Boletín informativo nº 536

PERGAMINO: PIBE DE 15 AÑOS ASESINADO POR LA BONAERENSE

El 20 de octubre pasado, Juan Carlos Quiroz (15) estaba con sus amigos jugando al fútbol en una cancha cerca del campo de deportes del Banco de la Provincia en Pergamino. Fue allí cuando un hombre les ofreció a él y a sus amigos $100 para que entregaran un sobre. Juan aceptó. El chico no sabía qué había algo adentro. Cuando llegó al lugar indicado, dos policías vestidos de civil se bajaron de un auto particular. Con el arma reglamentaria le dispararon un tiro en el cuello. Juan cayó muerto. Los policías Alberto Conde y Daniel Alberto Fernández quedaron detenidos por el delito de homicidio calificado, en concurso real con el delito de abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público. Todo eso para decir gatillo fácil.

Los uniformados no sólo ejecutaron a Juan, sino que además abandonaron al cadáver del chico en un descampado. Un vecino descubrió los restos y llamó al 911.

Horas después, dos policías fueron a buscar a la madre de Juan, diciéndole que tenía que acompañarlos porque el chico estaba detenido. Al llegar tuvo que reconocer el cadáver de su hijo.

Lo que pasó fue que unos camioneros denunciaron el robo de la documentación de sus vehículos. Alguien los llamó por teléfono para ofrecerles devolverla a cambio de dinero. Debían ir a buscarla a las inmediaciones de la cancha de fútbol del Banco Provincia. Era el sobre que alguien le dio a Juan. La comisaría 2ª, alertada de la situación, montó el operativo que quedó a cargo de Fernández y Conde, que cuando vieron a Juan lo fusilaron sin más.

Militantes de CORREPI están este fin de semana en Pergamino a pedido de la familia, amigos y vecinos de Juan. Acompañaremos a los padres en el trámite judicial que instruye la fiscalía a cargo de Guillermo Villalba y nos reuniremos con los amigos y vecinos para organizar la denuncia pública.

Estos son los resultados de los planes de seguridad que Scioli y los Kirchner lanzan y relanzan. Otro pibe asesinado por las balas de la policía asesina.

ABSOLUCIÓN FÁCIL PARA EL “MATAGUACHOS” DE VILLA FIORITO
En julio del año pasado, y después de 5 años de lucha, logramos llevar a juicio y condenar a 13 años de prisión a José Antonio Pelozo, el “mataguachos” de Villa Fiorito, por el asesinato de Matías Bárzola. Ese día, en medio de la movilización a los tribunales, Estela Velásquez, madre de Matías, tomó el megáfono y dijo “La lucha no termina con la condena, recién empieza, porque la policía nos mata un pibe cada 40 horas”.

Y no se equivocaba, salvo porque, hoy, ya nos están matando un pibe por día. Pero tampoco se equivocaba al decir que la lucha no termina con esa aparente condena.

Esta semana nos enteramos que Pelozo fue absuelto por el Tribunal de Casación (Sala 1, jueces Natiello, Piombo y Sal Llargués) que, con pobres argumentos, plantean que “hay dudas” de su culpabilidad.

Pelozo, que en el juicio dijo: “Le pegué un tiro a un negrito de miércoles, y yo quería a Bárzola”, hoy goza de los beneficios que los patrones dan a sus perros guardianes. Pelozo, el que en el barrio corría a los pibes a los tiros, hoy está en libertad. Pelozo, el “Mataguachos” hoy está en su casa.

La justicia no es lenta ni perezosa para sobreseer o absolver a los defensores de su clase.

Por eso, cuando decimos que el aparato represivo es el estado, estamos diciendo que todos sus órganos, aparentemente independientes, son un solo puño contra la clase trabajadora y el pueblo. Legisladores votando y endureciendo leyes, las fuerzas represivas descargando el odio hacia el pueblo, y la justicia, ese paraguas protector de todo policía.

Hoy absolvieron a Pelozo. El Tribunal de Casación que absolvió a Pelozo a menos de un año de haber sido condenado, tiene acumuladas muchísimas otras causas en las que, se ve, todavía no encontraron alguna vuelta para liberar a los policías condenados. Entonces, demoran las sentencias años y años. Todavía no están confirmadas las cuatro prisiones perpetuas a los asesinos de Diego Gallardo, ni la leve condena a los asesinos de Jorge González, ambas dictadas en 2007. Tampoco tuvieron tiempo para ocuparse de las sentencias contra los asesinos de Marcelo Bogado, Rodrigo Corzo o Juan Carlos Bustamante, todavía anteriores. Ni siquiera de las prisiones perpetuas a los asesinos de Sergio Durán, que llevan entre 4 y 5 años en casación, lo que ya permitió la excarcelación de uno de los torturadores.

Decíamos luego de la condena a Pelozo: “Que lo sepan bien, los policías que disparan al futuro tendrán un presente de repudio social constante”. Y así es. Todos los días, los militantes de CORREPI buscamos la mejor manera de que la denuncia constante y la movilización popular generen la conciencia necesaria en nuestro pueblo, conciencia que rompa el miedo inmovilizador y enfrente a la represión.

Pelozo, nos volveremos a ver…

SALIDAS LABORALES PARA SEGUIR REPRIMIENDO
El título podría ser: Seguridad privada, la salida laboral para policías de gatillo fácil que brinda el poder judicial.

En el año 2003, Damián Salcedo (23) fue fusilado por los policías Luis Fabián Zaffonte y Sandro Soria en Villa Tesei, Hurlingham. Simularon una persecución y un tiroteo contra el joven, que manejaba solo y desarmado, y murió de un tiro en la nuca.

A punto de ser archivada la investigación judicial, el impulso de su familia y de los integrantes de CORREPI, dentro y fuera de la causa judicial, logró que la investigación, sistemáticamente demorada por el poder judicial, derivara en la acusación por homicidio contra ambos uniformados. Informamos en nuestro Boletín nº 489 que la excarcelación fácil es el complemento del gatillo fácil: ambos policías recibieron el beneficio de que las prisiones preventivas fueran transformadas en detenciones domiciliarias.

Pero la colaboración de los jueces no quedó ahí. A uno de los policías, le dieron permiso para infinidad de salidas argumentadas como participación en terapias psicológicas grupales en elegantes cafés bajo consignas “jugando con el pasado” o “volver a empezar”. Al otro, primero lo dejaron salir a dar largas caminatas porque es diabético y tiene sobrepeso.

Pero se superaron a sí mismos cuando el policía Soria planteó que su mujer necesitaba ayuda en su empresa, y pidió salir 8 horas diarias para trabajar para ella. Obviamente, la mujer de Soria tiene una agencia de seguridad privada, “AJR Seguridad Privada SRL”, con sede a pocas cuadras del domicilio radicado para la levísima prisión domiciliaria en Hurlingham, cuya propietaria inicial fue la fallecida comisario retirada Francisca Haydee BENAVIDEZ, habilitada por el ministerio de seguridad bonaerense en el 2006 por “encontrarse cumplidos los recaudos legales suficientes”. Posteriormente, sus acciones fueron cedidas a la familia policial, que ofrece públicamente sus servicios de programas de vigilancia barrial, perimetral en barrios cerrados y hasta fabrica garitas a pedido. Además, ofrecen servicios en ramas diversas.

Tome nota quien crea que las leyes provinciales que reglamentan la seguridad privada puedan tener algún otro fin que aumentar el negocio de los policías, exonerados o no. Ni a los jueces que dieron el permiso, ni al fiscal que no tuvo objeciones, ni al ministerio que supervisa la agencia, les resulta inadecuado que un policía con prisión preventiva y a la espera de juicio oral por fusilar un pibe en un barrio, trabaje en una empresa de vigiladotes privados.

Queda claro: la actuación del poder judicial es imprescindible para asegurar que, aun en la antesala del juicio por un delito gravísimo, el brazo armado del estado siga cumpliendo su función. Función que ya nos mató 2.800 pibes desde 1983.

CASO JAMES: EL JUEGO DEL GRAN BONETE
Un referente de una de las agrupaciones de familiares de víctimas de la AMIA fue alertado, por un llamado anónimo, de que su teléfono estaba “pinchado” y que el “Fino” Palacios estaba detrás del asunto.

Dos jueces misioneros habían mandado intervenir una serie de teléfonos, a pedido de la policía provincial, que hizo de chico de los mandados de un policía federal, que aportó nueve teléfonos “sospechosos”. Los jueces, sin preguntar quiénes eran los titulares ni si había alguna relación entre ellos y las causas (una de ellas iniciada por el propio policía federal), mandaron grabar las escuchas. El federal retiraba personalmente los cassettes.

El armador del espionaje resultó ser Ciro Gerardo James, abogado y oficial de la policía federal, que trabajó en la División Investigaciones a las órdenes de Palacios y con un largo historial profesional en diversos servicios de inteligencia nacionales y agencias de seguridad. Desde mayo de 2008 trabajaba como asesor para el ministerio de educación porteño. También había trabajado en la Universidad de La Matanza. En septiembre de este año obtuvo la baja de la policía federal, para anotarse en la metropolitana.

La denuncia de las escuchas cayó en el juzgado del inefable juez Oyarbide, que detuvo a los policías misioneros y a James. Días después, procesó al policía federal, con prisión preventiva, y a tres policías de Misiones (uno de ellos, comisario), pero los puso en libertad. Y a pedido del fiscal, citó a indagatorias a los jueces misioneros.

El antimacrismo salió a acusar a Macri de espiar docentes, empresarios y familiares de víctimas de la masacre de la AMIA, disimulando el hecho comprobado de que, mientras hacía todo eso, James, además de asesor del ministerio de educación porteño, seguía siendo policía federal. Y el macrismo salió a decir que la policía federal les metió un “infiltrado”, disimulando que fueron los federales amigos de Macri los que recomendaron la contratación. En realidad, los dos tienen razón: James era tanto empleado del gobierno nacional como del municipal, hecho que no es posible suponer que alguno ignorara.

Macri denunció un complot del gobierno nacional y de la policía federal. Aníbal Fernández aseguró: “La policía federal no tiene nada que ver”. El ministro Montenegro dijo que es una conspiración para evitar que la metropolitana salga a la calle, y que el comisario Chamorro no conocía a James. “A James lo recomendé yo, se lo presenté a Chamorro”, dijo el Fino Palacios. “Es un chico capaz”.

En fin, un infernal juego del gran bonete. Pero algunas cosas quedan claras para el que quiera ver:

James, siendo policía federal, fue contratado por el gobierno de la ciudad. A su solo pedido, la justicia de Misiones mandó intervenir teléfonos. James trabajó en Investigaciones para Palacios. Palacios fue nombrado jefe de investigaciones por Kirchner. Después que lo echaron trabajó –trabaja- para Macri, que lo definió como “el mejor policía”. James trabajaba en el ministerio de educación porteño. El ministro Narodowsky dice que no sabían que era policía. James se había anotado para pasar a la Metropolitana, invocando su experiencia en la federal. El kirchnerismo dice que Macri hace espionaje. Macri dice que la federal lo infiltró. Macri eligió a Palacios y Chamorro, ambos ex federales, que recomendaron a James, para armar la metropolitana.

En resumen, todos operan contra los otros. Todos acusan a los otros. Pero todos están vinculados con todos. Todos se conocen, han hecho y hacen negocios comunes. Ninguno es víctima.

Todos muestran, como pocas veces, que las distintas fracciones de la burguesía no se andan con vueltas cuando disputan negocios. Cuando se pelean entre ellos usan todas sus armas, y son brutales. Así defienden sus intereses. Pero aunque sean “distintos”, Macri o Kirchner, Montenegro o Fernández, James, Chamorro y Palacios o Vallecca; aunque traten que nos pongamos de un lado o de otro, que digamos “estos son menos malos que los otros”, que pensemos “no es lo mismo”, cuando se trata de los intereses de su clase, tampoco dudan en posponer sus diferencias. Frente a los intereses del pueblo trabajador, aunque no sean lo mismo, son igual.

CASO BULACIO: SIGUE EL CIRCO
Como informábamos en el Boletín nº 519, la causa Bulacio sigue en trámite ante la justicia argentina, todavía bien lejos de que el estado argentino cumpla la orden clara de la Corte IDH: llegar a una sentencia.

Después de nuevas idas y vueltas causadas por las chicanas de la defensa del comisario Espósito, y de que la Cámara del Crimen se “diera cuenta” que era un absurdo incorporar como querellante al propio estado, a través del ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos (el mismo que dirige la policía federal), se volvió a clausurar, por segunda vez en 14 años, la etapa de instrucción, para pasar al plenario.

La defensa del comisario finalmente contestó las acusaciones de la fiscalía y la querella, que desde 1996 esperaban que cumpliera ese traslado, para el que el código le daba un plazo de 6 días… Como el comisario cambió de idea hace poco y pidió que el trámite siga con las normas del código procesal actual, y no el viejo sistema derogado en 1994, que a su pedido se aplicaba todavía a la causa que ya va a cumplir 19 años, ahora se inicia la etapa de plenario, ante un tribunal oral.

Cosas que pasan en los sorteos: el TOC 29 resulta ser el mismo que, desde hace unos meses, tiene a su cargo la causa por “amenazas coactivas” contra los delegados de la junta interna del Hospital Garrahan, donde CORREPI integra el equipo de defensores, junto a compañeros de APEL, CeproDH, Liberpueblo y CAJ.

Algún día, cuando el TOC 29 lo disponga, y si la defensa del comisario lo permite, habrá un juicio oral, exclusivamente dirigido a determinar si el comisario Miguel Ángel Espósito cometió el delito de privación ilegal de la libertad de Walter Bulacio. Una cuestión casi anecdótica, cuando ya los jefes de Espósito, a través del gobierno nacional, se allanaron en febrero de 2003 en la demanda internacional y reconocieron que los hechos de 19/04/1991 ocurrieron tal y como los denunciaron la CIDH y los representantes de la familia Bulacio ante la Corte Interamericana.

Un juicio oral que no va a agregar nada que ya no sepamos. El estado argentino ya fue condenado por la violación a los derechos a la libertad, la integridad física y la vida de Walter, y el derecho al acceso a la justicia y garantías procesales de su familia. Reconoció por escrito, y con la firma de su ministro de justicia, que Walter fue ilegalmente detenido, y que murió como consecuencia del trato recibido. El veredicto del juicio que importa lo escuchamos cada vez que, en una cancha, un recital o una marcha, los pibes cantan “Yo sabía, yo sabía, que a Walter lo mató la policía”.

REPRESIÓN A LOS TRABAJADORES DEL SUBTE
En febrero de este año los trabajadores del subterráneo votaron masivamente la creación de un nuevo sindicato, independiente de la burocracia de la UTA, que defienda sus intereses gremiales. Más del 60% de los trabajadores concurrieron a las urnas, y el 90% apoyó la formación de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP). Los compañeros, desde entonces, luchan por lograr su reconocimiento como sindicato y pelean la personería gremial.

Después haber agotado nuevamente otras instancias, se resolvió en asamblea un nuevo plan de lucha, que comenzó con un paro el pasado jueves. No faltaron a la cita las patotas de la UTA, que atacaron a los trabajadores exactamente tres minutos antes de la hora de inicio de la medida, con especial violencia en las terminales de Constitución y Lacroze. Los compañeros resistieron y el paro se cumplió, en medio de un despliegue policial que sirvió de apoyo, a la distancia, al grupo de choque de la burocracia.

La AGTSyP denunció, además, otros hechos anteriores. Varias situaciones de sabotaje (incendios intencionales, corte de cables, etc.) que, de no haber sido detectadas por los trabajadores, hubieran podido poner sus vidas y las de los pasajeros en peligro. Un trabajador, Carlo Paleta, fue golpeado unos días antes por un matón de la UTA cuando pegaba carteles con información gremial. Herido de seriedad, tuvo que ser asistido y trasladado al hospital por sus compañeros.

La empresa no permitió el uso del servicio de emergencias de la ART ni reconoce el hecho como accidente laboral. Otra trabajadora, con 15 años de antigüedad, fue suspendida por tomar 3 horas gremiales. Estos dos ataques fueron inmediatamente respondidos con medidas de fuerza en las líneas en que ocurrieron.

Los trabajadores del subte enfrentan, a diario, todo la represión de la triple alianza antiobrera: la burocracia sindical, los empresarios y el gobierno. Desde CORREPI, les reiteramos nuestro apoyo y solidaridad.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES:
Martes 3 de noviembre, movilización a la Cámara Criminal, Viamonte 1153 (entre Libertad y Cerrito) para exigir juicio y castigo al cabo Alberto Segovia, sobreseído por el homicidio de Mauricio Vega. Convoca CORREPI.

Viernes 20 de noviembre, 18:00, acto en Plaza de Mayo presentando la actualización del Archivo de Casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal. “2009: MÁS CRISIS, MÁS REPRESIÓN”.

PEDIDO A TODOS LOS COMPAÑEROS
Las cifras y datos de nuestro Archivo son sólo una aproximación al real alcance y extensión de las políticas represivas de los gobiernos nacional y provinciales. Dependemos de los informes de los compañeros y organizaciones de todo el país para poder incluir los casos que no trascienden en los medios, o que aparecen bajo el título mentiroso del “enfrentamiento”.

Por eso les pedimos a todos que nos envíen, antes del 10 de noviembre, toda la información de que dispongan de hechos represivos en cada provincia, en cada pueblo. Fusilamientos de gatillo fácil, muertes en cárceles, comisarías o institutos de menores, desapariciones. En fin, cualquier hecho en el cual un agente del aparato de seguridad estatal hay matado a una persona. También agradeceremos el envío de actualizaciones de casos anteriores, de esos que nunca más aparecen en los medios, después de haber logrado alguna visibilidad inicial.

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