Boletín Informativo nº 546

GATILLO EN MERLO
El 27 de diciembre pasado, Rocío Gómez y un puñado de hombres, mujeres y pibes del Barrio Altos de Merlo presenciaban una discusión entre otros vecinos. Imprevistamente llegó al lugar un patrullero de la Comisaría del Parque San Martín del que bajaron los policías López y Toledo, “sacados” según los vecinos. Insultando, uno con la 9 mm y otro con la escopeta (ambas armas provistas por el estado provincial) aplicaron el método disuasivo que nunca muestra el programa Policías en Acción: López disparó a los pies de uno de los que discutía mientras Toledo descerrajó varios escopetazos sobre los que miraban.

De éstos últimos, dos tiros a quemarropa impactaron con decenas de perdigones sobre las piernas de Rocío, de 21 años, que intentaba volver a su casa a menos de 100 metros del lugar. Las heridas fueron de tal magnitud que aún hoy se desconoce si volverá a caminar normalmente. Los policías se dieron a la fuga sin atender a la piba herida.

Después, lo de siempre: los policías escaparon y causaron algunos daños al patrullero para simular un presunto ataque vecinal; el propio Toledo merodeando, intimidante, la casa de su víctima, y la complicidad del aparato judicial (en este caso Morón), que, hasta la intervención de CORREPI no había instado ninguna acción para investigar el accionar policial.

A dos meses del hecho, todo el objetivo de la justicia consistió en saber que pasó antes de la llegada de los delincuentes uniformados y ni una sola medida dispuesta sobre los policías. El Barrio se movilizó y escrachó la comisaría, mientras CORREPI asumió la defensa de la víctima.

Causa emblemática de gatillo fácil si las hay. Barrio pobre, violencia policial con uso indiscriminado de las armas provistas por el estado, inexistencia o intrascendencia del hecho que motivó su presencia, lesiones gravísimas, intimidación posterior, complicidad del aparato judicial, impunidad. Política de estado que sólo se desenmascara y se combate con la resistencia organizada del barrio en la que no sólo se lucha por una sentencia sino mejor, por la conciencia. CORREPI es una de sus herramientas.

GATILLO EN PLENO CENTRO
Otro asesinato de las fuerzas represivas contra jóvenes pobres, ocurrido el miércoles 17 de febrero, forma parte de los más de 2.900 casos que ya registra el Archivo de personas asesinadas por la represión policial e institucional, que lleva CORREPI.

Esta vez, en la boca del subte de Corrientes y Callao, pleno centro porteño. Un policía de la seccional 5ª, que iba de civil, asesinó a un pibe de 25 años con tres tiros en el tórax.

El argumento, que el pibe entró a robar… en una pollería (¿se habrá querido llevar patas, o pechugas?). Los dueños que lo sacaron corriendo, y el policía que terminó la faena.

Los medios locales y nacionales titularon “tiroteo” y “enfrentamiento”, a pesar de que ni siquiera pudieron sugerir el pibe llevara un arma. Otro “confuso” episodio. Otra muestra del método de disciplinamiento social.

LA METROPOLITANA
Hace dos semanas que se produjo la tan anunciada aparición, en la calles, de la Policía Metropolitana. Cerca de 500 agentes han sido volcados por Macri a las calles porteñas. Medio millar más de armas 9 mm que incorpora el estado para facilitar la tarea del gatillo fácil. Nuevos asesinos a sueldo bajo una misma política represiva, cuyo correlato no resulta ser otro que el fusilamiento de un pibe cada 24 horas.

Más del 70% de los agentes de la “nueva policía” fueron, antes, de la bonaerense, de la PFA o de otras fuerzas represivas del estado. Los propios testimonios periodísticos así lo corroboran.

“Entré a la Metropolitana porque me atrapó lo que proponía. Estamos en blanco, trabajamos ocho horas y podemos ascender. Además, siempre lo voté a Macri“, dijo el subinspector Sebastián Ahumada, un ex oficial de la policía federal con doce años de experiencia. En esa Fuerza ganaba $ 2.600. “Casi todo en negro”, aclara. Hoy recibe $ 9.200. Más adelante, en la misma crónica publicada por el diario Clarín el 13 de febrero, afirma: “Vengo de una familia de policías. Papá es comisario inspector retirado y abogado. Es socio del doctor Fernando Burlando”.

El actual oficial mayor metropolitano, ex infante de marina, Luis Javier Mendicino, dijo en la misma nota: “A la Armada le debo todo lo que soy, pero necesitaba un crecimiento personal”. De $ 3.800 pasó a ganar $ 6.400.

En todo este entuerto, no podemos dejar de destacar otra de las patas legitimadoras, el papel de los medios de comunicación, como el multimedios Clarín, que mientras se pelea con el gobierno nacional por el manejo de papel prensa, beatifica desde sus páginas al macrismo y celebra la aparición de la metropolitana.

Mientras en los hospitales municipales no hay insumos o los pacientes internados reciben comer comida vencida, eso si tienen agua y luz, el presupuesto de la ciudad se destina a la “seguridad. ¿Seguridad, para quién?. Para ellos y sus intereses de clase.

PRESOS MUERTOS POR “EJERCICIOS FÍSICOS QUE INFARTAN” Y POR “ABSTINENCIA DE ALCOHOL”
Ya no es noticia. Entre el 6 y el 13 hubo cuatro muertes más de personas encerradas bajo custodia estatal. Fue en distintos penales de las provincias de Misiones, Entre Ríos, Santa Fe y Santiago del Estero.

En Entre Ríos, después de una pelea, uno de los hombres al cuidado del estado murió de una puñalada. Algunos medios mostraron por TV cómo los penitenciarios dejaban pelearse a los internos y luego retiraban al fallecido como una bolsa de papa.

En Santa Fe, Luciano Andrés Gómez apareció muerto en la sub-comisaría de Fighiera con un cinturón en su cuello. Estaba preso por una reyerta familiar.

Los dos hechos más llamativos tuvieron lugar en Santiago del Estero y en Misiones. El miércoles 10, el chileno Germán Astudillo Ramírez, de 42 años, fue muerto a golpes en una comisaría de Río Hondo. Nueve policías fueron detenidos, pero no faltará mucho para que la justicia de clase los deje en libertad. ¿La forma de deslindarse de culpa de los funcionales represores del sistema? Que el recluido tuvo “una muerte natural por abstinencia de alcohol”.

Y en el penal misionero de menores de Villa Lanús, un joven de 17 años “falleció de muerte súbita luego de realizar actividades físicas que se autoimpuso”.

Vaya anotando. A las tradicionales excusas del “forcejeo y el autodisparo en la nuca” en los gatillos y “suicidios” en comisarías y penales, hay que tener en cuenta dos nuevas falacias: “los ejercicios físicos que infartan” y “la muerte natural por abstinencia de alcohol”. En lo que no repara el estado, es en mentirnos y en seguir asesinando al pueblo trabajador.

¿QUÉ ES UN BUEN POLICÍA?
Sin duda, para el ministro bonaerense Stornelli, es un policía que merece ser premiado por el cumplimiento del deber y el buen desempeño en sus funciones.

En consecuencia, el Ministerio de Seguridad de la provincia, junto a la policía bonaerense, premió a un policía que ofició de jefe de los torturadores en el Centro Clandestino de Detención “Puesto Vasco” durante la última dictadura.

Ya el Juez Arnaldo Corazza lo había beneficiado con la excarcelación “ya que se habían vencido los plazos para la prisión preventiva”. Pero como si esto fuese poco, a fines de enero de este año, la abogada defensora de Eros Amílcar Tarela, el policía bonaerense excarcelado, informó al Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata (TOF1) que su defendido viajaría a Puerto Iguazú por siete días, premiado por la bonaerense en reconocimiento a sus 50 años de servicio en la fuerza de seguridad provincial.

No caben dudas, los mejores policías son los mejores perros guardianes de los que dominan. Por eso los funcionarios del “gobierno de los DDHH” premian a quienes mejor saben utilizar las herramientas represivas del estado para mantener el disciplinamiento y el control social.

CONTINUADO DE POLICHORROS
En el barrio porteño de Saavedra, ocho policías de la 49ª, incluyendo comisario y subcomisario, fueron acusados por asociación ilícita para cometer delitos extorsivos. Tres son las modalidades que usaban para recaudar sus buenos dineros: “las quintas”, “las habilitaciones” y “la máquina de cortar boletos”.

“Las quintas” son los comercios y locales de la zona en las que los policías, al viejo estilo mafioso, vendían “protección” exclusiva. Al contribuyente remiso, como por arte de magia, de inmediato le caía un oportuno asalto que lo hacía cambiar de idea. Siendo conservadores, se calcula que recaudaban con este método entre 80 y 120 mil pesos mensuales.

La modalidad “habilitaciones” tiene por destinatarios al trabajo irregular en la calle, como puestos callejeros, paradas de “trapitos”, venta ambulante, etc.

El “corte de boleto” no es otra cosa que el pago de “peaje” para hacer la vista gorda ante la circulación de bienes robados y los pedidos de captura de personas.

Pero no deben preocuparse demasiado los policías en desgracia. La investigación quedó a cargo de la fiscalía distrital de Saavedra, del archifamoso fiscal José María Campagnoli, habitual pasajero de los patrulleros de la comisaría de su barrio.

El 13 de febrero, en Mar del Plata, un cliente de un banco dio aviso a la policía porque no podía sacar el dinero de un cajero automático. Resultó que había un dispositivo en la boca del cajero que retenía el dinero. Los bonaerenses pescaron a dos hombres con las manos en la masa, cuando se llevaban la plata. Para variar, eran policías federales, los dos de 26 años. Uno dado de baja hace poco, y el otro en actividad en la comisaría 44ª del barrio de Liniers, que aprovechó sus vacaciones para hacer una “changuita”.

Al día siguiente, después de una serie de allanamientos en Salto y Pergamino, Pcia. de Bs. As., fueron detenidos varios integrantes de una banda de piratas del asfalto que venía siendo investigada desde el año pasado. Se dedicaban a asaltar camiones en la Ruta 8, con una notable precisión sobre datos como el itinerario, valor de lo transportado, funcionamiento de los sistemas de alarma, etc. Como para no ser precisos. El jefe de la banda era un efectivo de la policía bonaerense, del destacamento de infantería

Mientras tanto, en la provincia de Santa Fe, según tuvo que confirmar el ministro de justicia provincial, Héctor Superti, hay 8.500 causas judiciales que involucran a más de 6.500 policías provinciales. La santafesina tiene, en total, 17 mil hombres. Saquen sus cuentas.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
16 y 17 de marzo, movilización frente a los tribunales de San Isidro, Ituzaingó y Acassusso, durante el juicio oral por el fusilamiento de la niña Romina Lemos.