, sólo están alojados los presos de “excelente conducta”.

La misma semana, un joven de 28 años murió dentro de la Unidad Carcelaria N° 31 de Florencio Varela. La versión oficial habla nuevamente de un gran alboroto cuyo saldo fue una herida de arma blanca en el tórax de la víctima. Nada se dijo de las causas del supuesto “alboroto”.

Otra “riña” dejó el saldo de un preso muerto y otro herido, esta vez el último día del pasado mes de julio, en la cárcel de Boulogne Sur Mer (Mendoza). Cristian Pizarro, de 34 años, falleció cuando intentaban llevarlo hasta la enfermería de la cárcel.

La sucesión de presos asesinados o que figuran como “suicidados” lleva, en menos de un año, al número de veinticuatro presos muertos sólo en los tres centros de detención de la provincia cuyana.

Es en este marco donde se sitúa la muerte de otro preso “suicidado” dentro del, también mendocino, complejo penitenciario Almafuerte (Cacheuta). El joven de 24 años cumplía allí su condena cuando apareció “ahorcado”.

Pero los suicidios por ahorcamiento no son patrimonio exclusivo de los penales mendocinos. En la comisaría tercera de Los Hornos (ciudad de La Plata), el pasado miércoles 22 de julio un hombre “fue hallado ahorcado con su cinturón” en la celda donde se encontraba demorado. Es decir, detenido por una falta o por averiguación de antecedentes, no acusado de haber cometido un delito.

A la primera sospecha que causa la presencia de un cinturón dentro de una celda, se suma la no menos sinuosa explicación del jefe de la policía distrital de Villa Elvira, Agustín Vidal, quien dijo que “el custodio dejó al hombre unos minutos esposado con las manos adelante y cuando regresó lo halló ahorcado con su cinturón”. Hombre hábil, el muerto, para ahorcarse esposado.

El cuadro de muertes en cárceles y comisarías lo completa-por ahora- el caso de un chico de 17 años apellidado Quiñones, quien murió tres días después de sufrir graves quemaduras en el 50% de su cuerpo, a raíz de un incendio ocurrido el martes 14 de julio dentro de su celda de la Seccional 18 de la ciudad de Campo Gallo, en Santiago del Estero, compartida en ese momento con Ramón Abel Godoy (21), quien sufrió heridas en sus manos.

Esta vez el asesinato contó con la inmediata denuncia de familiares y amigos de Quiñones, quienes luego de inhumar los restos del chico fallecido, se trasladaron hasta la comisaría de la ciudad y comenzaron una protesta que terminó con el incendio de la guardia de la dependencia. Los uniformados reprimieron la manifestación con gases lacrimógenos y balas de goma, hasta que lograron desarticularla.

A lo largo y a lo ancho del país, día tras día, en esos verdaderos centros de tortura y encierro llamados cárceles, al igual que en las comisarías, se suceden sistemáticamente las muertes de quienes las habitan: los pobres. A cada caso le sigue una versión oficial que oscila sin mayor creatividad entre supuestos suicidios, riñas o motines. Y cuando la indignación de los amigos y familiares de alguna de las miles de víctimas hace nacer la justa lucha por el esclarecimiento de los hechos, la respuesta estatal vuelve a ser la misma: más y más represión.

FEDERAL O MILITAR, SIEMPRE GATILLARÁN

Las fuerzas represivas continúan el genocidio contra las clases menos pudientes. Esta vez les tocó ser víctimas a un hombre en Bernal, asesinado por un policía federal, y a un chico de 16 años en Las Heras (Mendoza), muerto por un militar.

El primero, según la versión oficial, ingresó el 29 de julio a una remisería con intenciones de robo. Estaba armado con un cuchillo de cocina y con un caño en “L” que parecía ser “una tumbera” (escopeta artesanal fabricada con caños). En el lugar había dos choferes y un sargento de la PFA, que se encontraba en calidad de cliente, de franco y vestido de civil. Cuando el hombre intentó sustraer objetos de valor, el policía sacó el arma reglamentaria y lo ejecutó de un disparo.

Lo que parecía una tumbera era un simple caño en forma de “L” que no estaba cargado ni era apto para disparar. El asesino es un sargento de comisaría 5ª que se entregó a la justicia, funcional a esta política de exterminio de los más golpeados, que enseguida lo dejó en libertad.

En el otro hecho, un militar de 52 años, suboficial de la VIII Brigada de Montaña que, según informaron fuentes represivas, se llama Sergio Borgino, asesinó a quemarropa a Sergio Damián Jalitt, de 16 años. Luego, lo cargó en su auto y lo abandonó en el basural del Borbollón, de la ciudad de Las Heras (Mendoza). Unas horas después se entregó a la policía.

La justificación que encontró el militar para asesinar fue que “estaba cansado de la inseguridad”.

Al parecer, el 27 de julio por la madrugada, Damián intentó forzar la cerradura del auto del militar con una navaja y un “destripador”. Sin dudarlo, el oficial represivo salió a la calle y cumplió con su tarea: lo ejecutó por la espalda. El tiro tuvo orificio de salida por el pecho. Murió en el acto.

Como es costumbre, el ministro de Seguridad local, Carlos Ciurca, salió a respaldar el accionar represivo. Dijo que la víctima era una persona vinculada al delito, ya que fue encontrado con un “destripador” (elemento para el robo de vehículos), una navaja y un tatuaje “tumbero” en el tobillo (cinco puntos).

Como puede observarse, las fuerzas represivas no se distinguen por el color del uniforme a la hora de eliminar el “problema de la inseguridad”, sea a sangre fría o por la espalda.

TORTURAS EN JUNÍN

Pablo Carreras, un joven residente en Junín, provincia de Buenos Aires, estaba detenido desde el mes de marzo en la comisaría 2ª de esa ciudad. El 29 de julio, a la hora de la siesta, se fugó por los techos junto a otros cuatro detenidos.

El comisario estaba de licencia, y los policías se percataron del faltante de presos (les quedó uno solo) a las 19:00. Comenzaron la búsqueda, y cerca de las 22:00 encontraron a Pablo en la casa de una amiga.

El muchacho, que estaba dormido al llegar el personal policial, no opuso resistencia alguna. Tampoco podía huir, ya que tenía un esguince en el pie derecho que le impedía ponerse de pie. Lo esposaron y subieron al patrullero, donde le destrozaron la cara a golpes.

Una vez en la comisaría, donde ya estaban reunidos todos los jefes de la zona, junto a los funcionarios judiciales de turno, lo siguieron torturando.

Enterado de la situación, el padre de Pablo, periodista local, radicó una denuncia por aplicación de tormentos ante la UFI 6 de Junín. A pesar de que ya se recibió la declaración testimonial de la dueña de la casa donde Pablo fue hallado, que ratificó su estado de indefensión y que no se había resistido al arresto, no se ha tomado medida alguna de importancia contra los torturadores.

Como de costumbre, la mano judicial del aparato estatal lava la cara de los ejecutores de uniforme.

REPRESIÓN EN ALMAGRO

El miercoles 12 de agosto, en la madrugada, los militantes de las organizaciones que sostienen el Centro Cultural Almagro, un local abandonado que desde 2001, recuperado desde entonces y recientemente reinaugurado, se enteraron que unos sujetos estabas levantando un muro de ladrillo tapiando la entrada. Al poco rato irrumpieron en el lugar 13 patrulleros, y, finalmente, personal de Infantería de la policía federal, que después de una fuerte represión, detuvieron a 13 personas.

Una gran cantidad de compañeros se movilizaron frente a la comisaría 9ª, mientras, dentro de la dependencia, abogados de diversas organizaciones, como CORREPI y la LADH exigían su liberación. Finalmente fueron puestos en libertad, aunque quedaron vinculados a dos causas, una por el delito de usurpación (siete compañeros), y otra por atentado y resistencia a la autoridad y lesiones (cuatro compañeros), con intervención de una fiscalía contravencional de la ciudad y un juzgado correccional nacional.

Como vemos, no hace falta que se ponga en funciones la policía metropolitana para reprimir en la ciudad de Buenos Aires. La PFA está siempre dispuesta, y el aparato judicial nacional confluye sin contradicciones con el de la ciudad para garantizar la represalia a los luchadores.

BARCELONaNTIRREPRESIVA

LA MUJER POLICIA DE SANTIAGO DEL ESTERO QUE PUBLICO FOTOS DESNUDA EN INTERNET NIEGA SER PARTIDARIA DEL “GATITO FACIL”

Como “un tiro al aire”, así describen sus compañeros de la fuerza a Verónica Vanessa Apez Muñoz, la joven policía que fue pasada a disponibilidad en Santiago del Estero por posar desnuda en una página de Internet. Según agentes, cabos y comisarios de la policía provincial “que hayan echado a Vane es una cagada porque éramos muchos los que la seguíamos por la web con la ilusión de que nos sacuda el machete”. Sin embargo, según fuentes de la propia policía santiagueña, la decisión de expulsar a la agente de la fuerza obedece a las manifestaciones de la ahora ex agente a favor del “gatito fácil”. Apez Muñoz había ejercido la prostitución en San Luis, Río Cuarto, Mendoza y Santa Fe, y estaría involucrada en un crimen ocurrido en 2002 en San Luis. “Pero eso es lo de menos, lo grave es que salga en bolas en internet”, explican en Santiago.

Nota: aunque Ud. no lo crea, la noticia es real.

La agente de policía de la provincia de Santiago del Estero, que tenía antecedentes penales por estar implicada en el asesinato de una pareja gay, en 2002, en la provincia de San Luis; que ejerció la prostitución desde antes de los 19 años en esa provincia y en otras tres, fue puesta a disponibilidad por sus superiores por haber publicado en un portal de Internet una foto suya desnuda.

Para los superiores de la fuerza santiagueña, que Verónica Vanessa Apez Muñoz estuviera involucrada en un asesinato no fue motivo para impedir su ingreso a la policía. Para que la fuerza ejerza con mayor eficacia el gatillo fácil es necesario que sus integrantes ya tengan alguna experiencia.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES:

Domingo 16 de agosto, desde las 15:00, en la PLAZA ESTACIÓN DE LANÚS, Acto homenaje - Radio Abierta por CARLOS “PETETE” ALMIRON, asesinado por la represión estatal durante la rebelión de diciembre de 2001. Convocan: CPS 29 de Mayo y CORREPI.

Presentaciones del libro “REPRESIÓN EN DEMOCRACIA -de la primavera alfonsinista al gobierno de los derechos humanos”: 14 de agosto, en Comodoro Rivadavia (en la Cátedra Libre de DDHH de la Universidad San Juan Bosco); 15 de agosto, en Trelew (Universidad San Juan Bosco), y próximamente Paraná, Mendoza y Esquel.